Manuel Adorni enfrenta este miércoles una sesión especial en el Congreso argentino, donde debe presentar el informe de gestión de la administración nacional. La reunión parlamentaria se lleva adelante en medio de una investigación que abarca su patrimonio, la actividad de su cónyuge y una tensión política y mediática donde el gobierno de Javier Milei busca sostener la gobernabilidad. Más de 2.000 preguntas formales fueron entregadas a la Jefatura de Gabinete por la oposición, enfocadas tanto en aspectos de transparencia como de gestión.

Carlos Maslatón, analista financiero, visitó los estudios de Infobae en Vivo y analizó el contexto en el que se lleva adelante la asamblea legislativa. “Para mí, ante la opinión pública está quemadísimo”. Maslatón sostuvo que la percepción de “apropiación de fondos públicos” pesa sobre la figura de Adorni y sobre las posibilidades políticas del oficialismo. “Eso queda para siempre, aun cuando ya no sea más funcionario, quedó como una persona que se apropia de los fondos públicos”, afirmó.

Interna libertaria, militancia y toma de decisiones

El impacto político de la gestión de Javier Milei se observa más allá de la coyuntura de Adorni. Las internas dentro de La Libertad Avanza pasan por el control estricto de la toma de decisiones y la gestión de la militancia.

En este sentido, Maslatón puso énfasis en la mecánica interna. “Karina Milei toma el poder en La Libertad Avanza apenas terminan las elecciones parlamentarias del 2021. Ella toma el poder ahí. Dice: ‘Yo no voy a permitir que estos chicos quieran ser iguales a mí o que quieran ser iguales al presidente,…’”, expresó el analista.

La relación con los sectores provenientes del peronismo, la disciplina política y la exclusión de integrantes con alto perfil en redes sociales marcan el rumbo del oficialismo.

Condiciones económicas, política exterior y perspectivas

El debate sobre la economía ocupa un lugar central en el análisis político. Según Maslatón, “la economía real está para abajo, con cantidades enormes de personas que van quedando afuera, inclusive empresarios, chicos, medianos, grandes”.

De forma continua advirtió que la inflación sigue en alza: “La cantidad de moneda que hay en Argentina en circulación ahora, entendiendo por moneda los billetes físicos, los depósitos y la expansión de la deuda pública en pesos, es cinco veces más que el día que asumió Milei. Milei multiplicó por cinco la cantidad de moneda en el país”.

Respecto al escenario financiero y la proyección de inflación, enfatizó: “Si alguien cree que la inflación va a ir al cero, no se le va a dar eso. La inflación es para arriba”.

En cuanto a aspectos positivos, Maslatón destacó que “la política exterior argentina le ha dado buenos resultados prácticos”, señalando la relación con Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, valoró el aspecto de la seguridad. “El mensaje de seguridad no es que bajó tanto la inseguridad, pero por lo menos el gobierno ha dicho de entrada que la víctima de un delito no es el culpable”.

El juicio de YPF fue mencionado como tema sensible, aunque Maslatón aclaró: “En absoluto, no fue por influencia política. Es el criterio de la Cámara, que revocó un fallo de primera instancia en forma no unánime. Ahora están apelando esto. No está cerrado el caso, pero yo niego que esto sea influencia política”.

Medios de comunicación, opinión pública y campaña

La jornada en el Congreso coincide con debates sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Según Carlos Maslatón: “Ustedes pueden contar lo que quieran y pueden opinar en la tonalidad que quieran. Esto es una cosa sagrada de la política, argentina y mundial”.

Y agregó: “Es más, la tolerancia que hay que tener hacia el periodismo es mayor. Las injurias y calumnias no existen en el periodismo. Vos tenés que tener el derecho a decir cualquier cosa. Estás para eso, a favor o en contra”.

Maslatón insiste en que la influencia de los medios sobre el electorado es limitada, aludiendo a casos internacionales y recientes elecciones argentinas.

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Una investigación interna del PAMI encendió alarmas en el sistema de salud de los jubilados: una auditoría detectó un esquema extendido de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que incluye sobrefacturación, recetas sin sustento médico y cobros indebidos a afiliados en distintos puntos del país.

El relevamiento, basado en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos en provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja. Según el informe, no se trata de hechos aislados sino de una modalidad sistemática que involucra a médicos, centros oftalmológicos y ópticas.

Entre las principales irregularidades detectadas aparece la sobrefacturación de anteojos. En muchos casos, los profesionales indicaban lentes de baja graduación —de menor costo— pero facturaban módulos de alta complejidad, hasta cinco veces más caros. Mientras el afiliado recibía un producto básico, el organismo abonaba valores muy superiores.

Otra práctica extendida es la de prestaciones fantasma: consultas, estudios o prácticas que nunca se realizaron o que no cuentan con historia clínica que las respalde. En algunos centros auditados, hasta la mitad de las órdenes carecía de documentación médica válida.

A esto se suma la manipulación de códigos para facturar consultas de mayor valor y la existencia de circuitos cerrados, donde médicos derivaban sistemáticamente a una única óptica, en algunos casos con vínculos personales o familiares.

Uno de los aspectos más sensibles es el impacto directo sobre los afiliados. La auditoría detectó situaciones en las que se ofrecían lentes “mejorados” por fuera de la cobertura, lo que llevaba a los jubilados a pagar cifras elevadas por prestaciones que debían ser gratuitas. En paralelo, esos mismos productos eran facturados al PAMI, generando un doble cobro.

