POLITICA
El Senado define el reparto de las Bicamerales y se activa una feroz pelea entre LLA y el kirchnerismo

En medio de la persistente puja del kirchnerismo por lugares que el oficialismo y la oposición dialoguista le “quitaron” en comisiones unicamerales del Senado -las perdieron por poca viveza en el recinto-, en silencio ya se activó otra guerra por la repartija de butacas en bicamerales estratégicas como la de Inteligencia -con el siempre pícaro presupuesto privado, único en el Congreso- y la Mixta Revisora de Cuentas. La última sirve de enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado.
La semana senatorial casi que finalizó el jueves, luego de una sesión sin grandes estridencias. Más bien fue un convite en el que quedó demostrado que, año tras año, la consistencia de los discursos y el raciocinio legislativo se acercan un poco más hacia el abismo. Hay pocas excepciones, claro está, mientras que Diputados mantiene pegada al pecho la medalla del circo final. Más allá del esperanzador panorama, en el post recinto de la Cámara alta comenzaron a volar los nombres que cerraron libertarios y -por ahora- aliados. Durante el fin de semana, la versión fue confirmada con discreción a Infobae por tres espacios.
Entre lo más jugoso, la trifulca por la bicameral de Inteligencia se llevó la marca no sólo por la estrategia numérica, sino también por el eventual ticket de oro para la peronista Carolina Moisés (Jujuy), quien hasta hace poco pidió por redes sociales -mensajes emotivos- la liberación de la hoy condenada Cristina Kirchner. Y fue acompañada por La Libertad Avanza -entiéndase, Patricia Bullrich- y aliados para ser hoy nada menos que vicepresidenta del Cuerpo.
La Cámpora -Cristina- intenta cancelar a toda costa a Moisés desde hace tiempo. Sin sororidad mediante y con el mayor veneno posible. Ya son decenas de idas y vueltas de una relación con amores y odios curiosos, en medio de una política general ultrajada que ya no recuerda, ni siquiera, los mínimos no imponibles. Por momentos, nada parece importar. Todos contra todos. Allí, el Gobierno se cansa de ganar, con consecuencias reales a conocer en corto y mediano plazo.

Al Senado le corresponden siete de los 14 lugares en Inteligencia. Se sabe, pese a que no fue formalizado, que la UCR –Maximiliano Abad-, el PRO –Martín Goerling– y Moisés tendrían el espacio asegurado. Y seguiría la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El kirchnerismo supo acumular tres. La pregunta es si pasará a dos o se irá al extremo de uno. Pareciese ser la última opción.
Con la partida del inolvidable Oscar Parrilli de la Cámara alta, allí quedaron hasta horas atrás la peronista Florencia López (La Rioja) y el camporista Eduardo de Pedro (Buenos Aires). No obstante, desde un castillo cristinista deslizaron a este medio que, de ser dos, “Wado” preferiría ir a la de Acuerdos y pasarle la posta al eufórico rionegrino Martín Soria. La Libertad Avanza irá por dos, con su exjefe Ezequiel Atauche (Jujuy) y el recién aterrizado y aún verde -premio llamativo- Agustín Coto (Tierra del Fuego). De esta manera, el oficialismo filetearía sin descanso al cristinismo, mientras que otros aliados ya direccionan la lupa hacia Moisés y dudan sobre su rol y a quién responderá. Siempre, debajo de la línea de flotación.
Otro peronista freelance con coronita es el catamarqueño Guillermo Andrada, “compañero” de Moisés en la bancada Convicción Federal. Es soldado y terminal legislativa sin chistar del gobernador, Raúl Jalil. Se está por ganar una butaca en la Mixta Revisora de Cuentas. Allí también saldría perjudicado el kirchnerismo. “El problema es que ya sabemos para dónde van a saltar si se mueve la brújula para el otro lado”, sentenciaron sobre el dúo justicialista desde un despacho dialoguista top a Infobae. La tercera pata de esta selección justicialista es la tucumana Sandra Mendoza, más conocida por la “espada de Dómacle”.
