La inflación mayorista volvió a acelerarse en marzo y marcó un quiebre en la tendencia de desaceleración que se venía insinuando desde comienzos de año. Tras haber tocado en febrero su nivel más bajo desde mayo de 2025, el índice registró una suba de 3,4%, en línea con la inflación minorista del mismo período.

El dato fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), donde se detalló que el resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de 3,5% en los productos nacionales, mientras que los importados avanzaron un 1,1%.

Se aceleró la inflación mayorista, impulsada por el petróleo

A diferencia del índice de precios al consumidor (IPC), que releva tanto bienes como servicios a nivel final, la inflación mayorista se calcula exclusivamente sobre bienes, lo que explica parte de las diferencias en su dinámica y composición.

Dentro de los productos nacionales, el mayor impacto provino del rubro energético. El segmento de petróleo crudo y gas registró un salto de 27,3% respecto de febrero, en un contexto atravesado por la suba de los precios internacionales de la energía, vinculada a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

De acuerdo con el informe oficial, los sectores que más incidieron en la variación del índice fueron «Petróleo crudo y gas», con 2,02%; «Productos refinados del petróleo», con 0,77%; «Alimentos y bebidas», con 0,31%; y «Sustancias y productos químicos», con 0,13%. En sentido contrario, los «Productos agropecuarios» aportaron un efecto moderador de -0,40%.

El impacto del encarecimiento energético también fue destacado por el economista Sebastián Menescaldi, de EcoGo, quien explicó: «Esto generó que los productos primarios tuvieran un incremento de 7,8% y que se produjera la suba de 6,6% de los productos refinados de petróleo, con impacto en los precios de los productos manufacturados que aumentaron 2,3%, luego de varios meses de letargo».

De esta manera, la dinámica de marzo reflejó cómo los shocks externos, especialmente en el mercado energético, pueden trasladarse rápidamente a la estructura de costos de la economía local, interrumpiendo procesos de desaceleración que parecían consolidarse en los meses previos.

La inflación minorista también fue del 3,4%

La mayorista coincidió con la inflación minorista de marzo, que tal como informó INDEC el martes se ubicó en el 3,4% y, tal como había anticipado el mercado y hasta el propio Luis Caputo, volvió a acelerarse luego de dos meses consecutivos en 2,9%. De esta manera, registró la suba más alta en un año: el dato de marzo de 2025 había sido 3,7%.

De esta manera, la inflación acumulada en los primeros tres meses del 2026 alcanzó el 9,4%, mientras que la inflación interanual fue del 32,6%.

De esta manera, la inflación continuó con tendencia claramente ascendente. El IPC comenzó a escalar desde mayo del 2025, cuando registró un alza del 1,5%. Luego del 1,6% en junio, tuvo una variación de 1,9% en julio y agosto, mientras que fue 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y finalmente el 2,9% de enero y febrero.

Según informó INDEC, a nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso analizó el IPC del mes pasado: «El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos. Dentro del primer grupo hayamos como gran protagonista al efecto del conflicto bélico en medio oriente, que impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes».

«Podemos esperar que este impacto se perpetúe en el próximo mes, en la medida que el aumento del petróleo se extienda a lo largo de la cadena productiva. En vistas al segundo grupo, por otro mes más los regulados repercutieron duramente sobre la inflación a raíz de la política de la apreciación real de las tarifas en CABA y el gran Buenos Aires. De esta manera el diagnóstico sigue siendo el mismo: a pesar de que los eventos coyunturales puedan demorar el proceso de desinflación, en la medida en que el BCRA mantenga una política monetaria restrictiva deberíamos observar una mejora hacia el segundo semestre del presente año», agregó.

Caracas, 16 abr (.).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela anunció este jueves la apertura de la convocatoria, con un presupuesto de 8,9 millones de euros, para proyectos que promuevan la economía circular y mejorar el acceso a servicios básicos esenciales.

La UE indicó, en un comunicado de prensa, que la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC).

«Esta convocatoria tiene como objetivo principal empoderar a las OSC venezolanas, reconociendo su papel fundamental como interlocutores clave en sus comunidades y su capacidad para implementar soluciones innovadoras a nivel territorial», añadió.

