POLITICA
Pidieron al Consejo de la Magistratura la suspensión y remoción del juez que frenó la reforma laboral
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral, y solicitó su suspensión y remoción.
Según consta en la presentación ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la denuncia fue interpuesta por Juan Méndez, presidente del MEAB, quien la semana pasada denunció penalmente a Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad.
El escrito detalla una serie de conductas atribuidas al juez Ojeda en su intervención en la causa iniciada luego de una denuncia de la CGT por inconstitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La presentación del MEAB sostiene que Ojeda asumió competencia sobre la causa pese a que, según considera, el objeto del proceso excede el alcance de la Justicia Nacional del Trabajo. Agrega que la acción involucra a una ley nacional y al Estado como parte demandada, lo cual, sostiene, corresponde a la justicia federal y no al fuero laboral. Y destaca que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente el 10 de abril pasado, pero que Ojeda desconoció o rechazó esa decisión y continuó interviniendo en el expediente.
Entre las irregularidades señaladas, el MEAB destaca la supuesta omisión del magistrado de pronunciarse sobre planteos esenciales de jurisdicción, como la inexistencia de un “caso” o controversia concreta y la falta de legitimación activa de la parte actora.
También se señalan numerosos pasos procesales que, a criterio del denunciante, evidencian apartamiento de garantías procesales básicas, como el mantenimiento del expediente con acceso restringido, la selección de trámite sumarísimo sin fundamentación, la falta de traslado de documentos a la defensa y la configuración de instancia colectiva sin cumplir los requisitos de certificación de clase fijados por la Corte Suprema.
Un punto central de la denuncia es la medida cautelar dictada por Ojeda el 30 de marzo pasado, que suspendió con alcance colectivo varios artículos de la Ley N°27.802. Según el texto presentado por Méndez, la decisión fue tomada en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales para medidas de tal alcance sobre leyes sancionadas por el Congreso.
El denunciante señala, además, que la cautelar afectó a artículos de la ley que no habían sido pedidos explícitamente en la demanda y que la decisión fue concedida antes de definirse la competencia jurisdiccional definitiva, generando, según el MEAB, un riesgo de decisiones contradictorias entre distintos tribunales.
Para el MEAB, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el efecto del recurso de apelación contra la cautelar, otorgando el carácter suspensivo y expresando la “especial entidad” de la medida por afectar normas dictadas por el Congreso de la Nación.
Dentro de las actuaciones atribuidas al magistrado, la denuncia menciona una resolución del 17 de abril en la que el juez excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro de la Nación del patrocinio letrado del Estado Nacional, bajo el argumento de falta de matrícula profesional. Méndez sostiene que esa interpretación contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que señala que esos funcionarios, en ejercicio propio de sus cargos, no requieren esa matrícula.
El MEAB aporta como prueba material judicial, documental y registros administrativos de las actuaciones, así como la transcripción y grabación de una entrevista radial en la que el juez Ojeda habría hecho manifestaciones sobre causas en trámite, señalando la tramitación de “20 o 30 amparos” promovidos por sindicatos contra la misma ley, con la expectativa de que “tendrán su medida cautelar en su momento”.
El escrito de MEAB considera que, en su conjunto, las conductas atribuidas al titular del juzgado laboral N° 63 configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad, afectación de la defensa en juicio, interferencia en la esfera del Poder Legislativo y vulneración del principio de división de poderes.
Entre los pedidos formulados al Consejo de la Magistratura de la Nación, el MEAB solicita la apertura y la tramitación del expediente disciplinario, la prueba informativa de todas las actuaciones señaladas y la suspensión preventiva de Ojeda, con la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
POLITICA
PAMI destapó una red de fraude en ópticas y oftalmología: recetas truchas y cobros indebidos a jubilados
Una investigación interna del PAMI encendió alarmas en el sistema de salud de los jubilados: una auditoría detectó un esquema extendido de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que incluye sobrefacturación, recetas sin sustento médico y cobros indebidos a afiliados en distintos puntos del país.