El último presidente de la bicameral de enlace con la AGN fue el actual diputado multi PJ Miguel Pichetto, quien logró cerrar con oficio los trabajos demorados para chequear gastos de las eras de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Así está el Congreso. Por eso el margen de acción que disfruta, por ahora, la Casa Rosada.
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POLITICA
El Gobierno bloqueó la venta de un banco a dos de los principales imputados por el rulo financiero

La negociación lleva más de dos años pero acaba de llegar a su fin, al menos desde el plano administrativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó el último recurso contra la decisión del Banco Central de frenar la venta del Banco Voii a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, dos de los investigados en las causas por la maniobra del dólar blue. La decisión destrabaría la venta a la empresa Cocos, que cerró un acuerdo hace casi un año y desde entonces espera una decisión del Banco Central.
Las negociaciones para vender el Banco Voii se remontan al último tramo del gobierno de Alberto Fernández. En agosto de 2024, ya con el cambio de gestión, el directorio del BCRA rechazó la modificación accionaria de la entidad a manos de Fernández y Agra, dos nombres muy conocidos en el mundo de las financieras. El argumento formal fue que los oferentes “no cumplían con la totalidad de las condiciones establecidas en las normas de aplicación”. A partir de ese momento comenzó una batalla en el plano administrativo que motivó al menos dos resoluciones más del Central durante el año pasado.
A través de sus abogados, Fernández y Agra agotaron todos los recursos administrativos posibles. “Hágaseles saber que la vía administrativa se encuentra agotada, encontrándose expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los ciento ochenta días hábiles judiciales”, dice la resolución firmada por Caputo hace pocos días y a la que tuvo acceso .
Cerca de Agra aseguraron que no entablarán acciones legales ni contra el BCRA ni contra la empresa Cocos. Las mismas fuentes destacaron que hay una medida cautelar reciente, dictada por la jueza en lo comercial Maria Soledad Casazza. En esa misma demanda, Agra y Fernánez reclamaron que se congele la suma de US$ 4 millones para “garantizar el cumplimiento del contrato”.
Fernández y Agra son dos protagonistas clave en la trama del dólar blue. La contadora aparece en los audios entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque que dieron inicio a la causa que investiga el fiscal Picardi. «Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar. ¿Por qué? porque me están volviendo loco y vos me estás volviendo tanto loco para que sea un granito que explote. El grano explota y explota con toda”, se queja Hauque en esa conversación que fue grabada por Piccirillo.
También fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador”, lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025. ¿Por qué tanto ánimo de venganza?. Solo ellos lo saben.
Varios de los financistas involucrados en la trama del blue confirman que Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Cuando su nombre comenzó a sonar en las causas judiciales que tramitan en Comodoro Py, fue retirada de ese registro.
“Valeria Fabiana Fernández intervino como profesional —en su carácter de contadora certificante y/o auditora externa— en las entidades cambiarias Stema Cambios S.A. y Megalatina S.A., las cuales, la información remitida por el BCRA, habrían adquirido divisas en el Banco de Servicios y Transacciones (BST) por un monto de USD 507.448.000″, destacó Picardi cuando pidió allanar su domicilio, en marzo pasado. En ese momento, la causa estaba bajo secreto de sumario.
Fernández fue allanada en su departamento, en el barrio de Barracas, y en su oficina. en pleno Microcentro. La orden pedía secuestrar su celular, pero nunca la encontraron. Sin embargo, los investigadores se llevaron varios pendrives y otros dispositivos electrónicos. En el domicilio particular, en presencia del abogado, la Policía Federal se llevó un total de 8 pendrives, 2 tablets, y una libreta con anotaciones. También se encontraron joyas y varias cajas de relojes.
Por pedido del fiscal Picardi, la PFA también allanó a una funcionaria homónima de Fernández, dos años más joven, que integra el grupo de funcionarios que debía controlar a los financistas desde el área de Entidades No Financieras. La cabeza de ese grupo era Fabián Violante. Los teléfonos de todos esos funcionarios también están en etapa de análisis.
