La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete se produjo tras varios meses de desgaste político atravesados por investigaciones judiciales, denuncias, revelaciones periodísticas y una sucesión de controversias que golpearon al funcionario más cercano al presidente Javier Milei.

Aunque desde la Casa Rosada intentaron sostenerlo públicamente durante buena parte de la crisis, la acumulación de episodios terminó deteriorando su situación política y alimentó los reclamos de la oposición para que dejara el cargo.

Uno de los primeros episodios que generó cuestionamientos fue el viaje oficial que Adorni realizó a Nueva York junto a Milei. La presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva despertó críticas y derivó en denuncias para determinar si el traslado había implicado un uso irregular de recursos públicos.

El entonces funcionario sostuvo que no existió ninguna irregularidad y defendió la presencia de su pareja durante el viaje, mientras la oposición pidió explicaciones e impulsó presentaciones judiciales.

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Poco después quedó bajo la lupa otro traslado: un viaje realizado a Punta del Este en un avión privado. Las versiones sobre quién había financiado el vuelo dieron lugar a nuevas denuncias y pedidos de informes.

Según un recibo que tiene en su poder la Justicia, y al que accedió TN, el viaje de ida a la localidad uruguaya fue pagado por una empresa ligada a un periodista de la TV Pública.

Se trata de la compañía Imhouse SA, en donde el periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandio, es accionista. Sobre este hecho, Adorni respondió públicamente que había utilizado dinero propio y rechazó cualquier irregularidad. No pudo, pese a su esfuerzo, evitar que el episodio profundice las sospechas sobre su capital y su nivel de gastos.

La investigación sobre su patrimonio

El crecimiento patrimonial del funcionario se convirtió en otro foco de atención.

Distintas investigaciones periodísticas pusieron el foco sobre la adquisición de un departamento en la torre Miró, en el barrio porteño de Caballito, y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sumado a bienes cuyo origen y modalidad de compra comenzaron a ser analizados en distintas presentaciones judiciales.

El propio Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que todo su patrimonio podía justificarse con ingresos declarados y operaciones registradas.

En una entrevista con LN+ explicó: “Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, en cada uno de los organismos». Y agregó que en el año 2013 empezó a “incursionar en el mundo del bitcoin», que al año siguiente hizo fuertes inversiones en ese activo y que entre 2014 y 2018 con su esposa tuvieron fuertes ganancias: “Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

El rol de su esposa y los vínculos con YPF

Otra de las polémicas del exjefe de Gabinete giró en torno a la prestación de servicios que su esposa le hizo a YPF por tareas de coaching.

La contratación generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que plantearon posibles incompatibilidades y pidieron conocer los detalles de las funciones desempeñadas y la forma en que había sido incorporada.

Desde el Gobierno rechazaron las críticas.

El misterioso pendrive de las criptomonedas

Uno de los episodios que más repercusión política tuvo fue el relato de Adorni sobre el hallazgo de un pendrive con miles de dólares en Bitcoin.

Las distintas reconstrucciones sobre cómo apareció el dispositivo y quién lo encontró generaron dudas y derivaron en nuevas preguntas sobre la consistencia de la versión oficial.

El caso quedó incorporado a distintas actuaciones judiciales que buscan reconstruir los hechos.

Las compras con tarjetas de crédito de sus secretarias

De la investigación por presunto enriquecimiento ilícito se desprendió que Manuel Adorni habría utilizado las tarjetas de crédito de sus secretarias para realizar compras de colchones por más de $8 millones y complementos para videojuegos por más de $9 millones.

Denuncias por intimidaciones a Tabar

En paralelo, Adorni también quedó envuelto en denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones al contratista Tabar que, según dijo, minutos antes de haberse presentado a declarar ante la Justicia recibió un llamado del exjefe de Gabinete para ofrecerle algún tipo de ayuda o asesoramiento para dar testimonio.

Respaldo oficial y debilitamiento público

Con el correr de los meses, cada nuevo episodio incrementó la presión sobre el funcionario. Desde la Casa Rosada insistieron reiteradamente en que Adorni contaba con la confianza del Presidente y minimizaron las denuncias, al sostener que se trataban de operaciones políticas impulsadas por sectores opositores.

