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POLITICA

Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

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Luciano Laspina volvió a la escena pública desde un lugar distinto. Después de años en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, ahora ejerce el cargo de director ejecutivo del Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una de las organizaciones más influyentes en la producción de políticas públicas en la Argentina. Desde ese rol, intenta correrse de la lógica partidaria sin abandonar el núcleo del debate: cómo ordenar una economía que lleva más de una década y media sin crecer.

El directivo habló a días de la cena anual de la entidad, que este año se presenta bajo una consigna tan simple como contundente: “Crecer o crecer”. El encuentro se realizará el lunes 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, magistrados, diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil. Allí, hablarán José Orlando, presidente de Consejo de Administración de CIPPEC, y Luciano Laspina.

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En una entrevista con Infobae, el flamante director ejecutivo resalta que no se trata de un eslogan sino de un diagnóstico estructural. Define esa idea como un “rezo laico”, una expresión que condensa el punto de partida de su análisis: la Argentina no genera empleo, acumula pobreza y atraviesa crisis recurrentes que impiden cualquier horizonte de desarrollo sostenido.

En ese marco, introduce un planteo que busca correrse de la grieta clásica. Sostiene que antes de discutir modelos económicos —más Estado o menos Estado, más apertura o más protección— el país necesita un conjunto de acuerdos básicos que eviten las crisis cíclicas. Los define como “preideológicos” y los reduce a tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central para financiar al Tesoro.

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La propuesta no es menor en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei avanza con un programa de estabilización y desregulación profunda, mientras la oposición mantiene cuestionamientos sobre el rumbo económico y las herramientas elegidas. En ese escenario, la posibilidad de construir consensos aparece lejana. El propio Laspina reconoce que puede sonar “utópico”, pero sugiere que, por primera vez en años, podrían existir incentivos alineados para avanzar en ese sentido.

La entrevista también permite asomarse a una tensión central del momento económico. Por un lado, la estabilización macroeconómica, con la baja de la inflación como objetivo prioritario. Por otro, una transformación estructural que implica pasar de una economía cerrada y regulada a otra más abierta y competitiva. Ese proceso, advierte, genera una dinámica desigual: sectores que crecen con fuerza y otros —intensivos en empleo— que retroceden.

Hoy hay una economía a dos velocidades”, sintetiza. Y en ese diagnóstico incorpora una variable clave para entender el freno actual: la falta de crédito. Sin financiamiento, explica, no hay consumo ni inversión que permita recomponer a los sectores más golpeados, como la industria, el comercio o la construcción.

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En ese equilibrio inestable, Laspina evita alineamientos automáticos. Reconoce la lógica del Gobierno —“apagar el incendio” macroeconómico— pero también señala las limitaciones que enfrentan las empresas para adaptarse a una apertura rápida en un contexto de alta presión impositiva, costos financieros elevados y falta de infraestructura. “Los dos tienen parte de razón”, afirma, en una definición que intenta describir más que tomar partido.

Desde CIPPEC, su apuesta apunta a otro plano: pensar la transición sin destruir capacidades existentes. “Es mucho más eficiente reconvertir sobre los cimientos que empezar de cero sobre las ruinas”, plantea. La idea de fondo es encontrar una “diagonal” que permita integrar las dos tradiciones económicas de la Argentina —la industrial y la exportadora— y evitar una nueva reedición de esa tensión histórica.

En ese marco, la discusión de fondo vuelve a aparecer: si la política argentina está en condiciones de salir de la lógica de la urgencia permanente y avanzar en acuerdos mínimos que garanticen estabilidad. Para Laspina, ese es el punto de partida indispensable. No para asegurar el crecimiento, sino, al menos, para dejar de retroceder.

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La entrevista a Luciano Laspina

—Un nuevo rol después de haber sido diputado tantos años, diputado por el PRO. ¿Cómo fue ese paso del ámbito político al ámbito de una organización civil como CIPPEC?

