POLITICA
Pidieron al Consejo de la Magistratura la suspensión y remoción del juez que frenó la reforma laboral

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral, y solicitó su suspensión y remoción.
Según consta en la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la denuncia fue interpuesta por Juan Méndez, presidente del MEAB, quien la semana pasada denunció penalmente a Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad.
El escrito detalla una serie de conductas atribuidas al juez Ojeda en su intervención en la causa iniciada luego de una denuncia de la CGT por inconstitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La presentación del MEAB sostiene que Ojeda asumió competencia sobre la causa pese a que, según considera, el objeto del proceso excede el alcance de la Justicia Nacional del Trabajo. Agrega que la acción involucra a una ley nacional y al Estado como parte demandada, lo cual, sostiene, corresponde a la justicia federal y no al fuero laboral. Y destaca que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente el 10 de abril pasado, pero que Ojeda desconoció o rechazó esa decisión y continuó interviniendo en el expediente.
Entre las irregularidades señaladas, el MEAB destaca la supuesta omisión del magistrado de pronunciarse sobre planteos esenciales de jurisdicción, como la inexistencia de un “caso” o controversia concreta y la falta de legitimación activa de la parte actora.
También se señalan numerosos pasos procesales que, a criterio del denunciante, evidencian apartamiento de garantías procesales básicas, como el mantenimiento del expediente con acceso restringido, la selección de trámite sumarísimo sin fundamentación, la falta de traslado de documentos a la defensa y la configuración de instancia colectiva sin cumplir los requisitos de certificación de clase fijados por la Corte Suprema.

Un punto central de la denuncia es la medida cautelar dictada por Ojeda el 30 de marzo pasado, que suspendió con alcance colectivo varios artículos de la Ley N°27.802. Según el texto presentado por Méndez, la decisión fue tomada en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales para medidas de tal alcance sobre leyes sancionadas por el Congreso.
El denunciante señala, además, que la cautelar afectó a artículos de la ley que no habían sido pedidos explícitamente en la demanda y que la decisión fue concedida antes de definirse la competencia jurisdiccional definitiva, generando, según el MEAB, un riesgo de decisiones contradictorias entre distintos tribunales.
Para el MEAB, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el efecto del recurso de apelación contra la cautelar, otorgando el carácter suspensivo y expresando la “especial entidad” de la medida por afectar normas dictadas por el Congreso de la Nación.

Dentro de las actuaciones atribuidas al magistrado, la denuncia menciona una resolución del 17 de abril en la que el juez excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro de la Nación del patrocinio letrado del Estado Nacional, bajo el argumento de falta de matrícula profesional. Méndez sostiene que esa interpretación contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que señala que esos funcionarios, en ejercicio propio de sus cargos, no requieren esa matrícula.
El MEAB aporta como prueba material judicial, documental y registros administrativos de las actuaciones, así como la transcripción y grabación de una entrevista radial en la que el juez Ojeda habría hecho manifestaciones sobre causas en trámite, señalando la tramitación de “20 o 30 amparos” promovidos por sindicatos contra la misma ley, con la expectativa de que “tendrán su medida cautelar en su momento”.
El escrito de MEAB considera que, en su conjunto, las conductas atribuidas al titular del juzgado laboral N° 63 configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad, afectación de la defensa en juicio, interferencia en la esfera del Poder Legislativo y vulneración del principio de división de poderes.
Entre los pedidos formulados al Consejo de la Magistratura de la Nación, el MEAB solicita la apertura y la tramitación del expediente disciplinario, la prueba informativa de todas las actuaciones señaladas y la suspensión preventiva de Ojeda, con la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
POLITICA
Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto oficial del 9 de julio en Tucumán