El relevamiento, basado en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos en provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja. Según el informe, no se trata de hechos aislados sino de una modalidad sistemática que involucra a médicos, centros oftalmológicos y ópticas.
Entre las principales irregularidades detectadas aparece la sobrefacturación de anteojos. En muchos casos, los profesionales indicaban lentes de baja graduación —de menor costo— pero facturaban módulos de alta complejidad, hasta cinco veces más caros. Mientras el afiliado recibía un producto básico, el organismo abonaba valores muy superiores.
Otra práctica extendida es la de prestaciones fantasma: consultas, estudios o prácticas que nunca se realizaron o que no cuentan con historia clínica que las respalde. En algunos centros auditados, hasta la mitad de las órdenes carecía de documentación médica válida.
A esto se suma la manipulación de códigos para facturar consultas de mayor valor y la existencia de circuitos cerrados, donde médicos derivaban sistemáticamente a una única óptica, en algunos casos con vínculos personales o familiares.
Uno de los aspectos más sensibles es el impacto directo sobre los afiliados. La auditoría detectó situaciones en las que se ofrecían lentes “mejorados” por fuera de la cobertura, lo que llevaba a los jubilados a pagar cifras elevadas por prestaciones que debían ser gratuitas. En paralelo, esos mismos productos eran facturados al PAMI, generando un doble cobro.
Los casos relevados muestran la magnitud del problema. En Santiago del Estero se identificaron más de 600 episodios de sobrefacturación vinculados a un mismo circuito. En Entre Ríos, un profesional acumuló cientos de prácticas sin respaldo clínico, incluyendo recetas sin datos básicos como la graduación. También se detectaron irregularidades en Mar del Plata y Concordia, donde se concentraron cientos de prestaciones bajo patrones similares.
Estas maniobras se enmarcan en una serie de investigaciones más amplias que el organismo viene desarrollando sobre el uso del sistema OME. En ese contexto, ya existen al menos seis causas judiciales abiertas por presunta defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos y uso indebido de datos de afiliados.
Uno de los expedientes más avanzados se tramita en la Justicia Federal de Santa Fe, donde se investiga la emisión de cientos de recetas apócrifas a nombre de jubilados que no habían recibido esas prestaciones. La causa se apoya en pruebas técnicas, como el rastreo de direcciones IP desde donde se generaban las órdenes médicas.
El escenario se completa con auditorías que detectaron volúmenes de atención imposibles de sostener en términos reales. En algunos casos, se registraron cientos de prácticas en pocas horas, lo que evidencia la utilización del sistema para facturar servicios inexistentes.
Desde la actual conducción del PAMI, a cargo de Esteban Leguízamo, aseguran que estas investigaciones forman parte de un proceso de saneamiento del organismo. Según datos oficiales, ya se recortaron cerca de 90.000 millones de pesos en gastos considerados innecesarios y se avanzó en la reducción de estructuras administrativas.
Esteban Leguizamo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Además, se implementaron nuevos mecanismos de control: monitoreo permanente de prestaciones, validación digital de identidad, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante irregularidades. El objetivo, sostienen, es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.
“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, señalaron fuentes del organismo.
Con múltiples causas en curso y un sistema bajo revisión, el PAMI enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente: desarticular una red de fraude que afectó tanto a las finanzas públicas como a millones de jubilados en todo el país.
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POLITICA
La Justicia porteña presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas” en un acto con Jorge Macri
El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria “Ley Malvinas” en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El evento, realizado el 28 de abril, reunió a representantes del ámbito judicial, académico y profesional y contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
Con una propuesta virtual, asincrónica y autoadministrada, la iniciativa apunta a fortalecer en el ámbito judicial el conocimiento integral de la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica. Su formato excede a lo convencional. Incluye testimonios filmados de veteranos que integran un documental educativo concebido para la plataforma.
“Hay palabras que con el tiempo se vacían de contenido. Se repiten tanto que dejan de pesar. ‘Malvinas’ no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve. Porque Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron”, expresó la jueza Marcela de Langhe, presidenta del Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).
