POLITICA
Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

Luciano Laspina volvió a la escena pública desde un lugar distinto. Después de años en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, ahora ejerce el cargo de director ejecutivo del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una de las organizaciones más influyentes en la producción de políticas públicas en la Argentina. Desde ese rol, intenta correrse de la lógica partidaria sin abandonar el núcleo del debate: cómo ordenar una economía que lleva más de una década y media sin crecer.
El directivo habló a días de la cena anual de la entidad, que este año se presenta bajo una consigna tan simple como contundente: “Crecer o crecer”. El encuentro se realizará el lunes 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, magistrados, diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil. Allí, hablarán José Orlando, presidente de Consejo de Administración de CIPPEC, y Luciano Laspina.
En una entrevista con Infobae, el flamante director ejecutivo resalta que no se trata de un eslogan sino de un diagnóstico estructural. Define esa idea como un “rezo laico”, una expresión que condensa el punto de partida de su análisis: la Argentina no genera empleo, acumula pobreza y atraviesa crisis recurrentes que impiden cualquier horizonte de desarrollo sostenido.
En ese marco, introduce un planteo que busca correrse de la grieta clásica. Sostiene que antes de discutir modelos económicos —más Estado o menos Estado, más apertura o más protección— el país necesita un conjunto de acuerdos básicos que eviten las crisis cíclicas. Los define como “preideológicos” y los reduce a tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central para financiar al Tesoro.
La propuesta no es menor en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei avanza con un programa de estabilización y desregulación profunda, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre el rumbo económico y las herramientas elegidas. En ese escenario, la posibilidad de construir consensos aparece lejana. El propio Laspina reconoce que puede sonar “utópico”, pero sugiere que, por primera vez en años, podrían existir incentivos alineados para avanzar en ese sentido.
La entrevista también permite asomarse a una tensión central del momento económico. Por un lado, la estabilización macroeconómica, con la baja de la inflación como objetivo prioritario. Por otro, una transformación estructural que implica pasar de una economía cerrada y regulada a otra más abierta y competitiva. Ese proceso, advierte, genera una dinámica desigual: sectores que crecen con fuerza y otros —intensivos en empleo— que retroceden.
“Hoy hay una economía a dos velocidades”, sintetiza. Y en ese diagnóstico incorpora una variable clave para entender el freno actual: la falta de crédito. Sin financiamiento, explica, no hay consumo ni inversión que permita recomponer a los sectores más golpeados, como la industria, el comercio o la construcción.
En ese equilibrio inestable, Laspina evita alineamientos automáticos. Reconoce la lógica del Gobierno —“apagar el incendio” macroeconómico— pero también señala las limitaciones que enfrentan las empresas para adaptarse a una apertura rápida en un contexto de alta presión impositiva, costos financieros elevados y falta de infraestructura. “Los dos tienen parte de razón”, afirma, en una definición que intenta describir más que tomar partido.
Desde CIPPEC, su apuesta apunta a otro plano: pensar la transición sin destruir capacidades existentes. “Es mucho más eficiente reconvertir sobre los cimientos que empezar de cero sobre las ruinas”, plantea. La idea de fondo es encontrar una “diagonal” que permita integrar las dos tradiciones económicas de la Argentina —la industrial y la exportadora— y evitar una nueva reedición de esa tensión histórica.
En ese marco, la discusión de fondo vuelve a aparecer: si la política argentina está en condiciones de salir de la lógica de la urgencia permanente y avanzar en acuerdos mínimos que garanticen estabilidad. Para Laspina, ese es el punto de partida indispensable. No para asegurar el crecimiento, sino, al menos, para dejar de retroceder.
La entrevista a Luciano Laspina
—Un nuevo rol después de haber sido diputado tantos años, diputado por el PRO. ¿Cómo fue ese paso del ámbito político al ámbito de una organización civil como CIPPEC?
—Sí, efectivamente estoy dirigiendo CIPPEC, que es el Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una institución que piensa políticas públicas en muchas áreas, básicamente desarrollo económico, desarrollo social, educación, gobierno y Estado, para tener un Estado más eficiente. Tiene muchísima reputación en Argentina, más de veintiséis años aportando al debate de políticas públicas. Han pasado más de mil investigadores por CIPPEC. Muchos están en el sector privado, otros han ido a la función pública en distintos gobiernos, de distinto signo político. La verdad que muy contento. Para mí es una forma de poder seguir aportando desde otro lugar, seguir en lo que me gusta, que son las políticas públicas, pero ahora desde la sociedad civil, sin estar en la trinchera de la pelea partidaria. En lo personal, feliz de poder hacer un aporte. Creo que hay mucho para pensar de la Argentina que viene, mucho para discutir, y esa es la razón de ser de CIPPEC.
