POLITICA
Todos los vínculos del kirchnerismo con el narcotráfico
No es ninguna coincidencia: basta mencionar que el kirchnerismo ha acumulado a lo largo de una década innumerable cantidad de elementos que revelan que existe un vínculo directo entre la fortuna de ciertos referentes K y el negocio oscuro de los narcóticos.
Hoy parece sencillo hablar del tema, pero ¿qué ocurría en los albores del kirchnerismo?
En esos días, casi en soledad, quien escribe estas líneas comenzó su prédica sobre la relación de los Kirchner y sus funcionarios con el comercio de estupefacientes y el posterior lavado de este. Había demasiados elementos como para desconocer la cuestión: los vínculos de Néstor y Cristina con la firma Conarpesa, vinculada al narcotráfico a España, fue una de las más emblemáticas de entonces.
Entonces, los medios de comunicación se mostraban embelesados con el actual gobierno y omitían reparar en esos y otros detalles, como el poco apego de los Kirchner a las reglas de la democracia, su curioso interés por el dinero y la persecución al periodismo crítico. En esas jornadas, este periodista recibía furiosas presiones por parte del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, luego presidente de la Nación.
Durante esos malogrados días, comenzaron mis denuncias contra los funcionarios del oficialismo que mostraban cierta simpatía por hacer negocios con el imperdonable negocio de los narcóticos. Una de mis primeras notas fue sobre Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior de la Nación.
“Drogas en el conurbano” se llamó el artículo en cuestión y allí se revelaban los detalles de dos expedientes judiciales que lo rozaban en el tema drogas, uno de ellos del año 1994.
Eran los idus de mayo de 2004 y los medios seguían de luna de miel para con los Kirchner.
A ese artículo le siguieron varios más donde se mostró cómo el hoy ministro de Seguridad de la Nación aparecía relacionado una y otra vez con los estupefacientes: Southern Winds, la mafia de los medicamentos, la muerte del comisario Oscar Beauvais y hasta el triple crimen de General Rodríguez eran solo algunas de las causas que lo comprometían.
En total, publiqué 20 artículos de investigación que desnudaron la figura de Fernández y hasta fueron utilizados por la Justicia para avanzar en las investigaciones de marras. Mientras, el entonces ministro del Interior iniciaba dos querellas penales contra mí: una por vincularlo con las drogas; la otra por relacionarlo con el triple crimen. En ambos juicios, fui sobreseído.
Pero volvamos al principio del kirchnerismo: seguimos en 2004 y nuevamente me tocó denunciar los vínculos de un intendente K —ex duhaldista— con las drogas, Hugo Curto, mandamás de la localidad de 3 de febrero. Nuevamente aparecieron las esperadas cartas documento e intentos de apriete. Los medios seguían embelesados con los K.
Llegó septiembre del mismo año y un escándalo salpicó todo el progresismo de los Kirchner: el caso Southern Winds, a través del cual una valija diplomática con 60 kilos de cocaína apareció en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Conté entonces cómo y por qué había funcionarios del gobierno metidos en la trama, con Ricardo Jaime a la cabeza. A esa nota, le siguieron media docena más, con la publicación incluso de documentos inéditos que fueron tomados por la Justicia.
Ya en el año 2005, seguí revelando más y más historias comprometedoras para el kirchnerismo, esta vez en torno a una firma de micros llamada El pingüino, ubicada en Río Gallegos. El mismísimo Néstor Kirchner indultó en secreto a un directivo de esa firma vinculado con el tráfico de narcóticos. ¿El motivo? Así lo publiqué entonces: “El verdadero dueño de El Pingüino a través de un testaferro llamado Raúl Carlos Lopetegui Benitez es Néstor K”.
Ese mismo año, llegó el momento de hacer una suerte de compendio, puntualizando que era imposible que fuera casualidad que funcionarios del gobierno aparecieran una y otra vez rozados por cuestiones vinculadas con las drogas. El artículo en cuestión se tituló “El kirchnerismo y sus vínculos con el narcotráfico”. ¿Los medios? Bien, gracias. Aún de luna de miel.
