POLITICA
La Justicia rechaza bajar la pena de José López porque hizo cursos de marketing en prisión

La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.
López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena.
Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.
El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.
López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.
La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.
Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.
López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de “Auxiliar en marketing de Productos” y otro de “Auxiliar en marketing de Servicio”. Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.
El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada.
A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.
Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.
En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.
Hernán Cappiello,Conforme a
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El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión pidió quedarse con la causa por la mansión de Pilar

El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que ya procesó al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por apropiación de tributos, ahora reclamó quedarse también con la causa donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una quinta en Pilar, que se adjudica a la casa madre del fútbol argentino.
El juez Amarante rechazó un pedido del fiscal Pablo Turano y le mandó un oficio a su colega Verónica Straccia para quedarse con el expediente de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, valuada en 25 millones de dólares, que supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino.
Sostiene Amarante que los delitos tributarios que investiga, con procesamientos firmes contra la AFA y Tapia, son “más graves” que el lavado de activos y que su causa está mucho más avanzada.
Cuando parecía saldada la guerra judicial de siete meses entre la justicia federal de Campana y el fuero penal económico porteño por quién se quedaba con la causa de la mansión, ahora Amarante la reclama para sí.
El fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, había pedido lo contrario: que enviara su expediente al juzgado 10 para acumularlo.
El agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños, había denunciado a Tapia y Toviggino porque supuestamente desviaron fondos de la AFA a empresas fantasmas y dijo que existió un “enorme esquema de lavado de activos”.
Sostuvo que el desvío de fondos desde España y Estados Unidos se hacía hacia empresas intermediarias atribuidas a Marcelo Saracco; el dinero regresaba a Buenos Aires a través de un grupo de financieras del microcentro, pasaba por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon y “finalmente terminaba en la sede de la AFA de la Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta”.
Amarante coincidió en que hay conexidad entre los casos, pero concluyó que se deben quedar en su juzgado donde ya se investiga a la AFA, Tapia y Toviggino por delitos tributarios.
Según manifestó el juez, ese expediente es, por lejos, el más avanzado. El 30 de marzo de 2026 Amarante procesó Tapia, Toviggino y a la AFA, como persona jurídica. La Cámara en lo Penal Económico confirmó esos procesamientos.
Esa decisión se dio el 26 de junio, el mismo día en que la causa madre llegaba de Campana al Juzgado N° 10, de Straccia.
A eso se suma que, el 8 de mayo, ARCA amplió la denuncia contra la AFA y sus directivos por presunta evasión agravada mediante facturación apócrifa por $289.336.519,66 y por la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.
Con ese cuadro, Amarante aplicó que su tribunal investiga el delito más grave y ,por eso, el caso debe quedarse aquí. El lavado de activos, que investiga Straccia tiene una escala de tres a diez años de prisión; los delitos tributarios de su juzgado tienen mínimos de tres años y seis meses, cuatro años y hasta cincp años, con máximos de seis, nueve y diez años.
Por todo ello resolvió rechazar la solicitud de incompetencia del fiscal Turano y pedirle a Straccia que le mande la causa de la quinta de Pilar.
La mansión de Villa Rosa que cuenta con helipuerto, caballos árabes y medio centenar de vehículos de colección pertenece en los papeles a una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, pero se cree que actúan como testaferros de autoridades de la AFA.
La jueza Straccia puede aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o rechazarla. En este último caso quedará trabada una contienda de competencia que deberá dirimir la Cámara en lo Penal Económico.
ya procesó,Conforme a
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Quién es el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno puso al frente del Servicio Meteorológico Nacional a Pedro Di Nezio, un científico con veinte años de trayectoria en Estados Unidos. La decisión la tomó el ministro de Defensa, Carlos Presti, y rige desde este 1° de julio. Di Nezio reemplaza a Antonio Mauad, que cerró la etapa de reestructuración del organismo.
Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami e ingeniero mecánico del ITBA. Trabajó en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, y pasó por la NOAA. Publicó más de sesenta trabajos científicos, algunos en Science y Nature. En 2017 anticipó con dos años de antelación un fenómeno de La Niña, un dato clave para el agro.
Su designación no fue una sorpresa: Defensa ya lo había anticipado como candidato en octubre de 2025. En el medio, Mauad quedó a cargo del SMN para ordenar una estructura territorial con nombramientos de origen político, según el diagnóstico oficial, antes de darle paso a Di Nezio.
El recambio llega tras una seguidilla de tensiones en el organismo. Entre 2023 y 2025 el SMN perdió 121 empleados, y en abril se sumaron otros 140 despidos de personal contratado. El Decreto 274/2026 además eliminó el financiamiento del SMN por tasas aeronáuticas y habilitó que privados presten servicios meteorológicos.
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El ajuste también tuvo impacto operativo: cinco estaciones dejaron de funcionar y en más de treinta puntos del país se discontinuaron las observaciones nocturnas. Mauad había renunciado por segunda vez apenas dos días antes de la asunción de Di Nezio, tras una gestión de poco más de medio año.
Ahora el Gobierno apunta a una etapa de “modernización”: reemplazar de forma progresiva a los observadores humanos por estaciones automáticas, con una inversión de varios millones de dólares. En Defensa esperan que el perfil científico de Di Nezio le dé al SMN mayor jerarquía técnica. Mauad seguirá en la cartera de Defensa, aunque todavía no se definió qué rol ocupará.
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Su salida se dio a través de una carta que fue enviada al director de la compañía petrolera, Horacio Marín.
“Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio”, escribió en la carta.
El pasado domingo el presidente Javier Milei había confirmado que el exfuncionario iba a dejar su puesto. “Ya está afuera”, dijo a LN+.
Por el momento, Adorni todavía figura como parte de los directores titulares de Clase A de YPF. Según la página oficial de la compañía petrolera, asumió en dicho rol en enero de este año.
Estimaciones oficiales detallaron que tenía un salario promedio de 95 millones de pesos, un valor que se encuentra en línea con lo que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables. Sin embargo, nunca lo cobró porque renunció a dicho salario al desempeñarse como funcionario nacional al mismo tiempo.
Noticia en desarrollo.
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