El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funciona con nuevas tarifas desde el viernes 1 de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, quedó fijado en $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos los valores quedaron en $837,66 para recorridos de 3 a 6 kilómetros, en $902,19 para distancias de 6 a 12 kilómetros y en $966,77 cuando el viaje es de entre 12 y 27 kilómetros.
Esos valores rigen para los colectivos que circulan exclusivamente en territorio de CABA, que son los de las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Se trata de un aumento de 5,4%, ya que el gobierno porteño aplica una actualización mensual por inflación (en este caso, la de marzo, de 3,4%, la última conocida del Indec hasta el momento) más dos puntos porcentuales)
El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1.000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.
Para quienes usen líneas de subte, el precio del boleto pasó de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada. Esta diferenciación entre usuarios con o sin SUBE registrada incentiva a los pasajeros a registrarse para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.
El ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente.
En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.
La tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los usuarios deben informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.
Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde el viernes, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.
Otra tanda de ajustes rige para los contratos de alquiler, según el momento y modalidad en que se hayan firmado.
Aquellos acordados bajo la ley de alquileres sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández y que rigió hasta octubre de 2023 se ajustan anualmente por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y aquellos cuya actualización ocurra en mayo, el aumento es del 9,32%, efecto de la desaceleración de los valores contractuales debido a la mayor oferta tras la pérdida de vigencia de aquella norma.
Hubo también contratos que se hicieron entre octubre y diciembre de 2023 con cláusula de ajuste semestral por el índice Casa Propia, a los que se aplicará el último ajuste semestral, del 15,13 por ciento.
Por último, están los alquileres más nuevos, pactados a partir de la desregulación y liberación contractual aprobada a fines de diciembre de 2023, ya durante el gobierno de Javier Milei, que en su mayoría incluyen cláusulas de ajuste trimestral, cuatrimestral o semestral, en cuyo caso el ajuste dependerá de la variación del índice de ajuste y durante el período acordado.
La mora del crédito a las familias bajó levemente en agosto, hasta el 12,81%, según datos del Banco Central. El indicador descendió 0,13 puntos porcentuales frente a julio, a partir de una reducción del 0,98% en términos reales del saldo de créditos en situación irregular, mientras que el financiamiento total a los hogares se mantuvo prácticamente sin cambios.
La mejora se explicó, principalmente, por la baja en el nivel de incumplimiento de las tarjetas de crédito. En sentido contrario, los préstamos personales y, en menor medida, los prendarios registraron leves aumentos en sus ratios de irregularidad. La mora de los créditos hipotecarios, en tanto, continuó en niveles más bajos y casi sin variaciones respecto de julio.
En el total del crédito al sector privado, la morosidad se mantuvo estable en agosto: fue de 7,75%, frente al 7,73% del mes anterior. La evolución general combinó la baja en el segmento de las familias con un aumento de la irregularidad entre las empresas.
En las compañías, el ratio de mora subió 0,18 puntos porcentuales y se ubicó en 3,80 por ciento. El incremento alcanzó a los créditos destinados a todas las actividades económicas, de acuerdo con el relevamiento oficial.
El informe también señaló que la probabilidad de default estimada para el crédito total al sector privado cayó por tercer mes consecutivo y llegó al 2,26%, una baja mensual de 0,10 puntos porcentuales. En las familias, ese indicador descendió a 3,71%, 0,24 puntos menos que en julio y su menor nivel desde agosto de 2025. Para las empresas, se mantuvo casi sin cambios, en 1,18%.
Las entidades financieras conservaron una cobertura elevada frente al riesgo de crédito. Las previsiones representaron el 87% de la cartera irregular en agosto, 0,6 puntos porcentuales menos que el mes previo, y equivalieron al 6,7% del financiamiento total al sector privado, un nivel similar al de julio. A la vez, el crédito irregular que no estaba cubierto por previsiones equivalió al 2,2% de la responsabilidad patrimonial computable del sistema financiero.
