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POLITICA

Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

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Luciano Laspina volvió a la escena pública desde un lugar distinto. Después de años en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, ahora ejerce el cargo de director ejecutivo del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una de las organizaciones más influyentes en la producción de políticas públicas en la Argentina. Desde ese rol, intenta correrse de la lógica partidaria sin abandonar el núcleo del debate: cómo ordenar una economía que lleva más de una década y media sin crecer.

El directivo habló a días de la cena anual de la entidad, que este año se presenta bajo una consigna tan simple como contundente: “Crecer o crecer”. El encuentro se realizará el lunes 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, magistrados, diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil. Allí, hablarán José Orlando, presidente de Consejo de Administración de CIPPEC, y Luciano Laspina.

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En una entrevista con Infobae, el flamante director ejecutivo resalta que no se trata de un eslogan sino de un diagnóstico estructural. Define esa idea como un “rezo laico”, una expresión que condensa el punto de partida de su análisis: la Argentina no genera empleo, acumula pobreza y atraviesa crisis recurrentes que impiden cualquier horizonte de desarrollo sostenido.

En ese marco, introduce un planteo que busca correrse de la grieta clásica. Sostiene que antes de discutir modelos económicos —más Estado o menos Estado, más apertura o más protección— el país necesita un conjunto de acuerdos básicos que eviten las crisis cíclicas. Los define como “preideológicos” y los reduce a tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central para financiar al Tesoro.

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La propuesta no es menor en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei avanza con un programa de estabilización y desregulación profunda, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre el rumbo económico y las herramientas elegidas. En ese escenario, la posibilidad de construir consensos aparece lejana. El propio Laspina reconoce que puede sonar “utópico”, pero sugiere que, por primera vez en años, podrían existir incentivos alineados para avanzar en ese sentido.

La entrevista también permite asomarse a una tensión central del momento económico. Por un lado, la estabilización macroeconómica, con la baja de la inflación como objetivo prioritario. Por otro, una transformación estructural que implica pasar de una economía cerrada y regulada a otra más abierta y competitiva. Ese proceso, advierte, genera una dinámica desigual: sectores que crecen con fuerza y otros —intensivos en empleo— que retroceden.

“Hoy hay una economía a dos velocidades”, sintetiza. Y en ese diagnóstico incorpora una variable clave para entender el freno actual: la falta de crédito. Sin financiamiento, explica, no hay consumo ni inversión que permita recomponer a los sectores más golpeados, como la industria, el comercio o la construcción.

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En ese equilibrio inestable, Laspina evita alineamientos automáticos. Reconoce la lógica del Gobierno —“apagar el incendio” macroeconómico— pero también señala las limitaciones que enfrentan las empresas para adaptarse a una apertura rápida en un contexto de alta presión impositiva, costos financieros elevados y falta de infraestructura. “Los dos tienen parte de razón”, afirma, en una definición que intenta describir más que tomar partido.

Desde CIPPEC, su apuesta apunta a otro plano: pensar la transición sin destruir capacidades existentes. “Es mucho más eficiente reconvertir sobre los cimientos que empezar de cero sobre las ruinas”, plantea. La idea de fondo es encontrar una “diagonal” que permita integrar las dos tradiciones económicas de la Argentina —la industrial y la exportadora— y evitar una nueva reedición de esa tensión histórica.

En ese marco, la discusión de fondo vuelve a aparecer: si la política argentina está en condiciones de salir de la lógica de la urgencia permanente y avanzar en acuerdos mínimos que garanticen estabilidad. Para Laspina, ese es el punto de partida indispensable. No para asegurar el crecimiento, sino, al menos, para dejar de retroceder.

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La entrevista a Luciano Laspina

—Un nuevo rol después de haber sido diputado tantos años, diputado por el PRO. ¿Cómo fue ese paso del ámbito político al ámbito de una organización civil como CIPPEC?