—Sí, efectivamente estoy dirigiendo CIPPEC, que es el Centro de Implementación para Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una institución que piensa políticas públicas en muchas áreas, básicamente desarrollo económico, desarrollo social, educación, gobierno y Estado, para tener un Estado más eficiente. Tiene muchísima reputación en Argentina, más de veintiséis años aportando al debate de políticas públicas. Han pasado más de mil investigadores por CIPPEC. Muchos están en el sector privado, otros han ido a la función pública en distintos gobiernos, de distinto signo político. La verdad que muy contento. Para mí es una forma de poder seguir aportando desde otro lugar, seguir en lo que me gusta, que son las políticas públicas, pero ahora desde la sociedad civil, sin estar en la trinchera de la pelea partidaria. En lo personal, feliz de poder hacer un aporte. Creo que hay mucho para pensar de la Argentina que viene, mucho para discutir, y esa es la razón de ser de CIPPEC.

—El lunes 20 se va a realizar la cena anual, el encuentro que toda la política, todo el círculo rojo, los periodistas y empresarios vamos habitualmente. Es un encuentro muy oportuno para discutir otros temas, aparte de los temas urgentes o de coyuntura. Este año se convoca bajo la consigna “Crecer o crecer”. ¿Qué significa este lema?

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—Es un lema que yo digo más que un lema es un rezo laico, porque es lo que necesita Argentina después de una década y media sin crecer, donde no hemos generado empleo, donde la pobreza ha ido creciendo.Lo que planteamos es que el crecimiento, sobre todo cuando tiene que generar inversiones, empleo de largo plazo, requiere de tener estabilidad en las reglas de juego.

Estabilidad en las reglas de juego requiere tener una serie de acuerdos básicos que eviten que Argentina tenga una crisis cada dos años, como ha tenido en promedio en los últimos quince. La última la tuvimos el año pasado en la crisis electoral. Vino el Tesoro americano, nos dio una mano y pudimos evitar una crisis, una megacrisis, una devaluación, y afortunadamente el Gobierno tuvo la habilidad de conseguir esa ayuda, porque si no hubiésemos tenido una crisis aún mayor, y eso es lo que tenemos que evitar.

CIPPEC es un ámbito de diálogo que junta a las fuerzas políticas de todos los sectores y vemos ahí, creo que esta vez, cierto campo para ponernos a pensar la Argentina del futuro, pero también quizás plantear una serie de acuerdos básicos, mínimos, de entendimientos entre distintos sectores de la política para que Argentina no tenga una crisis.

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Yo creo que eso debería ser un acuerdo muy chiquito, preideológico, que entre las principales fuerzas políticas en competencia digan:

-Vamos a garantizar la continuidad de los contratos. Básicamente, no queremos defaultear otra vez ni reestructurar y todas esas cosas que hace Argentina dos por tres.

-Queremos mantener el equilibrio fiscal, que es una bandera que incluso fuerzas más progresistas o del campo nacional y popular están empezando a abrazar.

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-No vamos a usar el Banco Central como quinta rueda del carro para imprimir pesos para darle al Tesoro, que es lo que genera la inflación a largo plazo.

Son tres acuerdos preideológicos muy parecidos a lo que hicieron Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso en el 2002, que a partir de ahí garantizó la estabilidad macroeconómica en Brasil.

Hoy hay campo fértil para lograr lo que nunca se logró, que nos pongamos de acuerdo en algo los argentinos, en esa lucha fratricida que muchas veces tenemos, porque esto es una bandera que el Gobierno nacional abrazaría sin ningún problema y porque yo creo que le serviría a la oposición para ser más competitiva.

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Si logramos eso va a ser muy bueno para los dos sectores, pero sobre todo para la Argentina.

—Hay un requisito previo, una condición, que es que las partes quieran aceptar sentarse en una misma mesa. No se está viendo mucho eso. Sobre todo de los dos sectores políticos más importantes o que polarizan la Argentina, ¿es posible ese acercamiento? Pienso en Milei o su gente, en Axel Kicillof, en Juan Grabois u otros dirigentes del peronismo.

