CÓRDOBA.- Las deudas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula con la mayoría de las administraciones provinciales es un punto más de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Dos son los mandatarios que reclamaron abiertamente en los últimos días, el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora; se sumaron a los que había realizado Neuquén el año pasado y que, según confirmaron desde la administración de Rolando Figueroa, sigue sin resolverse.

Los planteos se relacionan con el hecho de que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a saturarse. La misma situación se da con los municipios.

“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, dijo el lunes pasado Jaldo, y recordó que la mayor obra social de la Argentina (5,4 millones de afiliados, incluyendo los veteranos de Malvinas) le debe a la provincia $50.000 millones. “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”, planteó Llaryora.

En el caso de Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre.

Desde el PAMI, sin dar detalles, indicaron a este diario que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No dieron cifras de cuánto dinero les había habilitado el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, lo que cubre apenas una parte de las necesidades

El escenario se repite en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”.

En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. En Neuquén es más grave aún: dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.

“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, dijo el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez. A su vez, detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos.

En Mendoza se atiborra el sistema público por la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI. “Lo ideal sería que quienes tienen la cápita de PAMI den respuestas”, señalan desde Salud de la provincia, remarcando que el Estado provincial está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales de los hospitales públicos.

En Tucumán se reitera el mismo problema. De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, todos los días los hospitales provinciales absorben más de un centenar de internaciones correspondientes al PAMI. El funcionario detalló que la deuda también contempla estudios, cirugías y atención ambulatoria. Tucumán está reclamando $35.000 millones a la Nación.

En el PAMI insisten que la situación no es tan grave. “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”, afirmó Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, afirmó.

En el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, tema que solicitan que se integre al informe de gestión que el 29 de este mes debe realizar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En las últimas semanas, la obra social quedó en el centro de las noticias por los reclamos de los gobernadores, los prestadores (sostienen que la deuda acumulada es de $500.000 millones) y un paro de 72 horas de los médicos de cabecera en rechazo a un recorte de sus ingresos, quienes fueron apoyados por los jubilados que se reunieron frente a algunas delegaciones provinciales.

Cuando la tensión empezó a crecer, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se despegó del conflicto. A través de sus redes sociales, aclaró “competencias institucionales, Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud“. En paralelo, el titular de esa cartera, Mario Lugones, negociaba con Luis Caputo fondos para calmar los ánimos.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron 41,3%. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explica a el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el instituto equivale a 1% del PBI.

Este año, por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales. La distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores, 38% para medicamentos, 5% para insumos médicos, 2% para discapacidad, 4% para geriatría, 1% para asistencia social, 3% para prestadores propios y 7% para administración.

“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”, agrega Colina.

Precisa que, en los países con obras sociales −como Alemania u Holanda− el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, las obras sociales se desentienden”, define.

Como el 28% de la recaudación del impuesto PAIS iba al PAMI, su desaparición el 23 de diciembre de 2024 (tras cinco años de vigencia) golpeó directamente el financiamiento. “El Tesoro debe girar ese dinero −dice Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007−. En 2025 lo cubrió con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no se distribuyeron entre las provincias. En 2026 hay un recorte y, además, en una economía donde se pierde empleo en blanco, estamos en el peor de los mundos. Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”.

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, una crisis “de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se lo avisé a las autoridades del PAMI. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable. Está afectadas todas las prestaciones”.

Coincide con Colina y Ocaña en que la obra social ha sido, históricamente, “una caja de la política” y apunta que de los problemas “no se sale con poca plata sino con estrategia. Los jubilados pasan por todo, la larguísima crisis entre 1995 y el 2001, después fue el hackeo de agosto del 2023 del que (hasta el día de hoy) no sabemos nada. Es muy doloroso, la gente sufre, no le alcanza ni para pagar medicamentos con descuentos”.

Los jubilados reclaman por esperas de meses para lograr estudios médicos o atención de especialistas y se quejan de los “cupos” que hay en la actualidad, tanto a nivel individual como de los prestadores. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”.

Indican que ahora los centros solo pueden dar turnos en función de su capacidad prestacional declarada y que, desde febrero, existen centros de referencia para el primer y segundo nivel de atención (prácticas de cardiología, traumatología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, estudios avanzados, consultas con especialistas).