—El lunes 20 se va a realizar la cena anual, el encuentro que toda la política, todo el círculo rojo, los periodistas y empresarios vamos habitualmente. Es un encuentro muy oportuno para discutir otros temas, aparte de los temas urgentes o de coyuntura. Este año se convoca bajo la consigna “Crecer o crecer”. ¿Qué significa este lema?
—Es un lema que yo digo más que un lema es un rezo laico, porque es lo que necesita Argentina después de una década y media sin crecer, donde no hemos generado empleo, donde la pobreza ha ido creciendo.Lo que planteamos es que el crecimiento, sobre todo cuando tiene que generar inversiones, empleo de largo plazo, requiere de tener estabilidad en las reglas de juego.
Estabilidad en las reglas de juego requiere tener una serie de acuerdos básicos que eviten que Argentina tenga una crisis cada dos años, como ha tenido en promedio en los últimos quince. La última la tuvimos el año pasado en la crisis electoral. Vino el Tesoro americano, nos dio una mano y pudimos evitar una crisis, una megacrisis, una devaluación, y afortunadamente el Gobierno tuvo la habilidad de conseguir esa ayuda, porque si no hubiésemos tenido una crisis aún mayor, y eso es lo que tenemos que evitar.
CIPPEC es un ámbito de diálogo que junta a las fuerzas políticas de todos los sectores y vemos ahí, creo que esta vez, cierto campo para ponernos a pensar la Argentina del futuro, pero también quizás plantear una serie de acuerdos básicos, mínimos, de entendimientos entre distintos sectores de la política para que Argentina no tenga una crisis.
Yo creo que eso debería ser un acuerdo muy chiquito, preideológico, que entre las principales fuerzas políticas en competencia digan:
-Vamos a garantizar la continuidad de los contratos. Básicamente, no queremos defaultear otra vez ni reestructurar y todas esas cosas que hace Argentina dos por tres.
-Queremos mantener el equilibrio fiscal, que es una bandera que incluso fuerzas más progresistas o del campo nacional y popular están empezando a abrazar.
-No vamos a usar el Banco Central como quinta rueda del carro para imprimir pesos para darle al Tesoro, que es lo que genera la inflación a largo plazo.
Son tres acuerdos preideológicos muy parecidos a lo que hicieron Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso en el 2002, que a partir de ahí garantizó la estabilidad macroeconómica en Brasil.
Hoy hay campo fértil para lograr lo que nunca se logró, que nos pongamos de acuerdo en algo los argentinos, en esa lucha fratricida que muchas veces tenemos, porque esto es una bandera que el Gobierno nacional abrazaría sin ningún problema y porque yo creo que le serviría a la oposición para ser más competitiva.
Si logramos eso va a ser muy bueno para los dos sectores, pero sobre todo para la Argentina.
—Hay un requisito previo, una condición, que es que las partes quieran aceptar sentarse en una misma mesa. No se está viendo mucho eso. Sobre todo de los dos sectores políticos más importantes o que polarizan la Argentina, ¿es posible ese acercamiento? Pienso en Milei o su gente, en Axel Kicillof, en Juan Grabois u otros dirigentes del peronismo.
—Sí, parece medio Argentina año verde, utópico. Primero doy una visión institucional y después puedo hacer más análisis político.
Institucionalmente es un poco el rol de CIPPEC sentar a la mesa a muchos actores. Tampoco pretendemos que esto sea la única bandera. Parte de nuestro rezo laico para crecer es que no tengamos crisis, que podamos acordar en las cosas mínimas que evitan que haya una crisis, y ese es el rol de CIPPEC.
Ahora, al mismo tiempo, cuando veo las partes, creo que puede haber incentivos alineados esta vez, por distintas razones, para tener ese acuerdo que permita por lo menos —no digo estabilizar definitivamente la economía, no digo crecer— sino evitar crisis.
Y después, el resto, que lo definan las urnas: si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada; si queremos equilibrio fiscal con más impuestos y más gasto público, o un Estado más chico con menos impuestos.
Pero por lo menos decir: bueno, sabemos que no tenemos una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, una crisis de deuda, que son las que cada dos años, en promedio, nos generan una turbulencia y nos hacen retroceder cinco casilleros.

—En una columna que usted publicó hace algunos días hablaba de la necesidad de construir sobre los cimientos de lo anterior y no sobre los escombros del sistema anterior. ¿Qué significa esa idea?
—Argentina está en un proceso de transformación muy importante. Viene de ser una economía muy cerrada, hiperregulada, y ahora se está abriendo al mundo, se está desregulando, y obviamente eso va a generar ganadores y perdedores.
