POLITICA
Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

Luciano Laspina volvió a la escena pública desde un lugar distinto. Después de años en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, ahora ejerce el cargo de director ejecutivo del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una de las organizaciones más influyentes en la producción de políticas públicas en la Argentina. Desde ese rol, intenta correrse de la lógica partidaria sin abandonar el núcleo del debate: cómo ordenar una economía que lleva más de una década y media sin crecer.
El directivo habló a días de la cena anual de la entidad, que este año se presenta bajo una consigna tan simple como contundente: “Crecer o crecer”. El encuentro se realizará el lunes 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, magistrados, diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil. Allí, hablarán José Orlando, presidente de Consejo de Administración de CIPPEC, y Luciano Laspina.
En una entrevista con Infobae, el flamante director ejecutivo resalta que no se trata de un eslogan sino de un diagnóstico estructural. Define esa idea como un “rezo laico”, una expresión que condensa el punto de partida de su análisis: la Argentina no genera empleo, acumula pobreza y atraviesa crisis recurrentes que impiden cualquier horizonte de desarrollo sostenido.
En ese marco, introduce un planteo que busca correrse de la grieta clásica. Sostiene que antes de discutir modelos económicos —más Estado o menos Estado, más apertura o más protección— el país necesita un conjunto de acuerdos básicos que eviten las crisis cíclicas. Los define como “preideológicos” y los reduce a tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central para financiar al Tesoro.
La propuesta no es menor en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei avanza con un programa de estabilización y desregulación profunda, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre el rumbo económico y las herramientas elegidas. En ese escenario, la posibilidad de construir consensos aparece lejana. El propio Laspina reconoce que puede sonar “utópico”, pero sugiere que, por primera vez en años, podrían existir incentivos alineados para avanzar en ese sentido.
La entrevista también permite asomarse a una tensión central del momento económico. Por un lado, la estabilización macroeconómica, con la baja de la inflación como objetivo prioritario. Por otro, una transformación estructural que implica pasar de una economía cerrada y regulada a otra más abierta y competitiva. Ese proceso, advierte, genera una dinámica desigual: sectores que crecen con fuerza y otros —intensivos en empleo— que retroceden.
“Hoy hay una economía a dos velocidades”, sintetiza. Y en ese diagnóstico incorpora una variable clave para entender el freno actual: la falta de crédito. Sin financiamiento, explica, no hay consumo ni inversión que permita recomponer a los sectores más golpeados, como la industria, el comercio o la construcción.
En ese equilibrio inestable, Laspina evita alineamientos automáticos. Reconoce la lógica del Gobierno —“apagar el incendio” macroeconómico— pero también señala las limitaciones que enfrentan las empresas para adaptarse a una apertura rápida en un contexto de alta presión impositiva, costos financieros elevados y falta de infraestructura. “Los dos tienen parte de razón”, afirma, en una definición que intenta describir más que tomar partido.
Desde CIPPEC, su apuesta apunta a otro plano: pensar la transición sin destruir capacidades existentes. “Es mucho más eficiente reconvertir sobre los cimientos que empezar de cero sobre las ruinas”, plantea. La idea de fondo es encontrar una “diagonal” que permita integrar las dos tradiciones económicas de la Argentina —la industrial y la exportadora— y evitar una nueva reedición de esa tensión histórica.
En ese marco, la discusión de fondo vuelve a aparecer: si la política argentina está en condiciones de salir de la lógica de la urgencia permanente y avanzar en acuerdos mínimos que garanticen estabilidad. Para Laspina, ese es el punto de partida indispensable. No para asegurar el crecimiento, sino, al menos, para dejar de retroceder.
La entrevista a Luciano Laspina
—Un nuevo rol después de haber sido diputado tantos años, diputado por el PRO. ¿Cómo fue ese paso del ámbito político al ámbito de una organización civil como CIPPEC?
—Sí, efectivamente estoy dirigiendo CIPPEC, que es el Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una institución que piensa políticas públicas en muchas áreas, básicamente desarrollo económico, desarrollo social, educación, gobierno y Estado, para tener un Estado más eficiente. Tiene muchísima reputación en Argentina, más de veintiséis años aportando al debate de políticas públicas. Han pasado más de mil investigadores por CIPPEC. Muchos están en el sector privado, otros han ido a la función pública en distintos gobiernos, de distinto signo político. La verdad que muy contento. Para mí es una forma de poder seguir aportando desde otro lugar, seguir en lo que me gusta, que son las políticas públicas, pero ahora desde la sociedad civil, sin estar en la trinchera de la pelea partidaria. En lo personal, feliz de poder hacer un aporte. Creo que hay mucho para pensar de la Argentina que viene, mucho para discutir, y esa es la razón de ser de CIPPEC.
—El lunes 20 se va a realizar la cena anual, el encuentro que toda la política, todo el círculo rojo, los periodistas y empresarios vamos habitualmente. Es un encuentro muy oportuno para discutir otros temas, aparte de los temas urgentes o de coyuntura. Este año se convoca bajo la consigna “Crecer o crecer”. ¿Qué significa este lema?
