La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo récord histórico de 12,7% en mayo, según datos de la consultora 1816. Es el 19° mes consecutivo de aumento en este indicador.

El dato surge del análisis de deudas con al menos 90 días de atraso, información que proviene de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). La consultora aclaró que el Banco Central puede actualizar estos números más de una vez, por lo que la cifra definitiva podría modificarse marginalmente.

El deterioro dejó una cifra alarmante: casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema crediticio. Se trata del 27% de quienes habían tomado préstamos y ahora enfrentan atrasos significativos en sus pagos.

La morosidad se mide en deudas impagas por más de tres meses, un plazo que refleja no solo dificultades pasajeras sino problemas financieros estructurales en los hogares.

En el segmento de empresas, la mora también subió. Pasó de 3,3% a 3,5% en el mismo período. Al considerar todo el sector privado en conjunto, el indicador trepó de 7,3% a 7,7%.

El contexto hace más dramático el panorama: a fines de 2024, apenas el 2,5% de los créditos en familias estaban en situación irregular. En menos de seis meses, esa cifra se multiplicó por cinco.

Qué segmentos están más golpeados por la morosidad

Las líneas de crédito más afectadas son dos: préstamos personales y tarjetas de crédito. Ambas representan los productos más comunes entre las familias argentinas.

El informe de 1816 reveló que 26 de las 30 entidades financieras analizadas registraron aumentos en su morosidad durante mayo. No se trata de un problema aislado en algunos bancos, sino de una tendencia generalizada.

Pero el dato más preocupante está fuera del sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras, que concentran el 17% de los créditos a privados, la tasa de morosidad saltó a 32,2%.

Este universo incluye financieras, casas de crédito y comercios que otorgan financiamiento propio. Son justamente estos prestamistas los que atienden a sectores con mayor vulnerabilidad económica o menor acceso al crédito bancario.

Las entidades no financieras tienen requisitos más flexibles que los bancos, pero cobran tasas más altas y enfrentan niveles de incumplimiento mucho mayores, lo que refleja el perfil de riesgo de sus clientes.

Por qué los jóvenes son el grupo más vulnerable

La consultora hizo especial énfasis en la situación de los menores de 35 años. Casi el 40% de los jóvenes con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular.

Esta cifra no distingue entre entidades financieras y no financieras. Habla de una generación que entró al sistema de crédito en un momento de alta inflación y caída del poder adquisitivo.

Los jóvenes suelen tener ingresos más inestables. Muchos están en trabajos informales o recién arrancando sus carreras profesionales. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, son los primeros en quedar expuestos.

El problema no es solo individual. Una generación entera de potenciales consumidores está quedando fuera del sistema crediticio. Eso tendrá efectos en el consumo y en la capacidad de reactivación económica a mediano plazo.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, dijo la semana pasada en Córdoba que la morosidad tocó un pico en el segundo trimestre. Según su visión, los próximos datos podrían empezar a mostrar una desaceleración en esta tendencia preocupante.

Qué puede pasar con el crédito de acá a las elecciones

En mayo y junio, el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales. Pero tampoco mostró mejoras considerables.

La consultora 1816 no ve que, de acá a las elecciones del año que viene, el crédito a familias sea un motor relevante de la actividad económica. Esto contrasta con lo que pasó en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

Más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser ‘sujetos de crédito’, es decir, perdieron su capacidad de acceder a nuevos financiamientos por su historial de morosidad.

La razón es clara: cuando más de un cuarto de quienes tomaron créditos queda inhabilitado para volver a pedir prestado, el mercado se achica automáticamente. Los bancos se vuelven más selectivos. Las tasas suben. El acceso se complica.

Sin embargo, la consultora cerró con un matiz. El peso del crédito en la economía argentina es tan pequeño que su estancamiento no implica necesariamente una caída del PBI.

La economía local puede seguir creciendo en los próximos 12 meses, aunque sea sin el impulso del financiamiento a familias. Es una señal de que el crédito, históricamente relevante en otras economías, tiene aún un rol marginal en Argentina.

La nueva caída del riesgo país hasta los 421 puntos refleja la solidez de los bonos en dólares. La mejora en la calificación de riesgo por parte de Fitch y Standard and Poor’s les dieron un importante envión en el último mes. La gran duda ahora es si hay espacio para que las cotizaciones sigan subiendo o por el momento ya se llegó a un límite.

Aunque los papeles de la deuda en dólares subió más de 10% en el primer semestre, las posibilidades de una mejora adicional se mantienen. Ahora el mercado espera el pago de capital y cupones de los Bonares, que se producirá a mediados de la semana que viene. La expectativa es que parte de los USD 4.200 millones que pagará el Tesoro se reinviertan y esto le dé un impulso adicional a las cotizaciones.

Sin embargo, el margen alcista es ahora mucho más acotado. Un informe de Delphos Investment indicó que “si bien queda la posibilidad de un nuevo impulso, vemos una ventana para capitalizar parte de las ganancias y administrar riesgo, con rotación hacia ON de empresas de primera línea como alternativa más defensiva”.