Los casos relevados muestran la magnitud del problema. En Santiago del Estero se identificaron más de 600 episodios de sobrefacturación vinculados a un mismo circuito. En Entre Ríos, un profesional acumuló cientos de prácticas sin respaldo clínico, incluyendo recetas sin datos básicos como la graduación. También se detectaron irregularidades en Mar del Plata y Concordia, donde se concentraron cientos de prestaciones bajo patrones similares.

Estas maniobras se enmarcan en una serie de investigaciones más amplias que el organismo viene desarrollando sobre el uso del sistema OME. En ese contexto, ya existen al menos seis causas judiciales abiertas por presunta defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos y uso indebido de datos de afiliados.

Uno de los expedientes más avanzados se tramita en la Justicia Federal de Santa Fe, donde se investiga la emisión de cientos de recetas apócrifas a nombre de jubilados que no habían recibido esas prestaciones. La causa se apoya en pruebas técnicas, como el rastreo de direcciones IP desde donde se generaban las órdenes médicas.

El escenario se completa con auditorías que detectaron volúmenes de atención imposibles de sostener en términos reales. En algunos casos, se registraron cientos de prácticas en pocas horas, lo que evidencia la utilización del sistema para facturar servicios inexistentes.

Desde la actual conducción del PAMI, a cargo de Esteban Leguízamo, aseguran que estas investigaciones forman parte de un proceso de saneamiento del organismo. Según datos oficiales, ya se recortaron cerca de 90.000 millones de pesos en gastos considerados innecesarios y se avanzó en la reducción de estructuras administrativas.

Esteban Leguizamo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Además, se implementaron nuevos mecanismos de control: monitoreo permanente de prestaciones, validación digital de identidad, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante irregularidades. El objetivo, sostienen, es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, señalaron fuentes del organismo.

Con múltiples causas en curso y un sistema bajo revisión, el PAMI enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: desarticular una red de fraude que afectó tanto a las finanzas públicas como a millones de jubilados en todo el país.

La entrada PAMI destapó una red de fraude en ópticas y oftalmología: recetas truchas y cobros indebidos a jubilados se publicó primero en Nexofin.

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El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral, y solicitó su suspensión y remoción.

Según consta en la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la denuncia fue interpuesta por Juan Méndez, presidente del MEAB, quien la semana pasada denunció penalmente a Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad.

El escrito detalla una serie de conductas atribuidas al juez Ojeda en su intervención en la causa iniciada luego de una denuncia de la CGT por inconstitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La presentación del MEAB sostiene que Ojeda asumió competencia sobre la causa pese a que, según considera, el objeto del proceso excede el alcance de la Justicia Nacional del Trabajo. Agrega que la acción involucra a una ley nacional y al Estado como parte demandada, lo cual, sostiene, corresponde a la justicia federal y no al fuero laboral. Y destaca que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente el 10 de abril pasado, pero que Ojeda desconoció o rechazó esa decisión y continuó interviniendo en el expediente.

Entre las irregularidades señaladas, el MEAB destaca la supuesta omisión del magistrado de pronunciarse sobre planteos esenciales de jurisdicción, como la inexistencia de un “caso” o controversia concreta y la falta de legitimación activa de la parte actora.

También se señalan numerosos pasos procesales que, a criterio del denunciante, evidencian apartamiento de garantías procesales básicas, como el mantenimiento del expediente con acceso restringido, la selección de trámite sumarísimo sin fundamentación, la falta de traslado de documentos a la defensa y la configuración de instancia colectiva sin cumplir los requisitos de certificación de clase fijados por la Corte Suprema.

Un punto central de la denuncia es la medida cautelar dictada por Ojeda el 30 de marzo pasado, que suspendió con alcance colectivo varios artículos de la Ley N°27.802. Según el texto presentado por Méndez, la decisión fue tomada en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales para medidas de tal alcance sobre leyes sancionadas por el Congreso.

El denunciante señala, además, que la cautelar afectó a artículos de la ley que no habían sido pedidos explícitamente en la demanda y que la decisión fue concedida antes de definirse la competencia jurisdiccional definitiva, generando, según el MEAB, un riesgo de decisiones contradictorias entre distintos tribunales.

Para el MEAB, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el efecto del recurso de apelación contra la cautelar, otorgando el carácter suspensivo y expresando la “especial entidad” de la medida por afectar normas dictadas por el Congreso de la Nación.

Dentro de las actuaciones atribuidas al magistrado, la denuncia menciona una resolución del 17 de abril en la que el juez excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro de la Nación del patrocinio letrado del Estado Nacional, bajo el argumento de falta de matrícula profesional. Méndez sostiene que esa interpretación contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que señala que esos funcionarios, en ejercicio propio de sus cargos, no requieren esa matrícula.

El MEAB aporta como prueba material judicial, documental y registros administrativos de las actuaciones, así como la transcripción y grabación de una entrevista radial en la que el juez Ojeda habría hecho manifestaciones sobre causas en trámite, señalando la tramitación de “20 o 30 amparos” promovidos por sindicatos contra la misma ley, con la expectativa de que “tendrán su medida cautelar en su momento”.

El escrito de MEAB considera que, en su conjunto, las conductas atribuidas al titular del juzgado laboral N° 63 configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad, afectación de la defensa en juicio, interferencia en la esfera del Poder Legislativo y vulneración del principio de división de poderes.

Entre los pedidos formulados al Consejo de la Magistratura de la Nación, el MEAB solicita la apertura y la tramitación del expediente disciplinario, la prueba informativa de todas las actuaciones señaladas y la suspensión preventiva de Ojeda, con la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.