El Gobierno apura un segundo decreto en materia energética que pone en evidencia los cortocircuitos internos en un área sensible.

El ministerio de Economía corregirá así el primer decreto, el 718/2024, que acababa de salir y por el cual habilitaba al Estado a vender la totalidad del paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas.

El decreto original -con la firma de Luis Caputo- sentaba las bases para la privatización de cuatro centrales que son propiedad del Estado. Se trata de las represas Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que ahora serán concesionadas.

Por el «error», en la Casa Rosada volvieron a apuntar contra el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo.

El funcionario sufre desde el inicio de la gestión el fuego amigo de Santiago Caputo, igual que otros integrantes del Gabinete.

Su jefe en los papeles, el ministro de Economía Caputo, ya había tabicado su margen de acción al colocar al a Daniel González en la flamante secretaría de Recursos Naturales.

«Es una decisión de Toto», refieren en Balcarce 50 sobre el futuro de Chirillo.

Al asesor de Energía durante el menemismo, de todos modos, le reconocen su amplio conocimiento técnico. Llegó al Gobierno como un experto en privatizaciones después de décadas de trayectoria en España. El ex jefe de Gabinete Nicolás Posse fue el encargado de convocarlo, aunque en el entorno del secretario niegan responder al ex integrante de la mesa chica de Milei. Quienes más lo conocen también apuntan que, si fuera por él, las actualizaciones tarifarias irían más rápido, como reclaman las empresas del sector y los acreedores. Caputo avanza con cuidado para poder seguir mostrando una baja inflacionaria.

El lugar de Chirillo en el Gobierno fue de menos a más: apareció de pie junto a todo el Gabinete y Federico Sturzenegger en la cadena nacional de diciembre en la que Milei comunicó el Mega DNU, pero faltó a la primera visita del Presidente a Vaca Muerta, la semana pasada.

Existen, sin embargo, otras razones para dilatar un cambio en una de las subcarteras más relevantes para la generación de divisas y para atraer inversiones.

Por un lado, Mauricio Macri, siempre reclamó para alguno de sus hombres ese espacio. Liberar un casillero tan estratégico podría ser un problema. Además, el ruido político en el peronismo y el desgaste por la crisis económica no invitan al Gobierno a abrir otro frente de conflicto.

Rodríguez Chirillo no es el único funcionario cuestionado por el error. Además de las secretarías legales de cada ministerio, las resoluciones y decretos tienen su destino final en la Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de Javier Herrera Bravo, que fue el segundo de Pablo Clusellas durante la presidencia de Macri.

Hubo otros descuidos en el Ejecutivo. Como reveló Clarín, semanas atrás, el Gobierno también había olvidado incluir la subsecretaría de Asuntos Políticos de la vicejefatura de Gabinete del Interior que está encargada de planificar la reforma electoral. Los problemas de la gestión afectan a más ministros.