En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró un superávit primario por $ 1,9 billones y con ello, en los primeros cinco meses del año, ya alcanzó la mitad del objetivo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Sin embargo, se trató de un mes atípico: aunque se registraron ingresos adicionales por el impuesto a las Ganancias de sociedades, el Gobierno debió aumentar el gasto en sectores sensibles por demandas sociales, mientras mantuvo la motosierra en otras áreas.

Después del repunte del gasto en abril, en mayo volvió a descender, aunque a un ritmo menor que los ingresos. De acuerdo con la consultora LCG, el gasto cayó 2% interanual en términos reales, mientras que los ingresos retrocedieron 4% en la misma comparación. Esto llevó a una nueva reducción del resultado primario. Esta dinámica estuvo influida por la cancelación de deuda flotante, especialmente la vinculada a las universidades.

Según el reporte de la consultora, hasta el cuarto mes del año las universidades acumulaban una deuda flotante equivalente al 23% del gasto devengado, que se saldó completamente en mayo. Esta cancelación impulsó las transferencias a este sector, que crecieron 79% anual real en el mes y 11% en los primeros cinco meses de 2026. La presión sobre el gasto también se manifestó en los rubros atados a la movilidad. El gasto en jubilaciones se mantuvo constante en relación con el año previo, mientras que las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), subieron 4% en términos reales.

No obstante, estas subas se vieron compensadas por recortes en distintas áreas. Según LCG, los programas sociales cayeron 4% interanual en términos reales, los salarios del sector público disminuyeron 5%, los subsidios bajaron 20%, el gasto de capital retrocedió 30% y las transferencias a provincias se redujeron 40%. A pesar de estos ajustes, en los primeros cinco meses del año el gasto en subsidios energéticos alcanzó el 0,23% del PBI, por encima del nivel registrado en igual período de 2025. Los analistas explicaron este aumento por los mayores precios de la energía y la demora en la aplicación de los ajustes tarifarios.

En este aspecto se refleja que la desaceleración de la inflación fue la prioridad para el equipo económico después del pico de 3,4% en marzo. Con el argumento del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios del petróleo y el gas, se otorgaron bonificaciones adicionales en las facturas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía extendió estos beneficios también a junio, lo que seguirá generando presión sobre los ingresos.

En el detalle, Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, se fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base.

En la misma línea fueron en Balanz, donde remarcaron que la caída real en los subsidios económicos resultó de menores desembolsos tanto en subsidios energéticos (-18,5%) como en subsidios al transporte (-21,7%). Al mismo tiempo, subrayaron que la racionalización de subsidios sigue siendo una de las principales herramientas del Gobierno para controlar el gasto y sostener el superávit fiscal en los próximos meses.

El Gobierno ratificó su compromiso de cumplir la meta de reducir los subsidios energéticos a través de un aumento de tarifas para los usuarios. Según datos oficiales citados por la consultora, el objetivo de bajar los subsidios al 0,5% del PBI en 2026 se mantiene, con la expectativa de que los usuarios asuman una mayor proporción de los costos en comparación con 2025. Además, el equipo económico ya acordó con el FMI medidas complementarias para asegurar el superávit fiscal primario, entre ellas postergar la puesta en marcha de iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir en noviembre.

La clave para el ministro de Economía Caputo es que los ingresos del Estado comiencen a crecer y ello depende del repunte de la actividad. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

El resultado primario mantuvo su curso, pero la dinámica subyacente de los ingresos planteó desafíos para sostener el equilibrio fiscal. LCG y Balanz coinciden en que el recorte del gasto se apoyó principalmente en la reducción de transferencias a provincias, subsidios y salarios, mientras que las subas en jubilaciones, asignaciones y transferencias a universidades respondieron a mecanismos de indexación y a la cancelación de deuda flotante. El aumento de los precios energéticos y la demora en la actualización de tarifas explican la suba en los subsidios energéticos acumulados en el año.