La causa que lleva adelante Picardi se activará en las próximas horas con nuevas medidas de prueba mientras se define la puja por la competencia con el expediente de Servini. Esta semana, el juez Daniel Rafecas, que reemplazó a la jueza hasta este viernes, rechazó la unificación de las causas y ahora la Cámara Federal. No es un tema menor. Hay abogados e imputados que vinculan su suerte en la causa con el juzgado que termine interviniendo.
La contadora Fernández aparece vinculada a las dos casas de cambio que encabezan todos los rankings de venta de dólares. El caso de Mega Latina es emblemático. Esa agencia vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023. Fernández firmaba los estados contables pero como accionista aparecía Juan Manuel Agra, al menos hasta 2022. También se lo vincula de manera directa con Stema Cambios y Gallo Cambios, otras dos sociedades investigadas en varias causas.
Agra tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía. “A nosotros nos decía que tenía relación con (Sergio) Massa. También hablaba de su relación con Romina García (una de las funcionarias del BCRA investigadas) y decía que tenía llegada al banco BST”, cuenta uno de los financistas que lo trató de manera frecuente.
Según un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) e incorporado este mes al expediente que lleva adelante la jueza María Servini junto al fiscal Carlos Stornelli, Agra también fue accionista de una agenda platense, Karuna Group, junto a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, ambos dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El dato ya había sido revelado por Francisco Olivera en octubre de 2023, en medio del escándalo por las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau.
“Agra y Valeria trabajaban como una sociedad, se repartían los roles. Ella se encargaba de los trámites en el Central y él de los contactos políticos. Para ellos la compra del Voii hubiera sido un paso fundamental, en ese mundo de las casas de cambio todos quieren tener un banco para hacer otro tipo de operaciones”, cuenta un cuevero que los frecuentó y utilizó sus contactos.
La decisión de Caputo de clausurar la negociación por la venta del Voii a Agra y Fernández abre la puerta para que ese pequeño banco, propiedad de Walter Grenón, pase a manos de Cocos, la empresa que encabeza Nicolás Mindlin, hijo de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. “Estamos esperando que el Banco Central autorice la operación”, dijeron fuentes de la empresa.
l dato ya había sido revelado por Francisco Olivera en octubre de 2023,Nicolás Pizzi,Dólar blue,Conforme a,Dólar blue,,Últimos registros. ¿A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este domingo 31 de mayo?,,Últimos registros. ¿A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 30 de mayo?,,Minuto a minuto. ¿A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue este viernes 29 de mayo?
POLITICA
Círculo rojo: las mil y una discusiones por el modelo peronista y las negociaciones bonaerenses

“Hay que aprovechar el Mundial para empezar a ordenarse”, asegura un altísimo dirigente del peronismo con ambiciones presidenciales. Pareciera ser un objetivo casi tan complejo como la obtención del bicampeonato por parte del seleccionado de Lionel Scaloni, aunque con una diferencia sustancial: el liderazgo indiscutible del técnico argentino. Sin embargo, la discusión en el seno del peronismo ya no es solo por el candidato si no más bien por el modelo y, algo aún más relevante, quién lo lidera. Es decir, no solo por el DT si no por la estrategia que ejecute en la cancha de cara a las elecciones del año próximo.
Ese debate se adelantó en el feriado del 1 de Mayo, en el acto de Parque Norte encabezado por dirigentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel e intendentes del interior y del Gran Buenos Aires, que postularon la necesidad de recuperar la doctrina de Néstor Kirchner de crecimiento sin déficit fiscal, el término maldito que Javier Milei introdujo en estos años con éxito en la agenda pública y que ahora interpela a un PJ que quiere saldar cuentas antes de la campaña del 2027 para no repetir los errores de la fallida experiencia del Frente de Todos. “Es importante ganar, pero también llegar con un plan discutido, que fue lo que no tuvimos en el 2019″, admite uno de esos dirigentes.