La cantidad de notas de investigación publicadas por mí sobre esta problemática, son incontables. En todas se aportaron datos concretos, fuentes y hasta documentos públicos y privados. No solo eso: se comenzó a alertar acerca de los riesgos de que se permitiera el avance del narcotráfico en la Argentina, augurando un destino similar al de México y/o los peores días de Colombia.
En 2007, anticipándome a lo que sería el triple crimen y la llegada de mexicanos a la Argentina, publiqué un jugado artículo titulado “El Estado narco”, donde se alertó acerca de la elocuencia de que “hombres cercanos a Néstor Kirchner aparecen relacionados con el negocio de los estupefacientes”.
En esos mismos días, advertí sobre la conformación de una “Comisión Antidrogas” impulsada por Aníbal Fernández a efectos de analizar ese fenómeno en crecimiento. Entonces anticipé que, lejos de combatir el flagelo, lo que se buscaba era despenalizar su negocio y permitir el arribo de narcos foráneos a la Argentina. El tiempo, lamentablemente, me dio la razón.
En 2008, me metí de lleno con uno de los hombres más importantes del kirchnerismo: Cristóbal López. Revelé en ese momento algo que nadie sabía aún: que era investigado por organismos federales de Estados Unidos por presumirlo como lavador de dinero de negocios ilícitos.
Ese mismo año llegó un hecho que conmocionaría a la sociedad y dejaría expuesta la permeabilidad de las fronteras argentinas respecto del crimen organizado: el triple crimen de General Rodríguez. Allí perecieron Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón bajo una lluvia de balas.
El kirchnerismo intentó por todos los medios posibles vincular ese hecho con sicarios mexicanos y negocios foráneos. Sin embargo, insistí a través de una docena de notas de investigación con que la pista más firme estaba en la Casa Rosada. El tiempo volvió a darme la razón y la Justicia también.
No fue premonitorio lo mío, sino pura indagación y la suerte de haber sido el primer y único periodista que entrevistó al joven Forza. Su testimonio, dicho sea de paso, fue entregado a la justicia.
En mis artículos desnudé la relación del triple crimen con los aportes de campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007 y la participación de matones relacionados al hoy senador Fernández.
En ese momento, los periodistas seguían a pie juntillas las “revelaciones” del exjuez Federico Faggionato Márquez, puesto por el kirchnerismo para desviar la atención mediática. Había pasado un mes del triple homicidio y yo era el único que desnudaba la operación ad hoc. Gracias a mis notas, Faggionato Márquez fue destituido y el expediente se encaminó por la senda correcta.
No obstante, lo que publiqué en 2008 fue refrendado por los medios recién un año más tarde, contando exactamente lo mismo que yo había dicho durante meses y, obviamente, sin citarme.
Mientras los demás colegas empezaban a acercarse tibiamente a lo que yo ya había desnudado por completo —y que fue confirmado por la Justicia de Mercedes años después— yo ya había llegado al punto de desnudar cómo el narcotráfico había financiado parte de la campaña del Frente para la Victoria en 2007. Se trataba, principalmente, de fondos de cartel de Sinaloa, gerenciado por Joaquín “Chapo” Guzmán.
Cinco años más tarde, varias investigaciones —principalmente la del norteamericano Douglas Farah— revelaron lo mismo.
Volviendo a 2008: a fines de ese año, revelé que el kirchnerismo, lejos de haber aprendido la lección que dejó el triple crimen, avanzaba en una serie de leyes que perseguían el blanqueo de dinero, tanto de la corrupción como el narcotráfico. “Gustavo Rodríguez, presidente del GAFI, ha admitido que la cúpula del organismo muestra preocupación porque en la Argentina no hay un solo condenado por lavado de dinero”, dije entonces.
En mayo de 2009, fui aún más allá: revelé “los vínculos del kirchnerismo con la ruta de la efedrina”.
