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POLITICA

Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

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Luciano Laspina volvió a la escena pública desde un lugar distinto. Después de años en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, ahora ejerce el cargo de director ejecutivo del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una de las organizaciones más influyentes en la producción de políticas públicas en la Argentina. Desde ese rol, intenta correrse de la lógica partidaria sin abandonar el núcleo del debate: cómo ordenar una economía que lleva más de una década y media sin crecer.

El directivo habló a días de la cena anual de la entidad, que este año se presenta bajo una consigna tan simple como contundente: “Crecer o crecer”. El encuentro se realizará el lunes 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, magistrados, diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil. Allí, hablarán José Orlando, presidente de Consejo de Administración de CIPPEC, y Luciano Laspina.

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En una entrevista con Infobae, el flamante director ejecutivo resalta que no se trata de un eslogan sino de un diagnóstico estructural. Define esa idea como un “rezo laico”, una expresión que condensa el punto de partida de su análisis: la Argentina no genera empleo, acumula pobreza y atraviesa crisis recurrentes que impiden cualquier horizonte de desarrollo sostenido.

En ese marco, introduce un planteo que busca correrse de la grieta clásica. Sostiene que antes de discutir modelos económicos —más Estado o menos Estado, más apertura o más protección— el país necesita un conjunto de acuerdos básicos que eviten las crisis cíclicas. Los define como “preideológicos” y los reduce a tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central para financiar al Tesoro.

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La propuesta no es menor en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei avanza con un programa de estabilización y desregulación profunda, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre el rumbo económico y las herramientas elegidas. En ese escenario, la posibilidad de construir consensos aparece lejana. El propio Laspina reconoce que puede sonar “utópico”, pero sugiere que, por primera vez en años, podrían existir incentivos alineados para avanzar en ese sentido.

La entrevista también permite asomarse a una tensión central del momento económico. Por un lado, la estabilización macroeconómica, con la baja de la inflación como objetivo prioritario. Por otro, una transformación estructural que implica pasar de una economía cerrada y regulada a otra más abierta y competitiva. Ese proceso, advierte, genera una dinámica desigual: sectores que crecen con fuerza y otros —intensivos en empleo— que retroceden.

Hoy hay una economía a dos velocidades”, sintetiza. Y en ese diagnóstico incorpora una variable clave para entender el freno actual: la falta de crédito. Sin financiamiento, explica, no hay consumo ni inversión que permita recomponer a los sectores más golpeados, como la industria, el comercio o la construcción.

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En ese equilibrio inestable, Laspina evita alineamientos automáticos. Reconoce la lógica del Gobierno —“apagar el incendio” macroeconómico— pero también señala las limitaciones que enfrentan las empresas para adaptarse a una apertura rápida en un contexto de alta presión impositiva, costos financieros elevados y falta de infraestructura. “Los dos tienen parte de razón”, afirma, en una definición que intenta describir más que tomar partido.

Desde CIPPEC, su apuesta apunta a otro plano: pensar la transición sin destruir capacidades existentes. “Es mucho más eficiente reconvertir sobre los cimientos que empezar de cero sobre las ruinas”, plantea. La idea de fondo es encontrar una “diagonal” que permita integrar las dos tradiciones económicas de la Argentina —la industrial y la exportadora— y evitar una nueva reedición de esa tensión histórica.

En ese marco, la discusión de fondo vuelve a aparecer: si la política argentina está en condiciones de salir de la lógica de la urgencia permanente y avanzar en acuerdos mínimos que garanticen estabilidad. Para Laspina, ese es el punto de partida indispensable. No para asegurar el crecimiento, sino, al menos, para dejar de retroceder.

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La entrevista a Luciano Laspina

—Un nuevo rol después de haber sido diputado tantos años, diputado por el PRO. ¿Cómo fue ese paso del ámbito político al ámbito de una organización civil como CIPPEC?