—Sí, efectivamente estoy dirigiendo CIPPEC, que es el Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una institución que piensa políticas públicas en muchas áreas, básicamente desarrollo económico, desarrollo social, educación, gobierno y Estado, para tener un Estado más eficiente. Tiene muchísima reputación en Argentina, más de veintiséis años aportando al debate de políticas públicas. Han pasado más de mil investigadores por CIPPEC. Muchos están en el sector privado, otros han ido a la función pública en distintos gobiernos, de distinto signo político. La verdad que muy contento. Para mí es una forma de poder seguir aportando desde otro lugar, seguir en lo que me gusta, que son las políticas públicas, pero ahora desde la sociedad civil, sin estar en la trinchera de la pelea partidaria. En lo personal, feliz de poder hacer un aporte. Creo que hay mucho para pensar de la Argentina que viene, mucho para discutir, y esa es la razón de ser de CIPPEC.

—El lunes 20 se va a realizar la cena anual, el encuentro que toda la política, todo el círculo rojo, los periodistas y empresarios vamos habitualmente. Es un encuentro muy oportuno para discutir otros temas, aparte de los temas urgentes o de coyuntura. Este año se convoca bajo la consigna “Crecer o crecer”. ¿Qué significa este lema?

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—Es un lema que yo digo más que un lema es un rezo laico, porque es lo que necesita Argentina después de una década y media sin crecer, donde no hemos generado empleo, donde la pobreza ha ido creciendo.Lo que planteamos es que el crecimiento, sobre todo cuando tiene que generar inversiones, empleo de largo plazo, requiere de tener estabilidad en las reglas de juego.

Estabilidad en las reglas de juego requiere tener una serie de acuerdos básicos que eviten que Argentina tenga una crisis cada dos años, como ha tenido en promedio en los últimos quince. La última la tuvimos el año pasado en la crisis electoral. Vino el Tesoro americano, nos dio una mano y pudimos evitar una crisis, una megacrisis, una devaluación, y afortunadamente el Gobierno tuvo la habilidad de conseguir esa ayuda, porque si no hubiésemos tenido una crisis aún mayor, y eso es lo que tenemos que evitar.

CIPPEC es un ámbito de diálogo que junta a las fuerzas políticas de todos los sectores y vemos ahí, creo que esta vez, cierto campo para ponernos a pensar la Argentina del futuro, pero también quizás plantear una serie de acuerdos básicos, mínimos, de entendimientos entre distintos sectores de la política para que Argentina no tenga una crisis.

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Yo creo que eso debería ser un acuerdo muy chiquito, preideológico, que entre las principales fuerzas políticas en competencia digan:

-Vamos a garantizar la continuidad de los contratos. Básicamente, no queremos defaultear otra vez ni reestructurar y todas esas cosas que hace Argentina dos por tres.

-Queremos mantener el equilibrio fiscal, que es una bandera que incluso fuerzas más progresistas o del campo nacional y popular están empezando a abrazar.

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-No vamos a usar el Banco Central como quinta rueda del carro para imprimir pesos para darle al Tesoro, que es lo que genera la inflación a largo plazo.

Son tres acuerdos preideológicos muy parecidos a lo que hicieron Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso en el 2002, que a partir de ahí garantizó la estabilidad macroeconómica en Brasil.

Hoy hay campo fértil para lograr lo que nunca se logró, que nos pongamos de acuerdo en algo los argentinos, en esa lucha fratricida que muchas veces tenemos, porque esto es una bandera que el Gobierno nacional abrazaría sin ningún problema y porque yo creo que le serviría a la oposición para ser más competitiva.

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Si logramos eso va a ser muy bueno para los dos sectores, pero sobre todo para la Argentina.

