POLITICA
Pagotto, el hombre de los Menem que Karina Milei eligió para controlar la selección de jueces en el Senado
“Es medio fanfarrón, siempre fue un bocón”, dicen los que no lo quieren. “Es un buen abogado”, replican los que no ocultan su aprecio por él. Pero hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo y es en que el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), “es hombre de los Menem”, lo que en la interna libertaria implica que reporta, sin cortapisas, en el bando de Karina Milei.
Es este vínculo con la hermana de Javier Milei el que entronizó a este abogado que, a pesar de haber nacido en Mendoza habla con una inconfundible tonada riojana, al frente de la Comisión de Acuerdos, una aduana estratégica por la que pasarán los candidatos que el Gobierno proponga para completar más de 300 vacantes del Poder Judicial.
A Pagotto le espera un arduo trabajo. A partir del próximo 30 de abril y durante las dos primeras semanas de mayo (el 6 y el 7 y el 13 y el 14) tendrá que conducir las audiencias públicas por las que desfilarán los más de 70 postulantes impulsados hasta ahora por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el aval del jefe del Estado.
Desde el sitial de privilegio que ocupa desde febrero de este año, este riojano por adopción se ha convertido en los ojos de Karina Milei para controlar el diseño de una nueva Justicia argentina.
Los primeros planos parecen haber jugado a las escondidas con este senador libertario, que recién a los 73 años los avatares de la política argentina lo han ubicado en un rol protagónico, a pesar de que se reconoce militante peronista desde hace casi seis décadas.
“Empecé a militar a los 15 años”, recuerda Pagotto, quien fue diputado provincial por el departamento de Chilecito entre 1993 y 1997 antes desparecer de la política por más de dos décadas. “Me fui de la política, se me agotó la capacidad de asco y me fui”, sentencia, sin abundar en detalles sobre qué fue aquello que lo disgustó tanto.
Con o sin cargo político, lo concreto es que Pagotto nunca dejó de estar vinculado al apellido más famoso de La Rioja, mostrando una lealtad que viene de larga data. “Ramón Hernández siempre dice que el último de los amigos de Carlos que queda en el Congreso soy yo”, se jacta.
“Tuve una gran relación con Menem, cuando dejó de ser Presidente, mucho más”, insiste. Extiende su lealtad a Eduardo Menem, el exsenador y hermano del fallecido expresidente, con quien también comparte una amistad de muchos años.
Lo corrobora un viejo habitué de las tertulias políticas del pago chico: “Todo el mundo sabe que es miembro de la mesa del Eduardo en el café del Naindo”, afirma este veterano exlegislador que vio innumerable cantidad de veces a Pagotto en el bar del hotel que está, en línea recta y plaza de por medio, enfrentado a la Casa de Gobierno provincial y que es la vidriera donde ese exhibe todas las tardes la clase dirigente riojana.
Pagotto asegura que durante los años que estuvo retirado de la política activa nunca dejó de ser “consultado por dirigente de ambos partidos políticos, del peronismo y del radicalismo”.
“Me tenían como un búho sensato para pedirme consejos, lo cual me halagaba, pero no quise ocupar ningún cargo público más, ni ser candidato, nada. Hasta que bueno… me convencieron y aquí estoy”, explica.
Lo que logró convencerlo y sacarlo del ostracismo autoimpuesto fue el fenómeno libertario. “Cuando surge Milei los chicos jóvenes, tanto Martín, como Lule y mi hijo, me convencieron”, explica Pagotto. “Además, me convenció Eduardo Menem, que es mi amigo de toda la vida”, agrega.
Martín y “Lule” son la anteúltima generación de políticos en el árbol genealógico de los Menem, hoy convertidas en figuras clave del gobierno libertario. Martín es presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo, el Lule, es subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y, por sobre todo y lo que realmente importa, la mano derecha de Karina Milei.
El hijo es Juan María Pagotto, mano derecha que lo acompaña a sol y a sombra y que es su principal asesor, nombrado con la categoría más alta, desde diciembre de 2023, fecha en la que el senador Pagotto desembarcó en la Cámara alta como miembro del reducido grupo de pioneros libertarios que, por aquel entonces, eran totalmente desconocidos en las grandes ligas de la política nacional.
