INTERNACIONAL
Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria
El decomiso de 194 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Jamaica y con destino final a Irlanda marca un nuevo golpe de las autoridades panameñas contra las redes del narcotráfico internacional que utilizan los puertos del país como punto de tránsito.
La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tras ubicar la carga ilícita en un puerto del Atlántico, reforzando las alertas sobre el uso de rutas marítimas comerciales para el traslado de sustancias ilegales.
Este tipo de incautaciones no es aislado. En lo que va de 2026, los estamentos de seguridad han reportado el decomiso de 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos panameños, en operaciones dirigidas contra estructuras criminales transnacionales.
Las investigaciones han evidenciado que Panamá sigue siendo un punto estratégico para el trasiego internacional de drogas, especialmente en contenedores que salen de países del Caribe o Suramérica con destino a Europa, donde el valor de la mercancía ilícita se multiplica.
Las autoridades han detectado en los últimos meses múltiples casos en los que organizaciones criminales utilizan el método de contaminación de contenedores, introduciendo droga en cargas legales sin conocimiento de las empresas exportadoras.
Este patrón se repite en rutas que conectan con destinos como Bélgica, Países Bajos y España, además de Irlanda, consolidando a los puertos del Atlántico panameño como un punto de interés para las mafias internacionales. La articulación entre inteligencia policial, controles portuarios y cooperación internacional ha permitido interceptar cargamentos antes de que salgan del país.
En paralelo al combate del tráfico internacional, las autoridades han intensificado las acciones contra el microtráfico, entendido como la venta, distribución y comercialización de drogas en pequeñas cantidades dentro de comunidades locales.
Este fenómeno, aunque de menor escala que el narcotráfico internacional, tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al estar vinculado a delitos como robos, homicidios y violencia comunitaria.
Un ejemplo reciente es la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada en sectores como Pacora y otros corregimientos, donde fueron aprehendidas 21 personas vinculadas al microtráfico.
De estas, 14 recibieron condenas mediante acuerdos de pena de entre 80 y 90 meses de prisión, mientras que 6 permanecen en detención provisional y una persona fue capturada por mantener una condena pendiente de 120 meses. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en desarticular puntos de venta y redes locales de distribución.
Las cifras operativas refuerzan esta tendencia. Solo en los últimos 15 días de abril, se reportó la aprehensión de 54 personas por microtráfico, en el marco de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, que se ejecuta en zonas previamente identificadas por su incidencia delictiva.
Esta estrategia busca concentrar recursos policiales en áreas críticas, aumentando la presencia y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.
Durante el mes de marzo, la Policía Nacional realizó 252 operativos contra el microtráfico, logrando la incautación de dinero en efectivo por un total de 136,142.16 dólares, además de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados a estas actividades.
Estos operativos forman parte de un enfoque sostenido que combina acciones de inteligencia, allanamientos y compras controladas, con el objetivo de debilitar las estructuras que operan a nivel comunitario.
En la fase más reciente de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, las autoridades informaron la aprehensión de 84 personas en las primeras horas de despliegue, incluyendo capturas por oficios judiciales, flagrancia, faltas administrativas y delitos de microtráfico.
Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, se decomisaron cuatro armas de fuego, 21 municiones y se recuperó un vehículo con reporte de robo, evidenciando la conexión entre el microtráfico y otras actividades delictivas.
En el ámbito judicial, los casos recientes reflejan la aplicación de mecanismos como acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. El juez de garantías Erick González validó la sentencia N°756 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se condenó a dos hombres de 27 y 33 años a 80 meses de prisión por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.
Además, se impusieron penas accesorias, incluyendo multas y comisos de dinero, como parte de las sanciones establecidas.
En esa misma audiencia, un tercer implicado de 24 años fue imputado por posesión simple de droga, pero recibió una suspensión del proceso sujeta a condiciones, entre ellas mantener un domicilio fijo, abstenerse del consumo de sustancias, someterse a tratamiento y conservar un empleo durante un año.
Este tipo de medidas busca diferenciar entre perfiles delictivos, aplicando sanciones más severas a quienes participan en la comercialización y alternativas en casos de menor gravedad.
Las autoridades han reiterado que la combinación de operaciones internacionales, intervenciones comunitarias y decisiones judiciales es clave para enfrentar el problema de las drogas en Panamá. Mientras los decomisos en puertos reflejan la magnitud del narcotráfico global, las acciones contra el microtráfico evidencian el impacto local de estas redes, consolidando un enfoque integral que abarca desde la interdicción hasta la sanción penal.