Esa postulación de Parque Norte se interpretó no solo como un mensaje a Axel Kicillof, que no suele ponderar en sus discursos el equilibrio de las cuentas públicas más allá de que alcanzó el superávit fiscal en la provincia de Buenos Aires hasta la irrupción de Milei en la escena nacional –“Axel no es un talibán del superávit, pero tampoco es un fanático del déficit: hay momentos en los que se puede, y momentos en los que no se puede”, respondieron desde La Plata-, sino como un aviso al kirchnerismo duro, y una señal al círculo rojo, ávido, en un sector, por una propuesta de continuidad programática con algo más de racionalidad que el esquema actual libertario. “El círculo rojo tomó nota, nos preguntan ‘¿es en serio esto del equilibrio fiscal…?’“, admitió un dirigente que encabezó el lanzamiento de Parque Norte.
La semana pasada, en una entrevista con El Destape, la diputada Paula Penacca, de La Cámpora, muy cercana a Máximo Kirchner, metió el dedo en la llaga. “Ese verso no hay que comérselo más, nos empiezan a meter en una discusión en la que nos moderan los términos, y cuando nos moderan los términos nos moderan las acciones. El peronismo no puede ser un peronismo modesto, condescendiente, que habla de equilibrio fiscal. Está bien, todos creemos que hay que tener una macro estable en la Argentina, ahora, eso no puede ser a condición de dejar para último minuto la distribución del ingreso”, dijo. Le respondió Tolosa Paz, a través de un posteo en X titulado “escuchar a Néstor, SIEMPRE”, en el que publicó un fragmento de un discurso de Kirchner en el que el ex presidente se refería al “cuidado del gasto”, y que “el equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental”.
Fue Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, abiertamente enemistado con La Cámpora, el que, de todos modos, ofreció durante la semana una versión mucho más audaz. Cuando Pedro Rosemblat, en su programa de Gelatina, le preguntó qué dejaría de la gestión Milei, la respuesta del ex funcionario lo tomó por sorpresa. “¿Vos querés saber si yo dejo algo de lo que hizo Milei? Todo… Todo, no toco nada, y empiezo a mirar pedacito por pedacito, porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar, no se puede dejar de costado», sorprendió. El quilmeño dijo que el peronismo no debería correr el péndulo en materia de gestión si le toca volver al poder el próximo año: “Tenés que ponerte en condiciones para saber lo que vas a hacer”.

Esa frase es la que, en parte, atraviesa al peronismo: qué modelo ofrecer a la sociedad para ser atractivos tras el fiasco del Frente de Todos, una coalición exitosa electoralmente pero muy defectuosa en términos de gestión y del programa, que terminó con el triunfo de Milei en el 2023, un outsider que llegó a la Presidencia con una inflación desbocada, un hartazgo generalizado en la “casta política” y un nuevo sujeto social que la propia Cristina Kirchner, en su rol de vicepresidenta, catalogó como “trabajadores asalariados pobres”, según remarcó, una experiencia inédita para el peronismo.
En junio del 2021, en una de sus clases magistrales en Avellaneda, en un plenario de la CTA junto al intendente Jorge Ferraresi -uno de los más entusiastas hoy en el proyecto presidencial de Kicillof-, la ex presidenta hizo una larga presentación económica en la que incluyó gráficos con información del G20 en los que se exhibía a Estados Unidos al tope de un ranking de países desarrollados en materia de desequilibrio fiscal. “Fíjense -pedía, mientras se sucedían filminas y gráficos-, Estados Unidos récord en materia de déficit fiscal total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el déficit fiscal es bueno? No, no quiere decir que es bueno. Estoy tratando de buscar las causas por las que la inflación acá es única en el mundo, por el déficit fiscal no es. El déficit, que es un concepto económico, no matemática, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la súper inflación», planteó frente a una platea que aplaudía a rabiar. Enseguida, hizo alusión a la oferta y la demanda, a los postulados de Milei, que empezaba a hacerse notar cada vez más desde el Congreso, e hizo hincapié en la supuesta evasión y las ganancias de las empresas, en la formación de activos en el exterior y en lo que denominó “festival de importaciones”, un latiguillo que hizo mucho ruido hacia adentro del gabinete de Alberto Fernández.

