En un contexto de mora en niveles récord, los argentinos destinan prácticamente un cuarto de su salario para pagar deudas: en los últimos dos años, el peso de las cuotas de créditos sobre los sueldos formales casi se triplicó. Lo que antes representaba menos del 9% de los ingresos, ahora se acerca al 25 por ciento. Este cambio muestra cómo las familias argentinas deben dedicar una parte cada vez mayor de sus remuneraciones a afrontar compromisos financieros.
El dato surge del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Se estima que la carga mensual asociada a los servicios de la deuda de las familias representó 24,1% de la masa de salarial en abril (16,9% de la masa salarial amplia y 4,6% del PIB), nivel ligeramente superior al registrado en el último IEF”, reza el reporte oficial.
Según la consultora Equilibra, este fenómeno está directamente vinculado con un retroceso de los ingresos de millones de personas. El informe señaló que “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei” resultó uno de los factores centrales detrás del salto en los niveles de morosidad. A la vez, los analistas remarcaron que el deterioro del empleo formal —tanto público como privado— fue sustituido por trabajo en “servicios de baja productividad, principalmente cuentapropista y no registrado”.
La morosidad del crédito al sector privado prácticamente se quintuplicó en un lapso de 18 meses, pasando de 2% en noviembre de 2024 a 9,7% en mayo de 2026. El incumplimiento es más elevado en personas que en empresas: la tasa de mora en individuos alcanzó el 16,1% mientras que en compañías fue del 3,5 por ciento. Además, la situación es más grave en entidades no financieras, donde la morosidad tocó el 30,3%, frente al 7,6% en entidades financieras.
En tal sentido, la cantidad de personas en situación irregular creció de manera exponencial. En dos años, el número de deudores con retrasos pasó de 2,4 a 5,8 millones de argentinos. Equilibra puntualizó que “la población adulta de Argentina alcanza 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones —casi 60%— tiene financiamiento formal”. Entre quienes tomaron crédito, el 28% figura actualmente en mora, un porcentaje que supera ampliamente el ratio entre monto en mora y el total prestado.
La morosidad no sólo afecta al crédito bancario. Equilibra advirtió que “a las familias no les alcanza el ingreso, la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso de pagos en expensas, prepagas, cuotas de clubes, etc.”.
El aumento de la carga financiera se combinó con un cambio en las condiciones crediticias. Durante este período, “la tasa de interés real de créditos a personas se volvió significativamente positiva” y dejó de licuarse por efecto de la inflación. En paralelo, trepó con fuerza en la previa electoral de 2025, en medio de una creciente presión cambiaria. Estas condiciones provocaron que, en sólo 24 meses, la carga de los servicios del crédito a personas en entidades financieras pasara de 8,7% al borde del 25% de la masa salarial formal.
El canal de crédito, especialmente en pesos y orientado a individuos, mostró una baja desde mediados de 2025, a medida que los bancos endurecieron las condiciones para otorgar financiamiento frente al crecimiento de la irregularidad en los pagos.
De acuerdo al reporte de Equilibra, la cantidad de personas que recurrió a préstamos en entidades financieras y no financieras aumentó de 17,1 a 20,7 millones en dos años. El salto puede responder tanto a una “mayor inclusión financiera, como a un boom de consumo o a crecientes dificultades para llegar a fin de mes”.
En este contexto, la suba de personas en mora fue explicada en gran parte por quienes sólo accedieron a préstamos no bancarios, por la dificultad de acceder a créditos bancarios tradicionales. “El incumplimiento de las personas que tomaron crédito sólo con entidades no financieras —por dificultad de acceso a préstamos bancarios— supera 50%”, destacó el documento.
Las diferencias también se reflejan en el plano generacional y geográfico. Solo el 40% de los jóvenes de 18 a 29 años accede al crédito formal, y casi el 40% de quienes sí lo hacen ya están en mora. En el norte del país, el porcentaje de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional.
Entre las respuestas del sistema financiero, las entidades comenzaron a ofrecer mayores plazos y menores tasas para regularizar deudas, aunque la consultora advierte que “no será sencillo sin una mejora significativa del ingreso disponible de las personas”. La falta de recuperación de la demanda interna y la exclusión de casi 6 millones de personas del acceso a préstamos formales configuran un panorama restrictivo para la economía local.
“La insuficiencia de ingresos de las familias no afecta sólo al repago de préstamos formales: los atrasos en expensas, pago de prepagas, cuotas de clubes, etc. también treparon. Pareciera que el boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los agentes económicos. Por ende, revertir la anemia de la demanda interna de los últimos 5 trimestres no será sencillo”, concluyó Equilibra.
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En la planta de Hohenau, en el departamento paraguayo de Itapúa, se procesan langostinos que se pescaron a miles de kilómetros de distancia, en el Mar Argentino. Hasta hace poco, ese producto salía directamente hacia Europa. Ahora hace una escala industrial: cruza a Paraguay bajo un régimen de maquila, donde se empaca, se calibra y se le da presentación comercial antes de reexportarse como hecho en Paraguay, pero en realidad es un “Made in Mercosur”.
Solo esa planta, de la empresa South Atlantic Company, recibió una inversión de más de USD 43 millones y ya genera unos 500 empleos directos.
