POLITICA
La CGT afirmó que la situación de las obras sociales es “casi terminal”: los números que grafican una aguda crisis
Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.
En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.
Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.
A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.
“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.
Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.
Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.
“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad».
Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios».
Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.
Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.
“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro».
Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.
Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo».
El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.
Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.
CGT
POLITICA
AFA-gate: un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana
La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido.
Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. “La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa”, planteó Sáenz.
La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.
Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones.
El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.
En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. “Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11”, sostuvo Sáenz.
En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) “explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría”.
La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma.
Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.
Asociación del Fútbol Argentino (AFA),denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión,Esa cuenta recaudó unos US$13 millones,La última ocurrió hace pocos días.,Nicolás Pizzi,AFAGate,Campana,Miami,Conforme a,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses,,Análisis. Cinco trampas de las que Milei no logra salir,AFAGate,,El modelo Tapia: de la gloria deportiva a la miseria ética,,»Mamá, me compré una Ferrari». La fortuna de Vallejo, el financista de la AFA, retratada en una frase,,AFAGate. La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino
POLITICA
Karina Milei se mostró junto a Adorni y le envió otra señal de apoyo en medio del avance de las causas judiciales
En medio de las tensiones por las causas judiciales que enfrenta, Manuel Adorni sumó nuevas fotos de respaldo con Karina Milei, una ocurrió hoy en el Instituto Malbrán y otra será el jueves en Vaca Muerta. Luego, encabezará el viernes una reunión de la mesa política en Casa Rosada.
En paralelo, el jefe de Gabinete avanza en la preparación de su informe de gestión ante el Congreso, mientras el bloque de Diputados de La Libertad Avanza define su estrategia para respaldarlo: contraatacar con las declaraciones juradas de legisladores de la oposición.
Además del plano económico, que esta semana presenta desafíos no menores como el dato de inflación de marzo o la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el Gobierno tiene como prioridad dejar atrás el escándalo alrededor del funcionario que supo ser una pieza clave de la administración de Javier Milei.
“Hay mucho malestar interno, lógicamente”, admitió a TN una fuente al tanto de las discusiones internas del Gabinete. En Balcarce 50 advierten que los cuestionamientos al patrimonio de Adorni todavía siguen en el centro del debate, situación que dificulta que funcionarios o legisladores puedan salir a impulsar otros temas de gestión en los medios.
Sin embargo, el funcionario cuenta con el respaldo del Presidente y, sobre todo, de su hermana, por lo que, al menos en público, nadie se atreve a sugerir que deba dar el paso al costado.
Nuevas fotos de respaldo y reunión de la mesa política en Casa Rosada
Para no dejar lugar a dudas, Karina Milei volvió a mostrarse en público junto al ministro coordinador. Primero, la dupla encabezó una recorrida en el Instituto Malbrán, donde también participó el ministro de Salud, Mario Lugones.
A modo de respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) amenazó con acciones de repudio a la visita, con cuestionamientos por el ajuste sobre el sistema sanitario y la situación judicial que atraviesa el ministro coordinador.
La foto de Karina y Adorni se repetirá el jueves, cuando ambos viajen a Neuquén para hacer una recorrida por Vaca Muerta. Los gestos de la hermana del Presidente no solo buscan dar muestras de gestión, sino también enviar un mensaje político hacia afuera y hacia adentro del Gobierno.
Bajo esa misma dinámica, la Casa Rosada decidió convocar para el viernes a una nueva reunión de la mesa política para afinar la estrategia legislativa y mantener la iniciativa política.
La última vez fue el 30 de marzo en las oficinas de Adorni dentro del Ministerio del Interior, donde acudieron como es habitual la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
En el corto plazo, el Gobierno prevé discutir en el Parlamento iniciativas como la Ley Hojarasca, la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada Ley de Falsas Denuncias. Sin embargo, la Casa Rosada también prepara el envío al Congreso de la reforma política y electoral.