Sobre el formato elegido, agregó: “Propone algo muy difícil de hacer, pero aún más difícil de olvidar. Es un documental educativo. Son voces y rostros. Son testimonios de personas que estuvieron allí y que tuvieron la enorme generosidad de sentarse frente a una cámara para contárnoslo”.
La propuesta educativa fue desarrollada por el CFJ, en colaboración con el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
La capacitación se implementa en el marco de la Ley Nacional N° 27.671 y está dirigida a fortalecer el conocimiento integral sobre la cuestión Malvinas en el ámbito judicial, abarcando dimensiones históricas, jurídicas, geográficas y geopolíticas.
La apertura estuvo a cargo de Jorge Macri. Luego, la palabra pasó a De Langhe Participaron también María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y de REFLEJAR; Emilia Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS); Julián Langevin, defensor general de la Nación (interino); y Alicia Ruiz, vicepresidenta del TSJ porteño.
La ministra Battaini ofreció una perspectiva personal, que señala que que para los fueguinos la cuestión Malvinas es una vivencia concreta. Además, recordó que la importancia de las vigilias del 2 de abril, en los que las provincias participan en recuerdo a los 649 caídos y a las enfermeras que asistieron a los heridos en el continente, son el equivalente de lo que estas capacitaciones buscan en el ámbito institucional. Y resumió su mensaje con las palabras “honor, patria, soberanía, respeto”.
Valle subrayó que la formación pretende promover la reflexión y la conciencia histórica, además del compromiso con los valores colectivos de la sociedad democrática. “La formación no es solo transmisión de información, es promover reflexión, conciencia histórica, compromiso con los valores colectivos de nuestra sociedad democrática. Y en esto, los poderes judiciales tenemos una función trascendental”, consideró.
Julián Langevin consideró que la iniciativa refleja el compromiso del Estado con su historia y su identidad, e invitó a asumir la capacitación con contenidos “que nos ayudarán a comprender en profundidad los fundamentos del legítimo reclamo de nuestra Nación frente al derecho internacional, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes”. “A asumir esta capacitación no solo como una obligación legal, sino como la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la soberanía nacional”, puntualizó el defensor.
Al cierre del encuentro, la jueza Alicia Ruiz sostuvo que la memoria sobre Malvinas es un ejercicio de la memoria en un sendero de justicia. “No es simplemente una acumulación de información sobre el pasado, sino una construcción colectiva que nos compromete con el presente y el futuro”, y que recordar la cuestión Malvinas es “también un camino para la justicia y la reparación.”
La capacitación “Ley Malvinas” está disponible en el aula virtual del CFJ y, mediante convenios con universidades y colegios profesionales, se proyecta con alcance federal, dirigida a magistrados, funcionarios, empleados, matriculados y estudiantes de derecho de todo el país.
Durante la jornada, estuvieron presentes los veteranos Esteban Vilgré Lamadrid y Esteban Tríes, junto a Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas.
El acto reunió a una amplia representación del TSJ porteño, ministerios, asociaciones profesionales y universidades, con la asistencia de los integrantes del TSJ porteño Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi; la jueza del Tribunal Superior de San Juan Adriana García Nieto; la defensora general de la Ciudad y consejera académica del CFJ, Marcela Millán; el fiscal general adjunto en lo Civil y Comercial, Martín Converset; los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Horacio Corti y Lorena Clienti; la secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Genoveva Ferrero; los consejeros académicos del CFJ Gonzalo Álvarez, Gabriel Unrein y Raúl Alfonsín.
También fueron parte la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, así como la vicedecana y secretaria ejecutiva del CFJ, Silvia Nonna; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; los ministros de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet, entre otros funcionarios.
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El Caribe, Sudamérica y América del Norte. Europa y Asia. “Museo del Prado”, “Duty Free Punta Cana”, “Pub El Pirata” y “Royal Lancaster London” son los lugares, en 20 países diferentes, donde las autoridades de Nucleoeléctrica gastaron con la tarjeta corporativa de la empresa pública. Su presidente, Juan Martín Campos, describió que hubo casos con “inconsistencias” y “falta de justificación suficiente”. Y cortó las tarjetas.
