Los operadores financieros del mercado local y de Wall Street esperan esta noticia desde hace varios meses. El problema es que hoy la Argentina enfrenta un mercado financiero internacional condicionado por la tensión en Medio Oriente, a la que se suman las preocupaciones por la suba de la inflación en los Estados Unidos —que llegó al 3,8% interanual— y el aumento de la tasa de los bonos del Tesoro americano a 30 años, que alcanzó un récord del 5,15% anual. Este escenario global lleva a los operadores locales y neoyorquinos a mostrarse cautelosos.

A esto hay que sumarle un contexto interno donde se observa una situación política conflictiva dentro del oficialismo. En este esquema, el único que se expone frente a los medios y a la sociedad es el presidente, mientras el resto de los involucrados opta por el silencio o se confronta a través de las redes sociales. En sintonía con esto, tanto en el mercado financiero como en el «círculo rojo» empresario se comenta que algunos funcionarios y legisladores no le dicen la verdad a Milei.

Pese a este panorama, la posibilidad de una eventual recategorización de la Argentina en el ranking de riesgo país mundial que elabora la empresa Morgan Stanley Capital Index (MSCI) constituye una de las novedades más esperadas por el mercado local e internacional.

MSCI es una firma global de investigación de inversiones que proporciona índices bursátiles, herramientas de análisis de cartera y datos ESG —sigla en inglés para Environmental, Social, and Governance (ambientales, sociales y de gobernanza)— orientados a la toma de decisiones de inversores institucionales y otras entidades financieras.

El próximo 26 de junio se conocerá la publicación de la Consulta Anual de Clasificación de Mercados de MSCI. En esta instancia, la Argentina busca salir de la categoría standalone, en la cual permanece desde junio de 2021 cuando fue degradada debido a los continuos controles de capitales. Actualmente, el país comparte este escalafón con:

• Panamá
• Trinidad y Tobago
• Zimbabue

Qué obstáculos debe superar la Argentina para salir de la categoría más baja

En ese aspecto, cabe destacar que MSCI fue clara en su revisión de junio de 2025, donde señaló que:

• Se levantaron las restricciones para repatriar dividendos desde enero de 2025, pero siguen vigentes ciertas barreras para los inversores institucionales extranjeros
• El principal obstáculo radica en los controles de capital remanentes; para pasar de forma directa a la categoría de País Emergente se requiere un mercado cambiario plenamente liberalizado y liquidez suficiente

Sobre este punto, el lunes pasado, en una conferencia con periodistas especializados, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, manifestó que por ahora no se levantarán las restricciones cambiarias corporativas para la compra de dólares.

El titular de la entidad ratificó que «no está entre las prioridades eliminar las restricciones cambiarias para empresas y parte del cepo corporativo podría quedar así«. Esto significa que todavía persisten limitaciones importantes para las operaciones cambiarias de personas jurídicas, un factor que MSCI históricamente observa de cerca al momento de definir sus clasificaciones.

Cabe recordar que la Argentina fue degradada desde la categoría de Mercados Emergentes a la de Standalone en junio de 2021, y desde esa fecha se mantiene en el escalafón más bajo. En su momento, el presidente del Comité de Políticas del Índice MSCI, Craig Feldman, justificó la decisión a través de un comunicado oficial: «Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de renta variable de Argentina».

Por el momento, la mayoría de los analistas consultados destacan que el acuerdo con el FMI, el nuevo esquema cambiario, la salida del cepo, las reformas económicas y la estabilidad macroeconómica serán factores determinantes para que el país mejore su calificación en el MSCI. Sin embargo, no ven viable la posibilidad de que el país salte directamente de la categoría standalone (fuera de todo) a emerging market (mercado emergente); en cambio, creen que será recalificada a mercado de frontera, que funciona como una categoría intermedia.

Los antecedentes de la Argentina en el ranking MSCI

Este proceso, que incluye una consulta formal con inversores internacionales, evaluará si las condiciones económicas y regulatorias del país cumplen con los criterios de accesibilidad necesarios.

Una reclasificación como mercado de frontera no destraba el enorme potencial que implica volver a ser un mercado emergente, dado el diferencial de flujos que maneja cada categoría. En el segundo caso, el ascenso podría inyectar entre u$s2.000 y u$s3.000 millones. La Argentina figura como standalone desde el 24 de junio de 2021, cuando bajo el gobierno de Alberto Fernández abandonó el estatus de mercado emergente.

Se trata del nivel más bajo dentro del sistema de clasificación de MSCI, entidad que ya advirtió hace dos meses que la Argentina no reúne los criterios mínimos de liquidez ni de apertura a capitales internacionales requeridos para un ascenso.