—Sí, efectivamente estoy dirigiendo CIPPEC, que es el Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una institución que piensa políticas públicas en muchas áreas, básicamente desarrollo económico, desarrollo social, educación, gobierno y Estado, para tener un Estado más eficiente. Tiene muchísima reputación en Argentina, más de veintiséis años aportando al debate de políticas públicas. Han pasado más de mil investigadores por CIPPEC. Muchos están en el sector privado, otros han ido a la función pública en distintos gobiernos, de distinto signo político. La verdad que muy contento. Para mí es una forma de poder seguir aportando desde otro lugar, seguir en lo que me gusta, que son las políticas públicas, pero ahora desde la sociedad civil, sin estar en la trinchera de la pelea partidaria. En lo personal, feliz de poder hacer un aporte. Creo que hay mucho para pensar de la Argentina que viene, mucho para discutir, y esa es la razón de ser de CIPPEC.

—El lunes 20 se va a realizar la cena anual, el encuentro que toda la política, todo el círculo rojo, los periodistas y empresarios vamos habitualmente. Es un encuentro muy oportuno para discutir otros temas, aparte de los temas urgentes o de coyuntura. Este año se convoca bajo la consigna “Crecer o crecer”. ¿Qué significa este lema?

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—Es un lema que yo digo más que un lema es un rezo laico, porque es lo que necesita Argentina después de una década y media sin crecer, donde no hemos generado empleo, donde la pobreza ha ido creciendo.Lo que planteamos es que el crecimiento, sobre todo cuando tiene que generar inversiones, empleo de largo plazo, requiere de tener estabilidad en las reglas de juego.

Estabilidad en las reglas de juego requiere tener una serie de acuerdos básicos que eviten que Argentina tenga una crisis cada dos años, como ha tenido en promedio en los últimos quince. La última la tuvimos el año pasado en la crisis electoral. Vino el Tesoro americano, nos dio una mano y pudimos evitar una crisis, una megacrisis, una devaluación, y afortunadamente el Gobierno tuvo la habilidad de conseguir esa ayuda, porque si no hubiésemos tenido una crisis aún mayor, y eso es lo que tenemos que evitar.

CIPPEC es un ámbito de diálogo que junta a las fuerzas políticas de todos los sectores y vemos ahí, creo que esta vez, cierto campo para ponernos a pensar la Argentina del futuro, pero también quizás plantear una serie de acuerdos básicos, mínimos, de entendimientos entre distintos sectores de la política para que Argentina no tenga una crisis.

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Yo creo que eso debería ser un acuerdo muy chiquito, preideológico, que entre las principales fuerzas políticas en competencia digan:

-Vamos a garantizar la continuidad de los contratos. Básicamente, no queremos defaultear otra vez ni reestructurar y todas esas cosas que hace Argentina dos por tres.

-Queremos mantener el equilibrio fiscal, que es una bandera que incluso fuerzas más progresistas o del campo nacional y popular están empezando a abrazar.

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-No vamos a usar el Banco Central como quinta rueda del carro para imprimir pesos para darle al Tesoro, que es lo que genera la inflación a largo plazo.

Son tres acuerdos preideológicos muy parecidos a lo que hicieron Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso en el 2002, que a partir de ahí garantizó la estabilidad macroeconómica en Brasil.

Hoy hay campo fértil para lograr lo que nunca se logró, que nos pongamos de acuerdo en algo los argentinos, en esa lucha fratricida que muchas veces tenemos, porque esto es una bandera que el Gobierno nacional abrazaría sin ningún problema y porque yo creo que le serviría a la oposición para ser más competitiva.

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Si logramos eso va a ser muy bueno para los dos sectores, pero sobre todo para la Argentina.

—Hay un requisito previo, una condición, que es que las partes quieran aceptar sentarse en una misma mesa. No se está viendo mucho eso. Sobre todo de los dos sectores políticos más importantes o que polarizan la Argentina, ¿es posible ese acercamiento? Pienso en Milei o su gente, en Axel Kicillof, en Juan Grabois u otros dirigentes del peronismo.

—Sí, parece medio Argentina año verde, utópico. Primero doy una visión institucional y después puedo hacer más análisis político.

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Institucionalmente es un poco el rol de CIPPEC sentar a la mesa a muchos actores. Tampoco pretendemos que esto sea la única bandera. Parte de nuestro rezo laico para crecer es que no tengamos crisis, que podamos acordar en las cosas mínimas que evitan que haya una crisis, y ese es el rol de CIPPEC.