Según datos recopilados por la consultora Equilibra, de Diego Bossio y Martín Rapetti, el último año con superávit financiero durante el kirchnerismo fue en el 2008, en el segundo año del primer gobierno de Cristina Kirchner: el ex presidente había llegado a ese objetivo durante toda su gestión, apalancado, en buena medida, por el viento de cola del valor de los commodities como la soja. El 2009 fue el último año de superávit primario, es decir, sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública.
Cuando Milei llegó al gobierno, colocó un ancla inflacionaria a su programa y basó toda su administración en el equilibrio de las cuentas públicas hasta convertirlo en un dogma. Era una discusión que ya se había instalado en el seno del Frente de Todos en la campaña del 2023, y que desde el equipo de Sergio Massa proponían como posible programa de gobierno, aunque desde las oficinas del propio candidato admitirían, una vez asumido Milei, que la base electoral del peronismo, y los integrantes de la coalición peronista, no hubieran tolerado un ajuste de estas magnitudes. Lo sufrió en carne propia Martín Guzmán, que no pudo aumentar las tarifas de los servicios públicos por el rechazo interno del cristinismo: el ex ministro de Economía ni siquiera pudo correr de su cargo a Federico Basualdo, que se opuso a esa decisión por sobre su propio jefe.
Massa deshoja ahora su propia margarita de cara al 2027. En su entorno se dividen las aguas, entre los que piensan que tiene “una bala más en la recamara”, en referencia a una hipotética nueva postulación nacional, y los que consideran que tiene que volver a reconstruir su vínculo con la sociedad desde una postulación a gobernador. Están, por último, los que creen que es mejor así: ejecutar la influencia que ejerce desde su oficina de Libertador, con redes en todo el círculo rojo.
El ex ministro mantiene intacta su sociedad con el kirchnerismo, y una buena relación con Kicillof. Ayer, Sergio Uñac, que se lanzó a la Presidencia, reunió a referentes del PJ en su provincia. Se postuló con el guiño de la ex presidenta, interpretado como una señal, tibia por el momento, a Kicillof.

Lo cierto es que, en el debate fiscal, dentro del propio Gobierno se inquietan ahora por el ajuste de Luis Caputo, “Toto”, que hasta él mismo cuestionó hace dos semanas, en una entrevista televisiva, cuando se sinceró: “Tenemos que recaudar más, seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Más directo fue un altísimo dirigente del oficialismo, que planteó: “Es fácil tener superávit a lo ‘Toto’ si no le pagás a nadie”.
Por eso Vaca Muerta se transformó, transversal a todos los gobiernos, desde CFK -el kicillofismo saca pecho con la estatización- hasta Milei, en una política de Estado que puede ser la llave de esa disyuntiva para las próximas administraciones, con una generación de divisas fenomenal en un mundo, como el actual, que demanda energía. Algo similar sucede con la minería, en particular con el cobre: las grandes compañías a nivel global, desde Glencore y Río Tinto hasta BHP/Lundin, ya pusieron un pie en el país, con inversiones a largo plazo que, según los proyectos presentados en el RIGI, ascienden a más de USD40.000 millones. Según los expertos del sector, la minería podría convertirse, en unos 10 años, en un rubro tan trascendental para el desarrollo del país como el campo o Vaca Muerta.
El mes pasado, cuando se sancionaron en el Congreso las modificaciones a la Ley de Glaciares que reclamaban las empresas y las provincias mineras, los representantes de la cámara sectorial pidieron una reunión con Kicillof mientras se discutía el proyecto en audiencia pública. Dos días antes, la dieron de baja: la ministra de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, de La Cámpora, expuso en el Congreso con argumentos durísimos contra la iniciativa, lo que motivó la suspensión. Fastidiados, desde el sector explicaron que les hicieron llegar el mensaje de que, por ser de La Cámpora, el gobernador no tenía herramientas para dar de baja la exposición de su ministra. Desde La Plata lo desmienten: “Axel sí la podía bajar, pero no quiso, como tampoco rosqueó con el resto de los gobernadores para que no salga la ley, más allá de algunos reparos”. En Provincia explicaron, por caso, que nunca pusieron reparos a la minería para operar en ese distrito.