Sin embargo, el volumen de investigaciones administrativas y judiciales, sumado a la exposición pública que adquirieron las distintas polémicas, terminó debilitando su posición dentro del Gobierno.

Un final anunciado

La renuncia de Adorni llegó después de una seguidilla de cuestionamientos. Si bien varias de esas causas continúan en trámite y otras permanecen bajo investigación sin una resolución definitiva, el conjunto de los episodios configuró el mayor desgaste político sufrido por un integrante del gabinete nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei y terminó precipitando su salida de la Jefatura de Gabinete.

Manuel Adorni

Algo cambió en las últimas semanas. En altas esferas del poder aseguran que fue Karina Milei la que en conversaciones reservadas en Casa Rosada le terminó de quitar el último apoyo que le quedaba a Manuel Adorni, a raíz de las increíbles explicaciones con las que intentó justificar su crecimiento patrimonial. También su hermano Javier, que retrasó una resolución por una cuestión casi de orgullo personal contra el sistema político, que lo llevó incluso a enfrentarse a los gritos con colaboradores en la quinta de Olivos y a dispensarle a su flamante ex jefe de Gabinete una batería de gestos. A Patricia Bullrich, que se encargó en público y en privado de horadar al saliente funcionario e intentó promover su renuncia de todas las maneras posibles -una estrategia compartida por buena parte del Gabinete que llegó a irritar a Karina Milei más que al Presidente-, la secretaria general le había pedido “tiempo”, días atrás.

El deadline se decretó ayer a las 18.38, cuando el ahora ex jefe de Gabinete publicó en sus redes la carta de renuncia tras casi ocho meses en el cargo y más de tres de un calvario político, judicial y mediático que lo consumieron a él y al Gobierno. Anoche, los hermanos Milei fantaseaban con empezar a dar vuelta esa página.

“A veces hay discusiones entre Karina y Javier y eso llevó a que prefirieran mantenerlo a Adorni”, ensayó semanas atrás un dirigente que conoce a los hermanos desde el minuto cero. Uno de los motivos de la permanencia de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete radicaba, hasta hace no mucho tiempo, en la interna feroz en la cúpula del Ejecutivo entre la hermanísima y Santiago Caputo: el ex vocero presidencial llegó a ese lugar en octubre pasado, sin ningún antecedente en materia de gestión más que su rol de portavoz y una buena performance en una campaña electoral, como la porteña, de la que casi no participó, por su cercanía con Karina Milei y la necesidad de ella de obturar el ascenso del consultor.

Pero sostener a Adorni como ministro coordinador se tornó insoportable en las últimas semanas, un goteo diario de escándalos que impactó en la popularidad del Gobierno. Al desprestigio interno del saliente funcionario, que se convirtió en una sátira por las revelaciones en torno a las adquisiciones patrimoniales -su imagen negativa llegó a alcanzar más del 80%-, se sumó la parálisis de la gestión ejecutiva y, en particular, del Congreso: cualquier iniciativa quedó opacada, en algunos casos en stand-by, por la catarata de pedidos de interpelación y mociones de censura por parte de la oposición y la incomodidad de los aliados, hartos del affaire. Era cuestión de tiempo, tal como avisó puertas adentro la Secretaria General.

Fue decisiva, además, la presión interna, en especial la que ejerció Bullrich desde el Senado, furiosa con la suspensión del informe que Adorni debía dar el 2 de julio en la Cámara alta y el posteo del renunciado ministro asegurando que estaba a disposición del Parlamento. La senadora le dedicó los peores insultos. El tiempo empezaba a agotarse.

