ECONOMIA
Mora récord: qué ofrecen bancos y billeteras digitales a los clientes que no pueden pagar sus deudas
El sistema financiero argentino atraviesa un momento crítico, con niveles de mora en créditos y préstamos personales que alcanzaron registros inéditos en más de dos décadas. El fenómeno afecta a millones de familias y en menor medida a empresas, y provocó respuestas dispares entre bancos públicos, privados y billeteras digitales, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo. Mientras tanto, el Congreso debate proyectos de ley para aliviar la situación de casi cinco millones de hogares.
La morosidad se disparó en los primeros meses de 2026, de acuerdo con informes del sector. Según cálculos de la consultora 1816 la irregularidad en préstamos a familias trepó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 27 por ciento. El impacto alcanza especialmente a jóvenes y jubilados, mientras las cámaras bancarias y las entidades ajustan sus estrategias para evitar que más personas y empresas queden fuera del sistema.
No es raro que los bancos gestionen, otorgando facilidades, a sus clientes en problemas. Pero en la situación actual el apuro es mayor porque en simultáneo la Cámara de Diputados debate seis proyectos de ley impulsados por bloques opositores, que proponen un régimen de desendeudamiento y reestructuración de deudas de consumo, la eliminación de intereses por mora y la creación de planes de pago sostenibles. El proyecto más mencionado, “Segunda Oportunidad”, prevé la mediación estatal entre deudores y entidades financieras o fintechs, con topes para que las cuotas de refinanciación no superen el 30% de los ingresos familiares. Una regulación que aterra a las entidades financieras.
En este contexto, los principales bancos del país y las billeteras digitales diseñaron mecanismos específicos para acompañar a los clientes en mora y evitar su exclusión financiera. El abordaje varía según el perfil de la entidad, el tipo de cliente y la antigüedad de la deuda, pero predomina la gestión personalizada y el uso de tecnología para anticipar situaciones de riesgo.
Banco Provincia implementó una estrategia basada en la prevención del sobreendeudamiento y la intervención temprana. La entidad priorizó el otorgamiento responsable de crédito y estableció un sistema de monitoreo activo para identificar señales de estrés financiero antes de que los atrasos se profundicen. Según explicaron voceros, el objetivo es actuar de manera ágil y personalizada para evitar que las situaciones de mora se vuelvan estructurales y expulsen a personas o empresas del sistema.
Para clientes con mora temprana, de hasta 90 días, el banco dispuso una línea general de refinanciación de préstamos personales, con plazos de hasta 72 meses y una tasa fija del 81,78% nominal anual vigente a marzo de 2026. Los clientes pueden acceder pagando un anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo si perciben sus haberes en la entidad. Además, para quienes perciben hasta tres salarios mínimos (es decir menos de $1.073.400), el banco puso en marcha un programa especial con tasa fija reducida al 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Frente a casos de mora tardía, de más de 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% -o sin anticipo para quienes cobran haberes- y, para situaciones críticas, opciones de salida definitiva de la mora, como quitas de capital o cancelación por saldo contable.
En el segmento de empresas, Banco Provincia ofrece líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5% y tasas variables más spread que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. Estos esquemas se aplican especialmente a deudas no judicializables. Según fuentes de la entidad, “la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre del año respecto al mismo período de los últimos tres años”, un dato que atribuyen a la estrategia de prevención y acompañamiento.
En el caso de Banco Nación, la política se centra en la oferta de alternativas de pago y planes de refinanciación flexibles, casi individuales. Las condiciones de los acuerdos, según fuentes de la entidad, se determinan a partir de un análisis que contempla el tipo de cliente, el monto y la antigüedad de la deuda, las garantías disponibles y la capacidad de pago. Las propuestas de regularización pueden incluir bonificaciones de intereses y plazos adecuados, siempre con el objetivo de facilitar soluciones sostenibles tanto para clientes como para el banco.