El “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, que fue publicado en un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, expuso cuánto dinero gastó la empresa pública para financiar las estadías en el exterior de sus funcionarios entre marzo de 2025 y febrero de este año. Durante ese período, el exasesor presidencial Demian Reidel comandó a la compañía pública.
Los representantes de Nucleoeléctrica y Reidel habían sido consultados por antes del primer artículo que dio cuenta sobre los gastos solventados con la tarjeta corporativa. En ese entonces, no habían emitido respuesta. Después, el actual presidente de la compañía reconoció “inconsistencias”. Por su parte, el exasesor presidencial sostuvo que sus resúmenes no muestran ningún gasto personal. “Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada” escribió en redes sociales y pidió que se investigue “hasta el último peso”.
El informe también contiene a qué entidades se le realizaron pagos. Es allí donde surgen las erogaciones destinadas a instituciones energéticas, compras en free shops y actividades turísticas. Los 56 millones de pesos de “adelanto en efectivo” carecen de un rastreo preciso, sin embargo, los otros ítems del anexo dejaron traslucir una vuelta al mundo por 20 países.
En esta veintena se encuentran la Argentina, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Austria, Hungría, Finlandia, Alemania, Italia, Bulgaria, Rumania, Corea, India, Singapur y Turquía.
La mayoría de las operaciones se detectaron en España. Tal como contó , reiterados gastos vinculados a la empresa energética Tecnatom, y otros que llevan la rúbrica de “Pub el Pirata” (US$765), “Mar y Sombra SL” (US$212) cuyo nombre coincide con el de una compañía de servicios de playa en Valencia, “Primark Gran Vía”, “Discotecas Amadis”. También se registraron dos pagos en el “Museo del Prado”, que sumaron US$50 el 23 de noviembre de 2025 y el 17 de enero de este año.
En Estados Unidos se repite la convivencia de distintos tipos de gastos. Aparece “Nuclear Energy Institu” (US$1235) y hoteles. “The Ritz Carlton Georg”, ubicado en Georgetown, absorbió unos US$3280 el 9 de junio del año pasado y “W South Beach FD”, en Miami, unos US$2771,76 cuatro meses más tarde.
Los gastos en tiendas de ropa en el país vecino se reiteraron. Tal como había contado , aparece “Clariana Boutique”, pero “Lojas Renner”, otra casa de indumentaria, registra más de 20 operaciones que suman US$1502 en distintas fechas alrededor del 24 de enero.
Se detectaron operaciones con hoteles: “Mercure London”, en la zona de Paddington, US$986, y “Royal Lancaster” (US$245) en septiembre. Ese último cercano al Hyde Park.
Los gastos detectados allí se vinculan a la gastronomía. “Madame Claude”, cuyo nombre coincide con el de un bar parisino, alcanza los 283.
Algo similar al caso anterior, pero con cifras menores, se observa en Italia. El listado de pagos con la tarjeta de Nucleoeléctrica registró un gasto en “Ristorante Moeca”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Venecia. Además, se observan dos operaciones con “Busitalia Veneto Spa”. Busitalia Veneto es una empresa de transporte italiana.
La incursión en este país incluye cinco pagos por US$9,97 a “Retro Varna”, que suman casi 50 dólares. Así se llama un museo en la ciudad de Varna, al este de Bulgaria.
Sumado a los gastos en hoteles y restaurantes, la incursión a este país sumó gastos más pequeños pero en un rubro antes no mencionado: librerías. El 8 de octubre se encuentra en el listado a “Bookcity Brasov Coresi”, con un gasto de US$28,4, y “Librarille Compas”, cuya operación demandó $60,36 dólares.
El rastro lleva al hotel “Novotel Erlangen” (US$689,42) el 1° de diciembre pasado. Ese mismo día también se registraron al menos dos “adelanto de efectivo” de US$117,63 cada uno.
Se observa un caso similar al de Alemania, con pocos gastos detectados; sin embargo, hay pagos a hoteles ubicados allí. Se observa un pago a “Valk Hotel Middelburg”, por US$701 el 21 de octubre.