El informe destaca que el riesgo país perforó mínimos de los últimos ocho años y ayer finalizó a 421 puntos. Los países con calificación en el área de las “B”, similar a la que actualmente tiene Argentina, presentan niveles cercanos a los 300 puntos básicos. Por lo tanto, aún quedaría margen para una compresión adicional, pero que no es lineal ni inmediata.

En este análisis surge que todavía existiría espacio para una baja extra del riesgo del orden de los 130 a los 150 puntos básicos: “Ese diferencial es el que puede traccionar un flujo que hasta ahora se mantuvo afuera. La comparación contra Latinoamérica refuerza el argumento, con Argentina rindiendo por encima de sus pares regionales”.

En los bonos más largos en dólares es donde se mantendría un mayor potencial alcista. Si se compara contra El Salvador, Nigeria o Ghana, por ejemplo, la posibilidad de suba se ubica entre un 8% y un 16 por ciento.

“Sin embargo, para un inversor que capturó la mayor parte del rally desde niveles distress creemos que es momento de capitalizar parte de las ganancias y bajar exposición en una rotación hacia corporativos”, señalaron de Delphos. Mientras que los bonos soberanos todavía rinden alrededor del 9% en dólares, los títulos emitidos por empresas en el mercado internacional están en niveles promedio de 6,5% a 7,5% anual.

A pesar de la compresión del riesgo país, la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional sigue acotada. El motivo es que subió la tasa de interés norteamericana, lo que encarece las colocaciones locales. Por eso, la compresión de los rendimientos de los bonos locales fue compensada por la suba de tasas de los bonos norteamericanos a diez años, que ayer sufrieron un nuevo salto hasta 4,47% anual.

Por tercera rueda consecutiva el mercado cambiario mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del tipo de cambio, reflejo de una demanda que continúa muy activa.

El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.

La empresa Frutafiel S.A.S. entró en concurso preventivo. La Justicia entrerriana abrió el proceso para la reconocida firma que se dedica a la venta de aguas saborizadas con planta industrial en General Ramírez, que elabora productos alimenticios y atraviesa una profunda crisis financiera.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispuso la apertura. El juez Ángel Luis Moia dictó la resolución el 10 de junio, tras una presentación realizada el 22 de mayo.

La firma atribuyó su situación a la combinación explosiva de inflación sostenida, caída abrupta del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito bancario. Sin embargo, la empresa aseguró que mantiene perspectivas de recuperación y que la actividad puede ser rentable en el mediano y largo plazo.

El concurso preventivo es un mecanismo legal que permite a una empresa con dificultades financieras reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial. Evita la quiebra inmediata y le da tiempo para negociar con los acreedores.

Una empresa de bebidas con 70 años de historia

Frutafiel es una empresa ubicada en la localidad entrerriana de General Ramírez, que se ubica a poco más de 60 kilómetros de Paraná y tiene algo más de 13.000 habitantes. Es uno de los pilares de empleo para la comunidad.

Según detalla en su página web, Frutafiel fue fundada en 1956. «Nació del sueño de llevar los sabores auténticos de nuestra tierra a cada hogar argentino. Desde nuestros inicios hemos mantenido un firme compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo nacional, consolidándonos como un referente en la industria de bebidas», detalla.

Y muestra sus cuatro productos estrella:

Aguas saborizadas sabores naranja, manzana, pera y multifruta en 1,5lts, 5lts y 600ml.

Aqualoea, una nueva bebida con «trocitos de pulpa de aloe vera, con un delicioso sabor frutal». «Aqualoe es una increíble forma de refrescarse, fuente de vitamina B1, C y calcio», destaca.

Otra bebida que ofrece es la que llama Vinto: 50% Vino Tinto y 50% Gaseosa, sabores Limón, Naranja y Pomelo en un litro.

También tiene cerveza lager, con la marca Golden Saft

Qué medidas dispuso la Justicia para proteger a los acreedores

El magistrado adoptó una serie de medidas cautelares. Dispuso la inhibición general de bienes de la firma, lo que impide que Frutafiel venda o transfiera activos sin autorización judicial.

También designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura. Este equipo será el encargado de verificar los créditos y supervisar el proceso de reorganización de la empresa.

El cronograma judicial ya está fijado. Los acreedores podrán presentar los pedidos de verificación de créditos hasta el 9 de septiembre de 2026. Las observaciones e impugnaciones podrán formularse hasta el 6 de noviembre del mismo año.

La documentación presentada ante la Justicia desnuda el estado patrimonial de la empresa. Frutafiel reportó un activo total de $4.016.951.403,18, compuesto por un activo corriente de $1.313.082.606,29 y un activo no corriente de $2.703.868.796,89.

El pasivo asciende a $3.818.314.937,18. Esto deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, una cifra que representa menos del 5% del activo total.

La diferencia entre activo y pasivo es mínima. La empresa está técnicamente solvente, pero con márgenes muy ajustados que le impiden hacer frente a sus obligaciones en los plazos estipulados.

