El Gobierno emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la “crítica situación financiera” del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.

En los fundamentos de la norma, se afirmó que “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $ 580.270.262.261,46″.

Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La emisión de deuda se hará por el monto mencionado mediante la ampliación de las “Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos”, LECAP, dividida en 3 partes con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Las emisiones se realizarán por $173.000, $164.000 y $187.000 millones, respectivamente. Cada una de las letras del tesoro capitalizables “serán entregadas a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026″.

La resolución oficial autoriza además a la Oficina Nacional de Crédito Público a “suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas”.

El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo días atrás en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.

“El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, dijo.

Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.

El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.

Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.

La situación del PAMI y sus incumplimientos generó acciones en los tribunales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.

La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.

El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, atraviesa un escenario distinto al que caracterizó históricamente a uno de los principales polos comerciales textiles de la Ciudad de Buenos Aires. Comerciantes de la zona aseguran que las ventas bajaron, que disminuyó la circulación de compradores y que cada vez hay más locales vacíos sobre las galerías y calles comerciales.

Según describen los vendedores, la situación responde a una combinación de factores que impactan de manera simultánea:

• La caída del consumo
• El crecimiento de plataformas internacionales de comercio electrónico
• Las restricciones para el ingreso de micros provenientes del interior del país
• El incremento de los costos fijos para mantener abiertos los negocios

En un recorrido realizado por el barrio, comerciantes señalaron que el movimiento comercial ya no mantiene el ritmo que tenía años atrás. Uno de los cambios que remarcan es la modificación en los hábitos de consumo y en la capacidad de compra de los clientes.

«Antes los fines de mes eran a partir del 20, el 20 y pico. Ahora, ya a partir del 15 la gente empieza a disminuir. Los fines de semana se venden bien los dos primeros, después el tercero y el cuarto bajan mucho», explicó Gastón, comerciante de la zona.

Caída del consumo y menor poder adquisitivo

Los vendedores sostienen que el descenso de las ventas se relaciona directamente con la pérdida de poder adquisitivo y con una mayor búsqueda de precios bajos por parte de los consumidores.

En los locales de ropa, aseguran que los productos más económicos son los que registran mayor salida. «Tenemos camperas en la mesa de $20.000 y la gente consume eso, porque la verdad no tiene plata. Las camperas que valen $40.000, $50.000, $60.000 cuesta venderlas», detalló Gastón.

La situación también impacta sobre la rentabilidad de los negocios. Germán, otro comerciante de la zona, explicó que el volumen de ventas actual ya no alcanza para cubrir los costos de funcionamiento de un local.

Según indicó, para afrontar el alquiler de un comercio ubicado en una galería de avenida Avellaneda —que puede rondar los $2,5 millones mensuales— es necesario vender entre 70 y 80 jeans por día. Sin embargo, señaló que actualmente las ventas están lejos de esos números. «Estamos en los 20, 30, con suerte«, afirmó.

Los comerciantes agregan que los gastos mensuales no se limitan únicamente al alquiler. Servicios, impuestos, salarios y expensas forman parte de una estructura de costos que continúa en aumento mientras las ventas se reducen.

El impacto de Temu y Shein en el comercio textil

Entre las principales preocupaciones del sector aparece el crecimiento de plataformas internacionales como Temu y Shein, que permiten realizar compras directas desde el exterior.

Los comerciantes sostienen que muchos clientes optan por comprar productos importados a través de estas aplicaciones debido a los precios y a la variedad disponible. «Que un cliente que le compra a una tienda directamente pueda pedir a Temu o a Shein, eso es lo que está molestando», señaló uno de los vendedores consultados.

Otro comerciante, identificado como Juan, cuestionó las diferencias en las condiciones impositivas entre los comercios locales y las plataformas internacionales. «Si queremos importar, tenemos que pagar un montón de impuestos. Ellos, en cambio, ni siquiera pagan impuestos. Es competencia desleal«, afirmó.

La apertura de importaciones también aparece como otro de los factores mencionados por los comerciantes. Según explican, el ingreso de productos del exterior generó una mayor competencia de precios dentro del mercado textil.

«Hay mucha variedad de importado, entonces la gente no puede especular con los precios. Vienen precios más económicos de lo normal y no me sirve subir los míos mientras el de media cuadra lo tiene más barato», sostuvo otro vendedor.

Restricciones a los micros y caída del turismo de compras

Otro de los puntos que comerciantes y vendedores identifican como determinante es la reducción de micros provenientes de distintas provincias que llegaban a Flores con compradores mayoristas.

Durante años, esos vehículos trasladaron grupos de comerciantes y revendedores del interior del país que adquirían grandes cantidades de mercadería en los locales de avenida Avellaneda.

Sin embargo, vendedores de la zona aseguran que en los últimos meses se intensificaron las restricciones vinculadas al estacionamiento y circulación de estos micros en el barrio.

«Cuando entran los micros, es una cacería de brujas: los persiguen, los llenan de multas. Los mayoristas no están viniendo«, afirmó Juan.

Otro comerciante planteó que el regreso de esos contingentes sería clave para recuperar el movimiento comercial. «Deberían volver los micros porque gracias a ellos es que vendemos», indicó.

La decisión de ordenar el tránsito en la zona fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca reducir la congestión vehicular y el estacionamiento de micros en calles comerciales de Flores.

Como alternativa, las autoridades propusieron implementar lockers o espacios de guardería en los locales comerciales para que los compradores puedan dejar sus bolsas y trasladarse caminando hasta los micros, que quedarían estacionados a varias cuadras del área comercial.

