El ministro Luis Caputo y su vice, José Luis Daza, destacaron en sus últimas presentaciones la importancia de la apertura comercial -medida por la suma de exportaciones e importaciones sobre el PBI- para que la economía crezca de modo sostenido y eleve el ingreso medio por habitante -PBI equivalente en dólares del promedio del año dividido por el total de la población-.

Para respaldar esa afirmación se apoyaron en la relación entre ambos indicadores en países desarrollados y en economías que transitan ese proceso, en su mayor parte miembros o invitados a integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si bien no se trata de una relación fija y concluyente -hay excepciones-, en general se cumple la regla de que un mayor comercio internacional de bienes y servicios se asocia con un mayor nivel de ingreso per cápita, según datos del World Economic Outlook (WEO) del FMI para PBI por habitante en 2025 y del Banco Mundial para el grado de apertura comercial, en ese caso hasta 2024.

La evidencia comparada que cita el equipo económico sugiere que una mayor integración con el mundo tiende a correlacionar con ingresos por persona más altos, aunque con casos que se apartan de esa pauta.

En el universo de 43 países vinculados a la OCDE, el ranking se elaboró con 42 países que cuentan con datos comparables de ambos indicadores. En esa comparación, la Argentina aparece rezagada: se ubica 38° en ingreso por habitante y 42° en apertura comercial.

La apertura al mundo no solo se vincula con la disminución y eliminación de retenciones sobre las exportaciones y de los aranceles (cargos) sobre las importaciones, sino principalmente con el volumen -en valor y cantidades- del intercambio de bienes y servicios en proporción a la generación anual de riqueza. En particular, en un proceso de reactivación de la economía, a diferencia del pasado, cuando el aumento de las ventas externas operaba como salida para compensar la retracción del consumo interno.

Esos dos requisitos se cumplieron en la integración original de la OCDE y en su ampliación.

Los primeros 18 países desde su fundación en 1961 fueron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia e Irlanda, con el propósito de colaborar en políticas públicas y desarrollo económico.

Luego, el consejo abrió adhesiones a: Japón (1964); Finlandia (1969); Australia (1971); Nueva Zelanda (1973); México (1994); República Checa (1995); Corea del Sur (1996); Hungría (1996); Polonia (1996); República Eslovaca (2000); Chile (2010); Israel (2010); Eslovenia (2010); Estonia (2010); Letonia (2016); Lituania (2018); Colombia (2018/2020, proceso finalizado en 2020); y Costa Rica (2021).

Mientras tanto, se encuentran en proceso formal de adhesión, con expedientes abiertos desde 2022: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. Desde 2024 iniciaron conversaciones con la OCDE los gobiernos de Indonesia y Tailandia.

En ese conjunto de 43 países, que representa 65% del PBI mundial en valores corrientes, el PBI por habitante promedio es de USD 47.142 y el grado de apertura de sus economías -exportaciones más importaciones en términos del PBI- promedia 56 por ciento. En ese universo, la Argentina no solo aparece entre las más rezagadas: ocupa el puesto 38 en ingreso por persona y 42 en apertura al mundo, y figura entre las que perdieron posiciones en las últimas cuatro décadas.

En ese período, dentro del grupo de países desarrollados y en proceso de desarrollo vinculados a la OCDE, se destacaron en aumento de la apertura comercial entre extremos: entre 148 y 175 puntos del PBI sobresalieron Luxemburgo e Irlanda, y sus PBI por habitante se multiplicaron por 11 y 19 veces.

En contraste, en Argentina el intercambio se elevó en apenas 13 puntos del PBI y el PBI por habitante aumentó 3,3 veces, la tasa menor de todo el bloque de la OCDE.

Desde la vuelta a la democracia en 1983, la Argentina tuvo un desempeño singular: fue el país con menor crecimiento sostenido del PBI per cápita entre los grandes países latinoamericanos; se mantuvo entre las economías más cerradas de la región durante gran parte del período; y atravesó ciclos de apertura y cierre comercial, sin consolidar una estrategia estable de inserción internacional.

En ese recorrido predominó una lógica de “vivir con lo nuestro”, consigna asociada al ex ministro de Economía Aldo Ferrer, que la propuso tras analizar las políticas y el fracaso de experiencias aperturistas de los setenta.

Argentina pasó de niveles de apertura similares a Brasil en los años ’80, a quedar muy por detrás en la última década, y más aún de Chile y México, con una integración comercial en torno de 28%, frente a 36% de Brasil, 64% de Chile y 75% de México.

