POLITICA
Las declaraciones de Clara Muzzio contra la ESI convulsionaron la Legislatura porteña y obligaron al gobierno porteño a dar explicaciones
Las declaraciones recientes de la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, contra la Educación Sexual Integral (ESI) convulsionaron ayer la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que se reunió en una sesión destinada a la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny. Siete de 26 legisladores que se expresaron en la jornada centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.
En una entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal”. “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó en el medio Mdz. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.
“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños”.
A su vez, el martes redobló la apuesta con una publicación en la red social X en la que indicó que “la ESI tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual”.
Más allá del revuelo que su postura suscitó en medios de comunicación y redes sociales, la vicejefa de gobierno –que preside la Legislatura– se convirtió este miércoles en blanco de cuestionamientos en el marco de una sesión especial que tenía como único objetivo la presentación del informe sobre el primer semestre de gestión a cargo de Sánchez Zinny.
La primera intervención de la ronda de preguntas de los legisladores correspondió a la jefa del bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores/PO (Partido Obrero), Vanina Biasi, y anticipó el clima que caracterizaría a la jornada: “Señor jefe de Gabinete, usted ha venido a esta Legislatura en medio de una acción de marketing, de un marketing muy reaccionario, llevado adelante en estos días por la vicejefa de gobierno que preside esta Legislatura”.
“La vicejefa utiliza la ESI para adjudicarle atributos como decirle a un niño que juega con muñecas que estaría en un cuerpo equivocado”, argumentó. En esta línea, le preguntó a Sánchez Zinny “en base a qué tipo de evidencia científica y de leyes se encuentra el gobierno de la Ciudad llevando adelante esta propaganda reaccionaria, mentirosa, con información falsa y por qué hay una funcionaria cobrando un salario muy abultado mensualmente esparciendo este tipo de información en nombre del gobierno de la Ciudad”.
A continuación, la presidenta de la bancada Ciudadanos Unidos/UCR (Unión Cívica Radical), Manuela Thourte, advirtió que la mayoría de los legisladores estaban “consternados” por las declaraciones de Muzzio. Entonces, consultó a Sánchez Zinny si “toda la gestión de Jorge Macri [jefe de Gobierno] respalda y sostiene” las declaraciones de la funcionaria, o si, por el contrario, se trató de una postura individual.
El larretismo también se hizo eco de los dichos de Muzzio. El titular del bloque Confianza y Desarrollo, Emmanuel Ferrario, le consultó al jefe de Gabinete –en la misma línea que Thourte– si él y Macri comparten la opinión de la vicejefa.
Además, en los días previos a la sesión, la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri publicó el video de Muzzio con la leyenda “ignorante y peligrosa”, un mensaje de X que compartió el legislador y exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos se pronunció durante la sesión.
Desde La Libertad Avanza (LLA), Juan Pablo Arenaza sostuvo que la postura de Muzzio es “prehistórica y conservadora” y que “no va a solucionar nada”, al tiempo que cuestionó a quienes consideran que la ESI es “una solución mágica de todos los problemas”. A su vez, propuso que cada bloque presente un proyecto al respecto y que la discusión se lleve a cabo en las comisiones “sin posiciones extremas”. “Es una decisión individual de las personas hacer de su sexualidad lo que se les ocurra”, concluyó.
Por su parte, Leandro Santoro, del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, preguntó “qué piensa hacer el gobierno de la Ciudad con la ESI: ¿la van a discontinuar? ¿Van a seguir boicoteando todos los programas? ¿Van a continuar por la línea de la desacreditación de una de las pocas políticas públicas de Estado que tenemos en la Ciudad?”. Particularmente, a Muzzio le pidió que “reflexione” sobre sus dichos y que pida disculpas a las personas que ofendió. El legislador Matías Barroetaveña, de la misma bancada, se sumó a las palabras de Santoro.
María Bielli, también de Fuerza por Buenos Aires, se dirigió directamente a la presidenta de la Legislatura: “La ESI permite a miles de niños y niñas reconocer y romper con situaciones de violencia”. Y sumó: “Sus declaraciones fueron tan absurdas e infundadas que no merecerían de nosotros ni siquiera un reconocimiento. Pero se trata de la vicejefa de Gobierno, que debería velar por la protección y la promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Utilizar la ESI para salir de la relevancia política me parece repudiable”.
Recién en este momento se manifestó Muzzio: “A todos los diputados que se dirigen a mí: sin ningún problema podemos seguir conversando. Esta es una sesión para que el jefe de Gabinete responda las preguntas de gestión, si quieren aprovechar también pueden hacerle ese tipo de preguntas [de la administración]”.
