El juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, dictó una medida cautelar a favor del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que impone restricciones de contacto y acercamiento contra periodistas y legisladores denunciados por el dirigente. La resolución les ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar del titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

La medida alcanza a los periodistas Leandro Camani, Matías Yofe, Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, además del legislador porteño Facundo Del Gaiso.

En el fallo, Saettone resolvió “imponer a los denunciados (…) la prohibición de contacto respecto del Sr. Claudio Fabián Tapia y su grupo familiar, por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, directa o indirecta”.

Tras conocerse la decisión judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “seria preocupación y rechazo” a la cautelar. La entidad sostuvo que la resolución “no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito” y advirtió que la acusación “se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso ‘AFA’”.

ADEPA remarcó además que, cuando se trata de figuras públicas o personas con responsabilidades institucionales, “la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público”.

La asociación también cuestionó especialmente la prohibición de acercamiento dispuesta contra periodistas y respecto de los lugares donde Tapia desarrolla sus actividades habituales. Según señaló, una restricción de ese tipo “puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general”.

En el comunicado, la entidad advirtió además sobre un posible “efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa” y consideró que el uso de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas “sin fundamentos específicos” puede convertirse en un “mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística”, en referencia al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y al artículo 14 de la Constitución Nacional.

De 46 años, Saettone está al frente del Juzgado de Garantías de Pilar desde diciembre de 2013, cuando fue designado durante la gobernación de Daniel Scioli. En los últimos años, el magistrado mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde expresó posiciones políticas y opiniones sobre causas judiciales de alto perfil.

En su cuenta de X, como detalló , compartió publicaciones elogiosas hacia Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”. También opinó sobre expedientes vinculados a la expresidenta, como la Causa Cuadernos, donde cuestionó las críticas dirigidas a las estrategias defensivas impulsadas por los acusados.

El perfil público del juez también muestra vínculos con dirigentes del oficialismo bonaerense. En febrero de 2020 publicó una fotografía junto al gobernador Axel Kicillof durante un acto por el Bicentenario del Tratado del Pilar. En otra publicación mencionó al intendente local, Federico Achával, al destacar una actividad cultural para músicos.

Además de su actividad judicial, Saettone participó como protagonista del documental “El libro de los Jueces”, dirigido por Matías Scarvaci y estrenado en mayo de 2023 en el cine Gaumont.

La película sigue el trabajo cotidiano de dos magistrados en cárceles y comisarías, donde revisan condiciones de detención y situaciones procesales de personas privadas de la libertad. Una crítica periodística llegó a describirlo como alguien que “no parece un juez, sino un rockero”.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.

El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron —por unanimidad— el sobreseimiento de Caputo.

Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas porque el 1 de marzo de 2025, tras el discurso del presidente Javier Milei, se enfrentaron en una discusión dentro del Congreso de la Nación.

Manes expresó que, mientras se llevaba a cabo el discurso presidencial, su compañero de bloque, el diputado Pablo Juliano, efectuó manifestaciones a viva voz que motivaron la contestación de Milei.

En ese contexto, Manes dijo que advirtió gritos que provenían de un palco superior ubicado a sus espaldas y que pudo ver que Caputo le habría hecho un gesto al señalarse los ojos con los dedos índice y mayor, como si le indicara que lo estaba mirando.

Manes sostuvo que el asesor presidencial, entre otras palabras, expresó: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”; y que, según le dijo el diputado Juliano, Caputo también le expresó: “Te voy a hacer mierda”.

El ex diputado nacional declaró que, una vez finalizada la apertura de sesiones, se retiró de su banca en compañía de otros diputados; en uno de los pasillos fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó sobre su opinión acerca de las palabras del presidente.

Según la querella, Caputo apareció en ese contexto acompañado de otras personas e interrumpió la conversación.

Manes dijo que Caputo se le acercó “cara a cara”, que luego levantó su mano derecha y la colocó sobre el rostro del ex legislador, para después decirle frases como “vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, “vos no me conoces a mí” y “ya me vas a conocer a mí” y finalmente retirarse previo darle dos palmadas en el pecho.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó -por mayoría- la resolución del juez de primera instancia que había sobreseído a Santiago Luis Caputo por amenazas. Manes llevó el caso a la Cámara Federal de Casación, que convalidó el sobreseimiento al rechazar el recurso del exdiputado nacional.

El juez Borinsky —al que adhirieron los jueces Gustavo Hornos y Carbajo— consideró que la querella no había logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal que concluyó que no había delito en los actos denunciados.

El juez precisó que el contexto de los hechos había sido valorado y resultó clave para el sobreseimiento. Dijo que la secuencia de sucesos se inscribía en un contrapunto entre personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encontraban en el Congreso de la Nación con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025.

Según Borinsky, los actos atribuidos a Caputo acontecieron en medio de “una acalorada disputa política” y en ese marco se debían interpretar los hechos. Borinsky estimó que Manes no había logrado poner en evidencia que los sucesos excedieran los límites de la discusión política. No negó el episodio ni los “tintes hostiles o agresivos” que pudiera haber percibido Manes.

Sin embargo, concluyó que la querella no había demostrado que la secuencia de actos encuadrara en el delito de amenazas, y menos agravadas. La fiscalía, además, había postulado la inexistencia de delito. Borinsky entendió que el fallo de la Cámara Federal era válido y que la querella no había demostrado la existencia de arbitrariedad.

El juez Hornos compartió las consideraciones y sostuvo que las expresiones de Manes no encuadraban como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el delito de amenazas. Precisó que el altercado que había involucrado a Manes y a Caputo se dio en una acalorada discusión y que debía contextualizarse “en las controversias propias de la discusión política”.

“En un recinto donde aquello que se busca es la generación de debates y consensos como mejor expresión de la democracia liberal que impera en nuestro país y carecen de la entidad amenazante que le había adjudicado -seguramente con buena fe- el querellante”, dijo Hornos. Por su parte, Carbajo compartió las consideraciones expuestas por Borinsky y Hornos.