Ocaña no duda de que existen irregularidades pero sostiene que lo mejor sería adoptar a una modalidad de pago que no sea por prestación, sino un sistema híbrido como el que se aplicó en su gestión. “Combinar la cápita con un incentivo al prestador −precisa−. Pero para el capitado hay que tomar las tasas de uso reales de las personas mayores y a valores normales de mercado y que el Tesoro ponga lo que debe poner”. Plantea que al aplicarse cupos en las prestaciones “se las convierte en una suerte de cápita. Ese cupo se va reduciendo y entonces empeora todo. Hay que controlar los fraudes pero no puede ser que paguen el costo los jubilados”.

En el caso de los médicos de cabera que cobran por cápita, el PAMI resolvió aumentarla de $900 a $2100 pero eliminarle los adicionales con los que llegaban a unos $5500. “Les asignan entre 800 y 1000 jubilados a cada profesional, una cantidad que no pueden atender. No deberían tener más de 300, pero entonces el instituto debería gastar más. Como no dispone de recursos, les da más pacientes. Una cifra imposible”, afirma Semino.

Y agrega: “Cuando no tenemos médico de cabecera no tenemos entrada al sistema, porque son ellos los que deben derivar. Para los médicos es una changa; en muchos casos los jubilados conocen más a la secretaria que al médico porque son las que se encargan de las recetas. Tampoco se hace prevención, el gran negocio es la enfermedad, no la salud”.

En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el oficialismo buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.

La iniciativa no es nueva: se presentó en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando los libertarios gozaban de un amplio dominio del recinto junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista no la puso en tratamiento con el argumento de que los esfuerzos estaban focalizados, por entonces, en la aprobación de la reforma laboral, prioridad absoluta para el Gobierno.

Ahora, apremiado por la Justicia para que cumpla con la ley 27.795 que el Congreso sancionó el año pasado −puntualmente con la actualización de los salarios docentes y los programas de becas−, el oficialismo busca reflotar la iniciativa, la cual no deroga la ley pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal.

Todavía no hay fecha de convocatoria a comisiones, pero será pronto, confirmaron a fuentes en el bloque libertario.

Los reproches por no haber impulsado el proyecto a tiempo se amplifican en medio de la feroz interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. El asesor presidencial, que durante el verano venía llevando adelante negociaciones discretas con algunos rectores para promover el proyecto, confiaba en que obtendría de ellos un guiño para desactivar en el Congreso el frente judicial, que ya se asomaba complicado con el fallo en primera instancia del juez Martín Cormick que le ordenaba al Poder Ejecutivo el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales que disponía la ley.

El Gobierno argumenta que el cumplimiento de la norma, motorizada por la oposición, resulta un golpe letal al equilibrio fiscal. Por eso apeló el fallo de primera instancia pero, por las dudas, activó en paralelo la vía parlamentaria y presentó en febrero una reforma de la ley cuyo impacto fiscal es bastante menor a la que aprobó el Congreso.

El oficialismo en la Cámara de Diputados decidió, sin embargo, no apurar su tratamiento hasta asegurar los apoyos, que no estaban firmes. En el círculo que rodea a Caputo le achacan a Martín Menem, presidente del cuerpo y lugarteniente de Karina Milei, que la demora en tratarlo le puede costar ahora al Estado $2,5 billones, ya que hace dos semanas la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las universidades en su amparo.

“Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: obviamente al Gobierno le convenía y a las universidades también porque, por entonces, no había certezas de que la Justicia fallara a su favor. Ahora ya es tarde”, se lamentan cerca de Caputo.

En el entorno de Menem evitan entrar en polémica. “Está todo bien, lo único que tenemos para decir es que no estaban los votos”, afirman.

Lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo nunca llegó a tener siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Caputo. La cuestión es que ahora, tras el fallo en segunda instancia a su favor, difícilmente los rectores acepten negociar una reforma.

Detalles del proyecto

El proyecto que ahora el oficialismo quiere reactivar recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley cuya aplicación está suspendida por el Gobierno. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios.

La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.