Hay un acuerdo, por lo menos en un pedazo importante de la sociedad e impulsado por el Gobierno, de que Argentina se tiene que integrar al mundo, y creemos desde CIPPEC que no hay país que haya crecido y desarrollado sin explotar la demanda global, sin salir a conquistar el mundo.
Hay todo un proceso de reconversión que hay que hacer. El punto es que es mucho más eficiente hacerlo sobre los cimientos de los que ya hay que sobre las ruinas. ¿En qué sentido? Más que quebrar todas nuestras empresas y que se fundan y empiece todo de cero, tratar de ver cómo hacemos para ayudar a reconvertir a las empresas.
Muchos lo van a hacer privadamente, tratando de rebuscárselas. El cinturón metalmecánico de la ciudad de Rosario ya está virando hacia Vaca Muerta, porque antes estaba enfocado en consumo masivo o en producción local y ahora está viendo cómo se suma a esa cadena de valor. Tenemos que ayudar a que eso ocurra.
Esto no implica ni subsidiar ni subir aranceles, sino ver qué elementos necesitan, cómo adaptamos la política educativa, la infraestructura, la política financiera, para reconvertir la Argentina con nuestras empresas, nuestros empleados, el capital que ya tenemos invertido, las capacidades que se han creado para ir a esa nueva Argentina.
Los que no se puedan reconvertir, lamentablemente, habrá que ver cómo se los asiste desde otro lado. Este es un desafío que hay que pensar, en una Argentina que está cambiando en muchos aspectos.
Lo que pasa en Neuquén es un modelo espectacular, porque está la sociedad civil, el Gobierno, los sindicatos y las empresas todos ligados detrás de un gran proyecto, que es Vaca Muerta, que va a implicar el desarrollo de la provincia y todo su potencial geológico, pero que al mismo tiempo va a derramar en toda la sociedad.
Eso mismo hay que encontrar para toda la Argentina. Cada uno tiene que tener su proyecto de progreso, donde sienta que eso que está pasando le va a llegar, y si no le llega directamente, le llega a sus hijos.
Ese sueño puede ser una diagonal entre las dos Argentinas que siempre chocaron: la economía más cerrada, industrialista, y la más abierta, exportadora. El desafío es ver cómo trazamos esa diagonal para que empiecen a convivir.
—En el debate público actual, incluso impulsado por el Presidente, hay una mirada muy crítica sobre el viejo sistema empresario. Se habla de “empresarios prebendarios” o “empresaurios”. ¿Qué mirada tiene CIPPEC sobre esa controversia?
—En CIPPEC, y se va a ver en la cena, participan empresarios de todos los sectores: ganadores, perdedores y los que están en el medio, porque todos apuestan no solo por sus empresas, sino también por el país.
CIPPEC no presta servicio a una empresa ni a un sector. Hemos hecho recomendaciones a lo largo de la historia con total independencia. Tenemos un financiamiento diversificado: más de noventa empresas participan, pero representan solo una parte del total, el resto proviene de provincias y organismos multilaterales. Eso garantiza independencia y honestidad intelectual.
Desde CIPPEC siempre tuvimos la mirada de que Argentina no podía vivir de espaldas al mundo. En eso Latinoamérica ya cambió hace mucho tiempo, mientras Argentina venía tropezando.
Compartimos en algún punto la visión del Gobierno de que hay que integrarse al mundo, comerciar más, exportar más. Pero también es cierto que para el tango se necesitan dos.
No se le puede pedir a las empresas que compensen una ineficiencia sistémica con talento extraordinario. Tampoco se le puede pedir a los consumidores que paguen sobreprecios por protección.
La forma de hacerlo es tener bienes públicos de calidad: educación alineada a la demanda, infraestructura de escala global, un sistema impositivo razonable.
Argentina tiene un sistema impositivo muy distorsivo, con impuestos que se cobran incluso antes de facturar. Eso atenta contra la competitividad.
Los países que se desarrollaron ayudaron de manera horizontal, no necesariamente eligiendo ganadores. Nosotros en el pasado elegimos sectores que a veces no podían ser competitivos, y eso tampoco funcionó.
La clave es generar condiciones para que las empresas se integren al proceso de crecimiento.
—Ahora está Vaca Muerta como gran oportunidad. Hay un contexto internacional favorable para el agro y la minería, pero al mismo tiempo hay sectores como la industria con caídas fuertes. ¿Cómo se miran esas dos dinámicas desde CIPPEC?
—Argentina está atravesada por dos fuerzas. Una es la estabilización macroeconómica. Reducir la inflación suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los casos, muchas veces ha fracasado en el mundo y en Argentina, sobre todo.
Y la otra es una transformación del modelo económico, desde una economía muy cerrada y regulada hacia una más abierta y desregulada, con la expectativa de que eso genere más inversión, más empleo y más exportaciones.
