Las acciones y los bonos de Argentina finalizaron negociados con muy amplias subas, ante indicadores financieros domésticos alentadores después de que la calificadora Standard & Poor’s Financial Services (S&P) mejoró el rating de los bonos soberanos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejaron de ser de “riesgo sustancial”.

Con este escenario, los bonos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- subiron hasta 4%, mientras que el riesgo país de JP Morgan decae debajo de los 450 puntos básicos por primera vez en ocho años. El indicador cedió 59 unidades, a 443 puntos básicos, piso desde el 1 de mayo de 2018 (431 puntos básicos).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 6,4%, a 3.353.008 puntos, en un nuevo récord histórico nominal, es decir, medido en pesos. El panel de acciones líderes anota una ganancia de 12% en dólares y de 10% en pesos en lo que va de este año. Los ADR en Wall Street treparon hasta 14,3% como en el caso de BBVA.

La disparada de los activos se produjo después de que la agencia financiera Standard & Poor’s elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo.

De esta forma, el riesgo país llegó a su nivel más bajo en los últimos ocho años. Durante la presidencia de Javier Milei, el registro más reducido de este indicador se había dado en enero pasado, con 481 puntos básicos.

En su informe, S&P fundamentó que “la perspectiva estable sobre las calificaciones de largo plazo refleja nuestra expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el Banco Central incrementa sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación. La perspectiva equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Gobierno”.

El equipo de Estrategia de Balanz subrayó que la decisión de S&P “se suma a la reciente mejora de parte de Fitch, por lo que Argentina ahora es considerada B- por poseer dicha calificación de parte de dos de las tres agencias más importantes. Esta mejora debería ayudar a comprimir el riesgo país por los flujos de fondos institucionales que ahora podrán invertir en bonos argentinos”.

“El cambio no es cosmético, es la segunda validación formal de que el proceso de corrección macro y recomposición de reservas empieza a ser percibido como sostenible por evaluadores externos. Históricamente, upgrades del soberano generan ventanas de compresión en high yield corporativo argentino, especialmente en emisores exportadores. Es decir, el soberano deja de ser un ancla tan pesada”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“Si bien esta suba en la calificación a B- no habilita aún a que grandes fondos Investment Grade tengan exposición en deuda soberana argentina, sí puede traducirse en flujos marginales positivos provenientes de ciertos mandatos HY (High Yield) que requieren ratings mínimos (de B- para arriba) para tomar exposición al país“, consideró Botto.

S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

Max Capital definió que “esta mejora podría ampliar la base de inversores de Argentina, ya que algunos fondos y cuentas discrecionales administradas tienen límites para su exposición a activos con calificación CCC”.

“Una gran porción de los fondos comunes de inversión globales y carteras institucionales de renta fija exigen estrictamente por estatuto interno que un país soberano cuente con la convalidación de al menos dos de las principales agencias internacionales en la categoría ‘B-’ antes de recibir la autorización legal para comprar sus instrumentos. Al sumarse la nota de S&P a la de Fitch, las puertas institucionales quedaron abiertas para capturar este flujo de capital de portafolio”, refirió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“La decisión estuvo ampliamente en línea con nuestra visión tras la mejora de Fitch el mes pasado, cuando sostuvimos que Fitch había roto el hielo y que era probable que siguieran nuevas mejoras de calificación. En aquel informe destacamos dos factores clave detrás del ciclo de upgrades: mejores perspectivas para la acumulación de reservas y la expectativa de que el Gobierno consiguiera financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de deuda. La decisión de S&P valida ambos puntos”, aportaron los analistas de Adcap Grupo Financiero.

Sofia Bishop, gerente comercial de FCI de Cocos, indicó que S&P “terminó de validar lo que el mercado venía descontando desde mayo: que el orden macro, el superávit fiscal y la acumulación de reservas justifican un re-rating crediticio”.

“Ahora, los frenos siguen vigentes. Con las tasas en EEUU en máximos -el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en torno al 4,5%- y los rendimientos en emergentes también altos, el contexto externo limita cuanto puede comprimir el spread argentino. Y a nivel local, el forward implícito entre el AO27 y el AO28 sigue en torno al 13,5%, mostrando que la prima electoral 2027 todavía está plenamente cotizada. El upgrade ayuda a perforar los 500 puntos básicos con más claridad, pero el escalón hacia 350–400 puntos sigue dependiendo del contexto externo y el ruido pre-electoral», agregó Bishop.

En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 8 pesos, muy lejos de la suba de 32,50 pesos registrada en toda la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.779,27, con lo que dejó al dólar mayorista a $346,77 o 2,2% de ese límite de flotación libre.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista anotó la tercera rueda consecutiva en baja.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.453,60 para la venta y $1.402,20 para la compra.

El dólar blue, en cambio, terminó estable a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.