En PBI por habitante, la Argentina tenía en 1983 un nivel que superaba al de Brasil en 249%; al de Chile en 123%; y al de México en 57 por ciento. También superaba a Rumania en 86%, a Corea del Sur en 76%, a Portugal en 40%, a Polonia en 92% y a Hungría en 93 por ciento. Cuarenta años después, supera al mayor socio del Mercosur en apenas 32%, fue equiparada por México y se retrasó con el resto: la brecha llega a 33% con Rumania y a 63% con Corea del Sur.

1983–1990: regreso de la democracia e inestabilidad económica; crisis de deuda pública heredada; hiperinflación; economía relativamente cerrada; y estancamiento del ingreso per cápita.

1991–2001: Convertibilidad; apertura comercial y financiera; fuerte crecimiento inicial; aumento de productividad; aumento del endeudamiento para financiar el déficit fiscal; posterior crisis de competitividad por deliberada apreciación del peso y colapso en 2001, con pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos, default e inmovilización de los depósitos en cuentas bancarias fuera del sistema. La apertura comercial pasó de aproximadamente 14% a más de 20% del PBI durante los 90.

2002–2023: rebote y estancamiento; auge de los precios de las materias primas; fuerte recuperación hasta 2011, aunque con default parcial de la deuda pública y exceso de regulaciones. Luego se sumaron restricciones cambiarias que derivaron en un crecimiento muy débil hasta 2015, y la actividad se movió con altibajos en los años siguientes. La apertura alcanzó más de 40% del PBI tras la crisis de 2002, pero volvió a caer hacia niveles cercanos a 25–30% durante la última década.

2024–2026: ajuste de tarifas; recuperación del equilibrio fiscal; recapitalización y acumulación de reservas del BCRA; desregulación; recorte de subsidios a las tarifas de los servicios públicos; y reapertura del comercio exterior.

¿La apertura explica toda la diferencia? No. La evidencia internacional muestra que la apertura suele ayudar al crecimiento, pero funciona mejor cuando está acompañada por: estabilidad macroeconómica, baja inflación, reglas previsibles, inversión en capital humano e instituciones sólidas.

La evidencia del Banco Mundial para América Latina también sostiene que los mercados abiertos son importantes, pero no suficientes por sí solos, para impulsar un ciclo de desarrollo económico sostenido y una mejora del ingreso real de la población.

En la última semana, la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el director para Argentina, Peter Siegenthaler, se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo acompañado por el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para repasar el estado de las negociaciones del acuerdo de garantías de préstamos por hasta USD 2.000 millones.

Luego de reunirse con el presidente Javier Milei, Cordeiro Guerra escribió en X: “Fue un gusto compartir perspectivas y conocer de primera mano los avances que se están logrando en materia de estabilidad macroeconómica, así como contribuir, a través de la garantía, al acompañamiento de la agenda del Gobierno para facilitar un acceso más eficiente y en mejores condiciones a los mercados internacionales”.

El viceministro José Luis Daza resaltó que el país no solo cuenta con recursos naturales que pocos países tienen y que el mundo demanda con mayor intensidad, como alimentos, energía y combustibles, minerales como el cobre y el litio, y servicios asociados a la economía del conocimiento. También mencionó la respuesta de la inversión extranjera a la apertura y a los incentivos que, con respaldo legislativo, impulsa el Gobierno, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las inversiones de las medianas industrias (RIMI) y el super RIGI, para nuevas actividades.

El subgerente general de banca minorista del Banco Ciudad, Maximiliano Coll, en diálogo con Infobae en Vivo, dijo que el mercado de créditos hipotecarios “se está reactivando”, afirmó, y recordó que el regreso de esta herramienta financiera fue relativamente rápido, aunque aclaró que el impacto suele demorarse algunos meses.

“Un préstamo hipotecario no es algo que se hace enseguida. Tenés que salir a buscar la propiedad, hablar con tu familia, ir al banco, que te evalúen. Desde que aparece la oferta hasta que se empieza a desembolsar pasan un par de meses”, explicó.

Según detalló, durante 2024 y gran parte de 2025 la actividad mostró un crecimiento sostenido. En la Ciudad de Buenos Aires, donde cuentan con más información, las operaciones financiadas con hipotecas llegaron a representar el 20% de las compraventas. Sin embargo, el aumento del dólar y de las tasas de interés registrado hacia septiembre de 2025 provocó una desaceleración.

