En ambas cámaras legislativas, La Libertad Avanza necesita alcanzar acuerdos con la denominada oposición dialoguista. En Diputados, el objetivo es evitar que avance un pedido de interpelación, con posible moción de censura, contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el Senado, en tanto, ya están en discusión el proyecto de Reforma Electoral y los pliegos para nombramientos de jueces y fiscales en la Justicia federal.

Sesión especial en Diputados

La oposición le solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el objetivo de tratar los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El pedido se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar la interpelación del ministro coordinador. Esa instancia incluso podría derivar en una moción de censura y, en caso de aprobarse, en la remoción del funcionario.

La solicitud lleva las firmas de Esteban Paulón, de Provincias Unidas; de los integrantes de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; de los radicales críticos Pablo Juliano, María Inés Zigarán y Mariela Coletta; y de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.

Aunque el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, no firmó el pedido, en la oposición descuentan que el peronismo bajará al recinto el jueves para intentar alcanzar los 129 diputados necesarios para el quórum.

Según trascendió, Unión por la Patria pretendía una sesión con un temario más amplio, que incluyera proyectos de impacto social impulsados por distintos sectores del peronismo.

Los impulsores de la interpelación saben que los pedidos contra Adorni no tienen dictamen de comisión y que, por lo tanto, necesitarían del apoyo de sectores aliados al Gobierno para reunir las mayorías necesarias.

Como consideran difícil conseguir esos respaldos, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, respectivamente. La intención es fijarles fecha y hora para convocar a las reuniones y avanzar luego con los dictámenes.

El Senado, entre la reforma electoral y los pliegos judiciales

El Senado atraviesa un intenso debate entre los cambios electorales y la designación de cargos vacantes en la Justicia federal. Aunque se trata de temas distintos, ambos están atravesados por la necesidad de construir consensos y mayorías para avanzar con las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La relación entre el oficialismo y sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales —como las representadas por Julieta Corroza, de Neuquén; Carlos Arce, de Misiones; y Flavia Royón, de Salta— continúa en desarrollo. Existen diferencias y coincidencias, y aunque generan presiones sobre la senadora Patricia Bullrich, el diálogo legislativo no se rompió.

Mientras tanto, el bloque justicialista que conduce José Mayans observa el escenario y cuestiona la conformación de las comisiones parlamentarias.

La semana pasada hubo una extensa reunión entre Patricia Bullrich, presidenta de la bancada libertaria, y sectores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Senado. Allí, Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara adelantaron que impulsarían el tratamiento por separado del proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno pretende incluir dentro de la Reforma Electoral.

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Esa jugada alteraría la estrategia de la Casa Rosada, que incorporó Ficha Limpia como incentivo para sumar apoyos a la eliminación de las PASO, al recorte del financiamiento partidario y de las campañas electorales, y a las modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel.

La situación generó sorpresa tanto en la mesa política del oficialismo, encabezada por Manuel Adorni, como en el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, que preside Gabriel Bornoroni.

Bornoroni, junto a Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, se enteró de esa posibilidad minutos antes de una reunión con Bullrich y descartó avanzar en ese sentido. Por ahora, el oficialismo no tiene una postura unificada sobre cómo encarar el debate y, por ese motivo, el senador libertario Agustín Coto todavía no recibió autorización para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales e iniciar la discusión.

En paralelo, los senadores del PRO y Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad —la fuerza política del gobernador Rolando Figueroa— presentaron proyectos propios de Ficha Limpia. Los radicales de Eduardo Vischi hicieron lo mismo con la Reforma Electoral, aunque sostienen las PASO y proponen que sean optativas en lugar de obligatorias.

Estas diferencias complican al oficialismo en la construcción de mayorías para aprobar los cambios electorales, ya que la Constitución exige mayorías absolutas: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Votos para el oficialismo

La Libertad Avanza comenzará la semana con una noticia favorable. En Misiones, el líder político local Carlos Rovira, de Encuentro Federal Misionero, ordenó a sus legisladores acompañar la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional.

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De esta manera, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma.

También los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, comprometieron el apoyo de sus diputados al proyecto de Reforma Electoral.

Los nombramientos en la Justicia

Otro foco de diferencias entre La Libertad Avanza y sus aliados está en los nombramientos judiciales. En la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista riojano Juan Carlos Pagotto, avanzan las discusiones, aunque los dictámenes todavía no reúnen las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto, algo que Patricia Bullrich busca concretar este jueves.