PBA en el ojo de la tormenta. El debate en torno a la minería y sus eventuales implicancias ambientales es uno de los temas que divide al peronismo. Durante la discusión en el Congreso, hubo innumerables posiciones de rechazo, desde La Cámpora hasta destacadas figuras del espacio y del kicillofismo, más allá de Vilar, y definiciones a favor. La UOCRA, por ejemplo, marchó en torno al Parlamento para apoyar la iniciativa.
La posición del gobernador bonaerense, y su hipotético modelo económico, es motivo de análisis en el círculo rojo y entre los inversores, que suelen formular dos preguntas a sus interlocutores domésticos: qué posibilidades tiene Milei de ser reelecto y, por el contrario, cuántas chances reales tiene el peronismo de volver al poder. En este último caso, la figura de Kicillof genera algún tipo de alarma en algunos sectores, a pesar de que un buen número de empresarios que se entrevistaron con él en estos meses salieron mucho menos espantados de lo que preveían antes de verlo.
Pero si existe cierta preocupación en el establishment, dentro del propio peronismo, en particular en territorio bonaerense, la situación es más bien parecida a la de la guerra feroz y a cielo abierto entre las dos facciones del gobierno lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo. En la provincia de Buenos Aires, esos dos bandos están representados por el gobernador y por Cristina y Máximo Kirchner.
El vínculo entre Kicillof y el jefe de La Cámpora no tiene retorno en términos personales, y desde lo político cada uno inició su camino. Circularon incluso en estas semanas versiones en torno a que el diputado había pedido una reunión mano a mano, pero fueron desmentidas: por el momento, no pasó ni pasará. Tampoco con la ex presidenta, a pesar de los esfuerzos de algunas figuras como Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora que quiere ser gobernador, que tiene buena relación con todos los sectores y que suele aconsejarle a Kicillof que intente visitar nuevamente a CFK. “En las últimas reuniones, Cristina le pidió lo mismo: que Axel valide todas y cada una de sus decisiones con Máximo, y eso no va a pasar”, respondieron desde La Plata. En el 2021, cuando el peronismo perdió las elecciones intermedias, la ex presidenta autorizó una intervención del gabinete provincial con el desembarco de Martín Insaurralde, socio del jefe de La Cámpora. Tanto el ex intendente de Lomas como Kirchner aspiraban a quedarse con la Provincia en el 2023, cuando desde el dispositivo cristinista se le pidió al gobernador que fuera el candidato presidencial para correrlo de ese territorio. Kicillof se negó, y esa negativa terminó por dinamitar los puentes, incluso antes de que CFK fuera por el PJ, ante la falta de apoyo de su ex ministro, y de que fuera presa, y desde ese sector se le achacara públicamente al gobernador que no se pronunció de manera enfática por ella.
La disputa se trasladó más tarde al gabinete y a la Legislatura, con epicentro en el Senado, desde donde el kirchnerismo entabló una guerra despiadada contra Verónica Magario por el control de la caja y el reparto de comisiones, recién saldado. En Diputados aún hay tierra fértil para La Cámpora y para que Insaurralde, desde la clandestinidad pública, ejerza todavía una influencia decisiva.
En esa Legislatura se debate, por ejemplo, la re-reelección de los intendentes. También la postulación de los cuatro aspirantes a la Corte Suprema provincial, que funciona con tres integrantes, como la Corte nacional. Es una negociación que está empantanada. De esas cuatro vacantes, tres les corresponden, según el peronismo, a ellos, y otra a la oposición. El problema es que no hay una sola oposición, tampoco un solo peronismo. Según trascendió, sería uno para Kicillof, uno para Massa y otro para el cristinismo, aunque desde la gobernación reclamaron dos para sentarse con más aire a la mesa de negociaciones: “Si vamos con uno, terminamos con nada”.
La Justicia es un rubro al que el gobernador no le dedica demasiado tiempo, pero hay funcionarios y operadores que empezaron a abrirle algunas relaciones.