Ahora, al mismo tiempo, cuando veo las partes, creo que puede haber incentivos alineados esta vez, por distintas razones, para tener ese acuerdo que permita por lo menos —no digo estabilizar definitivamente la economía, no digo crecer— sino evitar crisis.

Y después, el resto, que lo definan las urnas: si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada; si queremos equilibrio fiscal con más impuestos y más gasto público, o un Estado más chico con menos impuestos.

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Pero por lo menos decir: bueno, sabemos que no tenemos una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, una crisis de deuda, que son las que cada dos años, en promedio, nos generan una turbulencia y nos hacen retroceder cinco casilleros.

—En una columna que usted publicó hace algunos días hablaba de la necesidad de construir sobre los cimientos de lo anterior y no sobre los escombros del sistema anterior. ¿Qué significa esa idea?

—Argentina está en un proceso de transformación muy importante. Viene de ser una economía muy cerrada, hiperregulada, y ahora se está abriendo al mundo, se está desregulando, y obviamente eso va a generar ganadores y perdedores.

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Hay un acuerdo, por lo menos en un pedazo importante de la sociedad e impulsado por el Gobierno, de que Argentina se tiene que integrar al mundo, y creemos desde CIPPEC que no hay país que haya crecido y desarrollado sin explotar la demanda global, sin salir a conquistar el mundo.

Hay todo un proceso de reconversión que hay que hacer. El punto es que es mucho más eficiente hacerlo sobre los cimientos de los que ya hay que sobre las ruinas. ¿En qué sentido? Más que quebrar todas nuestras empresas y que se fundan y empiece todo de cero, tratar de ver cómo hacemos para ayudar a reconvertir a las empresas.

Muchos lo van a hacer privadamente, tratando de rebuscárselas. El cinturón metalmecánico de la ciudad de Rosario ya está virando hacia Vaca Muerta, porque antes estaba enfocado en consumo masivo o en producción local y ahora está viendo cómo se suma a esa cadena de valor. Tenemos que ayudar a que eso ocurra.

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Esto no implica ni subsidiar ni subir aranceles, sino ver qué elementos necesitan, cómo adaptamos la política educativa, la infraestructura, la política financiera, para reconvertir la Argentina con nuestras empresas, nuestros empleados, el capital que ya tenemos invertido, las capacidades que se han creado para ir a esa nueva Argentina.

Los que no se puedan reconvertir, lamentablemente, habrá que ver cómo se los asiste desde otro lado. Este es un desafío que hay que pensar, en una Argentina que está cambiando en muchos aspectos.

Lo que pasa en Neuquén es un modelo espectacular, porque está la sociedad civil, el Gobierno, los sindicatos y las empresas todos ligados detrás de un gran proyecto, que es Vaca Muerta, que va a implicar el desarrollo de la provincia y todo su potencial geológico, pero que al mismo tiempo va a derramar en toda la sociedad.

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Eso mismo hay que encontrar para toda la Argentina. Cada uno tiene que tener su proyecto de progreso, donde sienta que eso que está pasando le va a llegar, y si no le llega directamente, le llega a sus hijos.

Ese sueño puede ser una diagonal entre las dos Argentinas que siempre chocaron: la economía más cerrada, industrialista, y la más abierta, exportadora. El desafío es ver cómo trazamos esa diagonal para que empiecen a convivir.

—En el debate público actual, incluso impulsado por el Presidente, hay una mirada muy crítica sobre el viejo sistema empresario. Se habla de “empresarios prebendarios” o “empresaurios”. ¿Qué mirada tiene CIPPEC sobre esa controversia?

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—En CIPPEC, y se va a ver en la cena, participan empresarios de todos los sectores: ganadores, perdedores y los que están en el medio, porque todos apuestan no solo por sus empresas, sino también por el país.

CIPPEC no presta servicio a una empresa ni a un sector. Hemos hecho recomendaciones a lo largo de la historia con total independencia. Tenemos un financiamiento diversificado: más de noventa empresas participan, pero representan solo una parte del total, el resto proviene de provincias y organismos multilaterales. Eso garantiza independencia y honestidad intelectual.

