ECONOMIA
Mora récord: qué ofrecen bancos y billeteras digitales a los clientes que no pueden pagar sus deudas
El sistema financiero argentino atraviesa un momento crítico, con niveles de mora en créditos y préstamos personales que alcanzaron registros inéditos en más de dos décadas. El fenómeno afecta a millones de familias y en menor medida a empresas, y provocó respuestas dispares entre bancos públicos, privados y billeteras digitales, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo. Mientras tanto, el Congreso debate proyectos de ley para aliviar la situación de casi cinco millones de hogares.
La morosidad se disparó en los primeros meses de 2026, de acuerdo con informes del sector. Según cálculos de la consultora 1816 la irregularidad en préstamos a familias trepó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 27 por ciento. El impacto alcanza especialmente a jóvenes y jubilados, mientras las cámaras bancarias y las entidades ajustan sus estrategias para evitar que más personas y empresas queden fuera del sistema.
No es raro que los bancos gestionen, otorgando facilidades, a sus clientes en problemas. Pero en la situación actual el apuro es mayor porque en simultáneo la Cámara de Diputados debate seis proyectos de ley impulsados por bloques opositores, que proponen un régimen de desendeudamiento y reestructuración de deudas de consumo, la eliminación de intereses por mora y la creación de planes de pago sostenibles. El proyecto más mencionado, “Segunda Oportunidad”, prevé la mediación estatal entre deudores y entidades financieras o fintechs, con topes para que las cuotas de refinanciación no superen el 30% de los ingresos familiares. Una regulación que aterra a las entidades financieras.
En este contexto, los principales bancos del país y las billeteras digitales diseñaron mecanismos específicos para acompañar a los clientes en mora y evitar su exclusión financiera. El abordaje varía según el perfil de la entidad, el tipo de cliente y la antigüedad de la deuda, pero predomina la gestión personalizada y el uso de tecnología para anticipar situaciones de riesgo.
Banco Provincia implementó una estrategia basada en la prevención del sobreendeudamiento y la intervención temprana. La entidad priorizó el otorgamiento responsable de crédito y estableció un sistema de monitoreo activo para identificar señales de estrés financiero antes de que los atrasos se profundicen. Según explicaron voceros, el objetivo es actuar de manera ágil y personalizada para evitar que las situaciones de mora se vuelvan estructurales y expulsen a personas o empresas del sistema.
Para clientes con mora temprana, de hasta 90 días, el banco dispuso una línea general de refinanciación de préstamos personales, con plazos de hasta 72 meses y una tasa fija del 81,78% nominal anual vigente a marzo de 2026. Los clientes pueden acceder pagando un anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo si perciben sus haberes en la entidad. Además, para quienes perciben hasta tres salarios mínimos (es decir menos de $1.073.400), el banco puso en marcha un programa especial con tasa fija reducida al 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Frente a casos de mora tardía, de más de 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% -o sin anticipo para quienes cobran haberes- y, para situaciones críticas, opciones de salida definitiva de la mora, como quitas de capital o cancelación por saldo contable.
En el segmento de empresas, Banco Provincia ofrece líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5% y tasas variables más spread que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. Estos esquemas se aplican especialmente a deudas no judicializables. Según fuentes de la entidad, “la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre del año respecto al mismo período de los últimos tres años”, un dato que atribuyen a la estrategia de prevención y acompañamiento.
En el caso de Banco Nación, la política se centra en la oferta de alternativas de pago y planes de refinanciación flexibles, casi individuales. Las condiciones de los acuerdos, según fuentes de la entidad, se determinan a partir de un análisis que contempla el tipo de cliente, el monto y la antigüedad de la deuda, las garantías disponibles y la capacidad de pago. Las propuestas de regularización pueden incluir bonificaciones de intereses y plazos adecuados, siempre con el objetivo de facilitar soluciones sostenibles tanto para clientes como para el banco.
Entre los principales bancos privados, mientras tanto, la gestión de la mora también se apoya en la personalización y en el uso de tecnología. Fuentes de uno de los bancos líderes, consultadas en off the record, descartaron la existencia de campañas masivas ante el aumento de la morosidad. “El monitoreo es constante, uno a uno. Hoy la tecnología permite detectar individualmente a clientes con dificultades”, explicaron. El sistema analiza el comportamiento de cada usuario y, cuando identifica señales de estrés financiero, ofrece opciones de refinanciación con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y extensión de plazos. Durante el proceso, se suspenden las tarjetas de crédito y la posibilidad de tomar nuevos créditos o sobregiros, hasta que el cliente regulariza su situación.
