POLITICA
Juicio por Oderbrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para De Vido
El fiscal Diego Luciani pidió este jueves que el exministro de Planificación Federal del kirchernismo, Julio De Vido, sea condenado a cuatro años de prisión por su rol en parte de los hechos del caso conocido como Oderbrecht, en el que se revisan irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos, entre 2006 y 2008.
Luciani describió en su alegato, que abarcó las últimas dos audiencias del juicio, cómo se direccionó -según su criterio- un contrato que superó los 2300 millones de dólares en favor de la empresa brasileña que violó “todos los principios básicos de contratación pública”.
De Vido está actualmente detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, la única firme de sus condenas. Antes había estado detenido en el marco de otros expedientes, como la causa por irregularidades en Río Turbio y en la compra de Gas Natural Licuado, por la que también fue condenado a 4 años. En paralelo, sigue afrontando otros procesos judiciales, entre ellos el juicio de los Cuadernos de las Coimas y el caso Skanska.
Además de De Vido, en este juicio fueron acusados por el fiscal el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar; el exgerente general y exvicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.
Para Cameron y Folgar, el fiscal pidió penas de cuatro años y de tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Para Beuret, solicitó tres años y medio, y para Bragulet, en cambio, pidió la absolución, por no poder asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra”.
Cammesa aparece en la causa como uno de los engranajes del esquema estatal que, según la fiscalía, desplazó a las transportistas y permitió direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht.
“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el fiscal Luciani en su alegato.
La causa nació como una deriva del caso Skanksa -también en la instancia final de juicio oral- y revisa, en particular, la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).
El juicio comenzó en diciembre, está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, y comprende solo lo relativo al delito de negociaciones incompatibles. La otra parte, en donde se revisa la posible comisión de cohecho, es decir, del pago y cobro de coimas, sigue en etapa de instrucción.
Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, el 12 de mayo.
exministro de Planificación Federal,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El Gobierno le asignó $580.000 millones al PAMI en medio de su “crítica situación financiera”
El Gobierno dispuso este viernes una asignación de $580.000 millones para el PAMI y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado, busca cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.
El documento justifica la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo considera necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”.
“Considerando que en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, evalúa, en su propósito, la resolución.
Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda, firmaron la normativa, que formaliza un “aporte financiero reintegrable” por un total de $580.270.262.261. El financiamiento se ejecutará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional, capitalizables en pesos, es decir, emitiendo deuda interna.
La transferencia ocurre en un escenario de tensión entre las administraciones provinciales y el Ejecutivo nacional debido a las deudas acumuladas por la obra social.
Este contexto acumula descontento desde, al menos, abril de este año, cuando los mandatarios, incluso de algunas provincias con cierta cercanía al Gobierno, como Córdoba, demandaron públicamente medidas por la falta de pago de algunas prestaciones básicas.
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, expresó en ese entonces, a modo de crítica, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y recordó que el PAMI le debe a la provincia $50.000 millones. Por otro lado, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, manifestó: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”.
Otros mandatarios también señalaron que los sistemas hospitalarios públicos absorben la demanda de los afiliados que se quedan sin cobertura privada por ajustar las cuentas familiares de acuerdo a la situación económica nacional.
Los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación revelaron que las partidas asignadas registraron una contracción real interanual del 41,3% durante el primer trimestre del año.
En cuanto al esquema de financiamiento de la asignación, el primer tramo corresponde al 33% del total y se integrará con instrumentos con vencimiento al 31 de julio de 2026. Otro 33% se completará con letras que vencen el 31 de agosto de 2026 y el 34% restante se cubrirá con títulos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026.
Tal como lo indica la resolución, la medida entró en vigor desde el día de su publicación. La Oficina Nacional de Crédito Público y las áreas técnicas autorizadas son las encargadas de suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones.
busca cancelar compromisos acumulados con proveedores,firmaron la normativa, que formaliza un “aporte financiero reintegrable”,expresó en ese entonces, a modo de crítica,PAMI,Anses,Jubilaciones,Conforme a,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el nuevo giro millonario del FMI y la baja de las retenciones al agro,,El escenario. Una guerra con mucho pasado que se proyecta al futuro,,“Vamos a cero”. Milei anticipó también una baja de retenciones para autos y maquinarias,PAMI,,Revés para el Gobierno. Un fallo judicial ordena al PAMI y al Ministerio de Salud a “normalizar” los pagos por discapacidad,,Vehículos baratos. Cómo acceder a la subasta de camionetas desde 3 millones de pesos,,PAMI. Un grupo de clínicas suspende desde el lunes la atención a afiliados: cuál es la causa
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Crece la expectativa de una visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre de este año
El canciller Pablo Quirno acrecentó este viernes la expectativa sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, en el marco de una gira por América Latina “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino», sostuvo el funcionario a través de X . “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, agregó.
En paralelo al mensaje de Quirno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron a Infobae que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”. Desde Montevideo, las señales también apuntarían a una gira que incluiría a ambos países.
En esta línea, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso —con fuentes en el Vaticano desde su etapa como embajador uruguayo en Buenos Aires— se adelantó el miércoles y afirmó que León XIV visitaría Uruguay, con el Santuario de la Virgen de los 33 entre los destinos previstos durante la primera quincena de noviembre. En declaraciones a Radio Mitre, Enciso precisó que el cronograma del pontífice para ese período ya incluiría Argentina, Uruguay y Perú, aunque los días exactos aún no estarían cerrados.
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POLITICA
Conflicto universitario: un nuevo reclamo de rectores mientras el Gobierno busca repartir fondos para hospitales
En medio de la disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades, los rectores volvieron a reclamarle al Gobierno el “cumplimiento pleno” de la Ley de Financiamiento y exigieron la reapertura urgente de la mesa paritaria para recomponer los salarios del sector.
A través de un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales le solicitaron a las autoridades nacionales la transferencia de los fondos adeudados para “garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.
“Reclamamos la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales”, sostuvieron.
El 90% del total del gasto universitario corresponde a salarios de docentes y personal no docente (administración y mantenimiento de las distintas instituciones).
En otro tramo del documento, se refirieron a la situación crítica de los hospitales universitarios donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026. “El Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, remarcaron los rectores.
Días atrás, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, según pudo saber TN.
No obstante, la reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
A cambio, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.
En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades.
El conflicto presupuestario del Gobierno con los hospitales universitarios
El reclamo de las universidades por sus hospitales escuela se agravó a principios de mayo, en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En conferencia de prensa, los directores de los seis hospitales de la UBA acusaron al Gobierno de retener fondos y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revertía la situación.
Según el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
Leé también: El Gobierno les propondrá a las universidades un acuerdo de financiamiento para cerrar la pelea judicial
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
Sin embargo, desde la UBA aclararon que el reclamo giraba alrededor de una partida del programa “Hospitales universitarios” que depende directamente de la subsecretaría de Políticas Universitarias, la cual continúa sin ejecutarse.
Este miércoles, el Ministerio de Capital Humano envió una nota a todos los directores en las que les pide que envíen las necesidades presupuestarias de cada institución para dividir una partida de $79.000 millones.
Ese reparto se definirá a través de una comisión en la que estarán los directores de universidades con hospitales de formación.
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