—Sí, parece medio Argentina año verde, utópico. Primero doy una visión institucional y después puedo hacer más análisis político.

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Institucionalmente es un poco el rol de CIPPEC sentar a la mesa a muchos actores. Tampoco pretendemos que esto sea la única bandera. Parte de nuestro rezo laico para crecer es que no tengamos crisis, que podamos acordar en las cosas mínimas que evitan que haya una crisis, y ese es el rol de CIPPEC.

Ahora, al mismo tiempo, cuando veo las partes, creo que puede haber incentivos alineados esta vez, por distintas razones, para tener ese acuerdo que permita por lo menos —no digo estabilizar definitivamente la economía, no digo crecer— sino evitar crisis.

Y después, el resto, que lo definan las urnas: si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada; si queremos equilibrio fiscal con más impuestos y más gasto público, o un Estado más chico con menos impuestos.

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Pero por lo menos decir: bueno, sabemos que no tenemos una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, una crisis de deuda, que son las que cada dos años, en promedio, nos generan una turbulencia y nos hacen retroceder cinco casilleros.

—En una columna que usted publicó hace algunos días hablaba de la necesidad de construir sobre los cimientos de lo anterior y no sobre los escombros del sistema anterior. ¿Qué significa esa idea?

—Argentina está en un proceso de transformación muy importante. Viene de ser una economía muy cerrada, hiperregulada, y ahora se está abriendo al mundo, se está desregulando, y obviamente eso va a generar ganadores y perdedores.

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Hay un acuerdo, por lo menos en un pedazo importante de la sociedad e impulsado por el Gobierno, de que Argentina se tiene que integrar al mundo, y creemos desde CIPPEC que no hay país que haya crecido y desarrollado sin explotar la demanda global, sin salir a conquistar el mundo.

Hay todo un proceso de reconversión que hay que hacer. El punto es que es mucho más eficiente hacerlo sobre los cimientos de los que ya hay que sobre las ruinas. ¿En qué sentido? Más que quebrar todas nuestras empresas y que se fundan y empiece todo de cero, tratar de ver cómo hacemos para ayudar a reconvertir a las empresas.

Muchos lo van a hacer privadamente, tratando de rebuscárselas. El cinturón metalmecánico de la ciudad de Rosario ya está virando hacia Vaca Muerta, porque antes estaba enfocado en consumo masivo o en producción local y ahora está viendo cómo se suma a esa cadena de valor. Tenemos que ayudar a que eso ocurra.

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Esto no implica ni subsidiar ni subir aranceles, sino ver qué elementos necesitan, cómo adaptamos la política educativa, la infraestructura, la política financiera, para reconvertir la Argentina con nuestras empresas, nuestros empleados, el capital que ya tenemos invertido, las capacidades que se han creado para ir a esa nueva Argentina.

Los que no se puedan reconvertir, lamentablemente, habrá que ver cómo se los asiste desde otro lado. Este es un desafío que hay que pensar, en una Argentina que está cambiando en muchos aspectos.

Lo que pasa en Neuquén es un modelo espectacular, porque está la sociedad civil, el Gobierno, los sindicatos y las empresas todos ligados detrás de un gran proyecto, que es Vaca Muerta, que va a implicar el desarrollo de la provincia y todo su potencial geológico, pero que al mismo tiempo va a derramar en toda la sociedad.

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Eso mismo hay que encontrar para toda la Argentina. Cada uno tiene que tener su proyecto de progreso, donde sienta que eso que está pasando le va a llegar, y si no le llega directamente, le llega a sus hijos.

Ese sueño puede ser una diagonal entre las dos Argentinas que siempre chocaron: la economía más cerrada, industrialista, y la más abierta, exportadora. El desafío es ver cómo trazamos esa diagonal para que empiecen a convivir.

—En el debate público actual, incluso impulsado por el Presidente, hay una mirada muy crítica sobre el viejo sistema empresario. Se habla de “empresarios prebendarios” o “empresaurios”. ¿Qué mirada tiene CIPPEC sobre esa controversia?