La escena ilustra algo más profundo que asoma en los primeros 150 días del acuerdo más ambicioso que negoció el Mercosur en su historia: la apertura hacia la Unión Europea no solo cambia lo que el bloque le vende a Europa, también está reordenando dónde conviene producir puertas adentro del propio bloque.
En la planta de Hohenau, en el departamento paraguayo de Itapúa, se procesan langostinos que se pescaron a miles de kilómetros de distancia, en el Mar Argentino
Los números del comercio, mientras tanto, confirman el otro costado de la historia. En Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que las exportaciones a la UE sumaron USD 5.191 millones entre enero y julio, un 19% más que un año antes, con el trimestre mayo-julio —ya bajo el ITA— como el mejor desde 2022.
En Brasil, las exportaciones a Europa crecieron 46,4% en agosto y acumulan un alza de 15% en el año, según el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios. Uruguay, por su parte, estimó un beneficio de más de USD 27 millones entre mayo y agosto gracias a las nuevas preferencias.
Según la Secretaría de Agricultura, cada tonelada exportada a la UE se pagó, en lo que va del año, en promedio, a USD 608, un 39% por encima del precio al que el país le vende al resto del mundo. Es la primera confirmación empírica de una premisa que sostenían los defensores del acuerdo: el mercado europeo no solo abre volumen, también paga una prima por calidad y diferenciación.
A pesar de esto, la apertura arancelaria vino acompañada de exigencias de origen, controles sanitarios y regímenes que terminarán siendo, probablemente, más fáciles de aprovechar para las grandes empresas que para las pymes.
La autocertificación de origen, el mecanismo que reemplaza al viejo certificado emitido por una entidad habilitada, traslada ahora a cada empresa la responsabilidad de probar que su producto es originario y de guardar la documentación durante al menos tres años.
Cada empresa tendrá la responsabilidad de probar que su producto es originario y de guardar la documentación durante al menos tres años
Para un exportador frecuente, es una ventaja. Para una pyme ocasional, es una carga nueva y un riesgo de sanciones si algo sale mal.
Además, la “infraestructura de calidad” que determina quién aprovecha el ITA depende de los organismos de sanidad agroalimentaria, metrología, normalización, ensayo y acreditación de cada país, como en Argentina el Senasa, el INTA, INTI, IRAM y OAA. Su fortalecimiento es condición necesaria para que la oferta exportable pueda cumplir, de manera sostenida y escalable, los requisitos regulatorios de la Unión Europea.
El otro obstáculo que empieza a asomar es sanitario. La Comisión Europea prevé para 2027 un aumento del 107% en las auditorías a terceros países. El 3 de septiembre, Brasil ya fue suspendido temporalmente por controles insuficientes sobre el uso de antimicrobianos, y Argentina está en la mira por residuos en productos animales y aflatoxinas en maní y frutos rojos.
Si el Mercosur no refuerza sus sistemas de control, las barreras sanitarias pueden terminar funcionando como una forma encubierta de proteccionismo.
A más de cuatro meses de vigencia del acuerdo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay todavía no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse los cupos preferenciales. El plazo para comunicarle a la UE una distribución nacional venció el 30 de septiembre; si no hay acuerdo, seguirá rigiendo el criterio de “primero llegado, primero servido” que rige desde mayo, y que hoy deja a Argentina con el 100% del cupo de huevos, más del 70% del de miel y más del 50% del de etanol.
Si el Mercosur no refuerza sus sistemas de control, las barreras sanitarias pueden terminar funcionando como una forma encubierta de proteccionismo
Solo en el caso de la carne vacuna, y por iniciativa del sector privado, más precisamente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) parece que podría haber un acuerdo en los últimos días. Cada mes sin criterio de reparto debilita la credibilidad del bloque frente a la UE, empuja a cada socio a maximizar su propio volumen antes que a coordinar una estrategia regional, y termina premiando a quien tiene más capacidad administrativa por sobre quien tiene más potencial exportador.
Mientras tanto, en un intento de correr la agenda de la macroeconomía a los negocios concretos, Uruguay anunció para el 2 de diciembre, en Maldonado, el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea como antesala de la cumbre del Consejo del Mercado Común.
Argentina hará lo propio con su Foro de Inversión y Negocios de la UE,a fines de noviembre en Buenos Aires. Es, en parte, una respuesta a otra demora: el fondo de cooperación reforzada de hasta 1.800 millones de euros que la Comisión Europea prometió para acompañar la transición verde y digital del Mercosur sigue siendo, a 150 días, una promesa política más que una partida presupuestaria firme, atada a las negociaciones del próximo presupuesto plurianual europeo.
El ITA ya demostró, en apenas cinco meses, que puede generar comercio y encadenamientos productivos dentro del propio Mercosur. Lo que todavía no demostró es que el bloque sepa administrar plenamente esa oportunidad: ni repartiendo los cupos con un criterio común, ni invirtiendo en capacidades e infraestructura de calidad que permitan sostener en el tiempo las preferencias que ya consiguió.
Esa doble tarea —política puertas adentro del bloque y de Estado puertas adentro de cada país— será, más que cualquier cifra de exportaciones, la que termine definiendo si este acuerdo pasa a la historia como un punto de inflexión para la región o como una oportunidad parcialmente desaprovechada.
La autora es directora de Insight LAC; el autor es asociado a Insight LAC, doctor en Relaciones Internacionales
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