INTERNACIONAL
Políticos de carrera, exfutbolistas y empresarios: 35 candidatos compiten en las elecciones en Perú

Un ejército de 35 candidatos buscará este domingo llegar al balotaje del 7 de junio en Perú, en unas elecciones generales que definirán al noveno presidente de la última década en un país con enormes problemas de gobernabilidad.
En un escenario de enorme dispersión, las encuestas revelan que la lucha estará centrada entre tres postulantes que en conjunto apenas obtienen alrededor del 30% de las intenciones de voto.
Ellos son la eterna Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori (1990/2000) y candidata de Fuerza Popular (derecha); Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y postulante de Renovación Popular (ultraconservador); y Carlos Álvarez, un popular comediante y aspirante del partido País para Todos (derecha populista).
Más atrás aparece Ricardo Belmont, también exintendente de la capital peruana y representante del Partido Cívico Obras (centro).
La izquierda también aspira a meterse en el balotaje. Postula a Roberto Sánchez, considerado el heredero político del expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
Castillo ganó la presidencia en el balotaje de 2021 cuando aparecía séptimo en los sondeos en primera vuelta.
Keiko Fujimori lidera los sondeos, pero tiene un enorme rechazo popular
Fujimori lideró los últimos sondeos con alrededor de 12/15% de votos. La siguen López Aliaga y Álvarez con apenas el 9/10%. “Belmont viene subiendo en las encuestas y puede llegar a pelear por entrar al balotaje”, dijo a TN la directora de la consultora Imasen, Giovanna Peñaflor.
Todos tienen un porcentaje demasiado escaso para aspirar a ser electo en primera vuelta. Para evitar un balotaje, el candidato ganador deberá obtener el 50% más uno de los votos.
De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas a su llegada a un debate presidencial en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
Pero no son los únicos. Hay numerosos postulantes, la mayoría desconocidos para los peruanos, entre ellos un exfutbolista (George Forsyth), un prófugo de la Justicia (Vladimir Cerrón, del marxista Perú Libre), militares retirados, empresarios y periodistas.
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A continuación, los perfiles de los tres aspirantes con mayores posibilidades de entrar en un balotaje.
- Keiko Fujimori. A los 50 años, la hija de Alberto Fujimori enfrentará su cuarto intento de llegar a la presidencia. Representa a la derecha tradicional. Su partido Fuerza Popular es el más importante del país, pero “ella tiene un antivoto de dimensiones épicas. Existe la sensación de que el presidente será el que logre competir con Keiko en el balotaje”, dijo Peñaflor. En su campaña prometió “mano dura” contra la inseguridad e implementar “jueces sin rostro” (encapuchados) para juzgar criminales. Jaqueada por problemas judiciales, este año recibió una buena noticia: el Tribunal Constitucional anuló una acusación por lavado de activos de fondos supuestamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas para las campañas de 2011 y 2016.

La candidata de Fuerzas Popular, Keiko Fujimori (Foto: REUTERS/Angela Ponce)
- Rafael López Aliaga. El exalcalde de Lima, de 65 años, es líder de Renovación Popular (derecha radical). De profesión ingeniero, amasó una fortuna al frente de un grupo empresarial financiero, hotelero y ferroviario. También promete “mano dura” contra la creciente delincuencia y expulsar a todos los inmigrantes venezolanos sin papeles “a su Venezuela querida” . Conocido como “Porky” por su parecido con el personaje de dibujos animados de la Warner Bros, es un político católico, miembro del Opus Dei y ultraconservador que hace gala de su celibato. Según él mismo admitió se autoflagela todos los días y admira a Jair Bolsonaro y Donald Trump. En las últimas elecciones, en las que fue candidato, clamó: “Muerte al comunismo”.