—Hay un requisito previo, una condición, que es que las partes quieran aceptar sentarse en una misma mesa. No se está viendo mucho eso. Sobre todo de los dos sectores políticos más importantes o que polarizan la Argentina, ¿es posible ese acercamiento? Pienso en Milei o su gente, en Axel Kicillof, en Juan Grabois u otros dirigentes del peronismo.

—Sí, parece medio Argentina año verde, utópico. Primero doy una visión institucional y después puedo hacer más análisis político.

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Institucionalmente es un poco el rol de CIPPEC sentar a la mesa a muchos actores. Tampoco pretendemos que esto sea la única bandera. Parte de nuestro rezo laico para crecer es que no tengamos crisis, que podamos acordar en las cosas mínimas que evitan que haya una crisis, y ese es el rol de CIPPEC.

Ahora, al mismo tiempo, cuando veo las partes, creo que puede haber incentivos alineados esta vez, por distintas razones, para tener ese acuerdo que permita por lo menos —no digo estabilizar definitivamente la economía, no digo crecer— sino evitar crisis.

Y después, el resto, que lo definan las urnas: si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada; si queremos equilibrio fiscal con más impuestos y más gasto público, o un Estado más chico con menos impuestos.

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Pero por lo menos decir: bueno, sabemos que no tenemos una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, una crisis de deuda, que son las que cada dos años, en promedio, nos generan una turbulencia y nos hacen retroceder cinco casilleros.

—En una columna que usted publicó hace algunos días hablaba de la necesidad de construir sobre los cimientos de lo anterior y no sobre los escombros del sistema anterior. ¿Qué significa esa idea?

—Argentina está en un proceso de transformación muy importante. Viene de ser una economía muy cerrada, hiperregulada, y ahora se está abriendo al mundo, se está desregulando, y obviamente eso va a generar ganadores y perdedores.

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Hay un acuerdo, por lo menos en un pedazo importante de la sociedad e impulsado por el Gobierno, de que Argentina se tiene que integrar al mundo, y creemos desde CIPPEC que no hay país que haya crecido y desarrollado sin explotar la demanda global, sin salir a conquistar el mundo.

Hay todo un proceso de reconversión que hay que hacer. El punto es que es mucho más eficiente hacerlo sobre los cimientos de los que ya hay que sobre las ruinas. ¿En qué sentido? Más que quebrar todas nuestras empresas y que se fundan y empiece todo de cero, tratar de ver cómo hacemos para ayudar a reconvertir a las empresas.

Muchos lo van a hacer privadamente, tratando de rebuscárselas. El cinturón metalmecánico de la ciudad de Rosario ya está virando hacia Vaca Muerta, porque antes estaba enfocado en consumo masivo o en producción local y ahora está viendo cómo se suma a esa cadena de valor. Tenemos que ayudar a que eso ocurra.

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Esto no implica ni subsidiar ni subir aranceles, sino ver qué elementos necesitan, cómo adaptamos la política educativa, la infraestructura, la política financiera, para reconvertir la Argentina con nuestras empresas, nuestros empleados, el capital que ya tenemos invertido, las capacidades que se han creado para ir a esa nueva Argentina.

Los que no se puedan reconvertir, lamentablemente, habrá que ver cómo se los asiste desde otro lado. Este es un desafío que hay que pensar, en una Argentina que está cambiando en muchos aspectos.

Lo que pasa en Neuquén es un modelo espectacular, porque está la sociedad civil, el Gobierno, los sindicatos y las empresas todos ligados detrás de un gran proyecto, que es Vaca Muerta, que va a implicar el desarrollo de la provincia y todo su potencial geológico, pero que al mismo tiempo va a derramar en toda la sociedad.

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Eso mismo hay que encontrar para toda la Argentina. Cada uno tiene que tener su proyecto de progreso, donde sienta que eso que está pasando le va a llegar, y si no le llega directamente, le llega a sus hijos.

Ese sueño puede ser una diagonal entre las dos Argentinas que siempre chocaron: la economía más cerrada, industrialista, y la más abierta, exportadora. El desafío es ver cómo trazamos esa diagonal para que empiecen a convivir.