—Es un lema que yo digo más que un lema es un rezo laico, porque es lo que necesita Argentina después de una década y media sin crecer, donde no hemos generado empleo, donde la pobreza ha ido creciendo.Lo que planteamos es que el crecimiento, sobre todo cuando tiene que generar inversiones, empleo de largo plazo, requiere de tener estabilidad en las reglas de juego.
Estabilidad en las reglas de juego requiere tener una serie de acuerdos básicos que eviten que Argentina tenga una crisis cada dos años, como ha tenido en promedio en los últimos quince. La última la tuvimos el año pasado en la crisis electoral. Vino el Tesoro americano, nos dio una mano y pudimos evitar una crisis, una megacrisis, una devaluación, y afortunadamente el Gobierno tuvo la habilidad de conseguir esa ayuda, porque si no hubiésemos tenido una crisis aún mayor, y eso es lo que tenemos que evitar.
CIPPEC es un ámbito de diálogo que junta a las fuerzas políticas de todos los sectores y vemos ahí, creo que esta vez, cierto campo para ponernos a pensar la Argentina del futuro, pero también quizás plantear una serie de acuerdos básicos, mínimos, de entendimientos entre distintos sectores de la política para que Argentina no tenga una crisis.
Yo creo que eso debería ser un acuerdo muy chiquito, preideológico, que entre las principales fuerzas políticas en competencia digan:
-Vamos a garantizar la continuidad de los contratos. Básicamente, no queremos defaultear otra vez ni reestructurar y todas esas cosas que hace Argentina dos por tres.
-Queremos mantener el equilibrio fiscal, que es una bandera que incluso fuerzas más progresistas o del campo nacional y popular están empezando a abrazar.
-No vamos a usar el Banco Central como quinta rueda del carro para imprimir pesos para darle al Tesoro, que es lo que genera la inflación a largo plazo.
Son tres acuerdos preideológicos muy parecidos a lo que hicieron Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso en el 2002, que a partir de ahí garantizó la estabilidad macroeconómica en Brasil.
Hoy hay campo fértil para lograr lo que nunca se logró, que nos pongamos de acuerdo en algo los argentinos, en esa lucha fratricida que muchas veces tenemos, porque esto es una bandera que el Gobierno nacional abrazaría sin ningún problema y porque yo creo que le serviría a la oposición para ser más competitiva.
Si logramos eso va a ser muy bueno para los dos sectores, pero sobre todo para la Argentina.
—Hay un requisito previo, una condición, que es que las partes quieran aceptar sentarse en una misma mesa. No se está viendo mucho eso. Sobre todo de los dos sectores políticos más importantes o que polarizan la Argentina, ¿es posible ese acercamiento? Pienso en Milei o su gente, en Axel Kicillof, en Juan Grabois u otros dirigentes del peronismo.
—Sí, parece medio Argentina año verde, utópico. Primero doy una visión institucional y después puedo hacer más análisis político.
Institucionalmente es un poco el rol de CIPPEC sentar a la mesa a muchos actores. Tampoco pretendemos que esto sea la única bandera. Parte de nuestro rezo laico para crecer es que no tengamos crisis, que podamos acordar en las cosas mínimas que evitan que haya una crisis, y ese es el rol de CIPPEC.
Ahora, al mismo tiempo, cuando veo las partes, creo que puede haber incentivos alineados esta vez, por distintas razones, para tener ese acuerdo que permita por lo menos —no digo estabilizar definitivamente la economía, no digo crecer— sino evitar crisis.
Y después, el resto, que lo definan las urnas: si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada; si queremos equilibrio fiscal con más impuestos y más gasto público, o un Estado más chico con menos impuestos.
Pero por lo menos decir: bueno, sabemos que no tenemos una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, una crisis de deuda, que son las que cada dos años, en promedio, nos generan una turbulencia y nos hacen retroceder cinco casilleros.

—En una columna que usted publicó hace algunos días hablaba de la necesidad de construir sobre los cimientos de lo anterior y no sobre los escombros del sistema anterior. ¿Qué significa esa idea?
—Argentina está en un proceso de transformación muy importante. Viene de ser una economía muy cerrada, hiperregulada, y ahora se está abriendo al mundo, se está desregulando, y obviamente eso va a generar ganadores y perdedores.
Hay un acuerdo, por lo menos en un pedazo importante de la sociedad e impulsado por el Gobierno, de que Argentina se tiene que integrar al mundo, y creemos desde CIPPEC que no hay país que haya crecido y desarrollado sin explotar la demanda global, sin salir a conquistar el mundo.
Hay todo un proceso de reconversión que hay que hacer. El punto es que es mucho más eficiente hacerlo sobre los cimientos de los que ya hay que sobre las ruinas. ¿En qué sentido? Más que quebrar todas nuestras empresas y que se fundan y empiece todo de cero, tratar de ver cómo hacemos para ayudar a reconvertir a las empresas.