La financiación, prosiguió, se divide en dos áreas principales de actuación, el primer lote de economía circular destinado a proyectos que fomenten la gestión sostenible de recursos, la reducción de residuos y el apoyo a emprendimientos sociales que apliquen modelos circulares, especialmente aquellos liderados por mujeres y jóvenes.

Esta área dispone de una dotación de 4.960.000 euros, señaló la delegación.

El segundo lote sobre acceso a servicios básicos busca mejorar de forma equitativa, inclusiva y sostenible el acceso a servicios como agua potable, saneamiento, higiene y energía básica en comunidades vulnerables con una dotación de 4 millones de euros.

La UE sostuvo que todas las propuestas deben integrar de manera obligatoria enfoques de igualdad de género, participación de la juventud, reducción de desigualdades y el principio de una transición verde justa.

Asimismo, la delegación indicó que las organizaciones que deseen obtener más información sobre esta convocatoria, pueden participar en la sesión informativa virtual del próximo 12 de mayo a las 10.00 hora local (14.00 GMT).

«Toda la información sobre la convocatoria, incluidos los objetivos, criterios de elegibilidad, actividades financiables y procedimientos de solicitud, está disponible en la Guía para los solicitantes y sus anexos, publicada en la página web de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela», añadió.

El sistema financiero argentino atraviesa un momento crítico, con niveles de mora en créditos y préstamos personales que alcanzaron registros inéditos en más de dos décadas. El fenómeno afecta a millones de familias y en menor medida a empresas, y provocó respuestas dispares entre bancos públicos, privados y billeteras digitales, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo. Mientras tanto, el Congreso debate proyectos de ley para aliviar la situación de casi cinco millones de hogares.

La morosidad se disparó en los primeros meses de 2026, de acuerdo con informes del sector. Según cálculos de la consultora 1816 la irregularidad en préstamos a familias trepó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 27 por ciento. El impacto alcanza especialmente a jóvenes y jubilados, mientras las cámaras bancarias y las entidades ajustan sus estrategias para evitar que más personas y empresas queden fuera del sistema.

No es raro que los bancos gestionen, otorgando facilidades, a sus clientes en problemas. Pero en la situación actual el apuro es mayor porque en simultáneo la Cámara de Diputados debate seis proyectos de ley impulsados por bloques opositores, que proponen un régimen de desendeudamiento y reestructuración de deudas de consumo, la eliminación de intereses por mora y la creación de planes de pago sostenibles. El proyecto más mencionado, “Segunda Oportunidad”, prevé la mediación estatal entre deudores y entidades financieras o fintechs, con topes para que las cuotas de refinanciación no superen el 30% de los ingresos familiares. Una regulación que aterra a las entidades financieras.

En este contexto, los principales bancos del país y las billeteras digitales diseñaron mecanismos específicos para acompañar a los clientes en mora y evitar su exclusión financiera. El abordaje varía según el perfil de la entidad, el tipo de cliente y la antigüedad de la deuda, pero predomina la gestión personalizada y el uso de tecnología para anticipar situaciones de riesgo.

Banco Provincia implementó una estrategia basada en la prevención del sobreendeudamiento y la intervención temprana. La entidad priorizó el otorgamiento responsable de crédito y estableció un sistema de monitoreo activo para identificar señales de estrés financiero antes de que los atrasos se profundicen. Según explicaron voceros, el objetivo es actuar de manera ágil y personalizada para evitar que las situaciones de mora se vuelvan estructurales y expulsen a personas o empresas del sistema.

Para clientes con mora temprana, de hasta 90 días, el banco dispuso una línea general de refinanciación de préstamos personales, con plazos de hasta 72 meses y una tasa fija del 81,78% nominal anual vigente a marzo de 2026. Los clientes pueden acceder pagando un anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo si perciben sus haberes en la entidad. Además, para quienes perciben hasta tres salarios mínimos (es decir menos de $1.073.400), el banco puso en marcha un programa especial con tasa fija reducida al 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Frente a casos de mora tardía, de más de 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% -o sin anticipo para quienes cobran haberes- y, para situaciones críticas, opciones de salida definitiva de la mora, como quitas de capital o cancelación por saldo contable.

En el segmento de empresas, Banco Provincia ofrece líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5% y tasas variables más spread que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. Estos esquemas se aplican especialmente a deudas no judicializables. Según fuentes de la entidad, “la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre del año respecto al mismo período de los últimos tres años”, un dato que atribuyen a la estrategia de prevención y acompañamiento.