En el medio hay muchos inconvenientes. Está la reconversión, que es la discusión que venimos teniendo, de cómo pasamos de la estructura vieja a la nueva sin destruir tanto valor, manteniendo nuestras empresas y no creando todo desde cero, porque eso es mucho más costoso y menos eficiente.
Al mismo tiempo está la estabilización macroeconómica, que es complicada. El Gobierno viene de atravesar una crisis el año pasado que le generó un freno en el proceso. La inflación empezó a subir, después a bajar, y eso dio como resultado una economía a dos velocidades: sectores ganadores creciendo mucho y sectores perdedores —muy intensivos en mano de obra, como comercio, industria y construcción— en retroceso.
Esto tiene que ver no solo con la transformación, sino también con que el proceso de estabilización tropezó con la crisis del año pasado. Afortunadamente no nos caímos, pero ahora cuesta volver a arrancar.
¿Dónde se ve la variable clave? En el crédito. No hay ninguna economía que pueda crecer sin crédito. Lo dijo el ministro Caputo hace algunos días: el crédito es fundamental para lubricar el crecimiento.
Infobae publicó que volvió a subir la mora. El sector bancario viene golpeado porque el crédito se frenó, y la economía necesita que vuelva a arrancar. Si eso ocurre, se va a reactivar el consumo, parte de la construcción y se van a empezar a recuperar los sectores más golpeados.
Si además logramos conectar los sectores perdedores con los ganadores —por ejemplo, como proveedores de bienes o servicios—, eso puede generar un efecto de arrastre.
Lo que pasa en Neuquén es un ejemplo claro: hay crecimiento, migración interna —cien familias por semana— y desarrollo urbano. Ese es el desafío para el resto del país.
—Este Gobierno parece más enfocado en remover obstáculos que en generar políticas activas de desarrollo. ¿Hay espacio para eso?
—Creo que el Gobierno tiene una agenda del presente, una agenda de lo urgente, muy ambiciosa por la complejidad de las reformas que está encarando: reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, infraestructura.
Y además tiene que estabilizar la economía, que es “apagar el incendio”. En ese contexto, es difícil pensar en políticas de desarrollo más sofisticadas, que implican ver cómo conquistar mercados, cómo aprovechar acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, cómo generar empleo a partir de eso.
Eso sería la etapa siguiente, la de “decorar la casa”.
Cuando se pide una reforma tributaria, es para eliminar impuestos distorsivos. Argentina tiene un récord mundial en ese sentido: impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, retenciones, sellos, que suman casi ocho puntos y medio del PBI. Eso no lo tiene ningún país.
Esos impuestos se exportan con los bienes y afectan la competitividad. Por eso hay empresas que se van a Uruguay, Paraguay o Australia. No es que acá sean ineficientes y allá eficientes: son las mismas empresas, pero con condiciones distintas.
El Gobierno dice: “déjenme que estoy apagando el incendio”. Y los empresarios dicen: “todavía no me hiciste la reforma tributaria y ya abriste la economía”.
En eso entiendo al Gobierno, pero también a los empresarios.
El tipo de cambio no está tan atrasado si uno lo compara históricamente, pero antes había menos impuestos, más crédito y energía más barata. Hoy las condiciones son distintas.
Las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero las pymes enfrentan tasas altísimas. En ese contexto, el dólar actual se siente.
Esa es la tensión. El Gobierno no puede ir más rápido por restricciones fiscales y políticas, y las empresas no pueden ajustar más de lo que ya lo están haciendo. Los dos tienen parte de razón.

—En esa agenda de “crecer o crecer”, ¿cuál sería el primer paso o qué reforma debería acordar la política o el llamado “círculo rojo”?
—Yo le digo “círculo CIPPEC”, que no es rojo, no es violeta, no es celeste ni amarillo. Es el ámbito donde estamos todos los que discutimos política pública en la Argentina.
Deberíamos tener algunos acuerdos básicos, muy básicos. Ya lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Perú. Hay cosas que no se discuten. En Perú se van los presidentes, pero no se va el presidente del Banco Central y la política monetaria no cambia.
No es que con ese acuerdo se come, se cura y se educa. Con eso apagás el incendio básico. Después tenés que ver cómo construís una casa arriba de eso. El problema es que en la Argentina tenemos un incendio cada dos años y no salimos de eso.
Si acordamos en estas tres cosas —que pueden ser más, pero al menos estas— que son bastante preideológicas en la mayoría de los países: respetar los contratos, mantener el equilibrio fiscal y que el Banco Central no sea una maquinita de imprimir pesos, eso no te garantiza que vas a crecer, pero sí que no se te incendia la casa cada dos años.