Muchos lo van a hacer privadamente, tratando de rebuscárselas. El cinturón metalmecánico de la ciudad de Rosario ya está virando hacia Vaca Muerta, porque antes estaba enfocado en consumo masivo o en producción local y ahora está viendo cómo se suma a esa cadena de valor. Tenemos que ayudar a que eso ocurra.
Esto no implica ni subsidiar ni subir aranceles, sino ver qué elementos necesitan, cómo adaptamos la política educativa, la infraestructura, la política financiera, para reconvertir la Argentina con nuestras empresas, nuestros empleados, el capital que ya tenemos invertido, las capacidades que se han creado para ir a esa nueva Argentina.
Los que no se puedan reconvertir, lamentablemente, habrá que ver cómo se los asiste desde otro lado. Este es un desafío que hay que pensar, en una Argentina que está cambiando en muchos aspectos.
Lo que pasa en Neuquén es un modelo espectacular, porque está la sociedad civil, el Gobierno, los sindicatos y las empresas todos ligados detrás de un gran proyecto, que es Vaca Muerta, que va a implicar el desarrollo de la provincia y todo su potencial geológico, pero que al mismo tiempo va a derramar en toda la sociedad.
Eso mismo hay que encontrar para toda la Argentina. Cada uno tiene que tener su proyecto de progreso, donde sienta que eso que está pasando le va a llegar, y si no le llega directamente, le llega a sus hijos.
Ese sueño puede ser una diagonal entre las dos Argentinas que siempre chocaron: la economía más cerrada, industrialista, y la más abierta, exportadora. El desafío es ver cómo trazamos esa diagonal para que empiecen a convivir.
—En el debate público actual, incluso impulsado por el Presidente, hay una mirada muy crítica sobre el viejo sistema empresario. Se habla de “empresarios prebendarios” o “empresaurios”. ¿Qué mirada tiene CIPPEC sobre esa controversia?
—En CIPPEC, y se va a ver en la cena, participan empresarios de todos los sectores: ganadores, perdedores y los que están en el medio, porque todos apuestan no solo por sus empresas, sino también por el país.
CIPPEC no presta servicio a una empresa ni a un sector. Hemos hecho recomendaciones a lo largo de la historia con total independencia. Tenemos un financiamiento diversificado: más de noventa empresas participan, pero representan solo una parte del total, el resto proviene de provincias y organismos multilaterales. Eso garantiza independencia y honestidad intelectual.
Desde CIPPEC siempre tuvimos la mirada de que Argentina no podía vivir de espaldas al mundo. En eso Latinoamérica ya cambió hace mucho tiempo, mientras Argentina venía tropezando.
Compartimos en algún punto la visión del Gobierno de que hay que integrarse al mundo, comerciar más, exportar más. Pero también es cierto que para el tango se necesitan dos.
No se le puede pedir a las empresas que compensen una ineficiencia sistémica con talento extraordinario. Tampoco se le puede pedir a los consumidores que paguen sobreprecios por protección.
La forma de hacerlo es tener bienes públicos de calidad: educación alineada a la demanda, infraestructura de escala global, un sistema impositivo razonable.
Argentina tiene un sistema impositivo muy distorsivo, con impuestos que se cobran incluso antes de facturar. Eso atenta contra la competitividad.
Los países que se desarrollaron ayudaron de manera horizontal, no necesariamente eligiendo ganadores. Nosotros en el pasado elegimos sectores que a veces no podían ser competitivos, y eso tampoco funcionó.
La clave es generar condiciones para que las empresas se integren al proceso de crecimiento.
—Ahora está Vaca Muerta como gran oportunidad. Hay un contexto internacional favorable para el agro y la minería, pero al mismo tiempo hay sectores como la industria con caídas fuertes. ¿Cómo se miran esas dos dinámicas desde CIPPEC?
—Argentina está atravesada por dos fuerzas. Una es la estabilización macroeconómica. Reducir la inflación suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los casos, muchas veces ha fracasado en el mundo y en Argentina, sobre todo.
Y la otra es una transformación del modelo económico, desde una economía muy cerrada y regulada hacia una más abierta y desregulada, con la expectativa de que eso genere más inversión, más empleo y más exportaciones.
En el medio hay muchos inconvenientes. Está la reconversión, que es la discusión que venimos teniendo, de cómo pasamos de la estructura vieja a la nueva sin destruir tanto valor, manteniendo nuestras empresas y no creando todo desde cero, porque eso es mucho más costoso y menos eficiente.
Al mismo tiempo está la estabilización macroeconómica, que es complicada. El Gobierno viene de atravesar una crisis el año pasado que le generó un freno en el proceso. La inflación empezó a subir, después a bajar, y eso dio como resultado una economía a dos velocidades: sectores ganadores creciendo mucho y sectores perdedores —muy intensivos en mano de obra, como comercio, industria y construcción— en retroceso.
