El Ministerio de Justicia anunció que suspenderá temporalmente el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado mientras lleva a cabo una auditoría integral de las compensaciones otorgadas. 

La medida también incluye el reclamo de devolución de las sumas mal otorgadas, según lo establecido en la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ- emitida por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona.

La decisión de realizar la auditoría surge “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, según informó el Ministerio de Justicia. Esta medida implica que los pagos y reconocimientos a las víctimas se detendrán hasta contar con información veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios.

Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024

En cuanto a los pagos indebidos que estén involucrados en causas penales, la Secretaría de Derechos Humanos, en calidad de querellante, solicitará medidas como la inhibición de bienes o embargos para garantizar la recuperación de los fondos mal otorgados.

La medida busca garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos destinados a las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, asegurando que las compensaciones se otorguen de manera justa y adecuada a cada caso.

“Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió Cúneo Libarona en su cuenta de la red social X.

En el comunicado en el que informa su decisión, el Ministerio de Justicia explicó que “la Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, y que confirmó la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, detalló.

Además, se remarcó que “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.

“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, completó el escrito.