“Tuvimos un parate y recién, tímidamente, en el verano se volvió a mover el mercado”, señaló. Agregó que, tras una nueva reducción de tasas en marzo, comenzó a observarse nuevamente una recuperación gradual. “Cuando reactivás, tarda un poquito en empezar a moverse. Todos los meses están empezando a haber cada vez más operaciones”, sostuvo Coll.

Actualmente, estimó que entre el 10% y el 12% de las operaciones se concretan con financiamiento hipotecario y aseguró que la tendencia es creciente. Explicó que el desfase entre el lanzamiento de los préstamos y el cierre efectivo de las operaciones responde a los tiempos propios del proceso.

Respecto del perfil de quienes acceden a estos créditos, señaló que se trata principalmente de familias de clase media, generalmente personas de entre 30 y 45 años que pueden demostrar ingresos formales. En muchos casos, agregó, participan dos o más integrantes del grupo familiar para alcanzar los requisitos exigidos por los bancos.

“Para un préstamo estándar de $100 millones, que son unos USD 70.000, tenés que demostrar ingresos familiares de alrededor de $3,3 millones”, explicó. Por ese motivo, las entidades financieras incorporaron la figura del garante, habitualmente un padre u otro familiar, que permite sumar ingresos y acceder a montos mayores.

Coll destacó además que las condiciones actuales favorecen la demanda de créditos hipotecarios. Entre los factores mencionó la estabilidad económica, la amplia oferta de propiedades, la mejora del salario medido en dólares y el hecho de que los valores de los inmuebles no aumentaron al mismo ritmo. “La cuota es muy parecida a la de un alquiler”, afirmó.

Como ejemplo, indicó que la cuota de un préstamo de $100 millones ronda los $800.000 mensuales, un valor similar al alquiler de un departamento de dos ambientes o de algunos tres ambientes pequeños en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, recordó que las familias deben contar con un ahorro previo equivalente aproximadamente al 25% del valor de la propiedad.

Por otra parte, aseguró que la mora en la cartera hipotecaria es prácticamente inexistente. En ese sentido, explicó que el principal requisito para acceder al financiamiento es no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.

“No es lo mismo tener una deuda irregular importante o un préstamo que no pagaste, donde demostraste falta de voluntad de pago, que haber quedado marcado por una situación administrativa menor”, señaló. Como ejemplo, mencionó los casos de clientes que olvidan cancelar una cuenta bancaria o abonar el mantenimiento de un paquete de productos y terminan registrando una deuda de bajo monto. “En ese caso sabemos que fue un error y se analiza de manera diferente”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La pelea por quién abastecerá a los megaproyectos que buscan ingresar al Súper RIGI ya llegó al Congreso. La industria consiguió una de las modificaciones que reclamaba durante el debate legislativo: la incorporación de un cupo mínimo para proveedores locales en el dictamen de mayoría. Pero lejos de darse por satisfecha, ahora concentra sus esfuerzos en una nueva batalla que considera determinante para definir cuánto de esas inversiones terminará efectivamente en las fábricas argentinas.

El punto en discusión es el alcance de ese requisito. El texto establece que al menos el 20% de las compras deberá realizarse a empresas locales, pero no diferencia entre bienes y servicios. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), esa redacción corre el riesgo de diluir el impacto sobre la producción manufacturera, ya que una parte significativa de ese porcentaje podría cumplirse mediante contrataciones que inevitablemente se realizan en el país, como obras o servicios.

La incorporación del cupo representó un cambio relevante respecto de la propuesta original. Según explicó la directora ejecutiva de la UIA a Infobae, Laura Bermúdez, el proyecto enviado para su discusión no contempló ningún porcentaje mínimo destinado a la producción nacional. La modificación apareció durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que emitieron dictamen de mayoría esta semana.

Desde la entidad industrial destacaron ese avance, aunque remarcaron que todavía buscan modificaciones antes del tratamiento en el recinto. Su principal objetivo consiste en que el porcentaje obligatorio quede específicamente reservado para bienes con valor agregado local.

“El tema es que cuando no acotás este 20% a bienes, el porcentaje se lo termina llevando servicios, cosas que obligatoriamente las ibas a contratar localmente. Si queremos que haya integración local y desarrollo de proveedores, necesitamos que ese 20% se acote a bienes. Nuestro pedido principal es ése, sobre todo pensando que existe la capacidad industrial, existe oferta”, señaló Bermúdez.