Esto tiene que ver no solo con la transformación, sino también con que el proceso de estabilización tropezó con la crisis del año pasado. Afortunadamente no nos caímos, pero ahora cuesta volver a arrancar.
¿Dónde se ve la variable clave? En el crédito. No hay ninguna economía que pueda crecer sin crédito. Lo dijo el ministro Caputo hace algunos días: el crédito es fundamental para lubricar el crecimiento.
Infobae publicó que volvió a subir la mora. El sector bancario viene golpeado porque el crédito se frenó, y la economía necesita que vuelva a arrancar. Si eso ocurre, se va a reactivar el consumo, parte de la construcción y se van a empezar a recuperar los sectores más golpeados.
Si además logramos conectar los sectores perdedores con los ganadores —por ejemplo, como proveedores de bienes o servicios—, eso puede generar un efecto de arrastre.
Lo que pasa en Neuquén es un ejemplo claro: hay crecimiento, migración interna —cien familias por semana— y desarrollo urbano. Ese es el desafío para el resto del país.
—Este Gobierno parece más enfocado en remover obstáculos que en generar políticas activas de desarrollo. ¿Hay espacio para eso?
—Creo que el Gobierno tiene una agenda del presente, una agenda de lo urgente, muy ambiciosa por la complejidad de las reformas que está encarando: reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, infraestructura.
Y además tiene que estabilizar la economía, que es “apagar el incendio”. En ese contexto, es difícil pensar en políticas de desarrollo más sofisticadas, que implican ver cómo conquistar mercados, cómo aprovechar acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, cómo generar empleo a partir de eso.
Eso sería la etapa siguiente, la de “decorar la casa”.
Cuando se pide una reforma tributaria, es para eliminar impuestos distorsivos. Argentina tiene un récord mundial en ese sentido: impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, retenciones, sellos, que suman casi ocho puntos y medio del PBI. Eso no lo tiene ningún país.
Esos impuestos se exportan con los bienes y afectan la competitividad. Por eso hay empresas que se van a Uruguay, Paraguay o Australia. No es que acá sean ineficientes y allá eficientes: son las mismas empresas, pero con condiciones distintas.
El Gobierno dice: “déjenme que estoy apagando el incendio”. Y los empresarios dicen: “todavía no me hiciste la reforma tributaria y ya abriste la economía”.
En eso entiendo al Gobierno, pero también a los empresarios.
El tipo de cambio no está tan atrasado si uno lo compara históricamente, pero antes había menos impuestos, más crédito y energía más barata. Hoy las condiciones son distintas.
Las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero las pymes enfrentan tasas altísimas. En ese contexto, el dólar actual se siente.
Esa es la tensión. El Gobierno no puede ir más rápido por restricciones fiscales y políticas, y las empresas no pueden ajustar más de lo que ya lo están haciendo. Los dos tienen parte de razón.

—En esa agenda de “crecer o crecer”, ¿cuál sería el primer paso o qué reforma debería acordar la política o el llamado “círculo rojo”?
—Yo le digo “círculo CIPPEC”, que no es rojo, no es violeta, no es celeste ni amarillo. Es el ámbito donde estamos todos los que discutimos política pública en la Argentina.
Deberíamos tener algunos acuerdos básicos, muy básicos. Ya lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Perú. Hay cosas que no se discuten. En Perú se van los presidentes, pero no se va el presidente del Banco Central y la política monetaria no cambia.
No es que con ese acuerdo se come, se cura y se educa. Con eso apagás el incendio básico. Después tenés que ver cómo construís una casa arriba de eso. El problema es que en la Argentina tenemos un incendio cada dos años y no salimos de eso.
Si acordamos en estas tres cosas —que pueden ser más, pero al menos estas— que son bastante preideológicas en la mayoría de los países: respetar los contratos, mantener el equilibrio fiscal y que el Banco Central no sea una maquinita de imprimir pesos, eso no te garantiza que vas a crecer, pero sí que no se te incendia la casa cada dos años.
Respetar los contratos es clave. El RIGI es un contrato entre el Estado y las empresas, y hay que respetarlo. Después se puede discutir si se mantiene o no hacia adelante, pero lo firmado hay que cumplirlo.
Puede venir un Congreso y decir “no hay más RIGI”, pero no violar lo anterior. Eso es lo que da seguridad jurídica.
El equilibrio fiscal también es un punto en el que, incluso sectores de la oposición, empiezan a coincidir. Y lo tercero es no financiar al Tesoro con emisión.
Son acuerdos básicos, preideológicos. El Gobierno no podría oponerse, y la oposición podría adoptarlos para ser más competitiva.
—El tema es si la oposición, hoy representada en gran parte por el peronismo, está en condiciones de asumir esos compromisos.
—No sabemos cómo se va a configurar la oposición, porque eso cambia todo el tiempo. Hace algunos años era Juntos por el Cambio, después fue Milei, ahora vuelve a reconfigurarse.