Pero fue en agosto del mismo año cuando llegó el gran golpe para el gobierno: fue al momento de publicar cómo la DEA advirtió al gobierno sobre el tráfico de efedrina en la Argentina. Si bien el kirchnerismo intentó desmentir la información en un principio, la propia agencia lo confirmó tiempo después. Diario Perfil, por caso, reveló lo mismo durante 2013. ¿Qué hicieron los Kirchner? Cajonearon el informe para que nadie supiera acerca de ese señalamiento.
La explicación tal vez pueda darse a raíz de la siguiente nota que publiqué al respecto en diciembre de 2009, titulada “los Kirchner, su fortuna y el narcotráfico”. El título del artículo lo dice todo.
Podría seguir detallando ad infinitum cómo fue mi trabajo durante los años del kirchnerismo, siempre en casi completa soledad. Como dije más arriba, mientras el periodismo se mostraba enamorado de los Kirchner, el avance de las drogas se hizo carne en silencio.
Ello explica por qué en la mayoría de mis artículos hago insistentes llamamientos a detener la oleada narco que ya se avecinaba sobre la Argentina. Fue con genuina preocupación.
Ahora… si los funcionarios de turno se hubieran ocupado antes, ¿se podría haber morigerado el daño que hoy producen las drogas en el país? Tal vez sí, tal vez no. Imposible saberlo: es casi historia contrafáctica.
Ello nunca podrá saberse, porque no existió —ni existe— voluntad por parte del gobierno de trabajar contra el comercio de narcóticos.
Como dijo alguna vez Víctor Kiam, “la desidia es el asesino natural de la oportunidad”.
POLITICA
La jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero del senador Kueider por enriquecimiento ilícito
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó al Senado de la Nación el desafuero del legislador entrerriano Edgardo Kueider.
La solicitud, enviada esta mañana a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, incluye también el pedido de detención del senador, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraguay junto a su secretaria Iara Guinsel Costa. Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a un intento de contrabando de divisas.
Un desafío judicial y político en el Senado
El Senado deberá decidir si accede al desafuero de Kueider, un paso necesario para que la Justicia pueda proceder con su extradición. El desafuero requiere el voto de dos tercios de los senadores, una meta difícil de alcanzar en un cuerpo legislativo fragmentado entre oficialismo y oposición. Mientras tanto, hoy se llevará a cabo una sesión especial donde también se debatirá la posibilidad de suspender al legislador hasta que avance la causa judicial.
El pedido de desafuero se origina en una causa por enriquecimiento ilícito que investiga el presunto ingreso de divisas no declaradas a Paraguay. El legislador fue interceptado a principios de diciembre en la frontera con Brasil mientras transportaba USD 211.000 y $600.000 en efectivo. Según la Justicia, el monto superaba ampliamente el límite permitido por ley sin declaración.
Quién es Iara Guinsel Costa, la acompañante de Edgardo Kueider durante su detención
La situación de Iara Guinsel Costa
Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider y también detenida en Paraguay, enfrenta acusaciones de actuar como testaferro del senador. Oriunda de Concordia, Guinsel Costa había sido incorporada al despacho de Kueider en el Senado y luego transferida al bloque Unidad Federal. La joven declaró que el dinero transportado provenía de una empresa paraguaya, Golsur SA, pero sus explicaciones fueron consideradas inconsistentes por las autoridades judiciales.
Actualmente, tanto el senador como su secretaria cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción, mientras el juez paraguayo Humberto Otazú determinó que permanecerán detenidos al menos hasta abril de 2025, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal paraguayo deberá concluir la investigación.
Operativos en Entre Ríos
Paralelamente, Arroyo Salgado ordenó esta mañana una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a Kueider en Entre Ríos, incluyendo departamentos en un edificio de lujo en Paraná. También se realizaron operativos en Concordia y en una escribanía presuntamente utilizada para operaciones financieras irregulares.
Según la investigación, Kueider habría utilizado su empresa Betail SA para adquirir inmuebles a través de fideicomisos, evitando así figurar directamente como propietario. Estas maniobras financieras levantaron sospechas sobre el origen de los fondos empleados, lo que derivó en una investigación más amplia sobre sus actividades económicas.
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