Hasta el 12 de junio, cuando se anunció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en el Golfo Pérsico, a los surtidores argentinos solo se había trasladado parcialmente el aumento del precio internacional del crudo. “Entre febrero y marzo el WTI subió 41,7%, mientras que la nafta súper de YPF en CABA aumentó 24,2%; en otras palabras, el precio de surtido trasladó cerca del 58% del aumento porcentual del crudo”, precisa un análisis del ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Ante la pregunta sobre si debido a la fuerte baja del crudo en la última semana debería bajar la nafta en la Argentina Carnicer precisa que la caída del WTI desde USD 84,88 el barril a USD 76,54 a mediados de esta semana (esto es, una reducción del 9,8%), si se aplicara con la misma elasticidad observada en marzo, tras el aumento inicial, “el precio de la nafta súper tendría un margen teórico de reducción de aproximadamente $117 por litro, hasta cerca de $1926 por litro y una traslado pleno llevaría el litro a cerca de $1.842 el litro, poco más de $200 menos que el precio vigente.

Sin embargo, advierte el análisis, “ese escenario debe leerse solo como referencia teórica, porque el precio final de la nafta no está compuesto únicamente por crudo”.

Carnicer recuerda que después del aumento inicial de marzo el precio de la nafta quedó casi congelado en la Argentina “frente a un WTI todavía alto”. De hecho, observó, “en abril y mayo el crudo continuó en niveles elevados, pero la nafta no repitió nuevos saltos. Esto muestra que el mercado local amortiguó el shock, ya sea por política comercial, márgenes, impuestos, o decisiones de estabilización. La contracara es evidente: si el aumento no se trasladó en forma plena cuando el crudo subía, tampoco es automático que la baja se traslade plenamente cuando el crudo cae. Pero sí abre una discusión legítima sobre cuánto margen existe para reducir o, al menos, evitar nuevos aumentos”.

Según el análisis, la discusión de fondo “no es técnica solamente, es también de reglas de mercado. Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja. Esa simetría no tiene por qué ser perfecta ni inmediata, pero debería ser explicable. En la Argentina, el precio de la nafta funciona como un precio sensible: impacta en costos logísticos, expectativas inflacionarias y percepción pública. Por eso, cuando el WTI cae en pocos días, la pregunta ya no es si se justificaba el aumento de marzo, sino qué parte de la baja internacional puede llegar al consumidor y en qué plazo”.

En esa lógica agrega, si bien es cierto que en marzo los precios internos de las naftas absorbieron solo una parte del shock del crudo y que luego se mantuvieron contenidos, también lo es que “la baja reciente del WTI abre una ventana para revisar precios; no necesariamente para una baja plena, pero sí para evaluar una reducción parcial o, como mínimo, para evitar nuevos aumentos mientras el crudo se estabiliza en niveles menores”.

Por otra parte, un proyecto ingresado al Senado propone reducir el peso de los impuestos nacionales sobre los combustibles. La iniciativa fue presentada por el senador nacional santacruceño José María Carambia y contempla dos modificaciones centrales: 1) mantener y fortalecer el tratamiento diferencial para determinadas zonas del sur argentino, y 2) reducir a la mitad la alícuota del impuesto a los combustibles líquidos en el resto del país.

Los análisis y propuestas, en cualquier caso, están sujetos a la evolución concreta del conflicto en el Golfo, que pueden ir en contra del acuerdo anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Este sábado el régimen iraní anunció un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz -por donde circula más del 20% del comercio internacional de petróleo- por los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, es una remuneración diferida que la legislación argentina garantiza a todos los trabajadores en relación de dependencia. No se trata de un bono discrecional ni de una gratificación que el empleador otorga a voluntad: es un derecho acumulado a lo largo del año, reconocido y regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, específicamente en sus artículos 121, 122 y 123.

El marco normativo del SAC tiene varias capas. La Ley 23.041, sancionada en 1983, fijó el criterio de cálculo vigente: el 50% del salario mensual más alto del semestre, con todos los rubros remunerativos incluidos. Décadas después, la Ley 27.073, publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015, reformó el artículo 122 de la LCT y estableció con precisión las fechas tope de pago: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.