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La iniciativa busca abarcar temas de alto impacto político para generar discusión pública y llevar la atención a una agenda donde La Libertad Avanza se siente más cómoda, con puntos que van desde la eliminación de las PASO a cambios en el financiamiento de los partidos políticos, entre otros puntos.
Sin embargo, para que la medida prospere eventualmente en el Congreso, el Gobierno necesita que se reduzca el impacto alrededor del caso Adorni. “Hoy el Gobierno es mala palabra. Yo, si fuera gobernador, por más amigo que sea, no me sacaría una foto ni loco. Y si fuese contrario, haría el mayor ruido posible”, analizó un funcionario en diálogo con este medio.
En ese sentido, el Gobierno afrontará una prueba determinante cuando Adorni se presente ante la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril para brindar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Para salir airosos de la situación, la bancada libertaria trabaja en un plan.
La estrategia de La Libertad Avanza para blindar a Adorni en su presentación ante el Congreso
Mientras Manuel Adorni y sus equipos trabajan en su exposición ante la Cámara Baja, el bloque oficialista que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni hace lo propio para preparar a todos sus legisladores con una única misión: defender al jefe de Gabinete.
La movida política gira alrededor de una consigna clara: “Contraatacar”. Según pudo saber TN, el foco de la estrategia de La Libertad Avanza estará puesto en las declaraciones juradas de varios diputados de la oposición, algunas de las cuales ya comenzaron a difundirse en redes sociales por parte de influencers libertarios.
Entre los primeros señalados apareció el santafesino de Provincias Unidas Esteban Paulón, increpado por el usuario @usdtermo por tener declarada “una casa de 360 m2 a nada más que 22.000 dólares”.
En paralelo, una de las principales representantes de Karina Milei en la Cámara Baja, Lilia Lemoine, apuntó contra su excompañera de banca Marcela Pagano, hoy muy enfrentada con el Gobierno, por haber presentado deudas en su declaración jurada de 2024 con “agencias que hoy operan desde la provincia de Buenos Aires y municipios aliados para atacar la gestión de Javier Milei”.
Consultado por TN, Esteban Paulón aseguró que las propiedades a las que hicieron referencia los usuarios son un departamento en Rosario de 90 metros cuadrados con una valuación fiscal datada de 1996 en 20 mil pesos -valores que no son actualizados por la provincia de Santa Fe- y otra propiedad en Buenos Aires, donde vive actualmente, que es de su familia hace 40 años. “Tengo todo declarado, el departamento, el auto, todo lo compré antes de la función pública. Todo verso”, sentenció.
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Por su parte, Pagano aseguró a este medio que las empresas señaladas por Lemoine que figuran en su declaración jurada, Quart Producciones SRL, Silmar Producciones SRL y Abre Producciones SRL, son productoras comerciales que producían su programa cuando ejercía como periodista.
“Me pagaban mis honorarios por mis participaciones en los distintos programas como cualquier programa periodístico. Yo tengo todas mis facturas al día y son de ejercicios fiscales vencidos”, aseguró la diputada del bloque Coherencia. Y remarcó: “Si hay una irregularidad, adonde tienen que denunciar es en la Justicia”.
Manuel Adorni, Javier Milei, Congreso
POLITICA
Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que la Casación revoque el procesamiento en su contra por el caso de los seguros
El expresidente Alberto Fernández se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que debe decidir si confirma el procesamiento en su contra en la causa seguros.
Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado. El fiscal José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, postura que desestimaron los camaristas federales.
La audiencia de hoy se desarrolla en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Sala 4. La defensa de Fernández volverá a argumentar en contra del procesamiento del expresidente, ahora con la presencia del fiscal Raúl Plee, de la Cámara de Casación. El tribunal debe decidir acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del jefe del Estado.
En esta causa, Fernández está procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario. Para procesarlo, se consideró probado que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica del expresidente, María Cantero.
El procesamiento del expresidente incluye un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283 y una prohibición de salir del país.
Cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández, su abogada, Mariana Barbitta, sostuvo que esa decisión no correspondía porque “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.
Noticia en desarrollo
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