El bloque oficialista Vamos por Más fue el único que no se refirió a los dichos de la presidenta de la Legislatura, junto al monobloque Transformación.
Luego de un cuarto intermedio, Sánchez Zinny sostuvo: “La implementación de la ESI alcanza todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad. Sus contenidos se encuentran incorporados de manera transversal a los diseños curriculares vigentes. En este marco, la Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, los valores de las familias y asegurar que la enseñanza se desarrolle con criterio pedagógico acorde a cada etapa evolutiva”.
Sin embargo, matizó: “Ello no impide –como muchos legisladores lo manifestaron– la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas”. Durante su disertación no hizo mención a Muzzio.
Carta documento
Tras las declaraciones de Muzzio en Mdz, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa de gobierno intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumpliría el sábado según informó Paulón a . En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos –que el texto califica de “vergonzantes”– en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.
“Utiliza un lenguaje discriminatorio y violento que incita al odio. No corresponde porque debe hacer cumplir la ley en la Ciudad”, señaló Paulón. En la carta documento, indica que la ESI permite conocer y sancionar abusos y violaciones sobre los niños y afirma que “las personas diversas son previas a la existencia del Estado y su reconocimiento legal fundado en la ‘biología’”.
Ante la consulta de sobre la sesión en la Legislatura y la carta documento de Paulón, la vocería de Muzzio prefirió no sumar comentarios.
En la entrevista que suscitó la polémica, la vicejefa de gobierno también expresó su rechazo al aborto y al “feminismo radical”, y expresó su preocupación sobre la caída en la tasa de natalidad.
Además, ayer a la noche, tras la jornada en la Legislatura, reivindicó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que resolvió que “los estados pueden reservar las categorías deportivas femeninas para personas del sexo biológico femenino”, y así no dejar participar “a personas biológicamente del sexo contrario sin que ello constituya una violación de la ley”, explicó.
“Una obviedad que necesitó llegar a la Corte Suprema de Justicia estadounidense para decir que los hombres no tienen que competir deportivamente contra las mujeres, aunque esos hombres se perciban a sí mismos como mujeres”, concluyó.
ciudad de Buenos Aires,pic.twitter.com/EuvEMGp9no,June 30, 2026,exjefe de gobierno porteño,pic.twitter.com/8bBgUUvVtj,July 1, 2026,Esteban Paulón,pic.twitter.com/PtfgaxIAa3,July 2, 2026,Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,Conforme a,Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,,»Mis creaciones y mi música recorrieron el mundo» Cris Morena fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña,,¿Club o comercios? Se reaviva la tensión por un histórico predio porteño disputado entre varios interesados,,Tenía 86 años. Murió Luis Brandoni: la despedida, reacciones en redes y el último adiós en la Legislatura
POLITICA
Propiedades en la mira: los 20 bienes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner que busca decomisar la Justicia
La confirmación de la Corte Suprema del monto que deberá decomisar la Justicia a los condenados en la causa Vialidad implica que la familia Kirchner deberá aportar 20 bienes de su posesión para cubrir su cuota del millonario monto de compensación global, establecido en 685.000 millones de pesos.
Según consta en los expedientes, la gran mayoría de esos bienes (19) fueron heredados por Máximo y Florencia tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011, mientras que uno solo permanece a nombre de la jefa del PJ nacional, un terreno de 6000 metros cuadrados en El Calafate, Santa Cruz.
En cambio, el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, no se encuentra en la lista de bienes a decomisar producto de la sentencia en la causa Vialidad. En sentido contrario se ubica la histórica casona familiar en El Calafate.
Esa propiedad fue transferida a Máximo y Florencia Kirchner tras el deceso de su padre, como parte de la herencia, pero igualmente sería parte de la nómina de 19 bienes que podrían perder los hermanos si la Justicia finalmente avanza con el decomiso. Eso depende de que la Corte Suprema emita un fallo de fondo.
El decomiso total abarca 111 inmuebles: 84 son de Lázaro Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública; 19 de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, el terreno adquirido en 2007. Los restantes son de otros condenados.
En medio del litigio, Cristina Kirchner intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, la capital santacruceña, y una serie de terrenos en el Lago Argentino, también en la provincia patagónica, propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. De hecho, parte de los argumentos de la familia Kirchner es que hay propiedades adquiridas antes de que Néstor y Cristina fueran presidentes.
Pero hay otra lista de 10 departamentos ubicados sobre la calle Mitre al 500 en Río Gallegos, que fueron adquiridos en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada al patrimonio familiar en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, de 2006.
Antes del delito
El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky se había hecho eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito -la corrupción en Vialidad- y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
El camarista Borinsky destacó que la medida alcanza a bienes adquiridos con anterioridad al 23 de abril de 2004, fecha fijada por el tribunal para comenzar a evaluar bienes decomisables. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto de 2025, pero las partes apelaron y aún no se ejecutó.