Aumento de locales vacíos en Flores

El cambio en el movimiento comercial también se refleja en el paisaje urbano de avenida Avellaneda y sus alrededores. Comerciantes y vendedores remarcan que cada vez hay más persianas bajas y locales en alquiler o venta.

De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, los locales vacíos aumentaron un 30% en la zona.

El costo de mantener abierto un comercio aparece como una de las principales dificultades. Según los comerciantes, levantar la persiana de un local puede demandar hasta $5 millones mensuales entre alquiler, servicios y otros gastos operativos.

La situación también impacta sobre toda la cadena vinculada a la actividad textil y comercial: desde fabricantes y distribuidores hasta talleres y proveedores dependen del movimiento económico que históricamente generó el polo comercial de Flores.

«Esto es toda una cadena. Yo le compro a uno, el otro le compra al otro, el otro al otro. Menos trabajo, menos plata para la gente«, resumió Gastón mientras continuaba ofreciendo productos en una vereda con menor circulación de compradores que en años anteriores.

En medio de este escenario, comerciantes de avenida Avellaneda coinciden en que el principal desafío pasa por recuperar el volumen de ventas y sostener la actividad en uno de los centros comerciales textiles más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, miles de personas se preparan para salir a la ruta y aprovechar algunos días de descanso. En ese contexto, los controles vehiculares suelen reforzarse en los accesos, autopistas y corredores turísticos de todo el país, con verificaciones que incluyen tanto el estado general del vehículo como la documentación exigida por la normativa vigente.

Antes de iniciar el viaje, una de las principales recomendaciones es revisar que todos los papeles estén vigentes y disponibles para ser presentados ante cualquier control. Aunque en los últimos años se incorporaron herramientas digitales para simplificar algunos trámites, las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito continúan siendo las mismas y el incumplimiento puede derivar en multas, retención de documentación e incluso en la imposibilidad de continuar circulando.

Uno de los documentos básicos que debe llevar cualquier conductor es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las autoridades pueden solicitarlo para verificar identidad y domicilio, y en la mayoría de los controles se exige el formato físico. Circular sin el DNI actualizado puede generar sanciones y complicaciones durante el viaje.

Junto con el documento personal, también es obligatorio contar con una licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se maneja. A diferencia del DNI, la licencia sí puede exhibirse en formato digital mediante la aplicación oficial del Gobierno, siempre que el sistema permita visualizar correctamente su vigencia. Además, debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del conductor.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula de identificación automotor sigue siendo uno de los requisitos centrales para circular. Aunque existe una versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, muchas jurisdicciones todavía solicitan el documento impreso, por lo que se recomienda viajar con ambas alternativas disponibles.

Si quien conduce no es el titular del vehículo y éste no viaja presente, también puede requerirse una autorización de manejo. Ese permiso puede gestionarse de manera digital y permite habilitar a terceros para utilizar el automóvil.

Otro de los documentos indispensables es el comprobante del seguro automotor vigente. La póliza debe acreditar cobertura activa frente a daños o siniestros y puede ser solicitada en cualquier operativo vial. Si bien suele aceptarse la versión digital, llevar una copia impresa puede resultar útil en zonas con baja conectividad o ante controles donde se solicite respaldo físico.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda en cada jurisdicción, también forma parte de la documentación exigida para circular. Este certificado acredita que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad establecidas para transitar por la vía pública.

Además del comprobante, la oblea correspondiente debe estar adherida en el parabrisas. Circular con la verificación vencida constituye una infracción y puede derivar tanto en multas como en restricciones para continuar el viaje.

Las chapas patente también deben encontrarse en buen estado, correctamente colocadas y perfectamente legibles. Las autoridades consideran infracción circular con placas deterioradas, alteradas o fuera de término en caso de patentes provisorias.

Aunque no se trata de un requisito obligatorio en todo el país, en algunas provincias también pueden solicitar el comprobante de pago de la patente automotor. Llevar esa constancia puede evitar demoras durante los controles.

Además de la documentación, los controles suelen incluir una revisión de los elementos de seguridad obligatorios que deben encontrarse dentro del vehículo antes de salir a la ruta.

Entre ellos figura el matafuegos con carga vigente, que debe estar correctamente sujeto y accesible dentro del habitáculo. También se exigen dos balizas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia sobre la calzada.

Otro de los elementos requeridos es el chaleco reflectivo, pensado para mejorar la visibilidad del conductor cuando debe descender del vehículo en banquinas o zonas de poca iluminación. A eso se suman las herramientas básicas necesarias para cambiar un neumático, como el gato hidráulico y la llave cruz o llave para retirar bulones. En los autos que utilizan tuercas de seguridad, también es necesario llevar el adaptador correspondiente.

No contar con alguno de los documentos obligatorios puede traer distintas consecuencias según la jurisdicción y el tipo de infracción detectada durante el control.

Las sanciones van desde multas económicas hasta la retención de documentación o la prohibición de continuar circulando hasta regularizar la situación. En algunos casos, incluso puede disponerse la retención preventiva del vehículo.

Los operativos suelen intensificarse especialmente durante vacaciones, feriados y fines de semana largos, cuando aumenta el flujo de vehículos en rutas nacionales y provinciales. Por eso, antes de emprender el viaje, resulta clave verificar que toda la documentación esté vigente y que los elementos de seguridad obligatorios se encuentren dentro del auto.

También es importante tener en cuenta que, si bien la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos mínimos para todo el país, cada provincia puede sumar exigencias particulares o solicitar determinados documentos en formato físico. Por ese motivo, muchos conductores optan por llevar tanto las versiones digitales como impresas de la documentación para evitar inconvenientes durante el recorrido.