Este mecanismo, según la fuente, busca evitar que los clientes caigan en instancias judiciales o pierdan su condición de sujetos de crédito. “La idea es preservar al cliente y ayudarlo en el momento que tiene alguna dificultad. Es un sistema personalizado y bastante automatizado”, detallaron. Los clientes pueden acceder a estos planes tanto por canales digitales como telefónicos o en sucursales, y los esquemas se adaptan al segmento y capacidad de pago de cada usuario. “No se comunica masivamente porque puede generar malestar entre los clientes que no tienen problemas de pago”, admitieron.
En Banco Santander, mientras tanto, voceros explicaron que la gestión también es individual. Al detectar que la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago para hacer a la cancelación más accesible. Mientras el cliente paga la línea de refinanciación, se suspenden productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene su cuenta y otros servicios. Los canales habituales para solicitar ayuda incluyen el home banking, la app de la entidad, el centro de atención telefónica y las sucursales.
En el ámbito de los bancos privados, otra entidad que prefirió no ser identificada señaló que la estrategia combina medidas preventivas en la originación de créditos, gestión del recupero y refinanciación, con extensión de plazos y mejora de condiciones para facilitar a los clientes la superación de la dificultad. La entidad también puso énfasis en la gestión de la pre mora, con acciones de educación financiera y alternativas para evitar que los clientes caigan en incumplimiento.
Las billeteras digitales, como Mercado Pago, adoptaron modelos de gestión del riesgo similares pero basados en tecnología de scoring propia, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Según voceros de la fintech, este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios y personalizar condiciones. “Este proceso nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, dijeron.
El debate legislativo en la Cámara de Diputados introduce otro factor de presión sobre el sistema. Los proyectos en discusión cuentan con el respaldo de seis bloques opositores y apuntan a crear un nuevo régimen para deudores de consumo, con la posibilidad de reestructurar deudas, eliminar intereses por mora y establecer planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares. La iniciativa “Segunda Oportunidad” plantea la intervención estatal como árbitro entre deudores y entidades financieras y fintechs. Según datos legislativos de abril de 2026, la morosidad afecta al 40% de los jóvenes y cuadruplicó su tasa en el segmento de jubilados.
Desde una de las cámaras bancarias, una fuente consultada advirtió que no existen acciones coordinadas a nivel sectorial y que cada banco define sus propios programas, algo que prefieren por sobre una línea de rescate regulada desde el poder legislativo. “Cuanto menos se meta el gobierno, mejor. Los acuerdos entre privados funcionan mejor en estos casos”, sostuvo. Además, criticó los proyectos de ley impulsados por la oposición, al considerar que “rompen contratos” y pueden tener un efecto negativo sobre el crédito futuro, al modificar condiciones de tasa y plazo, e imponer techos que restringen el acceso. “Solo van a recibir crédito los menos riesgosos, y hay segmentos de la población que se quedan afuera”, agregó.
Investing.com – El índice dólar (DXY) cotiza en 97,845 puntos este jueves, registrando un leve descenso del 0,01% tras haber alcanzado máximos de 10 meses en 100,64 al inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La divisa estadounidense mantiene una prima de riesgo geopolítico moderada pese a las esperanzas de un acuerdo diplomático, mientras el petróleo WTI sube un 0,35% hasta 91,61 dólares el barril ante la incertidumbre sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz.
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El presidente Trump declaró el pasado 13 de abril que Estados Unidos iniciará un bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán en Islamabad. Esta medida mantiene bajo presión los mercados energéticos, con analistas advirtiendo que el cierre de esta ruta comercial —por donde transita el 20% del petróleo mundial— podría llevar el crudo más allá de los 100 dólares.
El FMI recortó el martes sus previsiones de crecimiento global en dos décimas hasta el 3,1% para 2026, advirtiendo sobre la amenaza de recesión mundial si la guerra se prolonga y el petróleo continúa encareciéndose.