Esa avanzada del Congreso se subió al derrotero de la investigación judicial que tuvo una aceleración atípica para un jefe de Gabinete en funciones. “Si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada”, dijo el viernes Milei en Madrid para terminar de correrle a Adorni el último banquito sobre el que se sostenía. En Casa Rosada tenían, de antemano, escasísimas expectativas de un salvavidas para el ex vocero que evitara su hundimiento. Peor aún: sostenían, incluso, la posibilidad de una indagatoria en el cortísimo plazo. Eso precipitó la decisión. Fuentes y gestores judiciales resaltaron, además, que las gestiones que habría intentado desde el Ejecutivo fueron infructuosas. El encargado, en su momento, fue Juan Bautista Mahiques. Por eso el viaje reciente a París, en el marco del GAFI, que compartió con el juez Ariel Lijo, que tramita el expediente por enriquecimiento ilícito del saliente ministro coordinador, delegado en el fiscal Gerardo Pollicita, despertó todo tipo de elucubraciones, como si hiciera falta viajar hasta la capital francesa. Se disputan, en esa interna del Poder Judicial, intereses mucho más relevantes que la suerte de Adorni. Por ejemplo, los dos asientos en pugna en la Cámara Federal porteña.

Ayer, al cierre de esta nota, mientras se terminaba de acordar la renuncia de Adorni en Olivos y la posible incorporación de Diego Santilli, “El Colorado” -el mejor posicionado- como reemplazo del renunciado funcionario, se preguntaban en el seno del Gobierno por qué el Presidente y su hermana habían sostenido a Adorni durante más de tres meses y provocado, con esa decisión, un desgaste prolongado de la gestión.

“Esta fue la ‘foto de Olivos’ de Javier”, exageró un dirigente libertario en términos del daño provocado en el liderazgo del Presidente. Más allá de la exageración, el escándalo volvió a poner bajo la lupa la conducción de Milei y la lógica política que utiliza para tomar sus decisiones: por qué si el mandatario borró de un plumazo a un buen número de funcionarios, incluso algunos mucho más cercanos como Nicolás Posse o Guillermo Francos, a los que conocía desde hacía años, tardó tanto tiempo en definir la suerte de Adorni, el dirigente que mayor daño le causó al Gobierno con sus tropelías patrimoniales.

Fue tal el perjuicio que ni la Copa el Mundo, los récords alcanzados por Lionel Messi o el escándalo en torno a Martín Insaurralde y Jesica Cirio alcanzaron a cambiar el eje de la agenda pública: el volumen de la conversación digital entre el 20 y el 22 de junio, cuando trascendieron los videos en los que se exhibieron decenas de fajos con dólares escondidos en vestidores, atribuidos presuntamente a esa ex pareja, apenas fue levemente superior al caso Adorni. Suficiente, sin embargo, para sacar de la cancha al ex jefe de gabinete bonaerense. Con un pedido de detención a cuestas, solicitada por el fiscal Sergio Mola, la decisión ahora está en manos del juez Luis Armella. Insaurralde, que entró al gabinete de Axel Kicillof tras las elecciones legislativas del 2021 para tratar de contrarrestar la figura del gobernador de la mano de Máximo y Cristina Kirchner, estaba a punto de obtener buenas noticias de ese juzgado cuando se filtraron los videos, y sostenía una alta influencia en el sistema político provincial: bastaba con ver la cantidad de dirigentes y operadores que lo visitaban hasta hace poco más de una semana en sus oficinas frente al Palacio de Tribunales, a metros del obelisco porteño. Quienes hablaron con él esta última semana lo notaron destrozado anímicamente.

El Gobierno entendió entonces que, a pesar de las muy enormes diferencias patrimoniales, la sociedad empezaba a asemejar ambos escándalos, el de Adorni y el de Insaurralde, como parte de una misma lógica de concebir la política. Influyó, además, la embestida de la oposición en el Congreso, pero en particular la de los aliados. El viernes, en Mar del Plata, Mauricio Macri adelantó que el PRO votaría “por la interpelación” del saliente funcionario en “ambas cámaras”. Los hermanos Milei no estaban dispuestos a darle ese gusto al ex presidente. ¿Y qué pensará el jefe del PRO de la designación de un dirigente al que no le tiene ninguna estima? Los Milei tampoco querían seguir colaborando con la inquietud de los mercados frente a la posibilidad de que el Parlamento alcance el número para echarle al Presidente a su ministro coordinador, lo que le otorgaría a Milei otro récord: el mandatario que más rápido eyectó a un jefe de Gabinete -Posse- y el primero en perder a esa figura desde la reforma constitucional de 1994.