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—En CIPPEC, y se va a ver en la cena, participan empresarios de todos los sectores: ganadores, perdedores y los que están en el medio, porque todos apuestan no solo por sus empresas, sino también por el país.

CIPPEC no presta servicio a una empresa ni a un sector. Hemos hecho recomendaciones a lo largo de la historia con total independencia. Tenemos un financiamiento diversificado: más de noventa empresas participan, pero representan solo una parte del total, el resto proviene de provincias y organismos multilaterales. Eso garantiza independencia y honestidad intelectual.

Desde CIPPEC siempre tuvimos la mirada de que Argentina no podía vivir de espaldas al mundo. En eso Latinoamérica ya cambió hace mucho tiempo, mientras Argentina venía tropezando.

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Compartimos en algún punto la visión del Gobierno de que hay que integrarse al mundo, comerciar más, exportar más. Pero también es cierto que para el tango se necesitan dos.

No se le puede pedir a las empresas que compensen una ineficiencia sistémica con talento extraordinario. Tampoco se le puede pedir a los consumidores que paguen sobreprecios por protección.

La forma de hacerlo es tener bienes públicos de calidad: educación alineada a la demanda, infraestructura de escala global, un sistema impositivo razonable.

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Argentina tiene un sistema impositivo muy distorsivo, con impuestos que se cobran incluso antes de facturar. Eso atenta contra la competitividad.

Los países que se desarrollaron ayudaron de manera horizontal, no necesariamente eligiendo ganadores. Nosotros en el pasado elegimos sectores que a veces no podían ser competitivos, y eso tampoco funcionó.

La clave es generar condiciones para que las empresas se integren al proceso de crecimiento.

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—Ahora está Vaca Muerta como gran oportunidad. Hay un contexto internacional favorable para el agro y la minería, pero al mismo tiempo hay sectores como la industria con caídas fuertes. ¿Cómo se miran esas dos dinámicas desde CIPPEC?

—Argentina está atravesada por dos fuerzas. Una es la estabilización macroeconómica. Reducir la inflación suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los casos, muchas veces ha fracasado en el mundo y en Argentina, sobre todo.

Y la otra es una transformación del modelo económico, desde una economía muy cerrada y regulada hacia una más abierta y desregulada, con la expectativa de que eso genere más inversión, más empleo y más exportaciones.

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En el medio hay muchos inconvenientes. Está la reconversión, que es la discusión que venimos teniendo, de cómo pasamos de la estructura vieja a la nueva sin destruir tanto valor, manteniendo nuestras empresas y no creando todo desde cero, porque eso es mucho más costoso y menos eficiente.

Al mismo tiempo está la estabilización macroeconómica, que es complicada. El Gobierno viene de atravesar una crisis el año pasado que le generó un freno en el proceso. La inflación empezó a subir, después a bajar, y eso dio como resultado una economía a dos velocidades: sectores ganadores creciendo mucho y sectores perdedores —muy intensivos en mano de obra, como comercio, industria y construcción— en retroceso.

Esto tiene que ver no solo con la transformación, sino también con que el proceso de estabilización tropezó con la crisis del año pasado. Afortunadamente no nos caímos, pero ahora cuesta volver a arrancar.

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¿Dónde se ve la variable clave? En el crédito. No hay ninguna economía que pueda crecer sin crédito. Lo dijo el ministro Caputo hace algunos días: el crédito es fundamental para lubricar el crecimiento.

Infobae publicó que volvió a subir la mora. El sector bancario viene golpeado porque el crédito se frenó, y la economía necesita que vuelva a arrancar. Si eso ocurre, se va a reactivar el consumo, parte de la construcción y se van a empezar a recuperar los sectores más golpeados.

Si además logramos conectar los sectores perdedores con los ganadores —por ejemplo, como proveedores de bienes o servicios—, eso puede generar un efecto de arrastre.

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Lo que pasa en Neuquén es un ejemplo claro: hay crecimiento, migración interna —cien familias por semana— y desarrollo urbano. Ese es el desafío para el resto del país.