Eran las épocas en que La Libertad Avanza era una inédita minoría en el Senado para un partido de gobierno. Tan sólo siete senadores, más la presidencia de la Cámara alta, en la figura de Victoria Villarruel, eran toda la dotación oficialista en una terreno en el que el kirchnerismo contaba con 34 senadores, a tan sólo tres de la mayoría absoluta, y pretendía continuar moviéndose como dueño de casa, como lo había hecho en los cuatro años anteriores con Cristina Kirchner en la vicepresidencia.
Aquel primer grupo tuvo que tomar un hierro caliente y defender como podría a un Gobierno también plagado de inexperiencia. En aquel primer reparto de responsabilidades, a Pagotto le tocó la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Pero iba a haber algo más. A poco de andar como senador, también le tocó hacerse cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Fue en ese sitial que su papel parlamentario empezó a cobrar relevancia, ya que tuvo la difícil misión de demorar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia más irritantes para la oposición de la administración Milei, empezando por el polémico y kilométrico 70/23.
En poco más de dos años Pagotto se ha ganado en la Cámara alta el cariño de muchos de sus colegas, que le reconocen su bonhomía y su estilo campechano; pero, también, recoge críticas, tanto en la oposición más dura como entre los bloques aliados y hasta entre sus compañeros de bancada. “El gordo es macanudo y se nota que sabe mucho, pero a veces habla de más y complica las cosas”, dice un libertario que trata a diario con el legislador por La Rioja.
En el kichnerismo no lo pueden ni ver. “Es un facho”, dice una legisladora como toda respuesta cuando se le consulta su opinión sobre el senador. Se entiende el encono: Pagotto es pro-vida, aunque “como buen liberal” apoya el matrimonio igualitario. Además, desde 2024 se embanderó, junto a la radical Carolina Losada (Santa Fe), en la causa de agravar las penas por el delito de falsas denuncias, un tema que el colectivo feminista considera una jugada para desalentar las acusaciones por violencia y abuso.
El sentimiento de rechazo es mutuo. “El kirchnerismo nunca estuvo dentro del peronismo”, sostiene Pagotto. “Jorge Antonio decía que Perón era el último de los conservadores inteligentes”, agrega, antes de recordar que el fundador del partido “echó a los montoneros de la Plaza”. “Se inventaron un relato para justificar la dictadura kirchnerista”, insiste, antes de recordar que “Cristina hacia funcionar el Senado cuando se le ocurría”.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Internaciones involuntarias. El Gobierno envió al Senado la reforma de la ley de salud mental y ya se reavivó el debate,,Una agrupación de inquilinos expresó su preocupación por los “desalojos rápidos”,,Pese a las críticas del kirchnerismo. El juez Mahiques avanzó en el proceso para extender cinco años su mandato en Casación
POLITICA
CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo
Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales participaron este lunes por la noche en la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional bajo la conducción de Luciano Laspina y que volvió a reunir al denominado “círculo rojo” en torno a un diagnóstico compartido: la Argentina atraviesa una oportunidad concreta, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para sostener las reformas en curso y construir consensos políticos duraderos.
El evento funcionó como un punto de convergencia del sistema político y económico argentino, con una convocatoria transversal que incluyó funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, dirigentes sindicales, empresarios, miembros del Poder Judicial y representantes diplomáticos. En ese marco, la presencia de referentes del kirchnerismo —tanto del plano nacional como del ámbito bonaerense y provincial— volvió a destacar el carácter plural del encuentro y la intención de sostener un espacio de diálogo más allá de las divisiones partidarias.
El presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando, abrió la noche en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con un diagnóstico que combinó el escenario internacional con la coyuntura local y sostuvo que la Argentina se encuentra “más que en la antesala, en la sala de una gran oportunidad”, impulsada por sus recursos naturales y por una sociedad que demanda cambios, pero condicionada por un contexto global cada vez más exigente.
En ese sentido, describió un escenario internacional atravesado por tensiones económicas, comerciales y geopolíticas que están redefiniendo las condiciones del crecimiento, elevando el costo del financiamiento y poniendo en cuestión los equilibrios que durante décadas permitieron compatibilizar estabilidad macroeconómica, seguridad y gobernabilidad democrática. Según planteó, ese contexto configura un nuevo “trilema” global que obliga a los países a administrar demandas crecientes en materia de seguridad, estabilidad financiera y capacidad de respuesta institucional.
Diagnóstico y propuestas para la agenda nacional
A partir de ese encuadre, Orlando trasladó la discusión al plano doméstico y advirtió que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo. “Los países no son automáticamente ricos en proporción a sus recursos naturales, lo son cuando promueven políticas que incentivan la creatividad y la iniciativa económica”, afirmó, en una definición que funcionó como uno de los ejes conceptuales de la noche.