En el caso de Banco Nación, la política se centra en la oferta de alternativas de pago y planes de refinanciación flexibles, casi individuales. Las condiciones de los acuerdos, según fuentes de la entidad, se determinan a partir de un análisis que contempla el tipo de cliente, el monto y la antigüedad de la deuda, las garantías disponibles y la capacidad de pago. Las propuestas de regularización pueden incluir bonificaciones de intereses y plazos adecuados, siempre con el objetivo de facilitar soluciones sostenibles tanto para clientes como para el banco.

Entre los principales bancos privados, mientras tanto, la gestión de la mora también se apoya en la personalización y en el uso de tecnología. Fuentes de uno de los bancos líderes, consultadas en off the record, descartaron la existencia de campañas masivas ante el aumento de la morosidad. “El monitoreo es constante, uno a uno. Hoy la tecnología permite detectar individualmente a clientes con dificultades”, explicaron. El sistema analiza el comportamiento de cada usuario y, cuando identifica señales de estrés financiero, ofrece opciones de refinanciación con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y extensión de plazos. Durante el proceso, se suspenden las tarjetas de crédito y la posibilidad de tomar nuevos créditos o sobregiros, hasta que el cliente regulariza su situación.

Este mecanismo, según la fuente, busca evitar que los clientes caigan en instancias judiciales o pierdan su condición de sujetos de crédito. “La idea es preservar al cliente y ayudarlo en el momento que tiene alguna dificultad. Es un sistema personalizado y bastante automatizado”, detallaron. Los clientes pueden acceder a estos planes tanto por canales digitales como telefónicos o en sucursales, y los esquemas se adaptan al segmento y capacidad de pago de cada usuario. “No se comunica masivamente porque puede generar malestar entre los clientes que no tienen problemas de pago”, admitieron.

En Banco Santander, mientras tanto, voceros explicaron que la gestión también es individual. Al detectar que la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago para hacer a la cancelación más accesible. Mientras el cliente paga la línea de refinanciación, se suspenden productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene su cuenta y otros servicios. Los canales habituales para solicitar ayuda incluyen el home banking, la app de la entidad, el centro de atención telefónica y las sucursales.

En el ámbito de los bancos privados, otra entidad que prefirió no ser identificada señaló que la estrategia combina medidas preventivas en la originación de créditos, gestión del recupero y refinanciación, con extensión de plazos y mejora de condiciones para facilitar a los clientes la superación de la dificultad. La entidad también puso énfasis en la gestión de la pre mora, con acciones de educación financiera y alternativas para evitar que los clientes caigan en incumplimiento.

Las billeteras digitales, como Mercado Pago, adoptaron modelos de gestión del riesgo similares pero basados en tecnología de scoring propia, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Según voceros de la fintech, este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios y personalizar condiciones. “Este proceso nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, dijeron.

El debate legislativo en la Cámara de Diputados introduce otro factor de presión sobre el sistema. Los proyectos en discusión cuentan con el respaldo de seis bloques opositores y apuntan a crear un nuevo régimen para deudores de consumo, con la posibilidad de reestructurar deudas, eliminar intereses por mora y establecer planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares. La iniciativa “Segunda Oportunidad” plantea la intervención estatal como árbitro entre deudores y entidades financieras y fintechs. Según datos legislativos de abril de 2026, la morosidad afecta al 40% de los jóvenes y cuadruplicó su tasa en el segmento de jubilados.

Desde una de las cámaras bancarias, una fuente consultada advirtió que no existen acciones coordinadas a nivel sectorial y que cada banco define sus propios programas, algo que prefieren por sobre una línea de rescate regulada desde el poder legislativo. “Cuanto menos se meta el gobierno, mejor. Los acuerdos entre privados funcionan mejor en estos casos”, sostuvo. Además, criticó los proyectos de ley impulsados por la oposición, al considerar que “rompen contratos” y pueden tener un efecto negativo sobre el crédito futuro, al modificar condiciones de tasa y plazo, e imponer techos que restringen el acceso. “Solo van a recibir crédito los menos riesgosos, y hay segmentos de la población que se quedan afuera”, agregó.