Entre los principales bancos privados, mientras tanto, la gestión de la mora también se apoya en la personalización y en el uso de tecnología. Fuentes de uno de los bancos líderes, consultadas en off the record, descartaron la existencia de campañas masivas ante el aumento de la morosidad. “El monitoreo es constante, uno a uno. Hoy la tecnología permite detectar individualmente a clientes con dificultades”, explicaron. El sistema analiza el comportamiento de cada usuario y, cuando identifica señales de estrés financiero, ofrece opciones de refinanciación con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y extensión de plazos. Durante el proceso, se suspenden las tarjetas de crédito y la posibilidad de tomar nuevos créditos o sobregiros, hasta que el cliente regulariza su situación.
Este mecanismo, según la fuente, busca evitar que los clientes caigan en instancias judiciales o pierdan su condición de sujetos de crédito. “La idea es preservar al cliente y ayudarlo en el momento que tiene alguna dificultad. Es un sistema personalizado y bastante automatizado”, detallaron. Los clientes pueden acceder a estos planes tanto por canales digitales como telefónicos o en sucursales, y los esquemas se adaptan al segmento y capacidad de pago de cada usuario. “No se comunica masivamente porque puede generar malestar entre los clientes que no tienen problemas de pago”, admitieron.
En Banco Santander, mientras tanto, voceros explicaron que la gestión también es individual. Al detectar que la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago para hacer a la cancelación más accesible. Mientras el cliente paga la línea de refinanciación, se suspenden productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene su cuenta y otros servicios. Los canales habituales para solicitar ayuda incluyen el home banking, la app de la entidad, el centro de atención telefónica y las sucursales.
En el ámbito de los bancos privados, otra entidad que prefirió no ser identificada señaló que la estrategia combina medidas preventivas en la originación de créditos, gestión del recupero y refinanciación, con extensión de plazos y mejora de condiciones para facilitar a los clientes la superación de la dificultad. La entidad también puso énfasis en la gestión de la pre mora, con acciones de educación financiera y alternativas para evitar que los clientes caigan en incumplimiento.
Las billeteras digitales, como Mercado Pago, adoptaron modelos de gestión del riesgo similares pero basados en tecnología de scoring propia, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Según voceros de la fintech, este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios y personalizar condiciones. “Este proceso nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, dijeron.
El debate legislativo en la Cámara de Diputados introduce otro factor de presión sobre el sistema. Los proyectos en discusión cuentan con el respaldo de seis bloques opositores y apuntan a crear un nuevo régimen para deudores de consumo, con la posibilidad de reestructurar deudas, eliminar intereses por mora y establecer planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares. La iniciativa “Segunda Oportunidad” plantea la intervención estatal como árbitro entre deudores y entidades financieras y fintechs. Según datos legislativos de abril de 2026, la morosidad afecta al 40% de los jóvenes y cuadruplicó su tasa en el segmento de jubilados.
Desde una de las cámaras bancarias, una fuente consultada advirtió que no existen acciones coordinadas a nivel sectorial y que cada banco define sus propios programas, algo que prefieren por sobre una línea de rescate regulada desde el poder legislativo. “Cuanto menos se meta el gobierno, mejor. Los acuerdos entre privados funcionan mejor en estos casos”, sostuvo. Además, criticó los proyectos de ley impulsados por la oposición, al considerar que “rompen contratos” y pueden tener un efecto negativo sobre el crédito futuro, al modificar condiciones de tasa y plazo, e imponer techos que restringen el acceso. “Solo van a recibir crédito los menos riesgosos, y hay segmentos de la población que se quedan afuera”, agregó.
La delicada situación económica que atraviesa la obra social vinculada al sindicato de Camioneros sumó un nuevo capítulo. En las últimas semanas, miles de afiliados dejaron de acceder a descuentos en medicamentos debido a la interrupción de convenios con farmacias por falta de pagos, una situación que ahora afecta incluso a tratamientos crónicos.
Según testimonios de beneficiarios, las pocas farmacias que continuaban trabajando con la cobertura dejaron de aplicar descuentos, obligando a los pacientes a afrontar el costo total de los productos o a postergar compras esenciales.