El aguinaldo se percibe en dos cuotas anuales. La primera, que corresponde al período enero-junio, se abona en el sexto mes del año. La segunda, que cubre el tramo julio-diciembre, se paga en diciembre. Con el cierre de junio de 2026 a días de distancia, millones de trabajadores registrados del sector privado, empleados del Estado y jubilados del sistema previsional aguardan el cobro de la primera cuota del año.

El SAC alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, con independencia de la actividad económica, el convenio colectivo aplicable o la modalidad contractual. También corresponde a los empleados del Estado en los tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— y al personal de casas particulares, cuyo régimen específico, previsto en la Ley 26.844, les reconoce el derecho en iguales condiciones que al resto de los trabajadores registrados.

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino también perciben el aguinaldo, en virtud de la Ley 24.241 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En su caso, el pago se integra de forma automática al haber mensual de junio y de diciembre, sin necesidad de trámite previo.

Quedan fuera del beneficio los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad. En estos casos, la ausencia de una relación de dependencia registrada elimina la obligación legal de pago del SAC.

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026

El artículo 122 de la LCT, en su redacción vigente tras la Ley 27.073, fija el 30 de junio como fecha límite para el pago de la primera cuota del SAC. En 2026, ese día cae martes. A ese plazo se suma el artículo 128 de la LCT, que otorga a los empleadores un período de gracia de cuatro días hábiles para abonar las remuneraciones. La jurisprudencia extendió ese criterio al aguinaldo, por lo que el vencimiento efectivo para su pago corre hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Si el empleador no abona el SAC dentro de esos plazos, queda en mora automática desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de notificación previa por parte del trabajador, y con obligación de pagar intereses por el período de atraso. El trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral gratuito desde el Correo Argentino.

Para el personal de casas particulares, el régimen es más estricto: el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga, conforme lo establece la Ley 26.844.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran la primera cuota del aguinaldo integrada al haber de junio, de forma escalonada según el tipo de beneficio y la terminación del DNI. La Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializó ese cronograma: quienes perciben el haber mínimo cobran entre el 8 y el 22 de junio; los titulares de haberes superiores al mínimo, entre el 23 y el 29. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobran entre el 8 y el 12 de junio, también según el último dígito del documento. Para los empleados del sector público nacional, provincial y municipal, los cronogramas dependen de cada administración.

La fórmula de cálculo surge de la Ley 23.041 y fue ratificada por la Ley 27.073 al reformar la LCT: el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el semestre. Para la primera cuota de 2026, el semestre de referencia abarca de enero a junio. El criterio es el del mejor mes, no el promedio: si un trabajador cobró más en marzo que en los otros cinco meses, ese salario es la base del cálculo.

El cálculo no se limita al sueldo básico. Se suman todos los rubros de carácter remunerativo que el trabajador haya percibido en el semestre. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, compensaciones por indumentaria o asignaciones que la ley o los convenios colectivos clasifiquen fuera del salario.

Al monto bruto resultante se le aplican los mismos descuentos que al salario mensual habitual: aportes jubilatorios (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), lo que representa una retención total del 17% sobre el SAC bruto.

Cuando la relación laboral no abarcó el semestre completo —por ingreso reciente, renuncia, despido o períodos sin remuneración—, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado. El artículo 123 de la LCT establece que, ante la extinción del contrato por cualquier causa, el trabajador tiene derecho a percibir la parte proporcional del aguinaldo devengada hasta el momento del cese. La fórmula es: (mejor remuneración mensual bruta del semestre ÷ 2) ÷ días totales del semestre × días efectivamente trabajados.

Cuando Toyota decidió importar la nueva generación del SUV RAV4 y traer a Argentina el auto más vendido del mundo, sabía que se enfrentaba a un escrutinio público por su precio, de USD 70.200 para la versión híbrida, la más accesible de las tres que llegaron al país en la primera semana de junio.

El motivo de ese precio es que, por ser un vehículo que se trae desde Japón, no está amparado ni beneficiado por ningún tipo de exención arancelaria parcial o total. Debe pagar directamente el 35% que marca el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que rige entre Argentina y Brasil y que establece ese arancel para todos los vehículos que se importen desde países fuera de la región y del Mercosur.

Sin embargo, esa condición ya no es la misma para todos los mercados productores de automóviles en gran escala como la Unión Europea y Estados Unidos, porque en ambos casos ya están firmados convenios complementarios que mediante el sistema de cupos, permitirán que los vehículos que tengan la integración local suficiente en esos países, puedan llegar a Argentina con una reducción arancelaria (Europa) o una eliminación total (EEUU).