El economista y exasesor presidencial, Antonio Aracre, pasó por los estudios de Infobae en Vivo y analizó los principales indicadores de la economía argentina. Entre los temas que abordó, se destacó su lectura sobre el dato de inflación de mayo y su diagnóstico sobre una economía que crece de manera desigual: con sectores exportadores en auge, pero con una porción de la sociedad que todavía no llega a fin de mes.

Para Aracre, el número más relevante del informe de inflación de mayo no fue el índice general, sino la inflación núcleo, que marcó 1,9%. “Me gusta más el 1,9% de la núcleo que el 2,1% del IPC general”, dijo, y explicó por qué ese indicador importa más entre los economistas: “Es lo que miramos todos los economistas nerd. Qué sucede debajo de la inflación cuando sacás los regulados y estacionales, que son ruido numérico pero que no te dicen nada de lo que está pasando monetariamente en los comercios”.

El dato, según su análisis, fue positivo porque perforó una barrera que parecía difícil de romper. “Rompió esa pared del 2% que parecía inquebrantable”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que en el desglose por rubros persiste una dinámica preocupante: los servicios siguen siendo los que más suben. “Todos los servicios —salud, educación, comunicación— están del lado izquierdo de las barritas”, indicó, en referencia a los rubros con mayor incremento.

Sobre ese punto, Aracre reconoció que tiene una diferencia con el pensamiento económico más ortodoxo. “Acá cometo un pecado de heterodoxia fuerte para mis colegas liberales”, advirtió antes de desarrollar su argumento: “Me parece muy difícil frenar la inercia de los servicios. No así la inercia de los bienes, porque tenés más herramientas para frenar la inflación en los bienes, como por ejemplo la apertura comercial».

El problema con los servicios, explicó, es estructural. “Tenés esa cosa de que te miran para el mes anterior y se te va retroalimentando. En otros países podés elegir a quién le comprás la luz, por ejemplo. Pero acá son oligopolios”, apuntó el economista.

Su propuesta, que calificó de heterodoxa, es convocar a los prestadores de servicios regulados a una mesa de negociación. “Los invitaría a una mesa porque no son tantos. Si pensás en términos de regulados —cable, comunicaciones, prepagas— no es tan difícil sentarlos y decir qué podemos hacer para ponerle un coto a esta retroalimentación», señaló.

Más allá de la inflación, Aracre desarrolló lo que considera el problema de fondo de la economía argentina actual: un crecimiento que no llega de manera uniforme a toda la sociedad.

Describió una economía con “una patita para arriba” en los sectores exportadores —minería, energía, agro— y una situación más estancada en los vinculados al mercado interno: construcción, comercio e industria.

Esa disparidad tiene consecuencias concretas para buena parte de los argentinos. “Está muy bien que crezcamos en base a las exportaciones, con eso eliminamos la restricción externa, que es un grave problema de los últimos 10 años para crecer sustentablemente. Pero hay una parte de la economía y hay una parte de la sociedad, por lo tanto, que no está vinculada directamente a esos sectores y que tiene problemas en el día a día”, sostuvo. Y precisó: “En el caso de la gente para llegar a fin de mes, estoy hablando de la clase media baja; y en el caso de los empresarios, para medianamente seguir.”

En ese contexto, Aracre se refirió a la posibilidad —que algunos sectores reclaman— de subir el tipo de cambio para favorecer a las industrias que compiten con las importaciones. Su postura fue clara: hacerlo de golpe sería un error con consecuencias graves.

“Vos podés decir ‘subo el tipo de cambio’ porque de esa manera hago que la industria y la construcción sean más competitivas, pero eso tiene efectos negativos por el otro lado”, advirtió. Un salto cambiario brusco, en su análisis, “te genera un salto inflacionario que va a repercutir directamente en la gente que menos dinero tiene, se le van a encarecer los precios y por lo tanto va a tener un impacto en la pobreza», reconoció.

Sí consideró viable la estrategia de emitir pesos para comprar reservas, siempre que esa emisión sea esterilizada. “Como los esterilizás, no tiene efecto monetario”, explicó.

Aracre se refirió al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas horas admitió haber ocultado activos al fisco. En ese sentido, consideró que el episodio tendrá consecuencias políticas, aunque acotadas al electorado que Milei necesita para una eventual reelección.

“Hay una parte de la gente que lo votó a Javier Milei y con la cual pudo sumar ese 57%, que no es núcleo duro, que es mucha gente del centro que no pertenece a nada, que trata de vivir en un país medianamente normal, que no son demasiado politizados, que miran un poco la economía y los valores democráticos”, analizó. Para Aracre, ese segmento es el que podría pasarle factura al gobierno. “Es muy difícil que ese 20% que no es núcleo duro no le pase una factura”, afirmó.

Quién diría que, pese a todo, el Gobierno sacó alguna ventaja de la crisis política generada por la declaración jurada de Manuel Adorni. Es cierto que la situación del jefe de gabinete eclipsó buenas noticias de la economía, como la caída del IPC a 2,1% y el desplome en el índice de riesgo país. Sin embargo, también hizo que pasara inadvertido uno de los peores datos: la inflación de la canasta alimentaria volvió a acelerar.