Desde CIPPEC siempre tuvimos la mirada de que Argentina no podía vivir de espaldas al mundo. En eso Latinoamérica ya cambió hace mucho tiempo, mientras Argentina venía tropezando.

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Compartimos en algún punto la visión del Gobierno de que hay que integrarse al mundo, comerciar más, exportar más. Pero también es cierto que para el tango se necesitan dos.

No se le puede pedir a las empresas que compensen una ineficiencia sistémica con talento extraordinario. Tampoco se le puede pedir a los consumidores que paguen sobreprecios por protección.

La forma de hacerlo es tener bienes públicos de calidad: educación alineada a la demanda, infraestructura de escala global, un sistema impositivo razonable.

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Argentina tiene un sistema impositivo muy distorsivo, con impuestos que se cobran incluso antes de facturar. Eso atenta contra la competitividad.

Los países que se desarrollaron ayudaron de manera horizontal, no necesariamente eligiendo ganadores. Nosotros en el pasado elegimos sectores que a veces no podían ser competitivos, y eso tampoco funcionó.

La clave es generar condiciones para que las empresas se integren al proceso de crecimiento.

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—Ahora está Vaca Muerta como gran oportunidad. Hay un contexto internacional favorable para el agro y la minería, pero al mismo tiempo hay sectores como la industria con caídas fuertes. ¿Cómo se miran esas dos dinámicas desde CIPPEC?

—Argentina está atravesada por dos fuerzas. Una es la estabilización macroeconómica. Reducir la inflación suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los casos, muchas veces ha fracasado en el mundo y en Argentina, sobre todo.

Y la otra es una transformación del modelo económico, desde una economía muy cerrada y regulada hacia una más abierta y desregulada, con la expectativa de que eso genere más inversión, más empleo y más exportaciones.

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En el medio hay muchos inconvenientes. Está la reconversión, que es la discusión que venimos teniendo, de cómo pasamos de la estructura vieja a la nueva sin destruir tanto valor, manteniendo nuestras empresas y no creando todo desde cero, porque eso es mucho más costoso y menos eficiente.

Al mismo tiempo está la estabilización macroeconómica, que es complicada. El Gobierno viene de atravesar una crisis el año pasado que le generó un freno en el proceso. La inflación empezó a subir, después a bajar, y eso dio como resultado una economía a dos velocidades: sectores ganadores creciendo mucho y sectores perdedores —muy intensivos en mano de obra, como comercio, industria y construcción— en retroceso.

Esto tiene que ver no solo con la transformación, sino también con que el proceso de estabilización tropezó con la crisis del año pasado. Afortunadamente no nos caímos, pero ahora cuesta volver a arrancar.

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¿Dónde se ve la variable clave? En el crédito. No hay ninguna economía que pueda crecer sin crédito. Lo dijo el ministro Caputo hace algunos días: el crédito es fundamental para lubricar el crecimiento.

Infobae publicó que volvió a subir la mora. El sector bancario viene golpeado porque el crédito se frenó, y la economía necesita que vuelva a arrancar. Si eso ocurre, se va a reactivar el consumo, parte de la construcción y se van a empezar a recuperar los sectores más golpeados.

Si además logramos conectar los sectores perdedores con los ganadores —por ejemplo, como proveedores de bienes o servicios—, eso puede generar un efecto de arrastre.

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Lo que pasa en Neuquén es un ejemplo claro: hay crecimiento, migración interna —cien familias por semana— y desarrollo urbano. Ese es el desafío para el resto del país.

—Este Gobierno parece más enfocado en remover obstáculos que en generar políticas activas de desarrollo. ¿Hay espacio para eso?

—Creo que el Gobierno tiene una agenda del presente, una agenda de lo urgente, muy ambiciosa por la complejidad de las reformas que está encarando: reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, infraestructura.

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Y además tiene que estabilizar la economía, que es “apagar el incendio”. En ese contexto, es difícil pensar en políticas de desarrollo más sofisticadas, que implican ver cómo conquistar mercados, cómo aprovechar acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, cómo generar empleo a partir de eso.