—En el debate público actual, incluso impulsado por el Presidente, hay una mirada muy crítica sobre el viejo sistema empresario. Se habla de “empresarios prebendarios” o “empresaurios”. ¿Qué mirada tiene CIPPEC sobre esa controversia?

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—En CIPPEC, y se va a ver en la cena, participan empresarios de todos los sectores: ganadores, perdedores y los que están en el medio, porque todos apuestan no solo por sus empresas, sino también por el país.

CIPPEC no presta servicio a una empresa ni a un sector. Hemos hecho recomendaciones a lo largo de la historia con total independencia. Tenemos un financiamiento diversificado: más de noventa empresas participan, pero representan solo una parte del total, el resto proviene de provincias y organismos multilaterales. Eso garantiza independencia y honestidad intelectual.

Desde CIPPEC siempre tuvimos la mirada de que Argentina no podía vivir de espaldas al mundo. En eso Latinoamérica ya cambió hace mucho tiempo, mientras Argentina venía tropezando.

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Compartimos en algún punto la visión del Gobierno de que hay que integrarse al mundo, comerciar más, exportar más. Pero también es cierto que para el tango se necesitan dos.

No se le puede pedir a las empresas que compensen una ineficiencia sistémica con talento extraordinario. Tampoco se le puede pedir a los consumidores que paguen sobreprecios por protección.

La forma de hacerlo es tener bienes públicos de calidad: educación alineada a la demanda, infraestructura de escala global, un sistema impositivo razonable.

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Argentina tiene un sistema impositivo muy distorsivo, con impuestos que se cobran incluso antes de facturar. Eso atenta contra la competitividad.

Los países que se desarrollaron ayudaron de manera horizontal, no necesariamente eligiendo ganadores. Nosotros en el pasado elegimos sectores que a veces no podían ser competitivos, y eso tampoco funcionó.

La clave es generar condiciones para que las empresas se integren al proceso de crecimiento.

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—Ahora está Vaca Muerta como gran oportunidad. Hay un contexto internacional favorable para el agro y la minería, pero al mismo tiempo hay sectores como la industria con caídas fuertes. ¿Cómo se miran esas dos dinámicas desde CIPPEC?

—Argentina está atravesada por dos fuerzas. Una es la estabilización macroeconómica. Reducir la inflación suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los casos, muchas veces ha fracasado en el mundo y en Argentina, sobre todo.

Y la otra es una transformación del modelo económico, desde una economía muy cerrada y regulada hacia una más abierta y desregulada, con la expectativa de que eso genere más inversión, más empleo y más exportaciones.

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En el medio hay muchos inconvenientes. Está la reconversión, que es la discusión que venimos teniendo, de cómo pasamos de la estructura vieja a la nueva sin destruir tanto valor, manteniendo nuestras empresas y no creando todo desde cero, porque eso es mucho más costoso y menos eficiente.

Al mismo tiempo está la estabilización macroeconómica, que es complicada. El Gobierno viene de atravesar una crisis el año pasado que le generó un freno en el proceso. La inflación empezó a subir, después a bajar, y eso dio como resultado una economía a dos velocidades: sectores ganadores creciendo mucho y sectores perdedores —muy intensivos en mano de obra, como comercio, industria y construcción— en retroceso.

Esto tiene que ver no solo con la transformación, sino también con que el proceso de estabilización tropezó con la crisis del año pasado. Afortunadamente no nos caímos, pero ahora cuesta volver a arrancar.

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¿Dónde se ve la variable clave? En el crédito. No hay ninguna economía que pueda crecer sin crédito. Lo dijo el ministro Caputo hace algunos días: el crédito es fundamental para lubricar el crecimiento.