Existieron, en los últimos meses, conversaciones subterráneas con la Corte, que acumula ocho demandas millonarias de la Provincia contra Milei por transferencias interrumpidas. Tuvo lugar, además, una cumbre reservada en Avellaneda, con Ferraresi como anfitrión, que convocó a los jueces Ariel Lijo, María Servini, Jorge Rodríguez, Diego Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El gobernador llegó con el ministro Javier Alonso y Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores judiciales, y no conocía el detalle de la convocatoria. No participó Juan Martín Mena, el ministro de Justicia provincial, que tiene buen diálogo con el gobernador pero responde directamente a San José 1111. Los asistentes le preguntaron a Kicillof por su visión sobre la Justicia. “No les voy a pedir nada para no deberles nada”, respondió, según sus colaboradores.

Esa displicencia en un rubro tan sensible evidencia, según algunos dirigentes del peronismo, cierta debilidad en la construcción del proyecto presidencial de Kicillof. Es algo que ahora compromete al Presidente, inmerso en un pleito judicial entre dos bandos que se dirime en Comodoro Py. En el PJ apuntan, en ese sentido, a su temperamento, y a su estilo de conducción: para algunos sectores, no conduce, aunque tenga un diálogo fluido con otros gobernadores. La independencia definitiva de Cristina Kirchner es otra de las inquietudes, igual que la herramienta para determinar al candidato: no es lo mismo con o sin PASO. Una vez culminado el Mundial comenzarán algunas revelaciones. La eliminación o no de las primarias es una de ellas. El casi seguro adelantamiento del calendario provincial también cautiva a inquietos: algunos probables postulantes trabajan con la hipótesis de una elección posible en mayo.
“Axel no tiene que ser el candidato de la rosca, tiene que ser el candidato de la gente”, aseguraron en La Plata. Cualquier candidatura, de todos modos, está atada no solo a la rosca, las negociaciones y el debate por el modelo, si no también por la situación socioeconómica bonaerense. El programa de Milei ofrece, en ese sentido, una novedad: es la primera vez, en los últimos veinte años, que Buenos Aires no es un eje central de los proyectos nacionales porque es la primera vez que la conducción provincial no coincide con el poder central. En el 2015, con el triunfo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la Casa Rosada privilegió las transferencias a ese distrito, a pesar de que los tarifazos en los servicios públicos impactaron fuertemente en el Gran Buenos Aires. En el gobierno del Frente de Todos, esas transferencias se multiplicaron. En plena pandemia, Alberto Fernández recortó la coparticipación que Macri le había aumentado a la capital en el 2016 por el traspaso de la Policía y se la giró a Kicillof, presionado por un acuartelamiento de la fuerza provincial por demandas salariales. El experimento Milei, de asfixia a la principal provincia del país, pone al gobernador a prueba a diario: desde el año pasado, las cuentas bonaerenses cerraron con déficit. Una situación aún más acuciante puede tirar por la borda cualquier proyecto presidencial.
En la reunión de hace algunas semanas de intendentes del conurbano con la cúpula de la Iglesia se hizo especial hincapié en esa cuestión: “No hay explosión, pero no sabemos si mañana no puede llegar a haberla”, fue el mensaje de los jefes comunales. La jefatura eclesiástica pidió mayor cohesión en el peronismo, hasta que uno de los intendentes señaló: “Si llegó Milei es por culpa nuestra”.
La crisis en el conurbano es algo que se sigue con interés también desde la Casa Rosada, más precisamente en el despacho de Diego Santilli, que ya trabaja para ser gobernador, impulsado, según su entorno, por los hermanos Milei, que le hicieron saber de esa intención finalizadas las elecciones de octubre pasado. Sebastián Pareja, que intenta negociar con funcionarios bonaerenses por las vacantes en la Corte, ya tiene el dato.
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POLITICA
El caso del FIFAgate y la sombra que se proyecta sobre la AFA

La noticia se asemeja a una bomba de profundidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede viajar a Estados Unidos y disfrutar del Mundial, desde adentro, como líder de la comitiva oficial argentina. Pero ahora sabe que al menos tres fiscales norteamericanos investigan los movimientos de dinero de la entidad que preside y, por extensión, lo investigan a él. Y los antecedentes al respecto distan de ser tranquilizadores.