Respetar los contratos es clave. El RIGI es un contrato entre el Estado y las empresas, y hay que respetarlo. Después se puede discutir si se mantiene o no hacia adelante, pero lo firmado hay que cumplirlo.
Puede venir un Congreso y decir “no hay más RIGI”, pero no violar lo anterior. Eso es lo que da seguridad jurídica.
El equilibrio fiscal también es un punto en el que, incluso sectores de la oposición, empiezan a coincidir. Y lo tercero es no financiar al Tesoro con emisión.
Son acuerdos básicos, preideológicos. El Gobierno no podría oponerse, y la oposición podría adoptarlos para ser más competitiva.
—El tema es si la oposición, hoy representada en gran parte por el peronismo, está en condiciones de asumir esos compromisos.
—No sabemos cómo se va a configurar la oposición, porque eso cambia todo el tiempo. Hace algunos años era Juntos por el Cambio, después fue Milei, ahora vuelve a reconfigurarse.
El peronismo es un espacio muy amplio, muy diverso. Hay que ver cómo se ordena, quiénes son sus candidatos, si hay uno o varios liderazgos.
Más allá de eso, este tipo de acuerdos le convienen a todos los argentinos. No es una cuestión ideológica ni partidaria.
No digo que esto sea una religión ni que haya que imponerlo, pero sí que sería bueno para el Gobierno, para la oposición y para el país, porque evitaría crisis y permitiría empezar a pensar la agenda del futuro.
—CIPPEC trabaja hace años sobre temas como educación y sistema previsional, que la política suele postergar. ¿Puede la política incorporar esos temas?
—Yo noto cambios, sobre todo en el vínculo con las provincias y los gobernadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en varias provincias, con resultados muy interesantes.
Hay provincias que ya están pidiendo reformas educativas concretas. Eso muestra que, en la medida en que se pueda salir de la emergencia, se empieza a pensar en el largo plazo.
Creo que ese es el rol de CIPPEC: ayudar a implementar la agenda del presente para estabilizar la economía, promover acuerdos básicos y abrir el diálogo, pero al mismo tiempo empezar a pensar la agenda que viene.
Una vez que se apaguen los incendios, hay que construir una agenda superadora, que permita aprovechar el potencial de la Argentina: la cordillera, el agro, la energía, toda la cadena de valor asociada.
Los países que crecieron lo hicieron así. Con los mismos recursos naturales se puede ser Noruega o Nigeria.
Si esos recursos no se transforman en mejor educación, en mejores servicios públicos, en diversificación productiva, en más sectores que paguen buenos salarios, no hay desarrollo.
Cuanto más productividad, mejores salarios se pueden pagar. Y cuanto más sectores productivos y eficientes, mayor integración a la economía moderna.
El problema es que en Argentina estamos muy enfocados en la coyuntura. Yo mismo, que soy macroeconomista, lo reconozco: estamos entrenados para pensar en la urgencia, en el dólar, en la inflación, en el plan de estabilización.
Hoy la mayor contribución que puede hacer CIPPEC es no solo seguir pensando las reformas que ya están en agenda, sino empezar a trabajar en la agenda del futuro.
POLITICA
Elevan a juicio oral la causa contra el exministro bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de dinero

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio deberá enfrentar un juicio oral por la compra de una camioneta de lujo, adquirida por un funcionario de su entorno. El juez federal de Campana Adrián González Charvay dio por cerrada la investigación por el delito de lavado de dinero y elevó el expediente a juicio.
También será juzgado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control bonaerense, un hombre que respondía a D’Onofrio.
La novedad está vinculada de manera directa con otro expediente, en la Justicia provincial, donde se investiga el supuesto delito precedente. En ese caso, el fiscal provincial Álvaro Garganta pidió que D’Onofrio vaya a juicio por un millonario negociado con el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
¿En qué consistía la maniobra? Varias empresas se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro para administrar el sistema de turnos. Esa firma, que no tenía experiencia en el rubro tecnológico, recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año.
La Justicia sospecha que los fondos utilizados para la compra de la camioneta proveían de alguna de estas maniobras ilícitas.
La camioneta, una Audi Q8, dominio AE554ZD, estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asensio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, sostuvo Charvay cuando procesó al exministro.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara de Casación.
La defensa de D’Onofrio luego planteó que una de las causas que tramitan en la provincia de Buenos Aires había sido archivada, pero omitió que otros expedientes seguían avanzando. Además del caso de las VTV, el fiscal Garganta tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al gabinete de Axel Kicillof, contaba con la participación de varios jueces de faltas.
“No se atribuyó el origen de los activos a un único hecho precedente sino que se valoraron un conjunto de investigaciones y circunstancias que, apreciadas de manera integral, permitieron sostener la existencia de actividades ilícitas susceptibles de generar los fondos involucrados en la maniobra de autos», sostuvo Charvay al momento de justificar la elevación a juicio.
