Un megaoperativo internacional coordinado desde la ciudad de Buenos Aires derivó en la detención de 84 personas y el secuestro de una importante cantidad de material digital en causas vinculadas con la explotación sexual de menores. La operación, denominada Aliados por la Infancia VI, abarcó 18 provincias argentinas y se extendió a otros quince países. Entre los hechos más relevantes figura la desvinculación de una funcionaria pública de Santa Cruz, cuyo domicilio fue allanado en el marco de la pesquisa. Los procedimientos incluyeron la incautación de armas de fuego y dispositivos electrónicos.

La acción estuvo dirigida por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ) y se realizó de forma simultánea en distintas jurisdicciones locales y extranjeras. De acuerdo con la información oficial, las tareas de campo se desplegaron en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán, además de países como Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia. El operativo fue articulado con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación de la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy.

Las detenciones se produjeron por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. En Argentina, 26 personas quedaron detenidas, entre ellas 14 en la ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, tres en Misiones, tres en Santa Cruz, dos en la provincia de Buenos Aires y una en Formosa. En el exterior, el mayor número de arrestos ocurrió en Brasil (44), seguido por Panamá (7), Uruguay (3), Perú (3) y Puerto Rico (1). De acuerdo con la información difundida, en el país se realizaron 68 allanamientos y otros 202 en el extranjero, lo que representa la magnitud y articulación internacional del operativo.

Durante los procedimientos, las fuerzas intervinientes incautaron armas de fuego, dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.

Una de las novedades de la investigación fue la intervención en la Unidad Número 1 de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, donde se allanó la celda de un interno condenado hace cuatros años por abuso sexual infantil que también distribuía material prohibido desde el penal. Agentes secuestraron ocho teléfonos celulares de los reclusos alojados en el mismo sector.

La investigación también implicó la desvinculación de una funcionaria que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos. Su domicilio fue allanado y el Gobierno de Santa Cruz resolvió su apartamiento inmediato. Según informaron las autoridades provinciales, la medida buscó “priorizar el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos”.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó domicilios en distintas jurisdicciones a partir del análisis de reportes internacionales y tareas de inteligencia digital. Las fuerzas de seguridad de cada provincia participaron en la verificación y profundización de las investigaciones, lo que permitió concretar los allanamientos y detenciones.

El fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, valoró la magnitud de la operación y el rol de coordinación ejercido desde la ciudad. “Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes, yendo hacia el fondo: llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual para niños, niñas y adolescentes”, dijo.

Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, responsable de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF CABA, explicó que el próximo paso será el análisis de los dispositivos secuestrados para definir si los casos avanzan a juicio oral o se resuelve mediante acuerdos abreviados. “Estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados”, sostuvo.

La secretaria general a cargo del CIJ, Bárbara Moramarco, consideró que la cooperación internacional resultó esencial para el abordaje de estos delitos de carácter transnacional. La operación Aliados por la Infancia fue diseñada como una estrategia multilateral, con acciones simultáneas y coordinación entre agencias de investigación y justicia de diferentes países. El objetivo central fue detectar, investigar y judicializar casos de explotación sexual infantil, con énfasis en la identificación de agresores, rescate de víctimas y obtención de evidencia digital para los procesos penales.

En la presentación de los resultados, realizada en la sede del CIJ en Ciudad de Buenos Aires, participaron representantes diplomáticos de Estados Unidos y Francia, así como funcionarios judiciales y de fuerzas de seguridad de la Argentina. La articulación internacional permitió que la operación tuviera alcance en países de América Latina, Europa y el Caribe, lo que reforzó la capacidad de respuesta ante la circulación global de material de abuso sexual infantil.

El operativo Aliados por la Infancia VI se enmarca en una serie de acciones previas y que la continuidad de los procedimientos dependerá del análisis de los dispositivos incautados y de la evolución de las investigaciones judiciales en curso.

Esta franquicia no deja de darnos actualidad. Tras conocer un estudio actualizado de los Pokémon más populares en cada país, ahora tenemos más noticias. Tenemos colaboración entre Pokémon y Hyundai: The Pokémon Company ha detallado su colaboración que lleva temas de Pokémon a algunos coches Hyundai en Corea del Sur.

Los conductores de vehículos Hyundai de Corea pueden elegir una temática de Pokémon para el software del vehículo pic.twitter.com/sKjllJvFWe

— PokéXperto (@pokexperto) April 28, 2026

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Esto es lo compartido:

• Precio del tema: Los conductores de modelos compatibles pueden comprar el tema de Pokémon por unos 30 $, lo que cambia el aspecto del panel digital del coche.

• Modelos de Hyundai compatibles:

  • 2026 Palisade

  • Ioniq 9

  • 2026 Nexo

  • 2026 Ioniq 6

  • 2026 Sonata

  • Sonata The Edge

  • 2026 Staria

• Cambios que añade el tema de Pokémon:

  • Nuevos gráficos, iconos, animaciones y sonidos especiales al encender y apagar el coche.

  • El icono del coche en el GPS cambia a Pikachu o Ditto.

  • El velocímetro y tacómetro muestran un diseño temático de Pikachu.

• Disponibilidad: Por ahora, solo está disponible en Corea del Sur y no se ha confirmado si llegará a otros países.

¿Qué os ha parecido? No dudéis en compartir vuestra opinión en los comentarios. Podéis consultar además todos los juegos de Pokémon para Nintendo Switch. También puedes consultar en la web los mejores juegos de Pokémon de la historia.

Vía.