Eso sería la etapa siguiente, la de “decorar la casa”.

Cuando se pide una reforma tributaria, es para eliminar impuestos distorsivos. Argentina tiene un récord mundial en ese sentido: impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, retenciones, sellos, que suman casi ocho puntos y medio del PBI. Eso no lo tiene ningún país.

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Esos impuestos se exportan con los bienes y afectan la competitividad. Por eso hay empresas que se van a Uruguay, Paraguay o Australia. No es que acá sean ineficientes y allá eficientes: son las mismas empresas, pero con condiciones distintas.

El Gobierno dice: “déjenme que estoy apagando el incendio”. Y los empresarios dicen: “todavía no me hiciste la reforma tributaria y ya abriste la economía”.

En eso entiendo al Gobierno, pero también a los empresarios.

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El tipo de cambio no está tan atrasado si uno lo compara históricamente, pero antes había menos impuestos, más crédito y energía más barata. Hoy las condiciones son distintas.

Las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero las pymes enfrentan tasas altísimas. En ese contexto, el dólar actual se siente.

Esa es la tensión. El Gobierno no puede ir más rápido por restricciones fiscales y políticas, y las empresas no pueden ajustar más de lo que ya lo están haciendo. Los dos tienen parte de razón.

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—En esa agenda de “crecer o crecer”, ¿cuál sería el primer paso o qué reforma debería acordar la política o el llamado “círculo rojo”?

—Yo le digo “círculo CIPPEC”, que no es rojo, no es violeta, no es celeste ni amarillo. Es el ámbito donde estamos todos los que discutimos política pública en la Argentina.

Deberíamos tener algunos acuerdos básicos, muy básicos. Ya lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Perú. Hay cosas que no se discuten. En Perú se van los presidentes, pero no se va el presidente del Banco Central y la política monetaria no cambia.

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No es que con ese acuerdo se come, se cura y se educa. Con eso apagás el incendio básico. Después tenés que ver cómo construís una casa arriba de eso. El problema es que en la Argentina tenemos un incendio cada dos años y no salimos de eso.

Si acordamos en estas tres cosas —que pueden ser más, pero al menos estas— que son bastante preideológicas en la mayoría de los países: respetar los contratos, mantener el equilibrio fiscal y que el Banco Central no sea una maquinita de imprimir pesos, eso no te garantiza que vas a crecer, pero sí que no se te incendia la casa cada dos años.

Respetar los contratos es clave. El RIGI es un contrato entre el Estado y las empresas, y hay que respetarlo. Después se puede discutir si se mantiene o no hacia adelante, pero lo firmado hay que cumplirlo.

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Puede venir un Congreso y decir “no hay más RIGI”, pero no violar lo anterior. Eso es lo que da seguridad jurídica.

El equilibrio fiscal también es un punto en el que, incluso sectores de la oposición, empiezan a coincidir. Y lo tercero es no financiar al Tesoro con emisión.

Son acuerdos básicos, preideológicos. El Gobierno no podría oponerse, y la oposición podría adoptarlos para ser más competitiva.

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—El tema es si la oposición, hoy representada en gran parte por el peronismo, está en condiciones de asumir esos compromisos.

—No sabemos cómo se va a configurar la oposición, porque eso cambia todo el tiempo. Hace algunos años era Juntos por el Cambio, después fue Milei, ahora vuelve a reconfigurarse.

El peronismo es un espacio muy amplio, muy diverso. Hay que ver cómo se ordena, quiénes son sus candidatos, si hay uno o varios liderazgos.

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Más allá de eso, este tipo de acuerdos le convienen a todos los argentinos. No es una cuestión ideológica ni partidaria.

No digo que esto sea una religión ni que haya que imponerlo, pero sí que sería bueno para el Gobierno, para la oposición y para el país, porque evitaría crisis y permitiría empezar a pensar la agenda del futuro.

—CIPPEC trabaja hace años sobre temas como educación y sistema previsional, que la política suele postergar. ¿Puede la política incorporar esos temas?

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—Yo noto cambios, sobre todo en el vínculo con las provincias y los gobernadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en varias provincias, con resultados muy interesantes.

