El Gobierno convocó este jueves, sorpresivamente, a una reunión paritaria a los gremios docentes universitarios, para ofrecer una “equiparación” con los empleados estatales que integran el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), en un contexto de extrema tensión con las universidades por el prometido veto total a la ley de financiamiento a las casas de estudios.

Pasado el mediodía, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, convocó a representantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) a una reunión para esta misma tarde. Los docentes de la Conadu están realizando un paro nacional por 48 horas, que comenzó ayer y seguirá este viernes, como prólogo a la marcha universitaria convocada para el 2 de octubre.

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El Gobierno, por su parte, está decidido a avanzar con el veto a la ley de financiamiento universitario. La Casa Rosada tiene tiempo para publicarlo hasta el 3 de octubre, y probablemente esperará hasta el filo del plazo, para que quede publicado en el Boletín Oficial después de la marcha, que se prevé multitudinaria.

Al encuentro con Álvarez, además de los gremios, asistieron dos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que integran los rectores de las casas de estudio de todo el país. En el CIN señalaron que los rectores participaron del encuentro en carácter de “veedores”. En el Gobierno critican este posicionamiento. “Los rectores son los empleadores formales de los docentes, es una cosa extraña”, dijo un colaborador de la administración de Javier Milei.

El Gobierno fijó para agosto y septiembre incrementos de 2 y 3 por ciento respectivamente. Según pudo reconstruir LA NACION, la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, ofrecerá un aumento del 6,8% para el mes de octubre. Esa cifra estará integrada por un 1% de incremento salarial mensual previsto más un 5,8% de recomposición a los docentes para equipararlos con el resto de los empleados estatales.

Rechazo docente

Los docentes vienen advirtiendo un fuerte retraso en materia de recomposición salarial, tanto en función de la inflación como en comparación con la actualización de haberes que tuvieron el resto de los empleados públicos. El cálculo que hacen en los claustros universitarios es que entre noviembre del año pasado y julio de este año, la inflación creció un 154%, los salarios de la Sinep subieron un 97,3% mientras que los salarios universitarios aumentaron un 58,2%.

La Conadu, por su parte, alerta que los docentes han experimentado una disminución del poder adquisitivo de aproximadamente el 75% desde diciembre del año pasado.

El aumento que Álvarez les ofrecía a los docentes fue acordado en la reunión que el martes mantuvo el subsecretario de Políticas Universitarias con la ministra Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Allí se definió hacer los cálculos técnicos para ofrecer un aumento, que finalmente el Gobierno acotó a un 6,8%. Desde la Conadu señalaron a LA NACION: “Ofrecieron un 6,8% pero no hay respuesta a todos los demás temas. Siendo a escasos días de la marcha universitaria, es algo que no podemos aceptar”.

Este jueves, Pettovello publicó en la red social X: “A mí nadie me pidió que interceda. El veto es total”. Fuentes del Gobierno señalaron en las últimas horas: “La marcha es de tinte político porque la ley fue impulsada por la UCR y el radicalismo está metido en las universidades. El proyecto de ley es redundante porque se presentó antes de que hubiera acuerdo con los rectores por los gastos de funcionamiento de las universidades, pero se aprobó después. Acá la verdadera discusión es la cuestión salarial”.

La ley de financiamiento universitario que Milei va a vetar propone una recomposición salarial que empate con la inflación y dos alternativas de cara al resto del año, una cláusula gatillo o paritarias.