Pokémon

Los paros con suspensión de clases y el giro de fondos se convirtió esta tarde en el foco de la discusión entre el Gobierno y el mundo universitario, que se encamina a una nueva marcha planificada para el 12 de mayo próximo. Luego del comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que se les exige a los rectores recuperar los días de clase perdidos en lo que va del cuatrimestre en función de las reiteradas medidas de fuerza y ante la amenaza de no enviar partidas a las universidades si no presentan un plan de contingencias para garantizar el acceso de los estudiantes a las clases, ahora distintos gremios que agrupan a trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que realizarán un nuevo para mañana, por 24 horas.

“En respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano del 27 de abril, que pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores a ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, las organizaciones sindicales que nucleamos a docentes y no docentes hemos decretado un paro total de actividades en todos los ámbitos de la UBA para el miércoles 29 de abril”, señala el comunicado, firmado por el sindicato de docentes de la UBA (Feduba), la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Y sigue: “Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo y de desaprensión, hoy solicita un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios. Mientras profundiza la crisis de la Educación Superior con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Además de anunciar el nuevo paro, exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y ratifica la convocatoria a la cuarta marcha federal. “Hoy, las instituciones universitarias se sostienen con el esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes trabajamos en ellas todos los días. El único plan de contingencia que requiere la educación universitaria es el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento que sancionó el Poder Legislativo y que confirmó el Poder Judicial, y que el Ejecutivo debe cumplir obligatoriamente en el contexto de funcionamiento democrático de las instituciones. Por eso es que hoy, más que nunca, ratificamos la convocatoria de la cuarta marcha federal del 12 de mayo, invitando a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción ideológica sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro pueblo”, agrega.

Franco Bartolacci es rector de la Universidad de Rosario y presidente de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales. “Le pido cordura y sensatez al Gobierno, en un momento muy delicado, donde la situación es tan grave y tanta gente la está pasando mal. Y le sugiero que abandone la provocación y se aboque a resolver el problema, ya que es su responsabilidad, empezando por cumplir la ley, que hace más de 180 días que fue aprobada y, aun con fallo judicial favorable, el Poder Ejecutivo no la aplica», apuntó Bartolacci, y aclaró que sus declaraciones son a título personal.

“Las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023 a la fecha. Estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0,4% del PBI. Es insólito y algo perverso transferir solo la mitad de los recursos a las universidades y exigirles que el sistema siga funcionando como si nada estuviera pasando. Es el mundo del revés. El Gobierno en lugar de intimar debería reconocer el esfuerzo extraordinario que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes realizan en condiciones tan precarias para que las universidades sigan abiertas, sosteniendo todo lo bueno que sucede en el sistema universitario y científico y que tan bien le hace al país. El Gobierno, al no destinar el financiamiento que debe, está al margen de la ley. Si a alguien le cabe la responsabilidad por los problemas que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades en las casas de estudio de todo el país es, en primera instancia, al Poder Ejecutivo Nacional», detalló.

En diálogo con LA NACION, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), sostuvo: “Esto es el colmo de los absurdos. El Gobierno que no está cumpliendo con la ley ni con la Constitución, no aplicando la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso Nacional, nos exige un plan de contingencia. Por eso tendremos un paro de 24 horas. Va a estar cerrada toda la Universidad de Buenos Aires, en repudio al comunicado, que enviaron desde el Ministerio de Capital Humano a cada universidad nacional. Es un chantaje lo que están haciendo, es una bravuconada, un apriete amenazando con no pagar, con no enviar los recursos para que la universidad pueda funcionar, cuando son ellos los que no permiten a las universidades funcionar como marca la Constitución porque no nos mandan los fondos necesarios y pulverizaron los salarios de trabajadores docentes y no docentes de una manera nunca vista, y también las becas estudiantiles».

Clara Chevalier, secretaria de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), explicó: “Desde la Conadu estamos de paro toda la semana, en reacción a la provocación de la nota que envió Capital Humano”. En un comunicado, la Conadu apunta: “Ante las amenazas del Gobierno, respondemos con unidad y lucha. Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito. La nota enviada a todas las universidades nacionales es de una enorme gravedad en términos de la ruptura institucional que significa. Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que ya lleva 189 días, se suma la pretensión de perseguir a trabajadores y trabajadoras por ejercer el derecho constitucional a la huelga”. Y advierte que el texto supone un “desconocimiento del sistema. ¿No sabe la Ministra que desde 1918 las universidades argentinas son autónomas? Ustedes quieren destruir la universidad pública gratuita y de calidad que llena de orgullo a nuestro pueblo”, señala.

“Mañana vamos a responder con contundencia con un paro. Si alguien está poniendo en peligro el derecho a la educación de las y los estudiantes, es el gobierno nacional que nos somete a salarios de indigencia, que está produciendo un cientificidio con un ataque al sistema universitario y de ciencia y técnica, mientras más de 10.000 docentes ya han dejado las aulas. Venimos defendiendo que existan más de 50 universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad reconocidas por los rankings internacionales y que forman el orgullo nacional”, dijo Mercedes Mendietta, de Conadu Histórica.

El pedido de Pettovello y la respuesta de Yacobitti

Este lunes, mediante una nota enviada a todas las universidades, la ministra Sandra Pettovello, les pidió a los rectores de las universidades una serie de ítems a informar: un “plan de contingencia”, una “garantía de acceso” que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas.

Haciendo foco en la falta de contraprestación por parte de las casas de estudio que llevan a cabo medidas de fuerza, señalaron que “el sostenimiento financiero del gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.

Horas después, llegó la respuesta del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación”, escribió con tono irónico. Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y “desfinancia y desarticula el sistema”. El próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La respuesta del Gobierno llegó vía Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dependiente del ministerio de Pettovello. “Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al Gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando”, denunció. Y agregó: “Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.