El peronismo es un espacio muy amplio, muy diverso. Hay que ver cómo se ordena, quiénes son sus candidatos, si hay uno o varios liderazgos.
Más allá de eso, este tipo de acuerdos le convienen a todos los argentinos. No es una cuestión ideológica ni partidaria.
No digo que esto sea una religión ni que haya que imponerlo, pero sí que sería bueno para el Gobierno, para la oposición y para el país, porque evitaría crisis y permitiría empezar a pensar la agenda del futuro.
—CIPPEC trabaja hace años sobre temas como educación y sistema previsional, que la política suele postergar. ¿Puede la política incorporar esos temas?
—Yo noto cambios, sobre todo en el vínculo con las provincias y los gobernadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en varias provincias, con resultados muy interesantes.
Hay provincias que ya están pidiendo reformas educativas concretas. Eso muestra que, en la medida en que se pueda salir de la emergencia, se empieza a pensar en el largo plazo.
Creo que ese es el rol de CIPPEC: ayudar a implementar la agenda del presente para estabilizar la economía, promover acuerdos básicos y abrir el diálogo, pero al mismo tiempo empezar a pensar la agenda que viene.
Una vez que se apaguen los incendios, hay que construir una agenda superadora, que permita aprovechar el potencial de la Argentina: la cordillera, el agro, la energía, toda la cadena de valor asociada.
Los países que crecieron lo hicieron así. Con los mismos recursos naturales se puede ser Noruega o Nigeria.
Si esos recursos no se transforman en mejor educación, en mejores servicios públicos, en diversificación productiva, en más sectores que paguen buenos salarios, no hay desarrollo.
Cuanto más productividad, mejores salarios se pueden pagar. Y cuanto más sectores productivos y eficientes, mayor integración a la economía moderna.
El problema es que en Argentina estamos muy enfocados en la coyuntura. Yo mismo, que soy macroeconomista, lo reconozco: estamos entrenados para pensar en la urgencia, en el dólar, en la inflación, en el plan de estabilización.
Hoy la mayor contribución que puede hacer CIPPEC es no solo seguir pensando las reformas que ya están en agenda, sino empezar a trabajar en la agenda del futuro.
POLITICA
Gustavo Carrara: “El problema del trabajo es una preocupación central y es el eje de la cuestión social”

El trabajo que Cáritas, el brazo social de la Iglesia, realiza desde hace 70 años en el país es persistente y crece en los tiempos de crisis en la Argentina. Mientras el presidente Javier Milei celebra como un logro la sostenida baja de la inflación, el arzobispo de La Plata y presidente de la organización caritativa de la Iglesia, monseñor Gustavo Carrara, entiende que el freno a la suba de precios no es suficiente y advierte que existe “un parate en el financiamiento de obras y programas sociales y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, que consolida una pobreza multidimensional y estructural”.
“El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social”, define el arzobispo, que expresa la mirada de la Iglesia sobre la problemática que castiga a los sectores más vulnerables. Y amplía: “En un barrio, una persona puede haber recibido una mayor transferencia por la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva”, enumera, en una entrevista con para explicar los alcances de la principal colecta anual de la Iglesia.
Con los $14.230 millones recaudados en la colecta de 2025, Cáritas llevó adelante programas de educación, alimentos, prevención de adicciones, seguridad alimentaria, integración de barrios populares y atención en emergencias. En medio de la crisis actual, enfrenta la decisión del gobierno libertario de desfinanciar programas, como el de autoconstrucción de viviendas, que quedaron a mitad de camino y que la Iglesia intenta hoy retomar a partir de acuerdos con gobiernos provinciales, como los de Buenos Aires, Córdoba y Chubut.
-¿En qué contexto social se realiza esta colecta de Cáritas?
-La colecta anual de Cáritas es el 6 y 7 de junio, con el lema “70 años alentando la esperanza”. Tuvimos un encuentro en la Villa Marista de Luján y allí presentamos las líneas de acción para los próximos tres años, a partir de una escucha realizada en todo el país para relevar las inquietudes de 1320 comunidades. La principal preocupación es el tema del trabajo. No alcanza y existe el miedo a perder el empleo. Otros problemas son la salud mental, las adicciones, la ludopatía, la problemática del proyecto de vida y los suicidios que constatan las comunidades. A eso se suman los programas que venimos trabajando, como la primera infancia, la educación, las becas, la integración de los barrios populares y las villas.
–¿Cómo financia Cáritas sus programas de ayuda y promoción integral?
-Se financian con la recaudación de la colecta anual, con acuerdos con sectores privados y el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Un tercio de lo que se recauda va a las parroquias, otro tercio va a las diócesis y el tercio restante se asigna a Cáritas Nacional, con programas de intervención de distintas escalas. El año pasado se recibieron 190.000 donaciones y trabajan 50.000 voluntarios en todo el país.
-¿La problemática del empleo es mayor que en años anteriores?