Infobae publicó que volvió a subir la mora. El sector bancario viene golpeado porque el crédito se frenó, y la economía necesita que vuelva a arrancar. Si eso ocurre, se va a reactivar el consumo, parte de la construcción y se van a empezar a recuperar los sectores más golpeados.

Si además logramos conectar los sectores perdedores con los ganadores —por ejemplo, como proveedores de bienes o servicios—, eso puede generar un efecto de arrastre.

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Lo que pasa en Neuquén es un ejemplo claro: hay crecimiento, migración interna —cien familias por semana— y desarrollo urbano. Ese es el desafío para el resto del país.

—Este Gobierno parece más enfocado en remover obstáculos que en generar políticas activas de desarrollo. ¿Hay espacio para eso?

—Creo que el Gobierno tiene una agenda del presente, una agenda de lo urgente, muy ambiciosa por la complejidad de las reformas que está encarando: reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, infraestructura.

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Y además tiene que estabilizar la economía, que es “apagar el incendio”. En ese contexto, es difícil pensar en políticas de desarrollo más sofisticadas, que implican ver cómo conquistar mercados, cómo aprovechar acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, cómo generar empleo a partir de eso.

Eso sería la etapa siguiente, la de “decorar la casa”.

Cuando se pide una reforma tributaria, es para eliminar impuestos distorsivos. Argentina tiene un récord mundial en ese sentido: impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, retenciones, sellos, que suman casi ocho puntos y medio del PBI. Eso no lo tiene ningún país.

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Esos impuestos se exportan con los bienes y afectan la competitividad. Por eso hay empresas que se van a Uruguay, Paraguay o Australia. No es que acá sean ineficientes y allá eficientes: son las mismas empresas, pero con condiciones distintas.

El Gobierno dice: “déjenme que estoy apagando el incendio”. Y los empresarios dicen: “todavía no me hiciste la reforma tributaria y ya abriste la economía”.

En eso entiendo al Gobierno, pero también a los empresarios.

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El tipo de cambio no está tan atrasado si uno lo compara históricamente, pero antes había menos impuestos, más crédito y energía más barata. Hoy las condiciones son distintas.

Las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero las pymes enfrentan tasas altísimas. En ese contexto, el dólar actual se siente.

Esa es la tensión. El Gobierno no puede ir más rápido por restricciones fiscales y políticas, y las empresas no pueden ajustar más de lo que ya lo están haciendo. Los dos tienen parte de razón.

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—En esa agenda de “crecer o crecer”, ¿cuál sería el primer paso o qué reforma debería acordar la política o el llamado “círculo rojo”?

—Yo le digo “círculo CIPPEC”, que no es rojo, no es violeta, no es celeste ni amarillo. Es el ámbito donde estamos todos los que discutimos política pública en la Argentina.

Deberíamos tener algunos acuerdos básicos, muy básicos. Ya lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Perú. Hay cosas que no se discuten. En Perú se van los presidentes, pero no se va el presidente del Banco Central y la política monetaria no cambia.

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No es que con ese acuerdo se come, se cura y se educa. Con eso apagás el incendio básico. Después tenés que ver cómo construís una casa arriba de eso. El problema es que en la Argentina tenemos un incendio cada dos años y no salimos de eso.

Si acordamos en estas tres cosas —que pueden ser más, pero al menos estas— que son bastante preideológicas en la mayoría de los países: respetar los contratos, mantener el equilibrio fiscal y que el Banco Central no sea una maquinita de imprimir pesos, eso no te garantiza que vas a crecer, pero sí que no se te incendia la casa cada dos años.

Respetar los contratos es clave. El RIGI es un contrato entre el Estado y las empresas, y hay que respetarlo. Después se puede discutir si se mantiene o no hacia adelante, pero lo firmado hay que cumplirlo.

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Puede venir un Congreso y decir “no hay más RIGI”, pero no violar lo anterior. Eso es lo que da seguridad jurídica.