—Este Gobierno parece más enfocado en remover obstáculos que en generar políticas activas de desarrollo. ¿Hay espacio para eso?

—Creo que el Gobierno tiene una agenda del presente, una agenda de lo urgente, muy ambiciosa por la complejidad de las reformas que está encarando: reforma tributaria, laboral, previsional, coparticipación, infraestructura.

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Y además tiene que estabilizar la economía, que es “apagar el incendio”. En ese contexto, es difícil pensar en políticas de desarrollo más sofisticadas, que implican ver cómo conquistar mercados, cómo aprovechar acuerdos como el Mercosur–Unión Europea, cómo generar empleo a partir de eso.

Eso sería la etapa siguiente, la de “decorar la casa”.

Cuando se pide una reforma tributaria, es para eliminar impuestos distorsivos. Argentina tiene un récord mundial en ese sentido: impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque, retenciones, sellos, que suman casi ocho puntos y medio del PBI. Eso no lo tiene ningún país.

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Esos impuestos se exportan con los bienes y afectan la competitividad. Por eso hay empresas que se van a Uruguay, Paraguay o Australia. No es que acá sean ineficientes y allá eficientes: son las mismas empresas, pero con condiciones distintas.

El Gobierno dice: “déjenme que estoy apagando el incendio”. Y los empresarios dicen: “todavía no me hiciste la reforma tributaria y ya abriste la economía”.

En eso entiendo al Gobierno, pero también a los empresarios.

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El tipo de cambio no está tan atrasado si uno lo compara históricamente, pero antes había menos impuestos, más crédito y energía más barata. Hoy las condiciones son distintas.

Las grandes empresas tienen acceso al crédito, pero las pymes enfrentan tasas altísimas. En ese contexto, el dólar actual se siente.

Esa es la tensión. El Gobierno no puede ir más rápido por restricciones fiscales y políticas, y las empresas no pueden ajustar más de lo que ya lo están haciendo. Los dos tienen parte de razón.

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—En esa agenda de “crecer o crecer”, ¿cuál sería el primer paso o qué reforma debería acordar la política o el llamado “círculo rojo”?

—Yo le digo “círculo CIPPEC”, que no es rojo, no es violeta, no es celeste ni amarillo. Es el ámbito donde estamos todos los que discutimos política pública en la Argentina.

Deberíamos tener algunos acuerdos básicos, muy básicos. Ya lo hicieron Brasil, Chile, Colombia, Perú. Hay cosas que no se discuten. En Perú se van los presidentes, pero no se va el presidente del Banco Central y la política monetaria no cambia.

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No es que con ese acuerdo se come, se cura y se educa. Con eso apagás el incendio básico. Después tenés que ver cómo construís una casa arriba de eso. El problema es que en la Argentina tenemos un incendio cada dos años y no salimos de eso.

Si acordamos en estas tres cosas —que pueden ser más, pero al menos estas— que son bastante preideológicas en la mayoría de los países: respetar los contratos, mantener el equilibrio fiscal y que el Banco Central no sea una maquinita de imprimir pesos, eso no te garantiza que vas a crecer, pero sí que no se te incendia la casa cada dos años.

Respetar los contratos es clave. El RIGI es un contrato entre el Estado y las empresas, y hay que respetarlo. Después se puede discutir si se mantiene o no hacia adelante, pero lo firmado hay que cumplirlo.

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Puede venir un Congreso y decir “no hay más RIGI”, pero no violar lo anterior. Eso es lo que da seguridad jurídica.

El equilibrio fiscal también es un punto en el que, incluso sectores de la oposición, empiezan a coincidir. Y lo tercero es no financiar al Tesoro con emisión.

Son acuerdos básicos, preideológicos. El Gobierno no podría oponerse, y la oposición podría adoptarlos para ser más competitiva.

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—El tema es si la oposición, hoy representada en gran parte por el peronismo, está en condiciones de asumir esos compromisos.