Las quejas también comenzaron a multiplicarse en los canales digitales del gremio. Sin embargo, afiliados aseguran que muchos de esos reclamos desaparecen de la página oficial poco tiempo después de ser publicados.
Crisis en la obra social de Camioneros: afiliados ya no consiguen medicamentos con descuento
Hasta hace pocos días, quienes necesitaban medicamentos podían recurrir a Farma Social, ubicada en el barrio porteño de Constitución, muy cerca de la sede sindical. Pero esa opción también dejó de funcionar para numerosos afiliados.
Personas que acudieron con recetas médicas para adquirir remedios, fórmulas infantiles, pañales o insumos específicos relataron que recibieron una misma respuesta: falta de stock disponible para la cobertura de la obra social.
Ante ese escenario, la única alternativa ofrecida consistía en pagar la totalidad de los productos y luego iniciar un trámite de reintegro. Para muchos trabajadores, sin embargo, esa posibilidad resulta inviable
El trabajador explicó que percibe alrededor de dos millones de pesos mensuales gracias a la realización de horas extras y que, entre aportes sindicales, mutuales y de obra social, se le descuentan más de 150.000 pesos cada mes.
Coberturas que quedaron en suspenso
Hasta el agravamiento de la crisis, los afiliados accedían a descuentos que variaban según la rama de actividad y el nivel de aportes realizados a la mutual del sindicato.
Los porcentajes podían ubicarse entre el 50% y el 90% del valor de los medicamentos. Los mayores beneficios correspondían a trabajadores del sector de recolección de residuos que, además de la obra social, contribuían económicamente a la mutual.
Una situación que arrastra varios años
Los problemas financieros de la estructura sanitaria vinculada al gremio no son nuevos. Ya a fines del año pasado habían surgido dificultades para afrontar salarios de profesionales y trabajadores de sanatorios propios, lo que derivó en protestas y reclamos internos.
El liderazgo sindical encabezado por Hugo Moyano administra dos sistemas de cobertura: OSCHOCA, que opera en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y la obra social de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encargada de brindar prestaciones en el resto del país.
Los números reflejan el deterioro. De acuerdo con documentación contable oficial, la obra social de la federación acumulaba deudas con prestadores por más de $26.600 millones hacia agosto del año pasado. Meses después, en febrero de 2026, el pasivo registrado ascendía a más de $32.400 millones.
Búsqueda urgente de fondos
En medio de este contexto, circulan versiones sobre posibles desprendimientos de activos vinculados al universo camionero para obtener liquidez.
Entre ellos aparecen el eventual proceso de venta del sanatorio Antártida y la posibilidad de transferir un predio de diez hectáreas ubicado en Escobar que pertenece a la mutual del sindicato.
La administración de la cobertura médica también mantiene vínculos con IARAI, la empresa encargada de su gerenciamiento. La firma fue fundada por Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y madre de su hijo menor. En la conducción de la compañía participa además Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet.
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ECONOMIA
Pese a la suba de tarifas, un usuario con subsidios paga en promedio solo el 32% del costo real de la electricidad
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la política energética adoptó un mensaje directo: transparentar el precio real de la energía tras años de tarifas congeladas y altos subsidios. Durante mucho tiempo, los argentinos desconocieron el verdadero costo de servicios como el gas y la electricidad. A pesar de la recomposición tarifaria impulsada durante el último año, la brecha estructural del sistema eléctrico sigue vigente.
Actualmente, según un estudio elaborado por Regional Investment Consulting (Ricsa), un usuario residencial base con subsidio —es decir, un hogar representativo con consumo promedio dentro del bloque que recibe el beneficio a nivel nacional— paga en su factura solo el 32% del costo real de la electricidad. El 68% restante se financia con fondos públicos. Este porcentaje corresponde a un perfil tipo y puede variar según el nivel de consumo y la segmentación vigente en todo el país, ya que los usuarios que superan el bloque subsidiado o no cumplen ciertos requisitos afrontan una mayor proporción del costo real.
