El fin del poder de los hermanos Rodríguez Saá en San Luis después de casi 40 años desnudó un cúmulo de irregularidades, en especial en los últimos años de gestión de Alberto Rodríguez Saá, que rozan lo inaudito: 22 canchas de césped sintético fantasmas; ñoquis australianos; el jefe de la policía caminera con vales de combustible por 150 mil kilómetros en un año solo con una camioneta; un jefe de Vialidad Provincial que regalaba nafta para sus amigos del rally; funcionarios que cobraban planes sociales adjudicados a menores; y hasta una funcionaria que compró con sobreprecio un micro para un club del que es presidenta.

Hace un año y un mes, Claudio Poggi ganó las elecciones provinciales de la mano de Juntos por el Cambio. Ya había gobernado San Luis entre 2011 y 2015 de la mano de los Rodríguez Saá, pero al poco tiempo los enfrentó. Desde que obtuvo el triunfo en junio de 2023, no hubo contacto con Alberto Rodríguez Saá para la transición. En la transición, Poggi denunció varias maniobras con las arcas provinciales y cuando finalmente tomó el poder, en diciembre, hizo tres censos que destaparon irregularidades que todavía aparecen de a poco.

Las auditorías fueron sobre el parque automotor, el personal y los beneficiarios de planes sociales. Una de ellas reveló que un exministro de Rodríguez Saá se hizo pasar por cacique para administrar un campo de 66 mil hectáreas con 8200 animales entre vacas, caballos y lagunas. Ahora aparecen nuevos capítulos, entre ellos un escándalo con los vehículos oficiales.

«Inmediatamente después de que asumimos detectamos la compra de un micro por $ 290 millones el día 7 de diciembre, el último día hábil de la gestión anterior. Fue pagado por la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, con destino al San Luis Fútbol Club, que es un club de fútbol femenino cuya presidente es precisamente Cintia Ramírez», comenta Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión a Clarín.

Tras la denuncia, a mediados de enero recuperaron el colectivo modelo 2018, que acumula 800.000 kilómetros y, según detalla la nueva administración, terminó las cubiertas lisas. «Se requieren alrededor de $ 80 millones para poder repararlo en esas condiciones. Pero además, a través de pericias mecánicas pudo determinarse que el valor real de mercado es de $ 130 millones», remarca Bazla, y precisa que la causa penal está en la Justicia puntana.

Apenas asumió, Poggi designó como jefe de la Policía Caminera al comisario mayor Marcelo Balbo, pero a los dos días estalló un escándalo.

«A las 48 horas de nombrarlo, en un control de consumo de combustible advertimos que tenía una camioneta Toyota Hilux con la que entre enero y noviembre del 2023 había consumido combustible equivalente a 150.000 kilómetros, todo supuestamente con la misma tarjeta de carga de combustible correspondiente a un mismo vehículo», afirma Bazla.

Esos 150.000 kilómetros equivalen a recorrer 29 veces la Ruta Nacional 40, entre La Quiaca y Ushuaia. Sospechan que, en realidad, derivaba esas cargas de combustible a autos de familiares y amigos.

«Inmediatamente se dispuso el pase a retiro obligatorio y se inició una causa penal porque figuraba como funcionario de la gestión anterior aunque era policía. Figuraba como funcionario de en el Ministerio de Producción, pero era ñoqui«, destaca el funcionario de Poggi.

Otra de las irregularidades en el área de Deportes estuvo en el pago por completo de la construcción de 22 canchas de fútbol sintético. Al revisar el estado de su construcción, descubrieron que en algunos terrenos sólo habían apisonado la tierra y en otros ni siquiera habían arrancado con la nivelación del suelo.

«Las canchas, a un promedio de $ 120 millones cada una, tienen los expedientes finalizados, pagados, y supuestamente deberían existir en distintos lugares de la provincia de San Luis. Iniciamos una inspección ocular y no existen o en otros casos tienen un nivel de avance de obra que no supera el 20%», asegura Bazla.

Y detalla el caso de dos canchas por las que en noviembre del año pasado se desembolsaron $ 88 millones. Debían estar en el predio de la Universidad de La Punta. Cuando fueron a verlas, apenas encontraron el terreno compactado y no había ninguna ninguna empresa trabajando.

En la enumeración de denuncias penales, una de las más llamativas es la de los planes sociales provinciales que cobraban menores de edad de entre 9 y 14 años. Los cobraban, en realidad, exfuncionarios de Alberto Rodríguez Saá.

