POLITICA
La pregunta sobre los “sobresueldos” que incomodó a Luis Caputo, Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva en Casa Rosada
Durante la conferencia de prensa que encabezaron este viernes Manuel Adorni, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva en Casa Rosada, una pregunta sobre si los funcionarios “cobran sobresueldos” alteró el clima del encuentro y terminó sin respuesta oficial. La escena se produjo después de las exposiciones sobre el Súper RIGI y un tema de seguridad, y volvió a desviar la atención hacia un terreno incómodo para el oficialismo.
La interrupción llegó cuando uno de los periodistas acreditados amplió sus consultas y preguntó si alguno de los tres había recibido sobresueldos durante esta gestión. Adorni tomó la palabra de inmediato y marcó que la conferencia sería de “agenda cerrada”, con el argumento de que los ministros habían sido convocados para hablar solo de los temas expuestos. Caputo y Monteoliva no contestaron sobre ese punto.
El episodio tuvo impacto político inmediato porque se dio en medio de las preguntas que ya rodean a Adorni por su situación patrimonial. En la Casa Rosada buscan evitar que ese frente siga contaminando el resto de la agenda oficial, pero la escena mostró otra vez la dificultad del Gobierno para encapsular el tema y devolver la discusión a los anuncios de gestión.
El marco formal que el Ejecutivo tiene para sus autoridades superiores es público. Adorni figura oficialmente como jefe de Gabinete; Caputo, como ministro de Economía; y Monteoliva, como ministra de Seguridad Nacional. El Estado publica en sus portales de transparencia las escalas salariales de autoridades superiores y la Oficina Anticorrupción recordó que las declaraciones juradas patrimoniales anuales de 2025 deben presentarse hasta el 31 de julio de 2026.
Por eso la consulta sobre eventuales “sobresueldos” tocó una fibra sensible. No se trató solo de una pregunta incómoda en medio de una conferencia, sino de un planteo que se conectó con una discusión más amplia sobre cómo se remunera a los principales funcionarios y qué grado de explicación pública está dispuesto a dar el Gobierno cuando el foco se posa sobre sus ingresos y su patrimonio.
La respuesta formal del oficialismo fue estrictamente procedimental. Adorni no negó ni amplió la información sobre el punto, sino que eligió clausurar el intercambio bajo el criterio de que el formato no admitía preguntas fuera de los temas del día. El resultado fue que la consulta más delicada de la conferencia quedó también como la única que no tuvo ningún desarrollo por parte de los funcionarios.
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La secuencia expuso además una tensión que el Ejecutivo arrastra desde hace varios días: la dificultad para separar los anuncios de gestión de las preguntas sobre transparencia. La intención oficial era concentrar la atención en economía y seguridad, pero la conferencia volvió a mostrar que el nombre de Adorni y todo lo que rodea a su situación patrimonial sigue ordenando buena parte de la conversación pública.
Los ministros se dirigieron al salón Eva Perón luego de la conferencia para mantener una reunión de gabinete, que encabezó el presidente Javier Milei. Participaron todos los ministros junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Luis Caputo, Manuel Adorni, sobresueldos
POLITICA
La Justicia investiga si Adorni hizo más compras para su casa del country y analiza chats entre su secretaria y el contratista Tabar
La Justicia puso la lupa sobre las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la casa del funcionario en el country Indio Cuá.
La investigación también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.
La nueva línea de investigación surgió luego de que se comprobara que la factura de una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, por $8.183.303,25, fue emitida a nombre de Kocsis, que además habría pagado en efectivo.
La operación ya había quedado bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.
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Ahora, la fiscalía también examina conversaciones entre Tabar y la secretaria del jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba fotografías al contratista de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.
Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. La investigación busca determinar si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble de Adorni en Indio Cuá.
La operación que ya fue identificada corresponde a la adquisición en Rosen The Store de tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.
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Las nuevas medidas se suman a una batería de pruebas ordenadas por Pollicita en la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, el fiscal dispuso distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.
Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo documentación sobre designaciones, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona, con el objetivo de obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (el padre del jefe de Gabinete) que pudieran tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que están bajo análisis en el expediente.
La investigación sobre las compras para la vivienda también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras costaron 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
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Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo de 190 mil dólares a lo largo de 2025. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó detalles sobre las personas que participaron en las obras.