—No sabemos cómo se va a configurar la oposición, porque eso cambia todo el tiempo. Hace algunos años era Juntos por el Cambio, después fue Milei, ahora vuelve a reconfigurarse.

El peronismo es un espacio muy amplio, muy diverso. Hay que ver cómo se ordena, quiénes son sus candidatos, si hay uno o varios liderazgos.

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Más allá de eso, este tipo de acuerdos le convienen a todos los argentinos. No es una cuestión ideológica ni partidaria.

No digo que esto sea una religión ni que haya que imponerlo, pero sí que sería bueno para el Gobierno, para la oposición y para el país, porque evitaría crisis y permitiría empezar a pensar la agenda del futuro.

—CIPPEC trabaja hace años sobre temas como educación y sistema previsional, que la política suele postergar. ¿Puede la política incorporar esos temas?

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—Yo noto cambios, sobre todo en el vínculo con las provincias y los gobernadores. Estamos trabajando, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en varias provincias, con resultados muy interesantes.

Hay provincias que ya están pidiendo reformas educativas concretas. Eso muestra que, en la medida en que se pueda salir de la emergencia, se empieza a pensar en el largo plazo.

Creo que ese es el rol de CIPPEC: ayudar a implementar la agenda del presente para estabilizar la economía, promover acuerdos básicos y abrir el diálogo, pero al mismo tiempo empezar a pensar la agenda que viene.

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Una vez que se apaguen los incendios, hay que construir una agenda superadora, que permita aprovechar el potencial de la Argentina: la cordillera, el agro, la energía, toda la cadena de valor asociada.

Los países que crecieron lo hicieron así. Con los mismos recursos naturales se puede ser Noruega o Nigeria.

Si esos recursos no se transforman en mejor educación, en mejores servicios públicos, en diversificación productiva, en más sectores que paguen buenos salarios, no hay desarrollo.

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Cuanto más productividad, mejores salarios se pueden pagar. Y cuanto más sectores productivos y eficientes, mayor integración a la economía moderna.

El problema es que en Argentina estamos muy enfocados en la coyuntura. Yo mismo, que soy macroeconomista, lo reconozco: estamos entrenados para pensar en la urgencia, en el dólar, en la inflación, en el plan de estabilización.

Hoy la mayor contribución que puede hacer CIPPEC es no solo seguir pensando las reformas que ya están en agenda, sino empezar a trabajar en la agenda del futuro.

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Quirno volvió a defender la soberanía sobre Malvinas y le apuntó a los kelpers: ““La autodeterminación no aplica en casos de colonialismo”

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Ante el creciente debate por la soberanía de las islas Malvinas, el canciller, Pablo Quirno, volvió a defender el reclamo argentino al considerar que se trata de una “causa irrenunciable” y le apuntó al Reino Unido por pretender “desconocer la realidad histórica”.

El ministro de Relaciones Exteriores publicó un posteo en X, en alusión a los 62 años que se cumplen del Alegato Ruda, una presentación que realizó el diplomático José María Ruda el 9 de septiembre en Nueva York, en defensa de la soberanía sobre las islas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU).

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“El Alegato demostró ante el mundo que el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, expresó Quirno.

A su vez, destacó que Ruda señaló que la cuestión Malvinas se trataba de un caso particular, debido a que la población argentina fue expulsada por la fuerza y reemplazada por otra, de origen británico.

Quirno indicó que, gracias a su labor, el Comité de la ONU aprobó las bases de la Resolución 2065, la cual fue adoptada por la Asamblea General del organismo el año siguiente.

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“Allí, la comunidad internacional reconoció formalmente que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes están sujetos a una situación colonial a la que debe ponerse fin mediante negociaciones bilaterales que resuelvan la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”, manifestó el canciller.

“Hoy, el Reino Unido pretende desconocer la realidad histórica de que los habitantes argentinos de las islas Malvinas fueron desplazados violentamente, y busca hacer primar la voluntad de quienes fueron introducidos más tarde para suplantarlos”, agregó.