«En marzo de 2025, el BCRA eliminó varias restricciones, permitiendo a los inversores internacionales repatriar dividendos generados desde el 1 de enero de 2025. Sin embargo, persisten barreras significativas para los inversores institucionales extranjeros», explicó el comunicado de MSCI. Si bien consideró al país como un «potencial candidato» para la reclasificación, recordó a su vez que «se trata de un mercado actualmente parcial o totalmente cerrado a los inversores extranjeros«.

Los índices MSCI, como el MSCI World o el MSCI Argentina, se utilizan ampliamente para monitorear el rendimiento de los mercados de valores y actúan como referencia central para el diseño de estrategias de inversión.

El índice MSCI Argentina mide el rendimiento del segmento de mediana y gran capitalización del mercado de valores local. Al estar integrado por 18 títulos, representa aproximadamente el 85% del universo ponderado de acciones argentinas. Se utiliza como referencia para medir el rendimiento de las inversiones en el país y es replicado habitualmente por diversos fondos de inversión.

La Argentina había ascendido en junio de 2018 a la categoría de Mercado Emergente (dos niveles por encima del actual) durante la presidencia de Mauricio Macri. La decisión de MSCI se basó entonces en el levantamiento de las restricciones al ingreso y egreso de capitales, así como en la eliminación de los controles cambiarios. Este ascenso buscaba atraer inversiones extranjeras y reflejar una mayor apertura económica por parte del gobierno de Cambiemos.

Lo interesante del caso es que tres de los funcionarios que más trabajaron en ese momento para convencer a los directivos de MSCI fueron el actual ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, quienes en aquel entonces formaban parte del equipo económico conducido por Nicolás Dujovne.

Cuánto dinero podría entrar al país con una mejor calificación

En relación con los cambios de calificación por parte de MSCI, cabe destacar que la Argentina fue reclasificada tres veces desde 2009.

En aquel año, durante la presidencia de Cristina Kirchner —y tras los efectos del conflicto con el campo y la salida del titular del BCRA, Martín Redrado, por negarse a entregarle al Gobierno unos u$s6.500 millones del Fondo del Bicentenario—, MSCI bajó al país de mercado emergente a mercado de frontera.

Luego, el 24 de junio de 2018, bajo la administración de Macri y en un marco de mayor apertura económica, el país fue promovido nuevamente a Mercado Emergente. No obstante, el 21 de junio de 2021 volvió a descender a la categoría de Standalone Market, el equivalente a ser una especie de paria financiero. Esto se debió a la reimposición de los controles de capital o «cepo» cambiario durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri y al mantenimiento de dichas restricciones en la gestión de Alberto Fernández. Vale notar que estas trabas se levantaron el pasado 11 de abril para las personas humanas, aunque persisten algunas limitaciones para las empresas.

En caso de que el país logre reincorporarse al índice MSCI de Emerging Markets, podría acceder a un volumen significativamente mayor de inversión internacional y reducir el costo de capital de las empresas. Según informes de bancos de inversión, esta reclasificación podría atraer flujos financieros de entre u$s3.000 y u$s5.000 millones en los próximos meses, lo que representa un incremento respecto de los u$s2.000 millones estimados en los reportes de enero pasado.

Como antecedente, cabe señalar que el 10 de octubre del año pasado el banco de inversión JP Morgan incorporó a la Argentina a su índice EMBIGD, que abarca a los países «emergentes», saliendo de la categoría de «fronterizos». Esto podría constituir un precedente favorable para que los bonos de la deuda del Tesoro y las acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York experimenten una suba importante si la Argentina logra la recalificación de MSCI.

El nuevo acuerdo con el FMI y la flexibilización del cepo cambiario anunciados el 11 de abril pasado —junto a un esquema de flotación administrada del dólar por bandas— provocaron que los operadores del mercado financiero local, analistas de Wall Street y bancos de inversión extranjeros comenzaran a proyectar una mejora en la calificación de MSCI como una de las consecuencias positivas directas de estas medidas.

La pensión no contributiva por invalidez laboral es una de las prestaciones más consultadas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. El beneficio está destinado a personas que presentan una disminución significativa en su capacidad laboral y no cuentan con ingresos suficientes ni acceso a jubilaciones u otras prestaciones previsionales.

La prestación consiste en una asistencia económica mensual otorgada por el Estado a personas con invalidez total y permanente que atraviesan una situación de vulnerabilidad social y económica.

Uno de los aspectos centrales del sistema es que el otorgamiento no depende únicamente del diagnóstico médico, sino también del impacto concreto de la condición sobre la capacidad de trabajar y generar ingresos.

Qué es la pensión no contributiva por invalidez

La pensión no contributiva por invalidez (PNC) es un beneficio administrado por ANSES y organismos nacionales de salud y discapacidad. Está dirigida a personas que no pudieron acceder a aportes previsionales suficientes y que presentan una incapacidad laboral igual o superior al 66%.

El objetivo del programa es garantizar una cobertura económica mínima y el acceso a prestaciones de salud a personas que no pueden sostenerse económicamente por sus propios medios.