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INTERNACIONAL
Venezuela anunció su salida de la Corte Penal Internacional y Estados Unidos felicitó al gobierno de Delcy Rodríguez
Por qué Venezuela dejó la CPI y el pedido de dos ONG para rever la situación
La relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional
SPLC director grilled on alleged fraud and paying extremists
Rep. Jim Jordan, R-Ohio, accuses the Southern Poverty Law Center of fraud and hypocrisy. Jordan states the SPLC, working with the Biden Justice Department, saw donations jump from $51 million to $133 million in one year, exploiting events like the Charlottesville rally to mislead donors.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Months before losing re-election, former Rep. Cori Bush, D-Mo., touted the work of her non-profit to donors even though records indicate the organization may have never been registered as a tax-exempt organization.
Bush described Poltivist Power Inc. as «a new 501(c)(4) organization uniting grassroots organizing with political strategy to fight oppression,» in a fundraising email.
«My team and I are on the ground, and we could use your support. Can we count on you to donate to our tornado fund today so we can continue our relief efforts?» Bush wrote.
STACEY ABRAMS HIT WITH SUBPOENA IN ALLEGED CAMPAIGN FINANCE VIOLATIONS SAGA: ‘NO ONE IS ABOVE THE LAW’
Former Rep. Cori Bush, D-Mo., attends a news conference in Washington, D.C., on Wednesday, May 8, 2024. (Allison Robbert/Bloomberg via Getty Images)
Bush made the same characterization in a second fundraising email sent weeks later.
But Fox News Digital could not identify any IRS record showing Poltivist Power had obtained or claimed tax-exempt status. While not proof of wrongdoing, the lack of a paper trail for Bush’s organization raises questions about whether the former «Squad» member misled donors during her time in office.
Without reporting, it’s unclear how much the group fundraised.
Bush, who first arrived to Congress in 2021, was known for her progressive stances that grouped her with fellow Democrats like Reps. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, D-Minn., Ayanna Pressley, D-Mass., Rashida Tlaib, D-Mich.
Among them, Bush began taking a critical view of the U.S. relationship with Israel amid its protracted war with Hamas in Gaza. Her criticisms became a centerpiece topic in her 2024 primary against Democratic challenger Wesley Bell — a race she lost.
Now out of office, Bush has remained involved in progressive politics in her local scene.
When approached about Poltivist Power Inc., Bush did not respond to requests for comment from Fox News Digital on whether Poltivist Power had received donations, on why it hadn’t yet reported a 990 and about the nature of its activities.
The organization’s domain, Poltivistpower.com, was first purchased on April 1, 2025, records show. Bush announced the creation of the group shortly after a tornado struck the St. Louis area, killing at least four people and causing widespread damage.
‘SQUAD’ DEM DISMISSES FRAUD PROBE SPECULATION AFTER $29M NET-WORTH DROP
WASHINGTON, DC – OCTOBER 22: Rep. Cori Bush, D-Mo., speaks to reporters after a House vote on Capitol Hill on Friday, Oct. 22, 2021 in Washington, DC. (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)
«The Politivist team is on the ground, providing supplies, checking on families, and showing up for those who’ve been left behind,» Bush said.
Since then, in addition to not having a filing recorded with the Internal Revenue Service (IRS), the group seem to have wrongly filed paperwork with Delaware’s Department of State and with ActBlue Civics, a fundraising site for Democratic groups.
In its March 2025 Delaware incorporation filing, Poltivist Power was registered as an «exempt» corporation, a designation Delaware says is reserved for entities that meet the requirements of Section 501 of the Internal Revenue Code.
In both cases, the application requires tax-exempt status with the IRS. The organization is still listed on ActBlue Civics.
Notably, Bush’s fundraising emails, in which she highlighted the organization, also included a disclaimer clarifying that «Contributions to Politivist Power are not affiliated with Politivist Action PAC and are not political donations.» The note distinguishes the non-profit from a dedicated fundraising group by the same name.
Despite Bush’s departure from Congress, enough anomalies about Politivist Power have surfaced to catch the attention of Missouri Attorney General Catherine L. Hanaway earlier this month.
She announced her office would look into whether Bush had personally benefited from her fundraising efforts during the tornado recovery and the work that Politivist allegedly did at the time.
«The investigation started when a local news station reported that people had reported to it that contributions they had made for a tornado relief fund had actually gone to her political activity,» Hanaway said in a statement about the investigation.
FIRST ON FOX: ACTBLUE BOARD MEMBERS IN HOT SEAT AS GOP PROBES ‘SERIOUS’ MISCONDUCT ALLEGATIONS
TK (Michael B. Thomas/Getty Images)
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«We do not have our own evidence of that, but that is what we are investigating,» she added.
Bush has not been formally charged with any wrongdoing.
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INTERNACIONAL
Un reporte rutinario destapó la red que manipuló el sistema tributario panameño por más de $40 millones
Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.
Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.
El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.
La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.
En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.
La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.
La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.
La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.
La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.
Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.
La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.
Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.
La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.
La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.
Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.
Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.
La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.
Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.
La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.
De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.
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