La semana pasada, 47 postulantes a jueces y fiscales defendieron sus pliegos ante el Senado. Por ahora, solo firmaron los integrantes libertarios de la comisión, la radical Mariana Juri y la misionera Sonia Rojas Decut.

El resto de los dialoguistas todavía no acompañó los dictámenes. Sin embargo, no descartan hacerlo una vez concluidas las audiencias para cubrir vacantes en tribunales del interior del país y no solo en cargos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, una situación que motivó cuestionamientos de varios senadores.

El único postulante que ya tiene condiciones de llegar al recinto es Carlos Alberto Mahiques. El 16 de abril defendió su pliego para obtener una prórroga de cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal y consiguió las firmas necesarias. Mahiques es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Lo que viene

Para el próximo miércoles y jueves se esperan nuevas audiencias con postulantes de alto perfil. Entre ellos aparecen Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi —a cargo de la causa $LIBRA—, propuesta para el Juzgado de Primera Instancia de Hurlingham; Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, candidato a juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Pablo Matkovic, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

Matkovic presentó en 2017 un hábeas corpus contra Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, por un allanamiento en una comunidad mapuche.

También se espera la exposición de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal y vinculado a la agrupación Justicia Legítima.

Diputados, Senado, La Libertad Avanza

El Gobierno nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revocar la medida cautelar que ordenó restablecer la pensión de privilegio de la ex presidenta Cristina Kirchner. La acción judicial fue interpuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a excluir a la ex mandataria de un beneficio previsional de carácter excepcional al que, según el Ejecutivo actual, no tendría derecho por su condena penal.

El movimiento se produce después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara, por mayoría, el pedido de ANSES y del Ministerio Público Fiscal para habilitar la intervención directa del máximo tribunal a través de un recurso extraordinario. Ante ese rechazo, el Ejecutivo optó por la vía de la queja, un mecanismo procesal que permite llevar el caso a la Corte Suprema cuando los tribunales inferiores deniegan el acceso a esa instancia.

La pensión en disputa corresponde al beneficio por viudez que Kirchner percibía como cónyuge del ex presidente Néstor Kirchner, otorgado en 2010 y dado de baja en noviembre de 2024, meses después de que el máximo tribunal dejara firme la sentencia condenatoria en la causa conocida como Vialidad. En ese expediente, la ex presidenta fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano señaló que “múltiples razones legales fundamentan el recurso presentado ante la Corte para que la ex presidenta no sea beneficiada con un régimen de privilegio”. El texto oficial calificó de “especialmente inadmisible” que una persona “condenada por delitos contra el Estado” acceda a una pensión de ese tipo mientras reclama, al mismo tiempo, el cobro de una jubilación honorífica de carácter también excepcional, correspondiente al ejercicio de la primera magistratura del país.

La cartera a cargo de Pettovello anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles para impedir que Fernández de Kirchner perciba ambas asignaciones. La posición del Ejecutivo descansa en un argumento central: que una condena penal por delitos contra la Administración Pública es incompatible con el acceso a regímenes previsionales de excepción financiados por el erario público.

El trasfondo judicial de esta disputa se remonta al 12 de febrero pasado, cuando una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó suspender la baja del beneficio previsional “hasta tanto se dicte sentencia definitiva y una vez producida toda la prueba pertinente”, según consignó el fallo de mayoría. Esa cautelar fue la que ANSES y la fiscalía intentaron revertir sin éxito en la instancia previa al recurso de queja.

Al analizar la procedencia del recurso extraordinario, el juez Sebastián Eduardo Russo explicó que “los pronunciamientos sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas o equiparables a tales” y que, por tanto, no habilitan la intervención de la Corte. El tribunal recalcó el carácter “provisional” de esas decisiones, aclarando que pueden modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento.

El juez Juan A. Fantini Albarrenque, integrante de la mayoría, sostuvo que “la mera circunstancia de que una de las partes fuera la ex presidenta de la Nación no resulta determinante a la hora de resolver sobre la admisión o no de un recurso extraordinario”. En esa misma línea, el fallo precisó que el impacto mediático o en redes sociales no alcanza para configurar la gravedad institucional que la jurisprudencia de la Corte exige para admitir ese tipo de recursos.