Además del pago mensual, quienes acceden a la pensión pueden contar con cobertura médica a través del programa federal de salud correspondiente.

Requisitos para cobrar la pensión por invalidez en junio 2026

Para iniciar el trámite en 2026 se deben cumplir todos los siguientes requisitos:

• Tener una incapacidad laboral del 66% o más
• No cobrar jubilación, pensión o retiro, contributivo o no contributivo
• No estar registrado laboralmente, excepto en el monotributo social
• No contar con ingresos ni recursos suficientes
• Ser argentino nativo o naturalizado, o acreditar al menos diez años de residencia en el país
• No estar detenido ni a disposición de la Justicia

En el caso de menores de edad, el Estado también evalúa la situación económica del grupo familiar conviviente.

Qué documentación pide ANSES

La documentación necesaria para tramitar la pensión incluye:

• DNI actualizado
• Partida de nacimiento, si el solicitante es menor
• Certificado Médico Oficial (CMO) digital
• Estudios, historias clínicas y antecedentes médicos
• Formulario P.S. 6.4, en caso de actuar mediante apoderado
• Copia del DNI frente y dorso

El Certificado Médico Oficial debe emitirse en hospitales públicos o centros de salud habilitados.

Cómo tramitar la pensión no contributiva paso a paso

El trámite es gratuito, personal y semipresencial.

1. Obtener el Certificado Médico Oficial: El primer paso es gestionar el CMO en un establecimiento público habilitado. Sin este documento no puede iniciarse la solicitud.

2. Ingresar a Mi ANSES: Luego se debe acceder a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

3. Actualizar datos personales: Dentro del sistema, el solicitante debe verificar domicilio, grupo familiar y datos de contacto.

4. Completar la solicitud: Finalmente, se debe seleccionar la opción «Pensión no Contributiva por Invalidez» y seguir las instrucciones para cargar documentación y avanzar con el trámite.

Qué enfermedades pueden dar lugar a la pensión

No existe una lista oficial cerrada de enfermedades habilitantes. Sin embargo, entre las patologías que suelen ser consideradas en las evaluaciones aparecen:

• Alzheimer
• Parkinson
• Epilepsia
• Esclerosis múltiple
• Artritis reumatoide
• Cáncer
• Insuficiencia renal crónica
• Hipertensión pulmonar

De todos modos, el diagnóstico médico por sí solo no garantiza el acceso al beneficio.

Qué evalúa el tribunal médico

La evaluación médica contempla distintos factores relacionados con la situación integral de la persona: evolución de la enfermedad, tratamientos realizados, limitaciones físicas, cognitivas o funcionales, posibilidad concreta de inserción laboral y tipo de trabajo realizado anteriormente.

En muchos casos, la solicitud puede ser rechazada si no se acredita una limitación efectiva para trabajar o si existen tratamientos pendientes que podrían mejorar la capacidad laboral.

Compatibilidad con AUH y otros beneficios

Mientras el trámite está en análisis, la persona puede seguir cobrando:

• Asignación Universal por Hijo (AUH)
• Asignación por Embarazo

Una vez otorgada la pensión, también puede acceder a:

• Asignaciones familiares
• Cobertura médica
• Monotributo social, según la situación económica

El proyecto oficial para cambiar el sistema de pensiones

En paralelo, el Ministerio de Salud impulsa un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez en Argentina.

Según explicó el Gobierno, la iniciativa busca modificar los criterios de acceso, reforzar controles y redefinir el financiamiento del régimen.

Uno de los cambios centrales es eliminar la coexistencia entre los criterios de «invalidez laboral» y «discapacidad», con el objetivo de unificar el sistema bajo un esquema dirigido exclusivamente a personas que no puedan trabajar y carezcan de recursos suficientes.

La propuesta establece además:

• Reempadronamiento obligatorio de beneficiarios
• Auditorías médicas periódicas
• Cruces de información entre organismos estatales
• Revisiones continuas de requisitos médicos y socioeconómicos

El proyecto también habilita suspensiones preventivas ante inconsistencias detectadas durante auditorías, aunque prevé instancias de revisión y defensa para los titulares.

El Gobierno emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la “crítica situación financiera” del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.

En los fundamentos de la norma, se afirmó que “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $ 580.270.262.261,46″.

Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La emisión de deuda se hará por el monto mencionado mediante la ampliación de las “Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos”, LECAP, dividida en 3 partes con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Las emisiones se realizarán por $173.000, $164.000 y $187.000 millones, respectivamente. Cada una de las letras del tesoro capitalizables “serán entregadas a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026″.

La resolución oficial autoriza además a la Oficina Nacional de Crédito Público a “suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas”.

El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo días atrás en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.

“El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, dijo.

Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.

El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.

Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.

La situación del PAMI y sus incumplimientos generó acciones en los tribunales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.

La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.

El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.