En estos últimos días hubo visitas a las plantas de Aguas y Saneamientos (AYSA). No hubo ni tantas como se esperaban ni tampoco tan variadas como algunos se ilusionaban. De hecho, cuando termine el tiempo que prevé el proceso en el que los grupos interesados pueden revisar y mirar a fondo las instalaciones, ya prácticamente será imposible que aparezca un nuevo grupo que presente una oferta para quedarse con la privatización más grande que tiene en marcha el Gobierno.

El 12 de agosto terminará el tiempo para la consulta de los pliegos y 15 días después se presentarán las ofertas.

Entonces empezará a tomar forma el nuevo dueño de una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina, que da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.

La lista de interesados combina jugadores locales con peso político y sanitaristas internacionales. Eso sí, no son tantos como imaginaban cuando se diseñó el proceso.

Entre los locales aparecen dos grupos que todos descontaban que estarían en la línea de partida.

El primero corresponde a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

No es un jugador nuevo: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua de AYSA.

Ya protagonizó un antecedente incómodo: en 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, un proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica y que no avanzó en sede judicial.

Filiberti, técnico en temas de agua y saneamiento, trabaja en una propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería y construcciones creada por Walter Román.

Otro de los que era un pleno es el Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con más trayectoria específica en el rubro de aguas, aunque no en saneamiento.

El conglomerado de empresas, que también opera el ramal Urquiza de trenes con Ferrovías y el subte porteño, tiene a su histórico líder, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos. Es arrepentido y reconoció haber pagado coimas, puntualmente, el 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.

El tercer interesado, al menos quien estuvo en los días de consulta de pliegos llamado data room, es JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats.

La compañía también tiene ejecutivos procesados en la causa de los Cuadernos de las Coimas después de que el contador Víctor Manzanares contara que la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner.

Manzanares dijo que Los Sauces alquiló al Grupo Relats durante 11 años, a 90.000 por mes, ese complejo: desde la administradora a la familia presidencial se pagaron alrededor de US$10 millones.

En la causa Cuadernos se acreditó que en ese tiempo tuvieron 44 licitaciones, además de una docena de obras viales que las ganaron en UTE con otras firmas. Ahora van por el manejo del agua de alrededor de un tercio de los argentinos.

Otro de los que se mencionó como interesado es el grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo.

Sin embargo, no se los ha visto protagonistas en estos tiempos de consultas a los pliegos.

No se sabe exactamente el grado de interés de Sabesp, un gigante brasileño que opera la red de San Pablo. En el sector especulan que podría presentar una oferta aunque no es seguro, pero al menos estuvo presente en este tiempo de consultas y data room.

Otro jugador es la francesa Veolia. Sin embargo, los franceses no parecen ser de la partida, sino los socios que manejan la filial local, prestadora de servicios de algunas plantas potabilizadoras en barrios privados y countries.

La estatal israelí Mekorot ha estado presente en las reuniones preparatorias pero, según especulan, funciona como garantía de “prestigio internacional” para blindar el proceso ante las críticas y no como operador de la red.

El formato y los planes

No es un dato menor el formato elegido: el pliego autoriza la venta sin base y sin precio mínimo público. Traducido: el Estado puso a la venta el activo sin fijar de antemano cuánto vale. El resultado, dice el propio texto oficial, “dependerá de la competencia efectiva entre oferentes”.

El contrato de concesión firmado en mayo y que es el que se entregará a los nuevos concesionarios fija una inversión de US$1940 millones para el primer quinquenio y US$2030 millones para el segundo, hasta llegar a 15.040 millones en los 30 años de vigencia.

Las metas de esos primeros diez años, sin embargo, son modestas: la cobertura de agua potable pasa de 75,3% a apenas 78,9%, y la de cloacas de 63,9% a 65,3%. La presión de agua —el reclamo más repetido de los usuarios de la zona sur del conurbano— mejora del 58% al 61% y luego al 67% de mallas con servicio satisfactorio, mientras que la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo completan una agenda que el propio pliego describe como de “estabilización operativa”, no de expansión.

Las obras de mayor porte quedan, en su mayoría, fuera de la primera década de la concesión. Entre 2026 y 2036 se completan apenas la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1 y la ampliación de la planta de Bernal, junto con el cierre del Plan de Transición heredado de la gestión anterior. Recién después aparecen en el contrato el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y las cuatro plantas de tratamiento cloacal que la Región Metropolitana necesita hace años —Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar—, todas obras de entre 150 y 560 millones de dólares que el concesionario recién estaría obligado a encarar una vez terminado el segundo quinquenio.

El contrato tiene, además, tres agujeros que ya empiezan a discutirse puertas adentro del sector. No prevé la universalización del servicio dentro de sus 30 años: esa meta queda relegada a una eventual prórroga, con una cobertura que llegaría, en el mejor de los casos, al 90% en agua y al 75% en cloacas. La obra de Berazategui, clave para la disposición de efluentes de buena parte del conurbano, solo tiene comprometidos “estudios” para el segundo quinquenio, sin fecha ni presupuesto para la ejecución. Y el problema de los nitratos —una cuestión de salud pública, no de confort— recién se resuelve en un 99% hacia 2041, en el tercer ciclo tarifario, 15 años después de la firma del contrato.

En el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones con la operación de venta del 90% de las acciones. El 10% restante, en tanto, quedará para el programa de propiedad participada (PPP), el centro de la pelea gremial. Además, el sindicado logró que en los pliegos quede claro que el Convenio Colectivo que rige la actividad de los empleados, que tiene vigencia hasta 2028, se mantenga como régimen laboral aplicable.

A fines de agosto dejará de ser una discusión de despachos oficiales y dudas técnicas. El agua y las cloacas de 14 millones de personas van a tener, por primera vez en dos décadas, un dueño privado.