Si bien hasta anoche no hubo anuncio formal, se estimaba para estas horas la oficialización de Santilli como flamante jefe de Gabinete. Como paso previo, los hermanos Milei habían empezado a mostrar un cambio sustancial respecto a los últimos tres meses con la incorporación de Adrián Ravier como vocero presidencial y Fabián Fernández en la Secretaría de Medios, dos funcionarios con un estilo muchísimo más amigable con la prensa, en el caso de Fernández, con una trayectoria profesional en el rubro. En esas dos incorporaciones, que socavaron el organigrama de Adorni, comenzó a escribirse el final del ex vocero como funcionario.

Esos dos movimientos revitalizaron la interna a cielo abierto entre Karina Milei y Santiago Caputo. La disputa no da señales de tregua, más bien lo contrario. La llegada de Ravier, pero en especial la de Fernández, originó una serie de trascendidos en torno a quién había diseñado y ejecutado esa decisión.

Por eso es muy factible que la hermana presidencial se ocupe de instalar que el eventual desembarco de Santilli tiene su sello. Ecuménico, de diálogo fluido con los gobernadores, el sistema político en general y el círculo rojo, el ministro llegó al Gabinete de la mano la secretaria general: trabajó ese nexo con paciencia mientras buena parte de sus colegas fatigaban la oficina de Santiago Caputo. Santilli entendió que la llave de su entrada a La Libertad Avanza era con ella, y no con él. El ministro, sin embargo, tiene una buena relación con Caputo y una histórica vinculación con la consultora Move, en especial con Rodrigo Lugones, que lo asesoró durante años, en su paso por la capital, hasta trabar una amistad. El año pasado, “El Colorado” lo visitó en Madrid, donde el consultor pasa la mayor parte de su tiempo. A propósito: ¿Existen discrepancias, en Las Fuerzas del Cielo, entre Madrid y Buenos Aires?

“Siempre tiene suerte ‘El Colo’”, sentenció ayer, con sorna, un amigo del funcionario, que tiene un solo objetivo: ser gobernador bonaerense. El año pasado, cuando reemplazó a otro dirigente eyectado por opacidad como José Luis Espert, en ese caso como cabeza de la lista de diputados nacionales en territorio provincial, los hermanos Milei le prometieron, en una extensa cena posterior al triunfo de octubre, que se preparara para ser el candidato de La Libertad Avanza en ese territorio en el 2027. Desde ese momento, Santilli le juró lealtad a Karina Milei, que destaca ese atributo del funcionario desde que acompañó, hasta el final, el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Un metamensaje para Bullrich. El ex diputado del PRO fue capaz, en estos más de tres meses, de despotricar en privado contra Adornir pero mantener, públicamente, una actitud bien dócil.

Es una incógnita, en ese sentido, cómo será, en esta nueva etapa, el organigrama de la Jefatura de Gabinete y sí, como trascendió en estas horas, el ministerio del Interior volvería a estar bajo el paraguas de esa oficina, como anteriormente. Sonaba, en ese contexto, como secretario, el nombre de Ignacio Devitt, que también tiene ambiciones electorales: quiere ser intendente de Vicente López, territorio del “jorgemacrismo”, por el jefe de Gobierno del que el funcionario nacional guarda amarguísimos recuerdos. Sobre el resto de los ex colaboradores de Adorni, todavía hay dudas. Por ejemplo, Aimé Ayelén Vázquez, “Meme”, más que una mano derecha del renunciado funcionario.

La hermanísima quiere tener pleno control de la gestión del gabinete, con excepción de las áreas que controla el consultor o el rubro económico. Por eso se mencionan potenciales cambios en la comunicación y la supervisión de ese sector. Parte de esas inquietudes se analizaron en la reunión que la Secretaria General mantuvo el viernes con Santilli y Martín Menem.

La salida de Adorni abre otra vez el mismo interrogante de siempre: si la interna, que quedó en otro plano por la centralidad del renunciado ministro, volverá a tomar el mismo vigor de antes. Después de avanzar sobre el Ministerio de Justicia, la hermanísima pretendía seguir con otras áreas, pero frenó ese plan por el estallido del caso Adorni. ¿Volverá a reflotarlo ahora? Una inquietud, una más, de esta nueva-vieja etapa que comienza con la salida del ex vocero. Fin.

