POLITICA
La Legislatura de Chubut aprobó un proyecto de ley que restringe el uso del celular en las escuelas
La Legislatura de la provincia de Chubut aprobó este jueves un proyecto de ley que restringe el uso del celular en todas las escuelas del territorio. La iniciativa fue aprobada por casi unanimidad y apunta a limitar la utilización de los dispositivos en el nivel inicial, primario y secundario.
La nueva normativa fue presentada por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, y recibió el respaldo de Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, además del mencionado bloque. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que votó en contra del proyecto.
La medida se inscribe dentro de una tendencia que ya adoptaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras ocho provincias argentinas, además de países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.
Al exponer desde su banca, Pais fundamentó la iniciativa en evidencia empírica sobre los efectos del uso de teléfonos móviles en niños y adolescentes. “El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo”, sostuvo el legislador.
Para respaldar su postura, Pais citó pronunciamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Según indicó, ambos organismos advirtieron que el uso excesivo de teléfonos móviles genera alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. A partir de ese diagnóstico, el diputado encuadró la ley no solo como una herramienta educativa, sino como una política activa de prevención sanitaria: “Si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud”, afirmó.
Otro eje del proyecto es la restitución de autoridad al cuerpo docente. La norma no prohíbe el celular de forma absoluta, sino que otorga al educador la potestad de habilitar su uso cuando lo considere pertinente con fines pedagógicos. En esa misma línea, el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) subrayó que la ley busca darle al sistema educativo “una herramienta legislativa para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil”.
Por su parte, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) esperó que la norma sirva también como llamado de atención para las familias, ya que el tiempo que los chicos pasan fuera de la escuela “también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad”.
La diputada Andrea Toro (Pich) aportó cifras del Observatorio Argentinos por la Educación: en 2024, el 37,6% de los estudiantes del país nunca desactivaba las notificaciones de sus dispositivos durante la clase, y uno de cada tres alumnos tenía el celular activo en el aula, con estímulos constantes.
Celulares en la escuela: cada vez más países restringen el uso, pero Unesco pide priorizar la ciudadanía digital
Un informe regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), elaborado por la doctora en Comunicación Roxana Morduchowicz, relevó el estado de la regulación del celular en las escuelas de 12 países de la región y concluyó que la modalidad más extendida es la restricción parcial, no la prohibición absoluta. Solo cuatro naciones —Brasil, Chile, Colombia y Paraguay— cuentan con leyes nacionales específicas sobre el tema; Argentina y México avanzaron a través de normativas subnacionales. Al menos 11 jurisdicciones argentinas ya aprobaron leyes o resoluciones propias, con variaciones según el nivel educativo y el alcance de cada norma.
El mismo informe advierte que la restricción de dispositivos no resuelve por sí sola problemas como el acoso digital, la desinformación o la exposición a contenidos nocivos. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, señala el documento. Por eso, Unesco propone complementar las políticas de limitación con una formación sólida en ciudadanía digital, orientada a que los estudiantes puedan utilizar las tecnologías de manera crítica y reflexiva, y no solo a reducir su presencia en el aula.
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POLITICA
Caso $LIBRA: dos ONG denuncian irregularidades en el proceso y piden que se anulen los sobreseimientos de Milei y su hermana
Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.
Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas —cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penal— ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.
La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.
El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse.
“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero”, indicaron Alfie y Biscay, “quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”.
La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.
Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.
En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.
Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.
En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.
El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.
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POLITICA
La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró Alberto Fernández: los donará al Garrahan
La sentencia definitiva sobre el aporte solidario, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y conocido como impuesto a la riqueza, abrió el camino para que una suma de $9.377 millones vuelva a manos de quien la había abonado.
La resolución judicial ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, reintegrar el dinero luego de una apelación; el beneficiario calculó que representa “el 99% del pago” que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.
A partir de esa devolución, Enrique Piñeyro, piloto de avión, actor y empresario, decidió que los fondos tendrán como destino la Fundación Garrahan.
Su plan no consiste en retener el reintegro, sino en transferirlo a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, una vez que el dinero ingrese en la cuenta que debe utilizar para completar el circuito formal. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó en Infobae Al Amanecer.
La devolución judicial tendrá como destino la Fundación Garrahan
La decisión de donar no quedó en una promesa posterior al fallo. Piñeyro afirmó que dejó documentada la operación ante escribano público y que la fundación ya aceptó el instrumento, por lo que considera que existe un compromiso establecido entre las partes.
“Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, sostuvo el piloto, quien remarcó que el paso por su cuenta personal responde a los requisitos administrativos para recibir y enviar los recursos.
La causa se originó en una discusión sobre el alcance temporal del aporte solidario. Piñeyro presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del tributo que, según su planteo, alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley.
Dijo que pagó el impuesto, incluidos los punitorios derivados de la demora, y que el desembolso previo modificó luego el objeto del expediente, que pasó a incorporar el pedido de devolución. Al cuestionar la norma, afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.
El piloto insistió en que su reclamo no tuvo como finalidad evitar el pago ni conservar los fondos para sí. Por el contrario, sostuvo que el caso buscó poner en discusión criterios de la política tributaria y que el reintegro puede volcarse a una institución de salud pública.
“Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y agregó que las personas con patrimonios más altos deberían realizar una contribución mayor.
Falta de continuidad en la política tributaria
En ese marco, vinculó el debate con las devaluaciones, la inflación y las sucesivas regularizaciones de activos. Mencionó los blanqueos dispuestos durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, y los describió como parte de un problema que excede a una administración en particular.
Para Piñeyro, esas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura regularización, mientras algunos trabajadores de ingresos bajos —como docentes, según señaló— pueden quedar alcanzados por Ganancias.
Su mirada sobre los impuestos se conecta con una definición más amplia sobre las responsabilidades estatales. Piñeyro sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó al referirse a la necesidad de una base de protección para cada niño.
Desde esa perspectiva, mencionó los subsidios a los servicios públicos que reciben sectores de altos ingresos y citó casos de San Isidro como ejemplo de una asignación que, a su entender, debería revisarse.
También habló de hospitales públicos con necesidades de inversión y mantenimiento, y ubicó al Garrahan entre las instituciones que requieren más recursos. “El Estado tiene que ser un ecualizador”, insistió, al sostener que la devolución del aporte puede dirigirse a áreas como la salud y la universidad pública, que considera desfinanciadas.
El debate sobre patrimonio, poder político y empresas tecnológicas
Piñeyro propuso además discutir límites a la acumulación de riqueza, una posición que, según explicó, va más allá de elevar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios. Relacionó la concentración económica con recursos que podrían faltar en otros sectores y con la posibilidad de adquirir bienes cada vez más costosos sin que ello resuelva vínculos familiares o problemas de salud. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, expresó.
La preocupación se extiende, según dijo, al peso político de los empresarios con capacidad para financiar campañas o incidir en decisiones públicas.
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Destituyeron al juez federal Gastón Salmain por ocultar en su CV que había sido echado del Poder Judicial
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Gastón Alberto Salmain, quien estaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, por mal desempeño. Si bien la acusación por supuesta venta de fallos a cambio de coimas fue desestimada, el cargo por haber mentido en el currículum que presentó durante el concurso para convertirse en juez resultó determinante.
Uno de los puntos centrales de la acusación estaba vinculado a la causa del fideicomiso Attila, relacionada con el financista Fernando Whpei. Según la investigación, Salmain habría pactado el cobro de una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar que permitió a la firma acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior, en un contexto de restricciones cambiarias.
Por estos hechos, el magistrado fue procesado en el fuero penal por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución fue confirmada tanto por la Cámara Federal de Rosario como por la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese expediente, la Justicia ordenó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la medida no se había hecho efectiva debido a los fueros que protegían a Salmain por su cargo de juez.
Con la destitución, el exmagistrado pierde esa inmunidad y queda habilitada la posibilidad de que la Justicia penal avance con el arresto domiciliario, aunque la decisión final sobre su detención deberá adoptarse en el marco de la causa penal.
El antecedente oculto y la defensa de Salmain en el juicio político
El jury finalmente destituyó a Salmain por el segundo cargo: el ahora exmagistrado omitió informar que en 2002 había sido echado del Poder Judicial cuando se presentó al concurso para acceder a la magistratura en 2023.
En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial, tras una investigación por intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.
Durante el juicio político, la defensa del juez rechazó las acusaciones y cuestionó la existencia de pruebas directas que lo vincularan con el presunto pago de la coima. Además, argumentó que no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida más de veinte años atrás.
Qué implica la destitución y cómo sigue la causa
La remoción de Salmain implica la pérdida de los fueros asociados a su función y habilita a la Justicia penal a avanzar con la prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, la decisión del jury solo evaluó su desempeño como magistrado y no implica una condena definitiva: la responsabilidad penal deberá determinarse en el expediente judicial.
Justicia, Consejo de la Magistratura
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