El equilibrio fiscal también es un punto en el que, incluso sectores de la oposición, empiezan a coincidir. Y lo tercero es no financiar al Tesoro con emisión.

Son acuerdos básicos, preideológicos. El Gobierno no podría oponerse, y la oposición podría adoptarlos para ser más competitiva.

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—El tema es si la oposición, hoy representada en gran parte por el peronismo, está en condiciones de asumir esos compromisos.

—No sabemos cómo se va a configurar la oposición, porque eso cambia todo el tiempo. Hace algunos años era Juntos por el Cambio, después fue Milei, ahora vuelve a reconfigurarse.

El peronismo es un espacio muy amplio, muy diverso. Hay que ver cómo se ordena, quiénes son sus candidatos, si hay uno o varios liderazgos.

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Más allá de eso, este tipo de acuerdos le convienen a todos los argentinos. No es una cuestión ideológica ni partidaria.

No digo que esto sea una religión ni que haya que imponerlo, pero sí que sería bueno para el Gobierno, para la oposición y para el país, porque evitaría crisis y permitiría empezar a pensar la agenda del futuro.

—CIPPEC trabaja hace años sobre temas como educación y sistema previsional, que la política suele postergar. ¿Puede la política incorporar esos temas?

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—Yo noto cambios, sobre todo en el vínculo con las provincias y los gobernadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en varias provincias, con resultados muy interesantes.

Hay provincias que ya están pidiendo reformas educativas concretas. Eso muestra que, en la medida en que se pueda salir de la emergencia, se empieza a pensar en el largo plazo.

Creo que ese es el rol de CIPPEC: ayudar a implementar la agenda del presente para estabilizar la economía, promover acuerdos básicos y abrir el diálogo, pero al mismo tiempo empezar a pensar la agenda que viene.

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Una vez que se apaguen los incendios, hay que construir una agenda superadora, que permita aprovechar el potencial de la Argentina: la cordillera, el agro, la energía, toda la cadena de valor asociada.

Los países que crecieron lo hicieron así. Con los mismos recursos naturales se puede ser Noruega o Nigeria.

Si esos recursos no se transforman en mejor educación, en mejores servicios públicos, en diversificación productiva, en más sectores que paguen buenos salarios, no hay desarrollo.

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Cuanto más productividad, mejores salarios se pueden pagar. Y cuanto más sectores productivos y eficientes, mayor integración a la economía moderna.

El problema es que en Argentina estamos muy enfocados en la coyuntura. Yo mismo, que soy macroeconomista, lo reconozco: estamos entrenados para pensar en la urgencia, en el dólar, en la inflación, en el plan de estabilización.

Hoy la mayor contribución que puede hacer CIPPEC es no solo seguir pensando las reformas que ya están en agenda, sino empezar a trabajar en la agenda del futuro.

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El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas

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Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

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Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.

Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.

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El proyecto de Sea Lion inició a raíz del descubrimiento de petróleo en las MalvinasArchivo

“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.

Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.

El arbitraje que pidió el Gobierno

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Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.

En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.

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Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.




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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei

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La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.

La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.

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El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.

La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso

En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.

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“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, dijo la CGT (Foto: Juan Pablo Chaves/TN.)

“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.

La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.

Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.

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“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.

CGT, ley de tierras, DNU

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Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei

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En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.

La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.

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Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.

“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Patricia Bullrich se diferenció de la estrategia libertaria por la ley de tierras

Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.

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Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .

Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.

Patricia Bullrich junto al ministro Federico Sturzenegger en el SenadoSenado

El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.

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Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.

¿Candidata en la Ciudad?

Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.

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Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.

En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.

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Javier Milei, Patricia Bullrich y Karina MileiFabian Marelli

Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.

Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.

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Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.

Patricia Bullrich y Jorge Macri en Marcos Paz

De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.

Propuestas con sello porteño

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Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.

Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.

También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.

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“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.

A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.

El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.

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También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.

La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.




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