-El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social. Si bien en algunas mediciones la pobreza por ingreso pudo haber bajado, sobre todo por la transferencia directa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, desde la perspectiva multidimensional se mantienen graves déficits. Una persona puede haber recibido más ingresos por la AUH, pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva en un barrio precario. Hay un parate en el financiamiento y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, lo que consolida una pobreza multidimensional y estructural.
—¿No es suficiente que haya bajado la inflación?
-No es suficiente para abordar una pobreza que es multidimensional. Claramente es muy bueno que baje la inflación y se sostenga esa baja. Pero si se pierden puestos de trabajo es muy preocupante, porque la gente no va a tener para comprar lo mínimo, aunque haya un descenso del índice inflacionario. El análisis tiene que ser integral. Puede haber crecimiento económico en un sector de la economía, pero no necesariamente eso genera mayor cantidad de empleos que reemplacen los puestos que se perdieron. Y se puede generar un crecimiento de empleo en torno de Vaca Muerta, pero la gente que perdió el empleo en el conurbano bonaerense no va a poder ir a trabajar allí. El análisis tiene que ser integral.
-Muchas veces se asocia la tarea de Cáritas a la asistencia en alimentos. ¿Hubo una reducción de la ayuda del Estado para el funcionamiento de comedores?
-Cáritas realiza asistencia directa, a través de los comedores, con donaciones que recibe en las parroquias y programas con el Estado que permiten comprar alimentos, aunque hoy existen menos espacios para ofrecer el servicio. La demanda ha crecido y se sostiene en las parroquias. Pero Cáritas no solo da de comer. Ha tenido programas de autoconstrucción de viviendas, con una perspectiva del desarrollo humano integral.
-¿Estos programas de autoconstrucción de viviendas se redujeron?
-Cáritas estaba construyendo 1200 viviendas en todo el país y el programa se frenó al pararse la obra pública. Tenían un fuerte impacto en comunidades muy pobres. Se llevaban adelante en acuerdos con el Estado nacional y se desfinanciaron. Algunas viviendas se hacen por aportes puntuales, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Italiana, para viviendas temporales y comunitarias destinadas a jóvenes de los Hogares de Cristo que han salido de la calle y del consumo.
-¿Hay canales de diálogo con el Gobierno para plantear estas preocupaciones?
-Sí, hay instancias de diálogo; la Iglesia siempre trata de tender puentes. Por la cuestión alimentaria hablamos con el Ministerio de Capital Humano; por la crisis del área de discapacidad conversamos con el Ministerio de Salud. Intentamos llevar las inquietudes de la gente a la que acompañamos.
—¿Qué respuestas encuentran?
-Distintos niveles de respuestas. En lo alimentario se ha sostenido el plan que el Ministerio de Capital Humano desarrollaba con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), con la conversión de comedores en centros de familia. El de autoconstrucción de viviendas se ha cortado e intentamos continuarlo con el financiamiento de gobiernos provinciales, como los Buenos Aires, Córdoba y Chubut, por ejemplo. En Salud y discapacidad se pudieron destrabar algunos pagos de prestaciones que ya se habían dado, pero aún falta aceitar este mecanismo, porque muchas instituciones siguen en jaque. Los cottolengos de Don Orione, por ejemplo, acompañan a 1200 personas muy frágiles y enfrentan situaciones extremadamente críticas.
-¿Los sectores vulnerables tienen capacidad para reclamar derechos?
-Hay que crecer en la conciencia de mirar a quienes no se pueden movilizar para demandar sus derechos. Asistimos a las marchas universitarias multitudinarias en defensa de la educación pública, un reclamo genuino y necesario, porque un país progresa si hay educación y trabajo. Pero hay personas que no pueden movilizarse para reclamar sus derechos y el área de discapacidad es una fragilidad a cuidar.
—¿Hay insensibilidad en el Gobierno frente a estos reclamos?
-El objetivo del Gobierno es mantener el déficit cero, equilibrar las cuentas y el presupuesto. Pero no se puede hacer eso dejando gente afuera. Habría que ver dónde hacer el ajuste, dónde se pueden liberar ciertos impuestos o retenciones, ver el modo adecuado. Los que más posibilidades tenemos debemos aportar más. El ajuste no puede ir por los que menos tienen. Es un tiempo complejo a nivel mundial.
-El arzobispo de Buenos Aires planteó estos temas en el tedeum, como el reclamo por el terrorismo en las redes, y el Presidente respondió que había sido un poco exagerado. ¿Cómo evalúa esa reacción?
-Hay un nivel de violencia innegable en las redes sociales. Y es difícil que ese nivel de violencia no se traslade después en acciones. Hay que mirar lo que fue entre los adolescentes el desafío viral, se tradujo en las escuelas, con escritos y amenazas. No tenemos que preguntarnos qué le pasa al adolescente, sino qué nos pasa a los adultos. Somos nosotros los responsables. La violencia que se da en las redes es real y se traduce después en acciones. También hay violencia en los barrios, en el Congreso de la Nación. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, dijo que bajemos todos esos niveles de violencia. Es la línea del papa León XIV, que llamó a “desarmar” el lenguaje.