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Hay un número que conviene tener presente desde el principio: tres.

Tres jueces distintos llevaron la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde desde que estalló el escándalo del yate Bandido. Ninguno de los tres lo citó a declarar (aunque el último de ellos tiene ahora una oportunidad). Ninguno de los tres respondió ante nadie por haberlo decidido así. Y el juzgado donde tramita la causa sigue sin tener un juez titular.

Si algún vecino de Lomas de Zamora tuviera con la AFIP la misma deuda que el patrimonio no declarado que se le imputa a su exintendente, ya habría recibido una carta documento, una notificación, un embargo, un contador del Estado revisando sus facturas con fruición. Y hasta el sonoro eco de las botas policiales. El vecino común no tiene la ventaja del juzgado vacante. No tiene la suerte del juez que se va porque no quiere críticas, del “juez subrogante” que se va cuando le vence el turno. No tiene, en definitiva, la arquitectura judicial a su favor.

De esto último se trata toda la historia. No la corrupción de Insaurralde, que es lo que se sigue con pertinencia. Sino el sistema que lo preserva, que funciona exactamente igual que si alguien lo hubiera diseñado para eso, aunque nadie lo haya diseñado.

Todo arranca con una vacante. El Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 2 de Lomas de Zamora no tiene juez titular. No lo tenía cuando estalló el escándalo. No lo tiene hoy. La vacante sobrevivió al macrismo, al kirchnerismo, al albertismo y sobrevive al gobierno de Milei. Cuatro presidentes, cuatro oportunidades de cubrir el cargo, ninguna urgencia.

La razón de esa falta de urgencia no es administrativa sino política, y no es difícil de explicar. Un juzgado sin titular es un juzgado sin responsabilidad permanente. El juez subrogante o sustituto llega, actúa mientras dura su turno, y se va. Nadie puede pedirle cuentas por lo que no hizo, porque técnicamente no era su juzgado. La causa queda flotando entre un magistrado y el siguiente, perdiendo impulso en cada transición, empezando de nuevo con cada cambio de manos.

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La impunidad por dilución no requiere conspiración. Requiere algo más fácil de sostener y más difícil de probar: la inercia conveniente de un sistema al que no le urge resolver.

Paso a Paso: cómo el juzgado que tiene la causa de Insaurralde no consigue tener un juez

El primer juez de la causa fue Federico Villena, titular del Juzgado Federal Número 1 de Lomas de Zamora. Villena era, allá en 2023, el juez natural: el magistrado al que le correspondía por competencia territorial investigar a un exintendente del municipio. Era, en la jerga judicial, el responsable.

Duró cinco días.

El fiscal Sergio Mola pidió su recusación con dos argumentos concretos: una presunta amistad personal con Insaurralde, y el hecho de que la primera exesposa del imputado, Liana Toledo, hija de un exintendente del mismo partido, trabajaba como prosecretaria en el propio juzgado de Villena. El juez rechazó ambos argumentos. Negó la amistad y aclaró que Toledo llevaba años en el cargo antes de que él llegara. Sostuvo que nada de eso era causal de recusación. Acto seguido, en la misma resolución en que refutaba todo, anunció que se apartaba de la causa por “violencia moral”.

La “violencia moral”, en el lenguaje jurídico, describe situaciones de presión directa que comprometen la independencia del magistrado. Villena la usó para describir la incomodidad de ser señalado públicamente. Que los señalamientos carecieran de base legal no modificó su decisión.

Al apartarse Villena, el expediente siguió su camino natural: las reglas procesales indican que la causa debe pasar al juzgado correlativo de la misma jurisdicción. En este caso, al Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora.

El problema es que ese juzgado no tenía ni tiene juez. Entonces, la Cámara Federal de La Plata designó a un juez de otro juzgado para que se haga cargo del expediente de manera provisoria, en carácter de subrogante. Juez de paso, en un juzgado sin dueño investigando una causa sin indagado.