D’Onofrio finalmente será juzgado por la compra de una camioneta, aunque en ese mismo expediente se investigaban otros bienes de lujo del exministro y sus allegados. Algunos de los datos llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana al ex ministro, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo PacíficoyTardeo Soho. Tras el escándalo, las sociedades se disolvieron rápidamente.
Para justificar la supuesta compra de ese vehículo, Asensio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres.
Para la Justicia, fue una maniobra para esconder el verdadero origen del dinero. “Los fondos utilizados para la adquisición del vehículo habrían provenido de presunta la actividad ilícita desplegada por D´Onofrio mientras cumplía funciones de Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires», sostuvo el juez en varias ocasiones.
pidió que D’Onofrio vaya a juicio,sostuvo Charvay cuando procesó al exministro.,Nicolás Pizzi,Jorge D’Onofrio,Lavado de dinero,Conforme a,Jorge D’Onofrio,,El caso de las fotomultas y la VTV. Rechazaron una apelación de D’Onofrio y confirmaron su procesamiento por lavado,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,En la Justicia. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento
POLITICA
Javier Milei defendió a las empresas manejadas por IA y planteó la posibilidad de tener políticos robots

Javier Milei volvió a defender la creación de un marco legal para empresas manejadas por inteligencia artificial y le respondió al historiador Yuval Noah Harari, que había advertido sobre los riesgos de otorgarles personalidad jurídica a agentes autónomos. En una carta oficial fechada este jueves, Milei sostuvo que esas compañías deberían estar sujetas a la ley como cualquier sociedad convencional y dejó una frase de alto impacto político: citó a Isaac Asimov y se preguntó por qué no “probar con el político robot”.
El texto, titulado Personalidad jurídica para empresas de IA: revisando las preocupaciones de Harari, aparece como una respuesta directa al artículo que el autor de Sapiens publicó en el Financial Times contra la propuesta argentina. La discusión se había iniciado días antes, cuando Milei difundió en ese mismo diario una columna en la que presentó a la Argentina como un posible polo global de inteligencia artificial, con baja regulación, incentivos fiscales y una nueva categoría legal para compañías operadas por algoritmos, agentes de IA o robots.
Harari cuestionó esa idea y sostuvo que otorgar personalidad jurídica a empresas no humanas puede abrir una puerta peligrosa hacia el sistema financiero, económico y político. Su planteo central fue que una compañía manejada por IA podría tener activos, contratar empleados, participar del comercio internacional, iniciar demandas judiciales o incluso financiar campañas sin la intervención directa de una persona. También advirtió que sería difícil sancionar a una IA como se sanciona a un ejecutivo humano, porque no puede ser enviada a prisión.
Milei rechazó ese enfoque y afirmó que los temores de Harari son, en realidad, un argumento a favor de darles un encuadre jurídico. Según el Presidente, si las empresas de IA implican más riesgos, entonces es más necesario identificar sus activos, establecer un patrimonio embargable y fijar responsabilidades. “Preferiría ampliamente tener un patrimonio contra el cual poder reclamar si soy engañado por una IA, antes que no tener protección alguna”, planteó en la carta.
El tramo más polémico aparece cuando Milei toma una historia de Yo, robot, de Isaac Asimov, en la que una campaña política queda atravesada por la sospecha de que el candidato principal podría ser un robot. El Presidente remarca que, en ese relato, el robot trabaja las 24 horas, es honesto y no pierde la compostura. Luego agrega: “¿Por qué no probar con el político robot?”. Si bien no lo presenta como una propuesta formal, la frase instala una comparación sensible entre dirigentes humanos e inteligencia artificial.
La explicación de fondo de Milei es que una firma de IA podría tener más incentivos para cumplir la ley que un humano. Su argumento es que, si la empresa quebrara o fuera disuelta por una infracción, eso equivaldría para la IA a una suerte de “muerte”. Por eso, sostiene que una compañía autónoma podría ser más adversa al riesgo que un ejecutivo humano y preferiría mantenerse dentro del marco legal.
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El Presidente también buscó desactivar los escenarios más catastróficos. Sostuvo que otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no equivale a habilitar el “Día del Juicio Final” de Terminator, sino a darle un marco de desarrollo comparable al refugio que necesitó James Watt durante la Revolución Industrial. Con esa comparación, Milei intentó ubicar el debate en una tradición de innovaciones resistidas por temor, pero que luego generaron saltos de productividad.