ANSES y el Ministerio Público Fiscal habían argumentado que el caso requería intervención urgente del máximo tribunal por los intereses públicos comprometidos y por el valor de precedente que podría sentar la resolución. La mayoría del tribunal desestimó ese fundamento, al entender que la doctrina exige que la decisión tenga “un efecto que exceda el interés de las partes y alcance a la comunidad toda o afecte las instituciones básicas de la Nación”, condición que no se verificó en el expediente.

Con el rechazo de la mayoría y el expediente devuelto al juzgado de origen, el Gobierno recurrió a la queja como último carril procesal disponible antes de que la Corte Suprema deba pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. La decisión del máximo tribunal determinará si la cautelar que hoy obliga a ANSES a restablecer el pago se mantiene o cae mientras continúa el litigio principal sobre la validez del acto administrativo que dio de baja el beneficio.

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Casi dos meses le llevó al gobierno nacional admitir que el estallido de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los alfiles violetas, que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso.

Las sucesivas encuestas respaldan lo que en Balcarce 50 comienzan a reconocer en público, aunque se cuidan de aclarar que los números son un acumulado de diversos factores, en particular el impacto de la compleja situación económica, algo similar al análisis que publicó la revista británica The Economist.

En ese contexto, en el oficialismo detectan una caída de más de 10 puntos en la imagen del presidente Javier Milei, en particular entre su núcleo duro, y un crecimiento del rechazo los que aseguran que nunca lo votarían. Otras voces, sin embargo, relativizan el retroceso y lo ubican entre los 7 y 8 puntos en función de la encuesta realizada por el consultor Jorge Giacobbe del mes de marzo, previo a la polémica.

Asimismo, también ponen el foco en la situación del ex vocero y, según reconocen en privado, ubican su imagen en torno al 23%, un nivel que refleja el impacto de la polémica. Esto parece no detener al funcionario que mañana brindará un nuevo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en el streaming Neura y la semana próxima volvería a protagonizar una nueva conferencia de prensa.

La complicación en los números la marca la proximidad con el 2027, cuando La Libertad Avanza (LLA) se esfuerce por sostener el proyecto reeleccionista del mandatario, con la mira puesta en una eventual confrontación directa con Axel Kicillof, en representación del Partido Justicialista (PJ), a quien el oficialismo ya posiciona como principal adversario para la polarización.

Es en ese marco que la última medición elaborada por Latam Pulse (AtlasIntel y Bloomberg) detectó un deterioro en la percepción pública: la aprobación del Presidente se ubica en torno al 35,5%, mientras que el 59,3% califica negativamente la gestión y un 30,6% la aprueba.

El escenario tampoco mejora en el ecosistema digital, terreno predilecto de disputa para el oficialismo. Fuentes que monitorean la conversación en redes detectaron un repunte de menciones sobre el caso el martes pasado, tras la declaración del contratista Matías Tabar, a cargo de la refacción de la vivienda de la familia Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Aunque las mediciones no son exactas, en el entorno libertario reconocen una tendencia marcada de mensajes críticos hacia el funcionario, con varios picos de mayor volumen en función de los episodios judiciales. “No es lineal, pero el chiste está muy fácil”, admitieron ante Infobae.

Un informe de Ad Hoc señaló que abril fue uno de los meses más complejos para la administración en la conversación digital: solo el lunes se registraron más de 124 mil menciones al jefe de Gabinete tras movimientos en la causa. Además, el estudio concluyó que los intentos del Poder Ejecutivo por retomar la agenda tuvieron un impacto limitado y contabilizó 2,5 millones de menciones a Adorni en los últimos 59 días.

En la misma línea, un análisis de Monitor Digital indicó que la polémica por los viajes y las propiedades del ministro coordinador concentró el 41,15% de las menciones, seguida por la difusión de la criptomoneda $LIBRA (29,05%) y la causa ANDIS (11,59%). Sin embargo, el dato que más preocupa es la proliferación de contenidos en clave de memes, chistes e ironías.

Pese el complejo panorama, en Casa Rosada garantizan que la tendencia será revertida en los próximos meses, marcados por el Mundial 2026, que iniciará el 11 junio, y prometen que el repunte económico que detectan torcerá la suerte del Gobierno.

“Manuel está firme y se queda”, coinciden desde los dos vértices del Triángulo de Hierro en pugna. No obstante, el alineamiento en la interna no es unánime: varios funcionarios admiten que la paciencia parece agotarse ante cada revelación nueva del caso.

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