-¿Cómo se está trabajando para lograr la visita del papa León XIV a la Argentina?
-En la Conferencia Episcopal estamos atentos y preparándonos interiormente para la visita, que no está confirmada oficialmente. Habría posibilidades e interpreto que irá acompañada del viaje a Perú, una tierra muy significativa para el Papa porque allí fue misionero. Cuando terminó más tarde su gestión de 12 años como superior de los agustinos en Roma decidió volver a Perú y Francisco lo nombró obispo. En el corazón del Santo Padre añora una vuelta a la diócesis de Chiclayo. Veremos si se anuncia la visita.
-¿Qué resultados puede tener la visita del Papa a la Argentina?
-La visita del Papa moviliza la fe del pueblo. Yo era adolescente cuando Juan Pablo II visitó por segunda vez la Argentina en 1987. Me acuerdo que recibíamos peregrinos de Uruguay y de otros países y la noche previa a la misa final dormí en la calle con otros jóvenes. Puede movilizar mucho la fe del pueblo y eso puede hacer mucho bien.
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POLITICA
Javier Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y anunció inversiones por US$8000 millones

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció este viernes una agenda de inversiones por US$8000 millones para investigación clínica en la Argentina durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo presentado junto al Ministerio de Salud de la Nación y con la participación del presidente Javier Milei.
El anuncio se realizó durante una audiencia en Casa Rosada encabezada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a representantes de la entidad que nuclea a compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores.
Participaron del encuentro el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de Merck & Co., Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.
Según informó CAEMe, el compromiso contempla promover que los laboratorios asociados concreten una inversión acumulada de US$8000 millones en investigación clínica entre 2026 y 2032. La iniciativa apunta a fortalecer una actividad que actualmente representa cerca del 50% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) realizada por el sector empresario argentino.
La entidad destacó que el desarrollo clínico es uno de los principales generadores de divisas vinculadas a la economía del conocimiento. De acuerdo con los datos difundidos, de cada diez dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación y desarrollo, 9,5 corresponden a investigación clínica, mientras que las compañías asociadas a CAEMe explican el 95% de esa inversión.
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Actualmente participan más de 50.000 pacientes en alrededor de 1000 estudios clínicos que se desarrollan en el país. Además, durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, una cifra que representó un incremento del 8% respecto del año anterior. El sector también genera más de 4000 nuevos contratos anuales en centros de investigación clínica.
Para la cámara empresaria, estos indicadores reflejan el crecimiento de una actividad que combina ciencia, tecnología, innovación y generación de divisas. En ese sentido, el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, afirmó que el acuerdo constituye “un hito para la salud y la ciencia en Argentina”.
“El acuerdo no solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, sostuvo el directivo.
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Desde la entidad señalaron que los fondos previstos permitirán continuar trabajando junto al Ministerio de Salud en iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema sanitario. Entre ellas mencionaron estímulos para centros de investigación, capacitación de profesionales de la salud e impulso de proyectos en hospitales públicos.
CAEMe también planteó que la expansión de la investigación clínica puede contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Según indicó, las empresas que patrocinan los estudios asumen los costos de atención integral de los pacientes participantes, lo que genera un ahorro para el sistema de salud y, al mismo tiempo, incrementa la exportación de servicios vinculados al sector.
Domingues Caetano señaló además que el programa de inversiones busca reforzar la posición internacional del país en materia de innovación. “Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal”, afirmó.
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El anuncio se produjo en un contexto de discusión sobre la política de propiedad intelectual vinculada al sector farmacéutico. En particular, coincide con el debate legislativo sobre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa respaldada por los laboratorios internacionales agrupados en CAEMe y que forma parte de los temas observados por Estados Unidos dentro de la agenda comercial bilateral.
La cámara sostiene que una mayor convergencia con estándares internacionales puede favorecer las inversiones en investigación y desarrollo, además de impulsar la innovación médica. Del otro lado, los laboratorios nacionales vienen expresando reparos sobre algunos aspectos del tratado y su posible impacto sobre la competencia, los medicamentos genéricos y el mercado local.
Aunque el encuentro entre Milei y las autoridades de CAEMe tuvo como eje principal la presentación de la agenda de inversiones, se desarrolló mientras el Gobierno mantiene abierta la discusión sobre el futuro del PCT, que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados pero todavía no tiene fecha definida para su tratamiento en el recinto.
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CAEMe destacó que la Argentina cuenta con ventajas competitivas para expandir la investigación clínica, entre ellas la calidad de sus científicos y la infraestructura profesional desarrollada durante décadas. Según la entidad, el objetivo es consolidar al país como un referente regional en investigación clínica, con impacto en generación de empleo, ingreso de divisas e innovación.