La posición de la UIA fue reafirmada en una presentación realizada ante la Comisión de Industria de Diputados durante el debate del proyecto. Allí, la entidad sostuvo que los beneficios previstos originalmente para proveedores locales dentro del Súper RIGI eran sustancialmente menores que los contemplados en el RIGI, por lo que era necesario avanzar hacia un esquema que impulse el desarrollo de cadenas de valor de manera más efectiva. Finalmente, los diputados tomaron el punto e incluyeron ese 20% reclamado, pero sin discrimación alguna.

Entre los argumentos presentados, la organización señaló que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para promover la integración de proveedores nacionales. Según explicó, una parte importante de la inversión asignada pudo cubrirse mediante gastos asociados a obras o servicios, sin generar necesariamente demanda para bienes producidos por la industria local.

La entidad también cuestionó otro aspecto del régimen vigente. De acuerdo con la UIA, existe un mecanismo que permite reemplazar parte de las compras orientadas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales provenientes del exterior. Desde su perspectiva, esa posibilidad reduce el impacto que las inversiones pueden tener sobre el entramado productivo argentino.

Por esa razón, la propuesta presentada por la central fabril apunta a replicar el porcentaje mínimo obligatorio del 20%, pero con aplicación específica sobre bienes que incorporen valor agregado local. Además, plantea que ese cupo aumente gradualmente a lo largo de las etapas de inversión y operación de los proyectos.

La UIA argumentó que muchas de las actividades vinculadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de empresas nacionales podría favorecer el desarrollo de proveedores a medida que crezca la demanda.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta se relaciona con los mecanismos de control. La entidad pidió que la autoridad de aplicación establezca reglas claras junto con el sector privado para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas argentinas se encuentran en condiciones de competir en términos de precio y calidad. “Acá tiene que haber, de mínima, alguien que verifique disponibilidad de oferta local. Definir reglas claras es súper importante”, afirmó Bermúdez.

La preocupación industrial adquirió mayor visibilidad a partir de un episodio reciente que involucró al proyecto minero Vicuña. El caso apareció repetidamente durante las discusiones del sector porque expuso una situación que los fabricantes consideran representativa de los desafíos que enfrentan para participar en grandes emprendimientos.

La polémica surgió a raíz de la decisión de importar desde China campamentos modulares destinados a alojar miles de trabajadores vinculados al desarrollo minero. Según fuentes del sector productivo, sólo una empresa argentina accedió al proceso de licitación, pese a que existen fabricantes locales que producen ese tipo de estructuras. Para la UIA, el episodio funcionó como una señal de alerta sobre cómo podrían desarrollarse futuras contrataciones si no se establecen criterios más precisos para la integración de proveedores nacionales.

La directora ejecutiva de la central fabril aseguró que existen empresas argentinas con experiencia en la fabricación de módulos habitacionales y que algunas de ellas ya abastecen proyectos energéticos. También afirmó que la discusión no debería limitarse únicamente a una comparación de precios. “No hay tanta diferencia de precios. Y ganás en rapidez, están cerca por si falla algo, algún servicio posventa”, indicó.

Desde la entidad sostienen que la cercanía geográfica permite resolver problemas operativos con mayor rapidez y facilita las tareas de mantenimiento. También remarcan que los proveedores locales tienen una mejor capacidad para adaptar productos a necesidades específicas de cada proyecto. Bermúdez señaló además que existen antecedentes de campamentos importados que enfrentaron dificultades operativas en el sur del país. “Es difícil que estos campamentos que van a importar realmente funcionen para el uso que se les quiere dar porque es compleja la instalación. Ya hay experiencias en el sur de campamentos importados que no funcionaron”, afirmó.

El crecimiento de la minería representa una oportunidad significativa para ampliar la participación de empresas nacionales en cadenas de abastecimiento vinculadas a grandes inversiones. Fabricantes de maquinaria, empresas textiles, productores de calzado y compañías especializadas en construcciones modulares, entre tantos otros. “Desde la UIA estamos promoviendo que industrias adquieran las certificaciones para que puedan cumplir los estándares e integrarse a estos procesos. Todo nuestro entramado productivo se tiene que alinear para esa demanda. La oportunidad es muy grande en la minería”, sostuvo.

Para la entidad, el debate actual resulta especialmente relevante porque gran parte de los proyectos todavía atraviesa etapas preliminares y las principales contrataciones aún no comenzaron.