Sobre ese diagnóstico, el discurso de Laspina buscó ordenar la agenda en dos planos. Por un lado, la “agenda del presente”, vinculada a la estabilización económica y a las reformas en curso; por otro, la “agenda del futuro”, orientada a definir el perfil productivo del país en los próximos diez años.
En relación con el presente, destacó que el Gobierno avanzó en medidas como la desintermediación de planes sociales, la simplificación de trámites administrativos y la modernización laboral, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas estructurales —como la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal federal— de las que dependen la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de las empresas y el desarrollo territorial.
“Sobre esa agenda del presente hay mucho escrito y muy poco hecho”, señaló Laspina, al tiempo que anticipó que CIPPEC buscará seguir impulsando esos debates para facilitar su implementación. Sin embargo, el núcleo de su exposición estuvo puesto en la necesidad de ir más allá de la coyuntura y construir una hoja de ruta que permita adaptar a la Argentina a un mundo en transformación.
La propuesta de CIPPEC, presentada durante su cena anual en Buenos Aires, sostiene que la Argentina atraviesa una oportunidad relevante para el desarrollo económico y social, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las dirigencias políticas y empresariales para acordar y mantener reformas de largo plazo. El evento convocó a más de mil referentes y enfatizó la importancia de consensos básicos para garantizar estabilidad y avanzar en una agenda estratégica, según expusieron José Orlando y Luciano Laspina, autoridades de la institución.
Esa agenda de futuro, explicó Laspina, debe contemplar cambios estructurales que ya están en marcha, como la caída de la natalidad, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, la reconfiguración del mapa productivo y las nuevas dinámicas del comercio internacional, que abren una oportunidad para que el país se integre a cadenas globales de valor más dinámicas.
En ese contexto, planteó que la estrategia de desarrollo debería orientarse hacia una economía más integrada al mercado externo, apoyada en una articulación entre el sector privado y el Estado en sus distintos niveles. Y subrayó un punto central: la transición hacia ese modelo no debería hacerse “sobre las ruinas de la economía actual, sino sobre sus cimientos”, integrando las capacidades existentes —empresas, capital humano y recursos productivos— para acelerar el proceso con el menor costo social posible.
Participación plural y repercusiones institucionales
El planteo incluyó también una dimensión política. Laspina sostuvo que el principal desafío no es únicamente económico, sino la construcción de una visión de futuro compartida que permita superar la lógica de confrontación que, según describió, marcó a la Argentina en las últimas décadas. En ese sentido, propuso dejar atrás la dinámica de “dos Argentinas” enfrentadas y avanzar hacia consensos básicos que funcionen como reglas estables en el tiempo.
Esa idea derivó en la propuesta más concreta de la noche: la construcción de un acuerdo político “simple, básico y duradero”, basado en tres principios —respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit— que funcione como un piso común entre oficialismo y oposición. “No entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto”, enfatizó.
En línea con ese planteo, Laspina amplió el alcance de su llamado a la necesidad de construir reglas compartidas y mejorar la calidad del debate público. En ese marco, incluyó una referencia al rol del periodismo y agradeció la tarea de los medios en la difusión del trabajo de la institución. “A los periodistas, gracias por difundir siempre nuestro trabajo y por intentar que la libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión”, señaló, al incorporar esa dimensión como parte de un clima más amplio de consensos institucionales.
La convocatoria tuvo una fuerte impronta plural. Entre los funcionarios nacionales estuvieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), así como dirigentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Teresita Madera (La Rioja), Fabián Martín (San Juan) y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteña.
La presencia legislativa fue amplia y diversa. Participaron los diputados Lisandro Almirón, Fernanda ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta, junto a los senadores Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora.
También participaron dirigentes con trayectoria en la gestión pública y el sistema político, como María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio, entre otros.
El ámbito sindical estuvo representado por Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que el componente internacional tuvo un peso significativo, con la presencia de embajadores y representantes de Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Emiratos árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, la Unión Europea y Uruguay.
Entre ellos se encontraban Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Armenia), Sarah Roberts (Australia), Ramzi Teymurov (Azerbaiyán), Hubert Cooreman (Bélgica), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Saeed Abdulla Saif Alqemzi (Emiratos árabes Unidos), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Romain Nadal (Francia), Gerard McCoy (Irlanda), Anna Keinan (Israel), Fabrizio Nicoletti (Italia), Yoshitaka Hoshino (Japón), Camila Aviña (México), Robert Muller (Países Bajos), Juan Luis Correa Esquivel (Panamá), Helena Felip (Paraguay), Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Andrea Semadeni (Suiza), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).