Hay provincias que ya están pidiendo reformas educativas concretas. Eso muestra que, en la medida en que se pueda salir de la emergencia, se empieza a pensar en el largo plazo.

Creo que ese es el rol de CIPPEC: ayudar a implementar la agenda del presente para estabilizar la economía, promover acuerdos básicos y abrir el diálogo, pero al mismo tiempo empezar a pensar la agenda que viene.

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Una vez que se apaguen los incendios, hay que construir una agenda superadora, que permita aprovechar el potencial de la Argentina: la cordillera, el agro, la energía, toda la cadena de valor asociada.

Los países que crecieron lo hicieron así. Con los mismos recursos naturales se puede ser Noruega o Nigeria.

Si esos recursos no se transforman en mejor educación, en mejores servicios públicos, en diversificación productiva, en más sectores que paguen buenos salarios, no hay desarrollo.

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Cuanto más productividad, mejores salarios se pueden pagar. Y cuanto más sectores productivos y eficientes, mayor integración a la economía moderna.

El problema es que en Argentina estamos muy enfocados en la coyuntura. Yo mismo, que soy macroeconomista, lo reconozco: estamos entrenados para pensar en la urgencia, en el dólar, en la inflación, en el plan de estabilización.

Hoy la mayor contribución que puede hacer CIPPEC es no solo seguir pensando las reformas que ya están en agenda, sino empezar a trabajar en la agenda del futuro.

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POLITICA

Diputados: el oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto que recorta el alcance de los subsidios por “zona fría”

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Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo dictaminó el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, titulada “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.

El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia.

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Fue durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. Los libertarios Facundo Correa Llano y Alberto “Bertie” Benegas Lynch condujeron el debate como titulares de las respectivas comisiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier MileiPresidencia

La propuesta quedó en condiciones para debatirse en el recinto de Diputados. El oficialismo ya piensa en una sesión para la próxima semana con este y otros temas que ya cuentan con dictamen, como “Hojarasca” y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Del plenario participaron como informantes la secretaria de Energía, María Tettamanti y el subsecretario Damián Sanfilippo.

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“El Estado nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”, sostuvo Tettamanti. “Queremos es que quienes pueden pagar la energía, la paguen, y que quienes no pueden seguir haciéndolo reciban ayuda”, resumió.

El peronismo encabezó las críticas al proyecto oficial. Julia Strada (UP) cuestionó que el Gobierno atribuya la mejora del frente energético únicamente al equilibrio fiscal y remarcó que el aumento de las exportaciones fue posible gracias a inversiones e infraestructura realizadas en años anteriores. “Uno no exporta US$5700 millones de un año al otro por arte de magia”, afirmó.

Máximo Kirchner junto a Germán Martínez Hernán Zenteno

El dictamen de UP busca sostener el régimen actual de zonas frías y crear una tarifa eléctrica diferencial para el norte argentino. También planteó mecanismos de compensación de deudas con Cammesa para provincias y municipios -sin incluir a Edenor y Edesur- y extender por diez años las exenciones para energías renovables, con el objetivo de que alcancen el 30% de la matriz energética. Además, reclamó al Gobierno un plan federal de infraestructura energética.

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El Poder Ejecutivo, en cambio, busca con su propuesta desarmar la ampliación dispuesta por el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.

Silvana Giudici (LLA) lo puso en números. Explicó que esa ampliación incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, “subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos”. De esas zonas ampliadas, señaló, el 60% de la población tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos.

Muchos de los que hoy acompañaron los recortes apoyaron el proyecto de Kirchner en 2021, como los mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, así como el sanjuanino Marcelo Orrego. Estos últimos hoy son gobernadores de sus provincias.

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La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, de UP.

La provincia de Buenos Aires es la más afectada por los recortes propuestos por el Poder Ejecutivo
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Prensa PBA

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas. El despacho de mayoría agregó un nuevo grupo a los beneficiarios. Ahora, si en un hogar vive alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podrán acceder al subsidio por zona fría en las regiones donde este ya no es automático.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen. Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio automático del 50%. Hasta ahora, la bonificación se aplica sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.