En otro pasaje, Milei cuestionó la analogía de Harari con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Para el Presidente, ese caso no demuestra el peligro de la personalidad jurídica empresarial, sino el riesgo de que el Estado delegue poderes soberanos, como administración territorial, fuerza militar o derecho a firmar tratados. “Fue el Estado el que causó y permitió el abuso”, sostuvo.
Javier Milei, Robots
POLITICA
La respuesta de Milei a Yuval Harari por cuestionar su iniciativa para crear empresas no humanas con IA

El presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su debate con el influyente historiador israelí Yuval Noah Harari sobre la posibilidad de crear empresas no humanas con inteligencia artificial (IA).
El lunes, el filósofo había cuestionado un articulo de la autoría del mandatario para el Financial Times. En resumidas cuentas, el jefe de Estado se había expresado a favor de crear “sociedades automatizadas”, que funcionan con algoritmos o robots, sin la necesidad de contar con personas humanas.
Harari ofreció respuesta a aquel planteo en otra columna para el mismo medio: “Cuando hablé en el Foro Económico Mundial en enero de este año, advertí que los gobiernos podrían algún día otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA. Jamás imaginé que ese algún día llegaría tan solo cuatro meses después”.
Desde el título de la nota -“No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA-, Harari se ubica en la vereda de enfrente de Milei, quien imagina nueva tipología de empresas no humanas con el objetivo de garantizar una seguridad jurídica a un tipo de inversiones que en general operan en un gris legal. Esa idea es la que surge del proyecto de ley empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
“La semana pasada, en este periódico, el presidente argentino Javier Milei anunció la creación de una nueva categoría jurídica para las corporaciones no humanas. Al igual que las corporaciones tradicionales, estas corporaciones no humanas gozarán de los beneficios de la personalidad jurídica. Presumiblemente, podrán poseer activos, contratar empleados, participar en el comercio internacional, demandar ante los tribunales e incluso donar a campañas políticas. A diferencia de las corporaciones tradicionales, podrán hacer todo esto sin la intervención ni la responsabilidad de ningún ser humano. Todas las decisiones sobre compra, venta, contratación, inversión, litigios y donaciones podrán ser tomadas por agentes de IA”, escribió el filósofo e historiador.
Y cerró al advertir: “Otorgar personalidad jurídica a las IA permitiría a los agentes de IA emprender numerosas iniciativas nuevas, generando potencialmente una enorme riqueza. Sin embargo, la personalidad jurídica es una llave de uso general que también les permitiría acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto suscita muchas preocupaciones”.
En su última contestación, Milei le agradeció por participar del “fascinante y trascendental debate” y anticipó que prepararía una réplica con la intención de “calmar sus temores”. En ese marco, la Oficina del Presidente compartió este jueves un extenso comunicado en inglés, que lleva la firma de Milei y donde ofrece una formulación más amplia del punto de vista del líder de La Libertad Avanza (LLA).
La respuesta oficial de Milei al planteo de Harari
Siempre es un placer y un honor que Noah Harari comente una de las ideas de uno. Sin embargo, la preocupación de Harari respecto de las sociedades de responsabilidad limitada operadas de manera autónoma por inteligencia artificial es, en todo caso, inesperada. En primer lugar, porque probablemente ninguna persona en el mundo pueda prever el futuro tan bien como él; y otorgarles a las empresas gestionadas por IA un marco jurídico parece ser una característica necesaria de ese futuro. En segundo lugar, porque en Sapiens Harari elogia la responsabilidad limitada. De hecho, sostiene: “La idea detrás de tales compañías se encuentra entre las invenciones más ingeniosas de la humanidad”.
La personalidad jurídica cumple una función precisa y ampliamente comprendida: permite que una organización tenga un patrimonio propio y centraliza las relaciones jurídicas derivadas de sus actividades. Lejos de ser una novedad, es una de las herramientas más probadas en la historia del derecho comercial.
Si es cierto, como argumenta Harari, que las empresas operadas por IA conllevan mayores riesgos que las corporaciones dirigidas por seres humanos (volveré sobre esto más adelante), entonces el argumento a favor de la personalidad jurídica se vuelve más fuerte, no más débil. Cuanto mayores son los riesgos, más necesario es poder identificar los activos vinculados (o susceptibles de ser vinculados) a una actividad. Los temores de Harari son, en mi opinión, un argumento a favor de la personalidad jurídica, no en contra.
También tengo reparos respecto de su preocupación por la supuesta capacidad especial de la IA para encontrar vacíos legales o hacer trampas. No es que avalemos tales conductas. Sin embargo, incluso antes de preguntarnos por qué esos vacíos no pueden corregirse, deberíamos preguntarnos: ¿acaso los seres humanos no hacen lo mismo? Y aun así, eso no es motivo para abolir las estructuras corporativas, y no creo que nadie lo haya sugerido en el caso de empresas dirigidas por personas. Ni siquiera después de Enron. De hecho, preferiría tener un patrimonio contra el cual hacer valer un reclamo si una IA me perjudica, antes que no tener protección alguna. Huelga decir que, en nuestro esquema, las mismas penas y sanciones que se aplican a compañías cuyos directivos humanos cometen irregularidades se aplicarían a las firmas autónomas.