Noticia en desarrollo…
Corporate Events,South America / Central America
El Ejecutivo logró una mejora notable en el balance financiero mensual, mostrando avances en la gestión de recursos frente a años previos
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El mensaje de Luis Caputo al anunciar un nuevo superávit financiero
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En San Javier, los productores apuran el traslado de vacas por los campos alcanzados por el agua para llevarlas a sectores más altos. Las imágenes, tomadas en esa zona de Santa Fe, reflejan el avance de una creciente que ya obliga a reorganizar la actividad ganadera en el Litoral, ante pronósticos de lluvias que podrían prolongar la emergencia durante los próximos meses.
El fenómeno asociado al Super Niño aumenta la preocupación por los rodeos instalados en islas y terrenos bajos. La prioridad es evitar que el agua encierre a los animales, reduzca la superficie de pastoreo y fuerce ventas anticipadas, en particular de vacas destinadas a la cría. Los costos de fletes, alimentación y alquiler de campos también crecen a medida que disminuyen las alternativas disponibles.
En la provincia santafesina, las zonas ribereñas reúnen unas 710.000 cabezas de ganado, de las cuales cerca del 90 % son bovinos. San Javier concentra alrededor de 260.000 animales expuestos, seguido por los departamentos Garay y General Obligado. El Paraná registraba el 14 de octubre 4,86 metros en San Javier, luego de subir 46 centímetros desde fines de septiembre.
Según publicó el medio especializado Valor Carne, el Gobierno de Santa Fe habilitó el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte (ROPECA), que conecta a productores que necesitan forraje, campos o logística con quienes pueden ofrecer esos recursos. La herramienta admite propuestas de otras provincias y busca agilizar acuerdos entre privados, mientras se multiplican los movimientos de animales desde las áreas más vulnerables.
También se habilitó un mecanismo excepcional para los traslados urgentes cuando no sea posible tramitar antes el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Los productores pueden iniciar el viaje con una autorización policial y tienen 48 horas después de llegar a destino para regularizar la documentación sanitaria. En Romang, tres barcazas se utilizan para retirar hacienda de las islas, aunque las lluvias dificultan los arreos por caminos de tierra.
La situación también alcanza a Entre Ríos, donde las autoridades activaron un operativo preventivo para sacar animales de las islas. Al comienzo de la campaña había unas 480.000 cabezas en campos bajos e islas; ahora quedan menos de 200.000 animales en esas áreas, de acuerdo con registros de Senasa citados por la Dirección de Ganadería provincial. Parte de las salidas responde a ventas habituales, pero el objetivo oficial es acelerar los movimientos y evitar nuevos ingresos a sitios inundables.
Las previsiones provinciales contemplan que la creciente gane intensidad hacia diciembre y se extienda hasta marzo o abril, según evolucionen las precipitaciones. La logística aparece como una limitación: la disponibilidad de embarcaciones, camiones y lugares de desembarco condiciona la velocidad de las evacuaciones. El Gobierno entrerriano coordina las tareas con Prefectura Naval Argentina, la Policía, Senasa y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).
En Corrientes, la crecida del Paraná ya motivó movimientos de hacienda en Carrizal Norte, departamento de Bella Vista. El río llegó a 4,96 metros el 12 de octubre, tras una suba de 13 centímetros en un día. Productores buscan retirar sobre todo los terneros y reducir el riesgo de que una permanencia prolongada en campos saturados de agua afecte la condición de los animales o complique los controles veterinarios.
La Confederación Rural Argentina (CRA) mantiene contacto con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y las autoridades locales. El Instituto Nacional del Agua prevé para los próximos siete días eventos de lluvia, principalmente sobre el noreste de la Cuenca del Plata. El comportamiento de las precipitaciones en Brasil y aguas arriba será decisivo para la evolución del Paraná y del Uruguay, mientras los productores procuran asegurar transporte, alimentos y campos antes de que la demanda eleve los costos.
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