Japón, Corea, Tailandia, Sudáfrica y China, como potencias automotrices que son, no tienen ningún tipo de acuerdo bilateral con Argentina como país o con el Mercosur como bloque. Hay un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos anuales eximidos del pago del arancel común Mercosur, pero el 80% de ese volumen de unidades viene desde China.

Así es como el Toyota RAV4 y otros vehículos que provienen de países “sin beneficios” soportan una carga impositiva alta que lleva su precio a casi el doble de lo que se paga en el país de origen. El motivo por el cual se duplica el precio y no sube únicamente un 35%, sigue siendo la matriz impositiva que carga Argentina a los autos.

Tomando cinco casos y comparándolos con Chile y Brasil, dos vecinos con reglas completamente distintas de arancelamiento, y con EEUU y el país de origen de cada modelo, la cuenta es bastante similar en todos los casos.

El Toyota RAV4 híbrido se vende en Japón en unos USD 32.000, y en EEUU en USD 43.300, por los aranceles aplicados por la administración Trump. Sin embargo, en Argentina cuesta USD 70.200, una diferencia del 120% respecto de su precio de origen. Ese mismo auto en Brasil, que tiene el mismo 35% de arancel extrazona, cuesta USD 67.900 y en Chile, donde no hay arancel de importación, el precio llega hasta los USD 47.750.

El Hyundai Santa Fe se fabrica en Corea del Sur, donde tiene un precio de USD 35.000, contra USD 47.300 que cuesta en EEUU y USD 52.800 en Chile. Pero al llegar a la Argentina su precio sube hasta los USD 70.900, un 102% más. No hay referencias de Brasil, porque allí no se vende este modelo de Hyundai.

Otro caso coreano es el del Kia Carnival, vehículo que en su país tiene un precio de USD 35.820, en EEUU se vende en USD 46.990, en Chile en USD 55.000 y en el mercado argentino cuesta USD 75.000, 110% por encima del país de origen. Aquí tampoco hay referencia de Brasil, porque en ese país se vende una versión diferente que se destaca por su propulsión híbrida.

Otro caso de un vehículo japonés es el del Nissan Xtrail ePower. Un vehículo que tampoco se vende en todos los mercados de referencia pero sí en los de la región. En Japón su precio ronda los USD 25.000, y en Estados Unidos, donde se denomina Nissan Rouge, todavía no se vende la especificación equivalente. Sin embargo, en Chile sí y tiene un precio de USD 40.650. En cambio, al llegar a Brasil el precio sube nuevamente hasta los USD 48.620 y en Argentina sube aún más y tiene un precio equivalente a USD 56.842. La diferencia de precio con Japón es del 127 por ciento.

Por último, un auto coreano pero de una marca europea, sirve también como ejemplo. Es el Renault Koleos E-Tech Esprit Alpine. Un vehículo desarrollado conjuntamente por Renault y Samsung Motors en ese país asiático, donde tiene un precio de USD 32.500. Ese auto se vende también en la región. En Chile tiene un precio de USD 42.730, en Brasil USD 56.400 y en Argentina USD 60.800. La diferencia entre Corea del Sur y Argentina es del 87%.

Tomando un valor simbólico de USD 100.000, un auto tiene que pagar inicialmente unos USD 2.500 de flete y seguro para llegar a Argentina. Una vez en el puerto se aplica el 35% de arancel de importación extrazona, con lo que el precio sube a USD 138.375.

Sobre ese valor se cobra el 3% de tasa de estadística, que eleva el número a USD 142.526, y encima se aplica el IVA del 21%, llevando la suma hasta los USD 172.456. Sobre ese número se pagan USD 1.000 de costos de logística y un 10% de otros impuestos entre Ingresos Brutos, impuesto a las Ganancias o anticipo, impuesto a los Débitos y Créditos, tasas municipales, con lo que el precio llega hasta los USD 190.800.

A ese precio se le debe sumar el margen del fabricante y el del concesionario, que entre ambos oscila entre el 15 y el 20%, lo que determina un precio de venta al público de USD 228.900, es decir un 128%.

La razón por la cual el precio de venta en Argentina no llega a ese monto sino que se queda cerca del 100% es que las terminales o importadoras no compran el auto al mismo precio que un cliente particular en el país de origen, sino a precio de filial o importador oficial.