También existe una tensión en el argumento de Harari sobre la rendición de cuentas que merece atención. Él señala que una IA no puede ser enviada a prisión y sostiene que eso constituye un problema: una IA que no pueda ser castigada probablemente se comporte de manera temeraria. Pero también argumenta que la quiebra sería, para una IA, el equivalente a la muerte, y que haría todo lo posible para evitarla. Entonces, ¿las IA se preocupan o no por el castigo? Parecería que una IA tendría mucho más en juego que un ejecutivo humano (la muerte en lugar de la prisión), lo que sugiere que preferiría mantenerse estrictamente dentro de la ley y minimizar los riesgos.
Esto me recuerda a una historia de Isaac Asimov, Yo, Robot, escrita en 1950, en la que una campaña política queda eclipsada por la sospecha de que el principal candidato podría ser un robot. El debate posterior es fascinante. La conclusión: el robot trabaja las veinticuatro horas, es escrupulosamente honesto y nunca pierde la compostura. ¿Por qué no probar con el político robot? Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas de IA sean más adversas al riesgo que los seres humanos.
Luego está la visión del futuro que ofrece Harari: una Yakarta en llamas, ciudades consumidas por fuerzas que escapan a nuestro control. Estas ansiedades merecen respeto. Harari y sus advertencias no deberían ser desestimados a la ligera. Sin embargo, el historial de la historia ofrece una guía diferente. James Watt también temía llevar el caos al mundo (de hecho, fueron Adam Smith y otros profesores de la Universidad de Glasgow quienes le dieron refugio para que pudiera trabajar en la máquina de vapor). Y aquí estamos. Muy lejos de aquellos temores, la Revolución Industrial multiplicó la producción mundial aproximadamente doscientas veces (aunque no estuvo exenta de sufrimientos). Más relevante para los acontecimientos actuales: ese cambio se desarrolló a lo largo de dos siglos. No ocurrió de un día para otro. Comprendo que hoy la velocidad del cambio es mayor y algo vertiginosa, pero la acumulación de capital lleva tiempo y recursos. La división del trabajo debe encontrar sus nichos. La demanda debe seguir el ritmo de la oferta. Por todas estas razones, los escenarios distópicos son autodestructivos: un mundo de privilegiados y excluidos que no pueda sostener una demanda acorde a la oferta simplemente se detendría. Otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no es desencadenar el Día del Juicio Final de Terminator; es equivalente a brindar el refugio que James Watt necesitó hace doscientos años, permitiendo que la imaginación se desarrolle libremente y prospere. Aun así, eso no significa que no vaya a haber ajustes en el camino.
Imaginar el futuro también plantea una cuestión que Harari no aborda plenamente: ¿la IA conducirá a un pequeño número de corporaciones dominantes o a una cantidad cada vez mayor de empresas más pequeñas? La IA parece reducir las barreras de entrada en muchas actividades. Si es así, la teoría económica sugiere que las empresas serán más pequeñas, no más grandes. En ese caso, lejos de ser el vehículo institucional de la concentración, la personalidad jurídica para la IA podría demostrar ser su antídoto. De hecho, me preocupa menos el poder de las corporaciones —que deben competir entre sí, una experiencia profundamente aleccionadora— que el del Estado, porque el autoritarismo surge del monopolio de la fuerza que solo los gobiernos poseen. Una empresa legalmente constituida jamás mantendrá ese monopolio. De hecho, siempre estará a un paso de la irrelevancia.
Finalmente, la personalidad jurídica, lejos de habilitar abusos, es precisamente el mecanismo mediante el cual una sociedad canaliza su energía creativa dentro del marco de la ley, los derechos de propiedad y el principio de no agresión que constituyen los pilares del liberalismo. Esto es así porque una empresa de IA estará sujeta al Estado de derecho exactamente del mismo modo que cualquier corporación convencional.
Esto me lleva a la analogía histórica final de Harari. La comparación es vívida y atractiva, pero no es precisa. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales poseía poderes soberanos delegados por el Estado: administración territorial, fuerza militar y el derecho a celebrar tratados. En otras palabras, fue el Estado quien causó y permitió los abusos. Una empresa autónoma que opere dentro de un marco jurídico capaz de disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad legal no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella. Y, en gran medida, esa es precisamente la razón por la que importa otorgarle personalidad jurídica.
Noticia en desarrollo.
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