Por último, aseguró que la causa Malvinas es “irrenunciable” y que el reclamo del país no se apoya en la fuerza, “sino en la verdad histórica, la integridad territorial y el derecho internacional”. “Las Malvinas fueron, son y serán argentina”, cerró.

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En línea con el discurso de Milei

El nuevo mensaje de Quirno fue en la misma dirección que el discurso que brindó el presidente Javier Milei en cadena nacional el pasado jueves.

El líder de La Libertad Avanza aseguró que las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la nación y que en 1833 fueron ocupadas por Reino Unido tras expulsar a las autoridades locales.

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Milei, en cadena nacional

“Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido”, argumentó Milei.

En respuesta, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, aseguró que su Gobierno será “implacable” a la hora de defender la soberanía sobre las islas.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, expresó, en alusión al referéndum que se celebró en las islas en 2013 y agregó: “Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

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"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

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En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.

A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.

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El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.

A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.

El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.

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El tuit de Mauricio Macri

El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.

Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.

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El ex presidente sostuvo que el Poder Judicial no puede hacer una revisión preventiva de decisiones del Poder Legislativo.

La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.

Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.

En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.

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Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos por Vialidad

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Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia finalmente recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.

Es dinero que fue congelado hace más de 10 años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero que ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.

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Un primer listado de bienes transita la etapa final del decomiso y espera resoluciones de la Corte Suprema. Pero ese grupo podría no alcanzar para cubrir el monto total y, por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, tiene bajo análisis un segundo listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Florencia Kirchner@florenciakf

La demora del Banco Galicia en responder a la solicitud de la Justicia sobre el estado de ese dinero había generado inquietud en los tribunales, pero su disponibilidad fue finalmente confirmada este lunes por la entidad.

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El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner y uno pertenece a la expresidenta.

Su situación es distinta porque el TOF 2 ya ordenó su decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión. Sin embargo, las defensas acudieron en queja ante la Corte Suprema, que todavía tiene planteos pendientes sobre la ejecución de algunos de esos bienes.

El máximo tribunal ya dejó firme, en cambio, el monto total que debe recuperarse, de $684.990 millones, aunque no se descarta que deba ser actualizado nuevamente por el efecto de la inflación y el paso del tiempo.

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Además, la Corte debe definir si alguno de los inmuebles de ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.

Esto es así porque, al tiempo que se ponía en marcha el decomiso, la Corte dictó una acordada que estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos primero a disposición del propio tribunal para que determine si alguno puede ser destinado al Poder Judicial. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y recién después el tribunal puede avanzar con la ejecución.

Pendiente

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El decomiso es lo último que resta ejecutar de la condena por Vialidad, dictada por el tribunal en 2022 y confirmada por la Corte a mediados del año pasado.

El mecanismo se puso en marcha después de que ninguno de los condenados aportara voluntariamente el dinero para cubrir el monto de la condena, fijado originalmente en $84.835 millones.

Una vez actualizado a $684.990 millones, el TOF 2 los intimó a depositarlo en un plazo de diez días hábiles. Ninguno realizó el pago, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que fueron, según la Justicia, producto del delito, incluso sobre aquellos que fueron transferidos a terceros, como es el caso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.

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Los más de cinco millones de dólares de Florencia Kirchner que permanecen inmovilizados en el banco fueron embargados por el juez Julian Ercolini, en 2016.

Se componen de 4.664.000 de dólares encontradas en una caja de seguridad, y dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.

El juicio por Hotesur-Los Sauces, que es por presunto lavado y tiene a la expresidenta y a su hijo Máximo entre los principales acusados, tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio está próxima a definirse.

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Máximo estará sentado en el banquillo en el juicio Hotesur-Los SaucesHernan Zenteno

Florencia Kirchner no será juzgada en ese expediente porque fue sobreseída, pero la Justicia decidió mantener embargado el dinero al considerar que todavía estaba bajo sospecha el origen de esos fondos.

Por eso, el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, puesto que los dólares permanecen cautelados en Hotesur-Los Sauces y podrían resultar de interés para ese proceso.




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