Conforme a
La disputa por el uso del nombre de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados volvió a exponer la profunda crisis interna que atraviesa el partido. La controversia, sumada a la fragmentación de los bloques radicales y a un video viral en el que varios jóvenes no lograban identificar a Raúl Alfonsín, sirvió como disparador de un debate sobre la identidad y el presente de la fuerza durante Infobae a la Tarde, que culminó con una entrevista a Ricardo Alfonsín.
La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.
Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.
La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.
El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.
El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.
Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.
En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.
Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.
Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.
Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.
Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.
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POLITICA
Cuadernos: una contadora de la exAFIP ratificó irregularidades en el manejo de fondos de empresas investigadas en el juicio
Una contadora de la ARCA -exAFIP- que analizó por orden de la Justicia a empresas investigadas en la causa Cuadernos declaró este jueves en el juicio oral y repasó las irregularidades que detectó en reportes elevados años atrás a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Durante la audiencia, a pedido de la fiscalía, se le exhibieron algunos de esos informes a la mujer, Diana Guterman, que fue directora del organismo recaudador dentro del área de Investigación Financiera. Uno de ellos apuntaba a Servicios Vertúa S.A., la empresa de Raúl Víctor Vertúa que participó en la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.
Entre 2014 y 2015, la empresa recibió de ENARSA transferencias por $565 millones. Parte de esos fondos, según el reporte que confeccionó la profesional, fue usada para comprar títulos públicos que luego fueron vendidos en el exterior mediante operaciones de contado con liquidación. Los dólares obtenidos fueron depositados en cuentas bancarias y después retirados en efectivo.
“Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas”, dijo la mujer sobre su trabajo. “Nosotros hicimos un rastreo en las bases de AFIP de cuáles eran las entidades con las que había operado”, definió. Luego, esa información fue girada a la DGI.
Otro de los casos detectados en su momento por la contadora, y expuestos hoy en el juicio de los Cuadernos, fue el de la empresa Fainser, del extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, dedicada a la fabricación de calderas y equipos termodinámicos.
Fainser firmó con la Municipalidad de Río Turbio, en Santa Cruz, un contrato por casi $500 millones en 2015 para ejecutar una obra vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Según un reporte de 2018, a fines de 2015 la empresa cobró anticipos por $50 millones, distribuidos en tres pagos. Pero la profesional advirtió que esas tareas no formaban parte de la actividad habitual de la firma y que, para septiembre de 2017, la obra todavía no había comenzado.
La mujer explicó que esa información surgía de un informe de fiscalización, en el que intervenían un inspector, un supervisor, un jefe de división, un jefe de región, un subdirector del área operativa y un director general de la DGI, antes de ser elevado a la UIF.
La contadora integra un bloque de testigos pedido por la fiscalía para intentar evidenciar en el juicio manejos irregulares de dinero por parte de las empresas que firmaron contratos de obra pública con el Estado.
Las defensas de los imputados remarcan que, como esas fiscalizaciones eran internas y se hacían sin solicitar nueva información, las empresas no tuvieron oportunidad de explicar los movimientos.
El testimonio abrió además una discusión entre la fiscalía, la querella de la UIF y las defensas sobre el alcance de las medidas contables que todavía pueden producirse en el juicio.
La abogada del empresario Angelo Calcaterra, María Valeria Onetto, insistió hoy ante el tribunal con la realización de un informe pericial contable que dé cuenta del flujo y la aplicación de los fondos percibidos por los contratos de obra pública que otorgó Vialidad.
Entre 2003 y 2015 -el período investigado en la causa-, Vialidad le adjudicó a IECSA S.A., la empresa de Calcaterra, un total de 23 obras por más de $2800 millones. Como imputado colaborador, Calcaterra reconoció haberle ordenado a uno de los directivos de la empresa, Héctor Javier Sánchez Caballero -que también está imputado en el expediente-, la entrega de sumas de dinero en efectivo que, en general, rondaban entre los US$100.000 y los US$200.000.
La pericia que solicitó la abogada Onetto ya había sido rechazada por el tribunal que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La fiscal Fabiana León se opuso hoy a su realización, al igual que el representante de la UIF, Mariano Galpern, que es querellante. “No se advierte de qué manera perjudica el derecho de la parte volver a traer una medida que ya ha sido abordada”, sostuvo la fiscal. “Si cada uno de los imputados en esta causa va a pedir una pericia específica de cada obra que se está viendo, sería una cantidad de prueba interminable, inabarcable e inoficiosa”, dijo León.
Juan Carlos Lascurain,Federico González del Solar,Conforme a
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