«¿Hay alguna razón para que el dólar cotice con una prima de riesgo geopolítico cero? Yo diría que no. La demanda de activos refugio podría reanudarse si las negociaciones entre los países fracasan», señaló Paresh Upadhyaya, director de estrategia de mercado en Pioneer Investments.
El euro/dólar cae un 0,03% a 1,1798, alejándose de los máximos de 1,2079 alcanzados durante la debilidad del dólar en meses anteriores. Mientras tanto, el avanza un 0,45% hasta los 4.845,39 dólares la onza, beneficiándose de la debilidad del dólar y su atractivo como refugio alternativo.
Perspectivas divididas sobre el dólar
Los analistas mantienen posturas cautelosas sobre la trayectoria del dólar. «Para que el dólar siga cayendo, básicamente se necesitan salidas de capital de EE.UU. o al menos una reducción en la entrada de capital. Simplemente no vemos que eso suceda», afirmó Joaquín Kritz Lara, economista jefe en Numera Analytics.
Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, considera que «en los próximos seis a nueve meses, el contexto cíclico para el dólar es neutral», sugiriendo un rango limitado de movimiento en ausencia de nuevos catalizadores geopolíticos.
Qué vigilar
Los inversores estarán atentos a:
Reanudación de negociaciones entre Washington y Teherán, esperada para esta semana
Publicación del Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia el viernes 17 de abril
Evolución del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios energéticos
Nivel crítico de 100 puntos en el DXY, que podría reactivarse ante nuevas tensiones
Si las conversaciones de paz fracasan definitivamente, los analistas esperan que el dólar recupere su papel refugio completo, con potencial para retomar los 100 puntos. Por el contrario, un acuerdo diplomático podría presionar a la divisa hacia la zona de 95 puntos, eliminando por completo la prima geopolítica.
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El resultado positivo de las cuentas públicas en marzo impulsa la hoja de ruta oficial y fortalece la relación con organismos multilaterales
16/04/2026 – 13:13hs
El Gobierno nacional informó que en marzo el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de $930.284 millones, acompañado por un resultado financiero positivo de $484.789 millones, una vez contabilizados los pagos de intereses de la deuda. El dato fue comunicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la reciente finalización de la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la segunda revisión del programa vigente.
De acuerdo con los datos oficiales, el resultado de marzo se alcanzó en un contexto de reducción del gasto público y administración de pagos, en paralelo con una caída sostenida de la recaudación tributaria. En ese escenario, el equipo económico avanzó con un ajuste del gasto primario que registró una disminución del 5,7% interanual en términos reales.
El desempeño fiscal del tercer mes del año permitió consolidar un resultado positivo en el primer trimestre. Según precisó el Ministerio de Economía, entre enero y marzo se acumuló un superávit primario cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,2%. En paralelo, el FMI ratificó que la meta fiscal para 2026 se ubica en un superávit primario de 1,4% del PBI.
Para alcanzar estos resultados, el Gobierno implementó distintas medidas vinculadas al control del gasto y la postergación de determinadas transferencias. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el objetivo es sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un contexto de menores ingresos fiscales.
Cómo se distribuyó el ajuste en las principales partidas del gasto público
En cuanto a la composición del gasto, las prestaciones sociales representaron la mayor erogación del mes, con un total de $8,05 billones, lo que implicó un incremento nominal del 27,7% interanual, aunque en términos reales significó una caída del 3,7%.
El Ministerio de Economía detalló las principales partidas de gasto en marzo:
- Las prestaciones sociales alcanzaron $8,05 billones, con un incremento nominal del 27,7% interanual, pero una caída real del 3,7%
- El gasto en remuneraciones del sector público ascendió a $1,44 billones, con una suba nominal del 25,7% y una reducción real del 5,2%
- Las transferencias corrientes llegaron a $3,44 billones, mostrando un aumento nominal del 13,6%, pero también una contracción en términos reales
- Los subsidios económicos totalizaron $258.209 millones, con una reducción nominal del 33,4% interanual
El ajuste más significativo se observó en los subsidios económicos. Según los datos difundidos, estas partidas totalizaron $258.209 millones en marzo, con una reducción nominal del 33,4% interanual.
