POLITICA
Represión a despedidos del INTI: «Hay un vaciamiento en marcha en el organismo»
«Por suerte la situación se calmó, pero la verdad es que fue muy grave lo que ocurrió en el marco del paro que se llevó adelante, que era de 48 horas, y se resolvió la semana pasada cuando llegaba la fecha límite para la renovación de los contratos de los 282 compañeros y eso no se estaba dando», comenzó Giselle Santana.
La trabajadora del INTI continuó: «Por lo cual, nos encontramos con por lo menos 282 familias en la calle junto al proceso que venimos sufriendo en el INTI de cierre de sedes regionales en el interior del país con retiros voluntarios y un vaciamiento en marcha en el organismo que nos llevó a resolver el paro y una asamblea en la puerta de la sede central del Instituto, donde habíamos invitado a diversas organizaciones».
«Sin embargo, cuando estábamos en la puerta muy temprano, en el ingreso de nuestro lugar de trabajo, vemos un operativo desproporcionado de la policía de la CABA, a cargo de Macri y Wolff, donde se abalanzaron sobre los trabajadores en la vereda, nos reprimieron brutalmente, hubo compañeros heridos y afectados por los gases que tiraron y tuvieron que ser asistidos por la ambulancia dentro del propio INTI», resaltó. A su vez, indicó que «dos trabajadores resultaron detenidos, compañeros de ATE nacional y de CTA Autónoma, que se los derivó a la alcaldía Nro. 12 sin ninguna razón porque estábamos en la vereda a punto de empezar una asamblea de trabajadores en el marco de los despidos, así que es una brutalidad y una arbitrariedad nunca vista».
«A nosotros no nos dieron ninguna respuesta del responsable del operativo cuando a los gritos les pedíamos que paren, que estábamos en la puerta del organismo y que no había absolutamente ninguna razón para hacer lo que estaba ocurriendo y tuve la oportunidad de ver un tuit que decía que habían levantado un corte en la colectora de General Paz», advirtió sobre el accionar policial y lo difundido por funcionarios de CABA.
Finalmente, Santana cerró: «Por suerte había muchas cámaras y se vio que lo que dijo el ministro de Seguridad de CABA fue mentira y, además, Wolff dijo que los detenidos tenían armas blancas. La verdad una forma y una manera al estilo de lo que ocurrió en la votación de la ley Bases donde inventan para levantar gente sin razón, para reprimir y amedrentar la lucha». (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
“Hasta la puerta”: un productor usó una imagen de Normandía para mostrar un fuerte contraste con lo que busca una provincia argentina
En medio de la preocupación de productores de La Pampa que intentan frenar la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas aprobada en 2020, a la que consideran perjudicial, un productor agropecuario compartió un video filmado en Normandía y trazó un paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. Se trata de Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, quien compartió las imágenes de un lote de maíz al lado de la ruta y muy cerca de las casas. En la red social X se abrió un debate sobre el límite en el perímetro urbano para realizar las aplicaciones de fitosanitarios.
“Nos hacen daño”: por qué hay un inédito avance de pumas, jabalíes y guanacos en amplias regiones del país
“Esto es Normandía (Francia). En La Pampa quieren restringir aplicaciones de agroquímicos y romper la ganadería y agricultura. Nadie en el mundo hace eso. Ni siquiera países ultras restrictivos con temas ambientales. Se siembra y aplican agroquímicos hasta la puerta. Es seguro”, puntualizó.
Dijo a LA NACION: “El paquete de herbicidas utilizados en Francia para la producción de maíz prácticamente no difiere de lo que hacemos en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país tenemos infinidad de prejuicios infundados con estos productos”.
Reacciones
En tanto, en X, ante la pregunta de un usuario sobre “¿cómo llegaron a eso?”, porque, según dijo, duda que acá “se haga un 1% de lo que se hace allá, asumir que lo que funciona en B funciona en A sin tener en cuenta el contexto es un análisis muy escueto”. Del Solar, puntualizó: “No tienen los prejuicios que tenemos acá, al menos para agroquímicos. Si, en cambio odian GMO, irracional, pero está prohibido sembrar transgénicos. Aunque la soja que importan lo sea”.
Además, aclaró que los puntos en los que trabajaron en Francia para lograr esa falta de prejuicios con los agroquímicos, agregó que esto “lo piden los Concejos Deliberantes, no los consumidores. INTA hizo mil y una demostración a campo mostrando lo que es una deriva. Es mínimo”, afirmó. Según agregó Del Solar, “algunos herbicidas sí están prohibidos en Francia y acá no. Si no es imposible sembrar maíz”.
Este escenario se contrapone con zonas de la región agrícola de la Argentina. Por ejemplo, en La Pampa, los productores solicitaron la derogación de la polémica ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, y que está cerca de reglamentarse.
En rigor, se tendría que haber reglamentado a los 120 días desde que salió. Según dijeron desde el Consejo Consultor de entidades del sector, en su redacción no se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Además aseguraron que “no tiene sentido lo que se está proponiendo”.
Hace unas semanas trascendió un borrador de la reglamentación: tiene fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto.
Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
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