Este indicador, que es el que marca la línea a partir de la cual se ingresa en la categoría de indigencia, dio una variación 2,4% en mayo. Y, más allá de la cifra, es un pésimo dato porque más que duplica el del mes anterior y reafirma que la inflación de alimentos no se limitó a una situación puntual del verano, sigue siendo un problema estructural de la economía.

Hablando en plata, se necesita $681.246 para que una familia tipo, de dos adultos y dos niños en edad escolar, puedan mantener una dieta sana para reponer nutrientes a diario. Según el último censo de pobreza del Indec, un 4,8% de la población sigue debajo de la línea de indigencia.

Volvió a subir la inflación de alimentos y cortó la racha positiva

En los últimos dos meses, el gobierno se había ilusionado con una nueva tendencia, en la que, pese a que el IPC se mantenía relativamente alto, el rubro alimenticio -el más sensible desde el punto de vista social-, venía desacelerando.

Fue así que, después de una saga de cinco meses en la que siempre la inflación de alimentos se ubicaba por encima del IPC, por fin en marzo se logró quebrar la tendencia, cuando frente a un IPC de 3,4%, la canasta se encareció un 2,2%. Y en abril se repitió la situación: frente a un 2,6% de inflación promedio, la canasta básica sólo aumentó un 1,1%. Pero el alivio duró poco: ahora, con la canasta alimentaria subiendo a un ritmo de 2,4% frente a un IPC de 2,1%, otra vez se quiebra la tendencia.

Luis Caputo había manifestado su satisfacción ante esta estabilización. Según su interpretación, el problema había sido el imprevisto aumento de la carne, que tiene una alta ponderación en el índice del Indec, y que sufrió fuertes aumentos en el verano. Pero el ministro se mostró confiado en que se trataba sólo de una situación estacional: «No todos los meses la carne va a subir un 8%», afirmaba.

Retracción del «efecto carne» 

Los números le dieron la razón a Caputo porque, efectivamente, el desagregado en el IPC de mayo muestra que el asado registró una baja de precio por 1,6%. Y los principales cortes consumidos por la población también registraron deflación en las carnicerías.

¿Por qué se había producido en verano ese inesperado pico en las carnicerías? Por un abrupto descenso de la oferta de animales para faena, lo cual llevó al mercado de hacienda de Cañuelas a que se pagara hasta $5.400 por kilo de novillito de hasta 390 kilos, algo que superó todas las expectativas del sector.

La retracción ocurrió por un cambio en la actitud de los ganaderos, que después de años de haber enviado a faena a animales en edad reproductora, ahora quieren aprovechar los buenos precios para recomponer el stock de animales, que cayó cayera debajo de los 50 kilos de cabezas, el número más bajo de los últimos 15 años.

A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, ahora es más negocio engordar un animal hasta más de 480 kilos, en vez de mandarlo al matadero con 300 kilos. Y ese cambio en la ecuación del negocio ocurre por el abaratamiento relativo del maíz, el principal insumo para el engorde del vacuno.

Lo cierto es que el peor momento parece haber pasado. Ahora, en Cañuelas los precios reflejan una baja de un 9% promedio respecto de su pico veraniego, con precios máximos de $4.900 para el novillito.

La culpa de nuevos aumentos: panificados, lácteos y verduras 

Pero, aun con la carne jugando a favor, surgieron nuevos aumentos en otros subrubros, que empañaron el buen dato del IPC.

En particular, hubo aumentos por encima de lo previsto en panificados, en productos lácteos y en verduras. En promedio, las verdulerías mostraron aumentos por 18,8%, con casos como el tomate redondo que tuvieron un impactante incremento de 62%. También hubo subas de dos dígitos para la papa, la lechuga y la cebolla.

En el subrubro de lácteos, hubo varios productos con incrementos superiores al 5% mensual, como la leche en sachet, la manteca y el dulce de leche.

Y en panificados y farináceos, se destaca la suba de las galletitas de agua envasadas, con incrementos de 9,2%.

Sea cual sea el producto que genere la presión estacional, lo cierto es que está resultando mucho más difícil de lo previsto dominar la inflación en los alimentos, algo que todos los gobiernos ponen entre sus prioridades, porque incide directamente en los niveles de pobreza e indigencia.

Todavía no está claro que se tratará de fenómenos transitorios o si se extenderán en los meses invernales, complicando así los planes del gobierno para moderar la inflación.

En todo caso, el hecho de que la inflación de alimentos siga siendo un tema noticioso le genera un problema político al gobierno, porque pone en duda la validez de su discurso sobre la inflación como un fenómeno estrictamente monetario.

Si desde el equipo del ministro Toto Caputo se pone el énfasis en factores climáticos o en el encarecimiento del costo logístico por la suba de combustibles, entonces la explicación sonará como una contradicción con el mantra de la inflación monetaria. Y si no se plantea ese argumento, entonces habrá margen para que aumenten las críticas por parte de los economistas que acusan a Caputo de estar incurriendo en una expansión monetaria encubierta.