La cámara, que este año cumple un siglo de trayectoria, agrupa a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de investigación y desarrollo. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, sus compañías asociadas emplean a unas 9000 personas de manera directa y a más de 20.000 de forma indirecta, además de operar diez plantas productivas propias en el país.
Javier Milei, Mario Lugones, Medicamentos, Laboratorios
POLITICA
Milei se reunió con empresarios farmacéuticos para anunciar una inversión de US$8000 millones en el sector de la salud

El presidente Javier Milei se reunió este mediodía con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a laboratorios farmacéuticos asociados de todo el país, que presentó una iniciativa para invertir 8 mil millones de dólares en investigación clínica en el país, según confirmaron fuentes oficiales a .
Del encuentro también participó el ministro de Salud, Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
El anuncio llegó en medio de la tensión que provocó entre el Gobierno y los laboratorios farmacéuticos nacionales el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump. Los laboratorios argentinos rechazan la modificación y el oficialismo postergó sin fecha el tratamiento del tratado en el Congreso.
En la previa, el Presidente se vio el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En la Casa Rosada se mostraban expectantes en las horas previas a la reunión entre Milei y los empresarios farmacéuticos. “Las inversiones serán impulsadas por las empresas nucleadas en CAEME y permitirán consolidar al país como un polo regional de investigación biomédica, innovación y desarrollo científico”, señalaron.
Según consignaron fuentes de Balcarce 50, las empresas asociadas en CAEME “tienen la intención de impulsar” el programa de inversión en investigación clínica “durante los próximos seis años”.
Desde el Ejecutivo afirmaron que los empresarios apuestan a posicionar a la Argentina como “un hub regional de investigación clínica”. En concreto, los funcionarios confían en que la inversión podría generar “empleo calificado” y fomentar el “ingreso de divisas”, a través de la exportación de servicios científicos y tecnológicos. A su vez, apuestan a reforzar el desarrollo de la economía del conocimiento y el acceso temprano “a terapias innovadoras”.
Hoy, concurrieron a la audiencia con Milei el presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; Carlos Annes (Merck & Co.); María Pía Orihuela (Roche); Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb); Francisco García (Novartis); Maximiliano Gutiérrez (GlaxoSmithKline); Carolina López Camelo (Sanofi)y Agustina Ruiz Villamil (Pfizer).
Satisfechos, cerca de Milei afirman que la actividad moviliza “una amplia cadena de valor”, que integran desde profesionales de la salud, centros de investigación y laboratorios hasta proveedores tecnológicos y servicios especializados».
En Balcarce 50 consideran que la inversión propuesta “es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”.
En la cúpula del Ejecutivo había entusiasmo por el anuncio. “El sector salud es un actor central en la generación de empleo, inversión y desarrollo en el país”, indicaron allegados al Presidente.
CAEME había firmado el mes pasado un convenio para impulsar la investigación clínica en hospitales públicos porteños, a través del Ministerio de Salud de la Ciudad. Ese acuerdo establece un marco de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica para promover investigaciones clínicas bajo estándares internacionales de calidad, ética y seguridad.
El encuentro con Milei se desarrollará en el despacho presidencial. Allí, el primer mandatario recibió más temprano al empresario y filántropo británico Maurice Ostro, quien estaría interesado en invertir en centros de procesamiento de datos. Una hora después, Milei se reunió con una delegación de republicanos la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quienes llegaron acompañados por el embajador norteamericano, Peter Lamelas.
Recobrar la iniciativa
La serie de tres reuniones que Milei mantuvo hoy se dio en el final de una semana en la que el Gobierno buscó dejar atrás el último capítulo de la interna libertaria, que estuvo marcada por la pelea entre el asesor Santiago Caputo y al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, mano derecha de Karina Milei.
Tras los cruces en redes, Caputo y Menem volvieron a verse las caras el lunes pasado en la Casa Rosada. Fue en la reunión de Gabinete, que se dio luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, por el 25 de Mayo. El martes, en tanto, se reencontraron durante la reunión de la mesa política del oficialismo.
Según coinciden fuentes al tanto de las reuniones, el tema de la interna no se abordó. Milei, por su parte, intentó apaciguar los ánimos y ensayó gestos salomónicos para contentar a todos los sectores involucrados. Fue la forma en que encontró de dejar atrás el episodio, que se dio a cielo abierto.
Sin embargo, la feroz interna sigue latente. De hecho, en las últimas horas los tuiteros caputitas redoblaron su ofensiva contra la diputada nacional Lilia Lemoine, cercana al ala de Karina Milei y los Menem.
Ayer, el Presidente se presentó en el Latam Economic Fortum, evento organizado por el asesor financiero Darío Epstein -fundador de Research for Traders- y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad. Ante ese auditorio, reforzó el mensaje electoral con miras a 2027: defendió su gestión y atacó a la prensa. “Si no nos subimos al tren, se nos va la última oportunidad”, aseguró.
Maurice Ostro,Cecilia Devanna,Conforme a
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