También participaron representantes de organismos internacionales y de cooperación como Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF).
Con esa composición, la cena anual de CIPPEC volvió a funcionar como una síntesis del sistema político y económico argentino. Pero, a diferencia de otras ediciones, el mensaje central no estuvo puesto únicamente en el diagnóstico, sino en la necesidad de construir condiciones de estabilidad que permitan sostener en el tiempo el proceso de transformación en marcha.
En ese sentido, la coincidencia entre Orlando y Laspina fue clara: la oportunidad existe, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para acordar reglas básicas y sostenerlas en el tiempo. “Sin reglas, sin acuerdos, no hay futuro”, resumió el director ejecutivo, en una definición que sintetizó el tono general de la convocatoria.
*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y prensa CIPPEC.
Cippec 2026
POLITICA
Emergencia en discapacidad: Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
Pero el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Se trata de dos debates sensibles que ahora vuelven a escena.
El movimiento, además, expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir.
En ese esquema, la avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.
Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.
El texto, firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamenta los cambios sobre la base de que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.
El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En los hechos, esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial.
En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.
Este punto impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas funciona como sostén del nomenclador único: es decir, garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.
Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.
En la práctica, el cambio tiende a fragmentar el sistema y a debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.
El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.
presupuesto universitario,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Desde 2001 hasta ahora. La Argentina le pone fin a un conflicto polémico que la marcó durante décadas,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby,,Preservar el programa, proteger a Milei
En medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, este lunes se conoció que el jefe de Gabinete tiene en venta su departamento en La Plata por US$95 mil.
De acuerdo a fuentes cercanas al funcionario, la propiedad —un tres ambientes de 98 metros cuadrados ubicado en la calle 48, entre 6 y 7— está a la venta “hace mínimo 5 o 6 años”.
En paralelo, Adorni compró la propiedad en Caballito y la casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de este inmueble ni del departamento de cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco donde vivía con su familia.
Ese escenario, junto con los recientes viajes del funcionario a Nueva York y Punta del Este, motivó la apertura de una investigación judicial sobre su situación patrimonial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Según se reconstruyó a partir de la investigación, Adorni adquirió esas propiedades gracias a dos préstamos que le realizaron cuatro mujeres por un total de US$270 mil a pagar antes de que termine el próximo mes de noviembre.
El departamento que Adorni vende en La Plata por 95 mil dólares
El departamento fue incluido en la declaración jurada de Adorni de 2024, donde informó que esa propiedad fue obtenida gracias a una “donación”, posiblemente vía herencia de sus padres, en junio de 2016. En aquel documento, el funcionario dejó asentado que la propiedad era suya en un 100%.
Se trata de un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso del edificio ubicado en la esquina de 48 y 6, pleno centro de La Plata. Allí, en las últimas semanas, se realizaron clases públicas abiertas convocadas a modo de protesta por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata.
Según la página web de la inmobiliaria, la construcción tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, pero “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.
También informan que el inmueble tiene una superficie cubierta de 98 metros cuadrados e incluye un baño principal completo con bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales más pequeños, uno de los cuales tiene su propia ducha.
Cómo sigue la investigación
La investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete continuó este lunes con la declaración de los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, la intermediaria en la venta del departamento de Caballito de la calle Miró a las dos jubiladas que luego le prestaron el dinero a Adorni.
Según las declaraciones de las dos mujeres, el funcionario compró el inmueble con 30.000 dólares en efectivo y con una financiación de otros 200.000 a pagar en un año y sin intereses.
Leé también: La dueña de la inmobiliaria reconoció que el departamento de Caballito podría haberse vendido por US$345.000
En ese contexto, cuando el fiscal Pollicita le preguntó a los dueños de la inmobiliaria cuánto dinero hubiesen pedido por el departamento, de acuerdo a sus conocimientos como corredores inmobiliarios, contestaron que tendría que haber sido publicado a 345 mil dólares.
La ronda de citaciones de esta semana finalizará el viernes 24, con la convocatoria a las 9 del contratista de la empresa Grupo AA Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las obras en la otra propiedad comprada por la familia Adorni en el country Indio Cua.
Manuel Adorni, departamento
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