Parece raro, dada la euforia que la exportación petrolera está generando en el gobierno, pero hay economistas que están advirtiendo sobre la posibilidad de que la suba internacional del precio del crudo derive en un problema fiscal para Argentina.

La explicación es que el costo de los barcos que sea necesario importar para traer el gas licuado de petróleo -algo que se evidenció necesario por la suba en la demanda doméstica ante las bajas temperaturas-, no llegaría a ser compensado por los recursos adicionale que deje la exportación.

Y eso derivó en una crítica al régimen de retenciones móviles para la exportación de petróleo, que desde 2020 tiene un tope en 8%, el que está rigiendo ahora para los yacimientos convencionales -es decir, no afecta a los del tipo shale, como Vaca Muerta-.

Según Daniel Artana, economista jefe de la fundación FIEL, se trata de un esquema con errores de diseño. «Como los costos evolucionan a un ritmo menor que los precios en momentos de fuertes subas, no tiene mucho sentido poner un tope tan bajo (al menos comparado con las regalías móviles de Canadá o de otros países productores)», apunta el economista.

Y la advertencia concreta es que la reciente suba de esa retención -que saltó del 3,6% al 8% tras la disparada del crudo Brent por encima de los u$s100- no llegará a cubrir los gastos por mayores subsidios al transporte público.

«El gobierno tiene la opción de trasladar esos mayores costos a los consumidores, pero la decisión de postergar los aumentos en el impuesto a los combustibles y aceptar una mayor mezcla de biocombustibles (que tienen menos impuestos) revelan alguna preocupación por moderar el impacto en los precios finales», señala el informe de FIEL.

Por lo pronto, una muestra de esa preocupación es la suba escalonada del impuesto a los combustibles, un típico gravamen con impacto inflacionario, porque afecta a toda la cadena comercial.

La contracara de ese cuidado será un costo fiscal, dado que el impuesto a los combustibles ya representa más de un 3% de la recaudación total. En marzo, con una suba real de 35%, se consolidó como uno de los puntales de la recaudación, al punto que ya resulta más relevante que los derechos de exportación y los aranceles de importación.

Boom exportador, escasez doméstica

Esta presunción se ha agravado luego de la noticia de la restricción del suministro en las estaciones de servicio que venden gas natural comprimido (GNC), como medida de previsión por una eventual crisis de la oferta gasífera en el pico de consumo invernal.

Desde el pasado martes, las empresas Naturgy y Metrogas ordenaron restringir las ventas hasta el límite del «firme contratado» y hasta nuevo aviso. La medida implica que el servicio interrumpible quedó suspendido. Estaciones de GNC e industrias no podrán acceder al suministro más allá de su cupo garantizado.

Además, ya hay pedidos de medidas urgentes por parte de la industria -en particular las cámaras del norte del país, donde la situación está más afectada por dificultades técnicas en la provisión de gas-. Esto lleva a que regrese el fantasma de los recortes para empresas, algo que ocurrió en el invierno de 2024 y que también había sido la tónica durante el gobierno de Alberto Fernández.

Como siempre ocurre, este tema tiene su costado político, porque la oposición acusa al gobierno de imprevisión y de haber demorado las licitaciones para la importación del gas licuado. Concretamente, se criticó la decisión del ministro Luis Caputo de suspender la licitación que había sido asignada a traders privados y pasarla al ente estatal Enarsa.

El gasoducto y los reproches cruzados

La aparente paradoja de la falta de gas justo cuando el gobierno se entusiasma con un boom productivo que generará un récord exportador es, en realidad, fácil de explicar. No alcanza con la producción, sino que se necesita una infraestructura para el transporte del gas desde los yacimientos hasta los grandes centros urbanos donde se realiza el consumo hogareño y el uso industrial.

Y ahí aparecen acusaciones cruzadas. Durante la última crisis, hace dos años, la ex presidente Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de haber agravado los problemas de oferta por su política de ajuste en la obra pública. Las críticas, concretamente, apuntaban a la falta de avances en las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, que podrían haber duplicado la capacidad de transporte del gasoducto Kirchner.

Sin embargo, los expertos en energía recordaron que la infraestructura recibida por Milei no daba garantías de proveer el total de la demanda. De hecho, calificaron la inauguración del gasoducto en 2023 como «una puesta en escena», dado que sólo permitió el transporte de 11 millones de metros cúbicos, en un gasoducto que tiene potencial para transportar 40 millones.

Este año, además, quedó evidenciada la fragilidad de la ofrta en las provincias norteñas, que antes eran abastecidas por la importación del gas boliviano.

Según la Unión Industrial de Salta, las empresas del sector atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras. «La falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería», advirtió la entidad.

Y agrega que la opción del GNL implica un costo que lo vuelve prácticamente inviable: «Su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo».

La motosierra baja un cambio

Lo que parece claro, en todo caso, es que el peso fiscal del sector energético tiene chances de agravarse, por el mix entre altos precios internacionales y una mayor demanda provocada por las bajas temperaturas.

En lo que va del año, se registra, en términos reales, un aumento del gasto público de 86% en los subsidios a la energía, parcialmente compensado por un recorte de 31% en los subsidios al transporte, según la estimación del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf).

Lo que sospechan los economistas es que, dado el contexto de alta inflación -y, sobre todo, del impacto que las tarifas de servicios públicos tuvieron sobre el IPC- será difícil que haya otro recorte drástico de los subsidios, porque implicaría un agravamiento adicional sobre los precios.

Esto lleva a las preocupaciones por el impacto fiscal, en el contexto de una turbulencia internacional que se prevé más extensa que la creada tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Lo irónico de la situación es que, apenas tres meses antes de que el arancel para la exportación llegara a su tope del 8%, se había anunciado una caída al cero, como forma de incentivar la producción en yacimientos maduros de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.

El costo fiscal generado por el desequilibrio generado ante un precio de importación que sube más rápido que el ingreso por retenciones dependerá, finalmente, de la cantidad de barcos de gas licuado de petróleo que sea necesario contratar.

De todas formas, Artana hace una distinción entre el efecto para el fisco nacional y el de las cajas provinciales de las provincias productoras, que sí recibirán mayores ingresos por regalías e ingresos brutos, en tanto que la Nación y el conjunto de provincias recibirían algún ingreso adicional el año 2027 cuando se perciba el impuesto a las ganancias de las empresas productoras obtenidas durante 2026.