Veinte días después del acto del Día de la Bandera, en el que ni siquiera se saludaron, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, volverán a cruzarse, esta vez en los actos oficiales del Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán.
Todo indica que la frialdad manifiesta del Presidente y su gabinete hacia Villarruel –nadie la saludó en el acto en Rosario- continuará sin cambios en la noche del miércoles, cuando ambos participen de la vigilia y el homenaje a los próceres que, en esa casa, declararon la independencia en 1816. Fuentes del Gobierno y cerca de la vicepresidenta confirmaron a la presencia de ambos en ese acto.
En el caso de Milei, lo acompañará buena parte del gabinete, y hasta el momento confirmaron su presencia once gobernadores, todos aliados permanentes u ocasionales del oficialismo en el Congreso. Muchos de esos mandatarios participaron, la semana pasada, de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Invitada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Villarruel viajará solo con “unas pocas personas, que son parte de su equipo”, según precisaron desde su despacho en el Senado. “El gobierno nacional no invita a la vicepresidenta a los actos oficiales”, aclararon fuentes cercanas a la vicepresidenta.
El Presidente, contaron fuentes oficiales, llegará alrededor de las 23 a la provincia norteña. De allí se dirigirá a la Casa Histórica, y está previsto su discurso pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del jueves 9. Villarruel, en tanto, tendrá agenda propia: además de asistir al acto oficial, se tomará un rato para recorrer “algún sector de la industria tucumana”, precisaron desde la vicepresidencia.
“No forma parte del Gobierno”, era el latiguillo con el que el entonces jefe de gabinete Manuel Adorni explicaba la marginación de Villarruel de todas las mesas de decisión del Gobierno. En los últimos meses, la vicepresidenta le devolvía gentilezas, y cada vez que podía hacía alusión a las desventuras judiciales del entonces ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas. “Te deseo una cascada de éxitos”, posteó la vicepresidenta en respuesta a un comentario de la red social X, en obvia e irónica referencia a las refacciones que Adorni hizo de su casa en el country Indio Cua.
Un año atrás, en un pico de la situación de tensión entre ambos, Milei llamó a Villarruel “bruta traidora” en un acto de La Derecha Fest, ya con el vínculo totalmente cortado entre ambos. “La primera ley de la política es ignorar y de esto los populistas saben, ¿o acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones», dijo Milei en aquel acto, en relación a la aprobación legislativa de la reforma previsional y la emergencia en discapacidad, impulsadas por la oposición en el Congreso.
Los desaires del Presidente hacia su vice se repitieron una y otra vez, con hitos como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana -no la saludó y tampoco al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri– y la inauguración de sesiones del Congreso, el 1° de marzo pasado, en el que ambos se ignoraron a pesar de estar a centímetros uno del otro.
Lejos habían quedado aquellos festejos del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel, subidos a un tanque Tam, participaron del desfile militar por las calles porteñas. Fue la última actividad que compartieron en sintonía, antes que comenzaran las acusaciones de “traición” y de armar un proyecto político propio, dardos que dispararon contra la vice desde la Casa Rosada.
En una semana “corta” por el feriado del 9, el Gobierno adaptará sus principales actividades a los compromisos del seleccionado nacional en el Mundial de fútbol. Para este martes, a las 10.30, está prevista la segunda conferencia de prensa que encabezará el flamante portavoz presidencial, Adrián Ravier. Y la mesa política, anunciada también para ese día y que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se llevaría a cabo antes de la conferencia, o después del partido de la selección contra Egipto, que arranca a las 13.
En la reunión de la mesa política se producirá, según pudo confirmar , la incorporación del también flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en lugar de Adorni. Cercano a Karina Milei, Fernández se encargará de la estrategia de comunicación oficial, en sintonía con los referentes de esa área en el Gobierno y el Congreso, afirmaron desde un importante despacho.
acto,referencia,un acto,Jaime Rosemberg,Javier Milei,Victoria Villarruel,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el plan para pagar la deuda hasta 2027 y la reforma electoral,,Ajuste. Las transferencias nacionales a las provincias se hunden y complican la negociación con los gobernadores,,“Sos un gigante”. El elogio de Milei a Haaland tras la histórica eliminación de Brasil a manos de Noruega
POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial

Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
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POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.

El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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