El primero en llegar fue Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof y dirigente de La Cámpora. Arrancó como para comerse la cancha: levantó el secreto bancario de los tres imputados, Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici, pidió información a AFIP y Migraciones, requirió declaraciones juradas de la última década, ordenó el secreto de sumario. Todo lo que se esperaba de un juez que toma una causa caliente.

El fiscal Sergio Mola presentó un informe detallando posibles testaferros, propiedades sin declarar y gastos incompatibles con el sueldo de un funcionario público. Pidió la indagatoria de Insaurralde. Mola objetó el peritaje que Kreplak había encargado a la UBA, argumentando que debía realizarlo el cuerpo oficial de peritos de la Corte Suprema. Kreplak rechazó la objeción con críticas al fiscal, a quien acusó de ser él quien dilataba. El fiscal le respondió que la dilación era del juzgado, que había demorado los allanamientos pedidos y no había dispuesto medidas sustanciales.

Un juez y un fiscal discutiendo quién dilata, mientras el imputado espera sin ser llamado a declarar. Esa discusión duró meses.

Cuando venció su suplencia, Kreplak se fue sin haber citado a Insaurralde a indagatoria. La única decisión sustantiva que había tomado —encargar el peritaje a la UBA— fue posteriormente anulada por la Cámara de Casación, que ordenó que lo hiciera el cuerpo oficial de peritos de la Corte Suprema. Es decir, Kreplak se fue dejando atrás una causa sin indagado y un peritaje invalidado. Nadie abrió un expediente disciplinario. Nadie pidió explicaciones. El sistema no tiene mecanismo para eso.

La Cámara Federal de La Plata designó a Luis Armella, juez federal de Quilmes, como nuevo subrogante. La causa lleva años sin ningún resultado. El tiempo pasa y se conocieron ahora los videos del vestidor de Insaurralde en la casa de San Vicente con millones de dólares en bolsos y cajones, tapados con remeritas. Los habría grabado su esposa de entonces, Jesica Cirio. Otro comienzo. Ahora pidieron la indagatoria y hasta la detención de él y de la modelo. ¿Estará de acuerdo Armella? Veremos…

El peritaje contable —el instrumento que debería determinar si el patrimonio de Insaurralde tiene explicación lícita— tiene fecha límite el 17 de julio de 2026. Casi tres años después del escándalo inicial, el primer documento técnico que podría responder la pregunta central de la causa todavía no está listo. Los peritos, además, pidieron una prórroga. El fiscal Molas quiere que se tengan en cuenta los bienes del exintendente cuando estaba casado con su primera esposa Liana Toledo. El juez no está de acuerdo.

Hasta aquí el derrotero judicial. Árido, técnico, lleno de nombres y resoluciones. Pero hay una dimensión que los expedientes no registran y que es, en realidad, la más importante.

Mientras la causa Insaurralde acumulaba subrogantes y discutía qué institución hacía el peritaje, los mismos juzgados federales de Lomas de Zamora tramitaban las causas de los vecinos comunes del conurbano. Causas de contrabando menor, de evasión impositiva de pequeños comerciantes, de deudas con el fisco que ningún juzgado vacante protegió de la eficiencia recaudatoria del Estado.

En esas causas no hubo discusiones sobre quién hacía la pericia. No hubo subrogantes que se fueran sin indagar. No hubo tres años de espera antes de una citación.

La desproporción no es solo moral. Es institucional. Y su mensaje para el ciudadano es preciso y demoledor: las reglas se aplican, sí, pero no exactamente igual para todos. Para algunos, el sistema tiene toda la energía del mundo. Para otros, tiene juzgados vacantes, subrogantes que se van y pericias que llegan tarde.

La ironía más fina de esta historia no es que el sistema proteja a Insaurralde. Es que no lo protege deliberadamente a él: simplemente funciona así para cualquiera que tenga suficiente poder como para beneficiarse de sus demoras. La arquitectura judicial no discrimina por apellido. Discrimina por posición.

Y eso, a diferencia de la corrupción, no tiene fiscal que lo investigue ni peritaje que lo mida. Es simplemente la normalidad. Y la normalidad, como se sabe, es lo más difícil de cambiar.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Corrupción, Lomas de Zamora