«Contabilizamos 110 menores que figuraban percibiendo planes sociales. Cuando verificamos la identidad de cada uno de ellos, al ver qué adulto cobraba en el CBU, porque naturalmente que no podían existir cuentas bancarias a nombre de los menores, advertimos que en la mayoría de los casos se trataba de ex ministros de Rodríguez Saá», remarca el funcionario. Hay al menos 12 personas denunciadas en la Justicia.

También detectaron beneficiarios de planes sociales provinciales mayores de 40 años que residían en provincias vecinas como Córdoba y Mendoza. En detalle, contabilizaron 8.325 personas que no cumplían con los requisitos para recibir los beneficios y, sin embargo, los cobraban todos los meses.

Como parte de los censos que ordenó Poggi, hubo uno sobre el personal. Esa auditoría fue presencial y también arrojó situaciones irregulares.

«Nos permitió detectar una importante cantidad de personas que figuraban como empleados de la Administración Pública y que no prestaban servicios, entre ellos tres personas que vivían en el exterior: dos de Australia y uno en Israel. Fueron dados de baja», destaca Bazla.

«Además, detectamos la existencia de 2500 personas aproximadamente que figuraban pero que no estaban prestando servicios, y en muchos casos personas que no se presentaron al censo», agregó el secretario de Ética.

Otro de los denunciados es Jorge «Timmy» García Quiroga. Además de haber sido titular de Vialidad Provincial, en su vida personal es piloto de rally.

Aseguran que utilizaba las máquinas de Vialidad de la provincia para arreglar los caminos para las competencias de rally locales, un asunto que a simple vista no parece grave. Sin embargo, las averiguaciones encontraron otro escándalo: en 2023, García Quiroga destinó $ 73 millones en combustible que consumió un grupo de amigos de «Timmy» para los autos de rally.

«Se hizo el primer rally de 2024 y ninguno de los que eran amigos del poder anterior participó de la carrera porque evidentemente el combustible esta vez les salía caro», asegura el secretario de Ética de San Luis. Sostiene que hubo una decisión de «ministerios liberados al saqueo de los funcionarios de la gestión anterior».

En abril, la provincia recuperó un campo de dos mil hectáreas. En su momento, la provincia tuvo un plan de trabajo productivo, el Plan Pionero Siglo 21, y en 2010, alquiló parcelas de un terreno, entre ellas las 2.000 hectáreas de «El Caburé», ubicado en el sur de San Luis.

«El objeto principal de explotación era la producción, la reproducción de embriones equinos destinados fundamentalmente a caballos de polo, algo que es poco poco usual y de alto costo. Ese campo lo encontramos abandonado, el gobierno anterior había rescindido el contrato y debió haber tomado nuevamente posesión de ese campo», asegura el funcionario.

Y añade: «No lo hizo y nos encontramos con dos mil hectáreas que estaban siendo explotadas por dos personas particulares. Tenía plantado en 1850 hectáreas de maíz y la cantidad importante de caballos que había fueron reintegrados a sus propietarios, porque eso no era propiedad del Gobierno de la Provincia».

En el censo del parque automotor, el nuevo gobierno de San Luis aseguró haber recibido en diciembre de 2023 sólo el 52 % de los vehículos en funcionamiento. Un dato no menor: para patrullar toda la provincia de San Luis se necesitan 400 vehículos, pero recibieron 131.

«Encontramos una cantidad importante de vehículos alquilados, sin chofer, a una SRL con domicilio en la ciudad de San Juan. Existían 20 de los 250 contratados, el resto solamente figuraban en los papeles. No hay registro de que hayan estado prestando servicios en el Gobierno de San Luis, aún cuando sí hay registros de los pagos que se hicieron periódicamente, de un promedio de 450 a 500 millones de pesos por año», asegura el funcionario de Poggi.

A raíz del censo del parque automotor que realizaron durante todo enero, cotejaron el faltante de varios vehículos y maquinarias viales. Algunas de las máquinas las hallaron en el departamento de San Martín, abandonadas en un campo.

Pero llamó la atención el caso de las grúas que se habían hecho humo. «Nos faltaban dos grúas policiales que tienen un valor de aproximadamente $ 100 millones. Se continuó con la investigación y se detectó que podrían estar en un taller de la ciudad de Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Son modelo 2021 y las habían llevado en septiembre del año pasado porque le faltaba aceite al motor. Las remolcamos hasta la Universidad de San Luis y están siendo reparadas», aclaró Ricardo Bazla a Clarín.

La provincia compró 70 nuevos patrulleros y se las ingenió para buscar fondos. Hace una semana, durante 11 horas ininterrumpidas realizaron una subasta de vehículos oficiales.

La subasta salió con un precio base de $352.700.000. Según la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, la recaudación llegó a $852.100.000.

Eran 371 vehículos. Sólo uno funcionaba.