Corría el año 2010 cuando una investigación en Estados Unidos sobre el crimen organizado ruso derivó hacia la corrupción en el fútbol. Y se aceleró cuando un agente del organismo tributario de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) abrió en 2011 una causa por evasión impositiva contra Chuck Blazer, el exsecretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, conocida como la Concacaf.
El primer punto de inflexión llegó cuando los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York confrontaron a Blazer junto a dos agentes del FBI, Jared Randall y John Penza. Le mostraron las evidencias que habían recolectado sobre su proceder delictivo con sociedades pantalla e impuestos impagos, y le ofrecieron el clásico dilema: cárcel o cooperación. Y en diciembre de 2011, Blazer aceptó volverse informante. En otras palabras, se reunió decenas de veces con los fiscales entre 2011 y 2013 y llegó a portar un micrófono oculto en un llavero durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El estallido público del llamado FIFAgate llegó, sin embargo, recién en mayo de 2015. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch —que había encabezado la pesquisa como fiscal del Distrito Este y llevaba apenas un mes en su nuevo cargo— presentó una acusación de 47 cargos contra catorce dirigentes y ejecutivos del marketing deportivo, coordinada con un operativo de la policía suiza que arrestó esa madrugada a varios imputados en Zúrich.
Los fiscales sostuvieron la jurisdicción estadounidense argumentando que el dinero —lícito e ilícito, incluidos sobornos— había transitado por el sistema bancario norteamericano, una construcción jurídica que les permitió perseguir a corruptos de toda Iberoamérica. Es la misma premisa que los fiscales podrían invocar ahora para avanzar sobre los movimientos de dinero —lícito y bajo sospecha— de la propia AFA y la gerenciadora TourProdEnter LLC.
La estrategia combinó cooperación internacional con Suiza, presión sobre imputados para obtener nuevos delatores —figuras como Alejandro Burzaco se convirtieron en testigos clave— y una segunda tanda de imputaciones en diciembre de 2015 que sumó dieciséis acusados más. El despliegue, sostenido durante años por un equipo reducido, consolidó un modelo de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional que sigue produciendo causas derivadas hasta hoy.
El FIFAgate reveló un esquema sistemático de sobornos por más de US$150 millones a cambio de derechos de televisación y marketing de torneos y de votos para la organización de Mundiales. Consolidó, además, el largo brazo de la Justicia de Estados Unidos sobre los negocios del fútbol.
En ese marco, “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia argentina para viajar a la final de la Champions League, en Europa, y al Mundial que se desarrollará a partir del 11 de junio y durante 39 días en Estados Unidos, México y Canadá. A cambio, la condición impuesta fue depositar una caución de $30 millones en el expediente del fuero en lo Penal Económico en el que fue procesado por presunta retención indebida de aportes.
Así, Tapia voló este jueves a Europa, para luego seguir su camino hacia Estados Unidos. Tendrá hasta el 21 de julio para retornar a la Argentina. En el interín, podrá vivir desde adentro el esfuerzo de la Selección por obtener la cuarta estrella. Pero se sabrá, también, bajo una lupa.
El titular de la AFA conoce, sin dudas, el antecedente de Jeffrey Webb, quien presidía la Concacaf en mayo de 2015. Se hospedó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, en vísperas del congreso de la FIFA, y se despertó esposado por la policía suiza a pedido del Departamento de Justicia. La lección: una imputación sellada (sealed indictment) puede materializarse en cualquier momento, sin previo aviso, mientras el acusado desayuna en su hotel. El FBI y el Departamento de Justicia mantienen una larga tradición de elegir el momento de máxima exposición pública —congresos, finales y ceremonias deportivas— para los arrestos.
El espejo más cercano para el fútbol sudamericano, sin embargo, lo aportó el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout. Arrestado en el mismo hotel suizo en 2015, el paraguayo fue extraditado a Estados Unidos, condenado a nueve años de prisión y fallecido en una cárcel federal en 2022.
Tapia, ahora, se sabe bajo una lupa.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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