Manuel Adorni
POLITICA
El gobernador de La Rioja impulsa una ley provincial para disputarle a San Juan tierras que se volvieron estratégicas
CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.
Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.
Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.
Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.
A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.
Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.
Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.
La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.
comunicado oficial,norma firmada por Onganía,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
El boom de Vaca Muerta pone en jaque a Añelo: la ciudad creció un 142% y la infraestructura no alcanza
La localidad de Añelo, ubicada en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina enfrenta un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, mientras la infraestructura urbana no logra acompañar ese proceso. El aumento de habitantes y la llegada de familias desde otras provincias exigen respuestas de los distintos niveles del Estado y del sector privado para ordenar la expansión de la localidad neuquina.
El intendente de la ciudad, Fernando Vanderette solicitó que las familias no se trasladen a la ciudad sin una oferta laboral confirmada. El jefe comunal sostuvo que la infraestructura actual no alcanza para absorber la llegada constante de nuevos habitantes y advirtió sobre las dificultades para brindar servicios esenciales.
María Delia Porta, investigadora del Estudio de Desarrollo Urbano Territorial del Área de Vaca Muerta del Laboratorio de Ideas Sostenibles, explicó en Infobae en Vivo que el fenómeno responde a un crecimiento demográfico acelerado que supera la capacidad de respuesta de la ciudad.
El crecimiento poblacional presiona sobre los servicios
Porta señaló que Añelo no nació con el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que la localidad existe desde fines del siglo XIX y que el cambio llegó con el auge de la explotación hidrocarburífera iniciado alrededor de 2012.
La investigadora indicó que la ciudad creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022. Además, estimó que recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población supera los 10.000 habitantes.
“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, afirmó.
Porta explicó que ese incremento también expandió la superficie urbana. Según describió, la ciudad avanzó de manera horizontal y aumentó la demanda sobre redes de gas, saneamiento, calles y equipamiento comunitario.
La especialista sostuvo que el crecimiento poblacional avanzó más rápido que las obras necesarias. “La población creció entre censos un 142%. La mancha crece de manera exponencial. No llegamos con la infraestructura”, expresó.
También detalló que Añelo registra un déficit habitacional estimado del 60%, con predominio de problemas vinculados a la calidad de las viviendas antes que a la falta de nuevas construcciones.
La planificación urbana aparece como un eje central
Porta remarcó que la ciudad todavía cuenta con oportunidades para ordenar su desarrollo. Indicó que el 50% de las parcelas permanecen sin construir y consideró que ese espacio permite completar la trama urbana antes de extenderla.
“Tal vez no tiene tanto sentido que la ciudad siga creciendo de forma horizontal, sino que hay muchas oportunidades para su completamiento”, sostuvo.
La investigadora afirmó que esos terrenos podrían albergar viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud y espacios verdes para mejorar la calidad urbana.
También planteó la necesidad de avanzar sobre un plan de ordenamiento territorial. Según explicó, ese instrumento permite definir hacia dónde crecer, qué sectores preservar y dónde localizar nuevas actividades productivas y de servicios. “Empecemos por un plan que ordene el territorio y que genere los acuerdos para entender para dónde y cómo tiene que crecer la ciudad”, afirmó.
Porta agregó que el municipio no puede afrontar ese desafío en soledad. Señaló que la provincia, la Nación y el sector privado deben coordinar políticas para responder a una demanda que involucra a toda la región de Vaca Muerta.
La migración y la calidad de vida forman parte del desafío
La especialista explicó que Añelo integra un sistema regional de ciudades y que parte de los trabajadores elige radicarse en Neuquén capital por su oferta educativa, sanitaria, recreativa y cultural. También destacó que muchas personas llegan a la localidad atraídas por las oportunidades vinculadas a la actividad petrolera, aunque no siempre consiguen empleo en ese sector.
Según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles, más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario. Porta señaló que esa situación genera un desajuste entre la demanda de mano de obra calificada y la oferta laboral disponible.
La investigadora indicó que una parte importante de la población encuentra trabajo en gastronomía, hotelería y otros servicios asociados a la industria hidrocarburífera.
Respecto del mensaje del intendente, sostuvo que resulta razonable frente al contexto actual. “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”, afirmó.
Porta consideró que el desarrollo futuro dependerá de la capacidad para ampliar la infraestructura, mejorar las viviendas y planificar el crecimiento urbano. También destacó la importancia de definir un modelo de ciudad que acompañe la expansión económica sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.
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