El reporte de la tarjeta de NASA incluye dos pagos a “Adidas Istanbul Airpor”. Entre ambos suman US$193,49 registrados el 28 y 29 de septiembre del año pasado.
El listado de gastos contiene a confiterías en este país, aunque los números más abultados se concentran en el rubro hotelería. Por ejemplo, “Melia Vienna” concentra pagos a su favor por US$3799 en distintas fechas.
Algo similar al caso anterior se observa en Budapest. Los gastos detectados que llevan el rastro de la tarjeta se vinculan a hoteles: “Novotel Budapest Cent”, el 23 de octubre (US$728,26).
En reporte de la tarjeta de Nucleoeléctrica aparecen dos pagos a “Kapakkakaks” el 30 de octubre. Entre ambos suman $36 dólares. Kapakkakaks Oy es descripto como un pub en Rauma, una ciudad finlandesa.
Con la tarjeta de NASA también se hicieron compras en “Adidas India Marketing”. Aparecen dos operaciones que totalizan 355,15 dólares el 9 de septiembre del año pasado.
El rastro de un free shop lleva a los gastos reportados a este país. El 16 de agosto de 2025 quedaron plasmadas dos operaciones con “The Shilla Duty Free” (US$256,43). Ese comercio coincide con el nombre de uno ubicado en Seúl.
Algo similar al caso anterior se observa en el país caribeño. El reporte de gastos de la tarjeta de NASA contiene “Duty Free Punta Cana”, el 7 de junio de 2025, con una operación de $33 dólares.
Los pagos a hoteles llevó el rastro del informe a este país. “St Regis Hotel Singapo” menciona el reporte. Ubica a esta operación el 26 de octubre pasado, con un monto de $1216 dólares.
El 9 de junio de 2025 se registra un pago a “Org. of Canad Nuclear” por US$1549, mientras que los gastos atribuidos a “Uber Canada/Ubertrip”, distribuidos en distintas fechas alcanzan los $123 dólares.
En el país se observan gastos en “Shopgallery Argentina”, que es la tienda free shop del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, así como otros pagos a “Happening”, “Tucson” y “Gardiner Restaurante”.
El presidente de NASA explicó en un tuit: “dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se considere justificado fue oportunamente detectado y solicitada la devolución de los montos correspondientes”.
consultó a representantes de la empresa pública sobre qué monto del dinero fue devuelto y cuántas personas debieron hacerlo, sin embargo, al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios. Otra fuente de la compañía señaló que allí están “los gastos mezclados” de “casi un centenar” de personas con puestos jerárquicos.
El presidente de NASA explicó en un tuit que el sistema de tarjetas corporativas “era utilizado principalmente para abonar el canon diario a los agentes que prestaban funciones en el marco de viajes laborales al exterior, así como también para gastos de representación vinculados a funciones directivas”. La Decisión Administrativa 888/2024 (vigente al momento de las operaciones descriptas) fijaba, para la categoría más alta en destinos europeos, un tope de gasto diario de 188 euros en viáticos y unos 388 euros diarios en alojamiento.
A diferencia de los gastos individualizados, como los de hotelería, operaciones en tiendas de ropa, discotecas, peluquerías y transporte, el ítem “adelanto en efectivo” no permite ver quién lo realizó ni para qué lo utilizó. Ese ítem acumula $56 millones.
también consultó a Nucleoeléctrica sobre la trazabilidad de ese dinero y, hasta el momento, tampoco obtuvo respuestas. Aunque sí aclararon que la dirección de la compañía ordenó en febrero dejar de utilizar las tarjetas corporativas para hacer frente a viáticos.
Ignacio Grimaldi,Energía nuclear,Conforme a,Energía nuclear,,Discotecas, free shops y ropa. Tras la difusión de los gastos, la empresa Nucleoeléctrica anunció que cortó las tarjetas corporativas,,“Cero discotecas ni servicio de playa”. Reidel se despega de los gastos en ocio con tarjetas de Nucleoeléctrica,,Documento oficial. Discotecas, servicio de playa, peluquería y free shop: los gastos de la tarjeta de una empresa pública
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