Si bien en su página web figura que fue fundada en 1956, la sociedad en cuestión está inscripta desde noviembre de 1996 y tiene su domicilio legal en avenida República de Entre Ríos 1222 de General Ramírez. Actualmente es presidida por René Horacio Fritzler, quien firmó la presentación ante la Justicia.

Por qué una empresa rentable terminó en cesación de pagos

En su presentación, Frutafiel describió el contexto económico que la llevó a solicitar protección judicial. La empresa señaló que el proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.

Esto elevó los costos de insumos y transporte. Al mismo tiempo, redujo los márgenes de rentabilidad porque no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad.

La disminución del consumo golpeó especialmente sus principales líneas de producción. «La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta», indicó la firma en su presentación.

El aumento del costo de la energía y de los combustibles agravó el panorama. Mientras tanto, el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés que rigen en el mercado.

La empresa debió realizar promociones con márgenes mínimos de rentabilidad. Era la única forma de sostener las ventas en supermercados y cadenas de distribución, pero profundizó el deterioro financiero.

La empresa precisó que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año. A fines de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago de ARCA, la agencia de recaudación nacional.

El 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la firma. Ese momento marcó el punto de quiebre que llevó a la decisión de presentar el concurso preventivo un mes después.

La cesación de pagos es el estado en el que una empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones. Es el requisito legal para solicitar un concurso preventivo.

En la presentación judicial, la empresa también explicó que, con el objetivo de sostener el volumen de ventas en un escenario de consumo debilitado, implementó fuertes acciones comerciales que terminaron afectando su rentabilidad. En ese sentido, señaló que «la intención de generar mayor nivel de ventas, se hicieron promociones en supermercados y cadenas de distribución, con descuentos que implicaban un margen de utilidad casi nulo».

Nuevos lanzamientos no alcanzaron para apuntalar el consumo

A ese escenario se sumó el aumento de la morosidad de los clientes, otro de los factores que terminó deteriorando la situación financiera. Según detalló la compañía, durante ese período buscó mantener un equilibrio económico hasta la temporada de mayor demanda de sus principales productos. Para lograrlo, el presidente y principal accionista realizó un importante esfuerzo patrimonial.

«En este difícil contexto, se trató de mantener un equilibrio a fin de esperar a la época de consumo de sus productos principales, para poder acomodar las finanzas. Para respaldar esto, el presidente de la sociedad (y principal accionista), hizo un importante aporte de capital vendiendo un inmueble propio y aportando el producido a la sociedad, a fin de arrancar un nuevo proyecto, para potenciar la empresa», sostuvo la firma.

La empresa explicó además que esos recursos permitieron estabilizar transitoriamente las cuentas y avanzar con un nuevo proyecto orientado a diversificar su negocio: el lanzamiento de una cerveza de marca propia. La iniciativa también fue financiada mediante créditos bancarios, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

«Esta inyección de capital permitió estabilizar la situación financiera durante un periodo, proyectando a mediano plazo el crecimiento deseado de la mano de la nueva línea (cerveza con marca propia). El apalancamiento también se hizo con créditos bancarios. La inversión de la nueva línea, no dio el fruto esperado, la implementación llevó más tiempo del previsto -recién se logró a principios del año 2025-. La novedad del producto dio un aire fresco a la economía de Frutafiel, pero al poco tiempo se generó un nuevo conflicto consecuencia de dos factores: por un lado, la empresa proveedora de la cerveza a granel que se embotella en su mandante, no cumplió con el volumen comprometido (lo que motivó tener gran demanda pero sin suficiente producto) y -además- la competencia copió la idea y también comenzó a vender un producto similar. Continuando en la búsqueda de alternativas que paliaran la situación, a fines del año pasado se lanzó en el mercado un nuevo producto«, detalló.

Pese a las dificultades, la firma considera que el proceso de reconversión comienza a mostrar resultados alentadores. De acuerdo con la presentación, la producción de cerveza y de vino con jugo, sin abandonar las líneas tradicionales, ya representa una porción significativa de la actividad. En ese sentido, destacó que «significan un 30 % de la facturación total de la empresa, lo que da muy buenas perspectivas en el mediano y largo plazo«.

Qué perspectivas de recuperación tiene la empresa entrerriana

Pese al escenario crítico, Frutafiel sostuvo que la continuidad de la actividad es viable. La firma argumentó que su negocio es rentable cuando se mira el mediano y largo plazo.

«El concurso preventivo producirá el desahogo financiero, permitiendo destinar esos recursos a la actividad productiva y afrontar las obligaciones pendientes mediante la continuidad del trabajo«, concluyó la empresa en su presentación.

La firma apuesta a que el proceso judicial le dará el aire necesario para reorganizar sus pasivos. El objetivo es concentrar los recursos en la operación productiva y no en el pago inmediato de deudas.

General Ramírez es una ciudad de poco más de 13.000 habitantes en el departamento Diamante. Frutafiel representa una fuente de empleo significativa para la región, lo que añade un componente social al proceso judicial.

El concurso preventivo durará varios meses. Durante ese período, la empresa deberá presentar una propuesta de pago a sus acreedores que pueda ser aprobada judicialmente.