El ancla fiscal como pilar central del programa económico del Gobierno
Desde el Ministerio de Economía indicaron que la política fiscal continúa centrada en el equilibrio de las cuentas públicas. En ese sentido, Caputo señaló que el ancla fiscal constituye un elemento central del programa económico y una condición para la estabilidad macroeconómica.
El resultado fiscal de marzo se conoció en un contexto de negociaciones con organismos internacionales y de seguimiento de las metas acordadas con el FMI, en un escenario marcado por la evolución de los ingresos tributarios y las decisiones de política económica orientadas al control del gasto público.
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ECONOMIA
El duro golpe económico de la guerra dentro de Oriente Medio es asimétrico, según el FMI Por EFE
Washington, 16 abr (.).- Oriente Medio es la zona del mundo más golpeada económicamente por la guerra de EEUU e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, pero el impacto del conflicto resulta también muy asimétrico dentro de la propia región, según subrayó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«El conflicto, cuyo estallido ha provocado una conmoción grave y polifacética en uno de los sectores económicos más importantes del mundo, ha afectado a tres pilares de la estabilidad: el mercado energético, las rutas comerciales y la confianza empresarial», explicó en rueda de prensa el director del departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI, Jihad Azour.
El cierre del estrecho de Ormuz, el lugar de paso para el suministro energético «más crítico del mundo» de acuerdo al informe regional del organismo publicado hoy, no solo estrangula a los grandes productores de hidrocarburos de la región, sino también a aquellos países que exportan insumos derivados para el sector agrícola dentro y fuera de estas dos regiones.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Baréin y Omán producen más del 40 % de las exportaciones mundiales de azufre y aproximadamente el 20 % de las exportaciones de amoníaco y fertilizantes nitrogenados.
Es por eso que el cierre de Ormuz plantea grandes riesgos para los mercados mundiales agrícolas y ya se está traduciendo «en mayores costos de los alimentos para algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo», en economías de Oriente Medio, África, el Sur de Asia, Afganistán y Pakistán, según Azour.
En estados frágiles como Yemen, Sudán, Cisjordania y Gaza, Siria y Somalia, los alimentos ya suponen hasta la mitad de las importaciones y «más de la mitad de la población» en varios de ellos sufre inseguridad alimentaria.
En todo caso, el impacto de la guerra en sí en esta parte del mundo es tremendamente asimétrico, ya que, por ejemplo, Omán, cuyo acceso al mar se sitúa enteramente fuera del estrecho de Ormuz, se enfrenta únicamente a una modesta revisión a la baja de su crecimiento para este año de unos 0,5 puntos porcentuales, e incluso se prevé una mejora en sus saldos fiscal y por cuenta corriente gracias al encarecimiento del crudo.
En cambio, Catar afronta la revisión más drástica a nivel mundial, de casi 15 puntos porcentuales con respecto a la previsión de crecimiento del FMI el pasado octubre hasta registrar en 2026 una contracción del 8,6 %, lo cual refleja los extensos daños sufridos en infraestructuras como la planta de Ras Laffan (que produce el 17 % del suministro mundial de GNL) y la interrupción casi total de sus exportaciones de gas.
El FMI prevé que 5 de los 8 exportadores de petróleo del golfo Pérsico entren en contracción en 2026.
Por su parte, las economías importadoras de petróleo como Egipto, Jordania, el Líbano y Pakistán afrontan «vulnerabilidades agravadas» por su fuerte dependencia del gas de Israel y de remesas de trabajadores residentes en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar.
Desde el inicio de la guerra, «los diferenciales soberanos se han ampliado» en Oriente Medio más que en otras regiones emergentes, y para el importador energético medio de la región un alza del 10 % en el crudo recorta el producto en 0,5 puntos y suma 1 punto a la inflación, además de ensanchar los déficits, según el informe.
En el Cáucaso y Asia Central, área que cuenta con varios productores de hidrocaburos, el crecimiento pasará del 6,2 % en 2025 al 4,8 % en 2026 por la pérdida de impulso a raíz de la guerra Ucrania y el nuevo conflicto en Oriente Medio, con la inflación aún en torno al 8 %.
El FMI reclama a su vez una política de «agilidad disciplinada», con apoyos «selectivos y temporales» financiados con reasignación del gasto y sin recurrir a más déficit, y advierte de que las «subvenciones generalizadas a los combustibles» no deben restablecerse ni ampliarse.
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