En abril de 2026, analizó el informe de Ricsa, el precio estacional alcanzó los $86.929 por megawatt-hora (MWh), un 36% más que un año atrás, pero el usuario residencial subsidiado abona solo $37.693 por MWh. Quienes no reciben subsidios pagan hasta $107.430 por MWh, cubriendo el 93% del valor total.
En esta línea, el Gobierno autorizó un nuevo aumento para las boletas de energía a partir de junio. Si bien en el interior del país depende de los entes reguladores provinciales, en el caso del AMBA, será de un 1,5 por ciento.
Según el estudio de Ricsa, la demanda eléctrica nacional mostró un fuerte crecimiento en abril: ascendió a 10.578 GWh, con una suba del 7,7% interanual, impulsada principalmente por temperaturas superiores al promedio histórico y un aumento generalizado en todas las regiones del país.
El segmento residencial cubierto explicó el 42% del consumo total. El crecimiento estuvo liderado por el Noreste, Litoral y Patagonia (hasta 17,2%), mientras el Gran Buenos Aires mostró un avance más moderado.
Por el lado de la oferta, el sistema debió reacomodarse ante una caída del 51,9% en la generación nuclear respecto a abril del año anterior, lo que dejó un hueco de 466 GWh que fue cubierto principalmente por más despacho térmico (+721 GWh) e hidráulico (+172 GWh), junto con un aumento de importaciones, que pasaron de 10 a 165 GWh.
Las energías renovables consolidaron su participación, aportando el 39,5% de la generación local. La energía solar lideró el crecimiento interanual con un salto del 20,8%, y la eólica superó su peso en potencia instalada, reflejando buenos factores de carga. En total, las renovables no convencionales, excluyendo la hidráulica mayor, cubrieron el 20,5% de la demanda del mes.
El informe subraya que, pese al ajuste tarifario y a los aumentos registrados, la brecha entre el costo real de la energía y el valor abonado por los usuarios residenciales subsidiados se mantiene prácticamente inalterada. El grueso del gasto en electricidad sigue siendo absorbido por el Estado, lo que preserva una estructura de subsidios que condiciona las cuentas públicas y la dinámica del sector eléctrico.
Desde principios de año, rige en la Argentina un nuevo régimen de subsidios energéticos. Se trata del SEF, una normativa que entró en vigencia mediante el decreto 943/25. La nueva norma estableció un esquema de subsidios para la tarifa de gas natural, energía eléctrica y gas propano por redes, así como garrafas de 10 kilos, de manera que el beneficio se otorga a hogares que cumplan condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.
Entre ellas: ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (alrededor de $4,3 millones), titulares de Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El objetivo de la medida es, acorde al lineamiento del Ejecutivo, reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas y esclarecer el costo real de la energía en el país.
Actualmente, unos 8.731.765 hogares reciben el Subsidio Energético Focalizado (SEF) sobre un total de 16.472.523 usuarios de energía eléctrica, según los datos analizados por Infobae del Anexo de la respuesta a la Pregunta 314 del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviado el 29 de abril a la Cámara de Diputados. Esto implica que el 53% de los usuarios del país acceden a subsidios estatales en sus facturas de luz, con una tasa de 19.027 beneficiarios por cada 100.000 habitantes. En electricidad, la bonificación promedio es del 50% sobre un bloque de consumo determinado.
En tanto, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), los subsidios a la tarifa del agua, energía y transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual. En paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594%. Esto refleja el impacto de los ajustes, aunque la brecha estructural entre lo abonado por el usuario y el costo real permanece.