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Cuando era legislador, Cornejo votó a favor de la ampliación de Zonas Frías; hoy sus diputados firmaron el dictamen oficial en disidenciaSoledad Aznarez

La santacruceña Ana María Ianni (UP) cuestionó este recorte del subsidio automático a la zona fría y advirtió que el proyecto elimina el “piso legal” del 50% de descuento que tenían los usuarios patagónicos para dejarlo “al arbitrio de la firma de un ministro”.

El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Gustavo Sáenz (Salta). “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.

La propuesta del gobierno también modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.

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El financiamiento del régimen de Zona Fría seguirá siendo solventado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas a través del recargo de 7,5% en las facturas finales. El proyecto establece que el recargo en las facturas que reciben todos los hogares del país para financiar el esquema de subsidio podrá ser ajustado por el Poder Ejecutivo -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.

La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.

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Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

Puntualmente establece una prórroga a la ley 27.191 de energías renovables y propone la eliminación del decreto 929/2013, que fijó un régimen de promoción para Vaca Muerta que permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de la producción a partir de inversiones de 250 millones de dólares.

Tettamanti defendió mantener la estabilidad tributaria para los proyectos de energías renovables. Señaló que actualmente representan cerca del 20% de la generación eléctrica del país y destacó que son la fuente que más rápidamente incorpora nueva potencia al sistema.

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El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.




reformar,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,Delfina Celichini,Conforme a

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Reforma política: a diferencia de la Casa Rosada, un senador oficialista dijo que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”

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En un intento de calmar las aguas con sectores dialoguistas, el senador oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego), blanqueó que “no hay ninguna intención de tratar todo junto” el proyecto y se diferenció de la postura de la Casa Rosada, que ordenó no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que piden aliados.

La iniciativa en cuestión tiene, como uno de los objetivos principales, dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También activa cambios profundos sobre el financiamiento, modificaciones extra en la Boleta Única de Papel (BUP) y suba de umbrales en afiliados y votos para la supervivencia de partidos políticos.

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Tras la exposición de la asesora del Ministerio del Interior Luz Landívar, el radical Flavio Fama (Catamarca) consultó sobre la “vocación” real de La Libertad Avanza (LLA) para analizar el texto “unificado”, o la posibilidad de debatir varios en simultáneo. Es decir, abrir el juego. “Quizá sea conveniente no tener todos los compartimientos en una misma habitación”, planteó el legislador.

Coto manifestó que “sin duda alguna, en próximas reuniones” se podrá “trabajar en diferentes proyectos”, y que “no hay ninguna intención de tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”. “Hoy íbamos a dar esa información”, agregó.

De esta manera, ratificó lo que días atrás deslizó a un medio nacional la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que no responde a los deseos de Balcarce 50. A pesar de todo esto, en los sectores aliados desconfían de las volteretas libertarias y aguardarán a los próximos encuentros para saber, de forma fehaciente, hasta dónde está dispuesto a negociar el mileísmo.

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (RS Fotos)

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich eligió una especie de avenida del medio y, para no confrontar con los deseos del Ejecutivo, y sugirió contemplar “en una reunión un par de capítulos, para profundizarlos y poder avanzar”, y “luego otros, ya que son seis”. Entiéndase por esto: ni una cosa, ni la otra. Por ende, alejada ahora de Coto, que quedó en soledad.

Este tipo de situaciones son normales en algunas narrativas de La Libertad Avanza: confundir con un mix de declaraciones y aprovechar pequeñas hendijas para lograr la meta. La percepción de senadores experimentados es que toda esta puja seguirá por un buen tiempo.

Detalles de la ley

En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

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Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

La asesora electoral del Ministerio del Interior Luz Landívar

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

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Noticia en desarrollo…

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POLITICA

Financiamiento universitario: la Corte le dio ingreso al caso, pero no tiene fecha para resolver y la UBA reclama celeridad

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La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.

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La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.

Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.

Los jueces supremos Rosenkrantz, Rosatti y LorenzettiCSJN

En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.

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El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.

El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.

El juez Martín CormickCaptura

“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.

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Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.

“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.

Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.

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El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.

El camino de la ley

La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.

En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.

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El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.

El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.

El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.

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