ECONOMIA
Gigante norteamericano del agro sigue acentuando su salida de Argentina y vende planta clave
Las desinversiones por parte de los capitales multinacionales se han vuelto una constante durante la gestión presidencial de Javier Milei, y más allá de la posición pro empresas extranjeras que suele publicitar La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, y tras desprenderse de su participación del 50% en la productora de fertilizantes Profertil, en una venta al binomio Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por una cifra cercana a los u$s600 millones, ahora el gigante Nutrien, participado por capitales canadienses y estadounidenses, vendió a la cooperativa agrícola AFA su planta de plaguicidas en Casilda, en la provincia de Santa Fe. Dicha operación se cerró en una cifra en torno a los 3 millones de dólares.
La compra por parte de AFA fue confirmada por Darío Marinozzi, titular de esa cooperativa. El directivo declaró que la escritura se firmó el viernes de la última semana, y que eso «lo liberó para contar sobre esa negociación que hasta ahora se mantenía en secreto».
La operación es vista en el agronegocio como otra señal de que Nutrien evaluaría retirarse de la Argentina.
Respecto de la operación, y de acuerdo al sitio especializado Bichos de Campo, AFA ya cuenta con su propia planta de pesticidas en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, desde donde atiende las necesidades de sus propios productores pero también formula para terceras empresas, incluso multinacionales.
«A esas instalaciones añadió además recientemente una planta para elaborar biológicos que irán sustituyendo paulatinamente su oferta de agroquímicos», indicó la fuente.
Se afirmó, además, que la compra de la planta de Casilda por parte de la cooperativa AFA se suma a un proyecto de escala mucho mayor que es la posible instalación de una planta de bioetanol, «que podría demandar una inversión de entre 160 y 230 millones de dólares y que todavía busca lugar para su localización».
Nutrien viene de desprenderse de su participación en Profertil
La venta de la parte de Nutrien en Profertil fue detallada por iProfesional en diciembre del año pasado. En ese momento se brindaron precisiones respecto de la relevancia de la firma de la que salieron los norteamericanos.
Así, Profertil mantiene un ritmo de producción de casi 1,5 millones de toneladas de urea, un compuesto determinante para la producción de maíz y trigo. Prácticamente el 60% de la urea que demanda el agronegocio proviene de las plantas de la compañía. Asimismo, la firma elabora alrededor de 800.000 toneladas de amoníaco.
Además de su presencia en Bahía Blanca, la compañía en cuestión cuenta con oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe).
La operación cerró un proceso que se anunció a principios de septiembre de 2025, momento en que los compradores de la porción de Nutrien en Profertil anticiparon la compra a través de un comunicado.
En esa instancia, Adecoagro y ACA indicaron que «han firmado un acuerdo para adquirir en forma conjunta la participación del 50% de Profertil SA, el mayor productor de urea granulada de Sudamérica. El 50% restante de Profertil pertenece a YPF SA, la mayor productora de petróleo y gas de la Argentina».
«Adecoagro y ACA, en una sociedad 80%-20% respectivamente, ejecutarán la adquisición del 50% del capital social en circulación de Profertil. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete antes de finales de 2025″, añadieron.
Nutrien se retira para concentrarse en mercados más relevantes
Por el lado de Nutrien, y en el marco de la venta de su participación en Profertil, la compañía norteamericana emitió un comunicado a nivel global donde expuso que la desinversión se corresponde con la decisión de concentrar su participación en «geografías clave».
En esa línea, Ken Seitz, presidente y director ejecutivo, afirmó que «el acuerdo para vender nuestra participación en Profertil impulsa nuestra estrategia de centrarnos en activos y geografías clave para nuestra visión a largo plazo«.
«Pretendemos destinar el producto de la venta a iniciativas acordes con nuestras prioridades de asignación de capital, incluyendo inversiones de crecimiento específicas, recompra de acciones y reducción de deuda. Creemos que estas iniciativas mejorarán la calidad de los ingresos de Nutrien y respaldarán el crecimiento a largo plazo del flujo de caja libre», concluyó.
La venta de las instalaciones de Nutrien en Casilda se enmarcaría, entonces, en la decisión de la firma de concentrar sus negocios en mercados con menores turbulencias, mayor previsibilidad y mejores números comerciales.
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