El candidato de Revolución Popular, Rafael López Aliaga (Foto: REUTERS/Sebastián Castaneda)
- Carlos Álvarez. Es un popular comediante y presentador de televisión, famoso por sus imitaciones de personajes locales y estrellas internacionales. Se lo considera el veradero “outsider” de estas elecciones. Desde su partido País para Todos es uno de los favoritos para entrar al balotaje. A los 62 años, adoptó un discurso duro contra la criminalidad. Así, se mostró a favor de la pena de muerte y puso en la mira a los sicarios como “objetivo militar”. “Tiene un discurso populista de derecha y se lo vincula con el fujimorismo”, graficó Peñaflor.
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido País Para Todos, Carlos Álvarez, saluda durante un acto de campaña (Foto: EFE)
En un país que tuvo ocho presidentes en la última década (el último de los cuales, el izquierdista José María Balcázar, fue elegido por el Congreso el 18 de febrero), en estas elecciones volverá a estar en juego la gobernabilidad.
Perú, Keiko Fuijmori, Sumario
INTERNACIONAL
Un juez dio luz verde para que Trump pueda organizar un evento de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca

Un juez federal se negó a impedir que la Casa Blanca organice este fin de semana un espectáculo de la UFC en un elaborado ring ya construido en el Jardín Sur para celebrar el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, justo en el 80° cumpleaños del presidente Donald Trump.
El fallo del juez Amit Mehta permite que los organizadores usen el césped de la Casa Blanca como sede del evento de artes marciales mixtas de la UFC previsto para el domingo.
Mehta concluyó que es probable que los demandantes no tengan legitimación legal para impugnar el evento y que no han logrado demostrar que sufrirían un daño irreparable si el evento se realiza según lo previsto. El juez también mencionó el “retraso irrazonable” de los demandantes al presentar su reclamo para cuestionar un evento que lleva meses en preparación.
“En el contexto de una solicitud de emergencia -y sumado al hecho de que la fecha de la pelea de la UFC se conocía desde hace mucho- es justo decir que los demandantes demoraron irrazonablemente en presentar la demanda, lo que socava sus alegaciones de daño irreparable”, escribió Mehta.
Abogados de la organización sin fines de lucro Public Integrity Project presentaron la demanda para impugnar el evento “UFC Freedom 250” de Trump en nombre de un activista y un veterano de la guerra de Vietnam. Ambos demandantes también pidieron al tribunal que impidiera que los organizadores construyan cualquier cosa para el evento en los terrenos de la Casa Blanca, incluida una estructura de acero de 28 metros de altura y 600 toneladas llamada The Claw (“La garra”).
Los supuestos “daños estéticos” aludidos por los demandantes, señaló el juez, son temporales, ya que The Claw será desmontada a partir del lunes por la mañana y el equipo de montaje en el Monumento a Lincoln debe retirarse antes de ese momento. “Las divagaciones del presidente sobre la permanencia de The Claw no cambian la situación frente a la clara afirmación de un funcionario de la Casa Blanca”, escribió el juez.
La Casa Blanca calificó la demanda como un intento sin fundamento de impedir que Trump organice un evento que no es diferente de muchos otros que se celebran de manera rutinaria en espacios públicos de la capital del país.
Según los abogados de los demandantes, el gobierno de Trump no puede emitir permisos para eventos deportivos en el Jardín Sur ni en el Monumento a Lincoln, donde los peleadores de la UFC planeaban realizar el viernes una conferencia de prensa frente a aficionados. Señalaron que el evento es una iniciativa empresarial privada y con fines de lucro, con paquetes VIP que cuestan millones de dólares.
“El gobierno del presidente otorga a la UFC una oportunidad comercial extraordinaria que quizá no pueda conceder legalmente, y a cambio, la UFC organiza un evento en el que su dirigencia, peleadores, anunciantes y diversas celebridades rendirán homenaje al presidente en su cumpleaños”, escribieron los abogados de los demandantes.
El abogado del Public Integrity Project, Brendan Ballou, dijo que los demandantes estaban decepcionados por la decisión del juez pero que la respetan y tienen la intención de “seguir presentando casos para revelar el costo de la corrupción en Estados Unidos”.
“Este no es un caso sobre un evento deportivo; es sobre corrupción, ya que un puñado de personas y empresas se beneficiarán de nuestros monumentos públicos”, afirmó Ballou en un comunicado.
El Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior figuran como demandados en el caso.
En 2019, durante su primer mandato, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un espectáculo de la UFC. El republicano es amigo del presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White.
Mehta fue nominado para el cargo por el expresidente demócrata Barack Obama. Ha presidido otros casos relacionados con Trump, incluido un litigio civil que acusa al mandatario de incitar a una turba de sus simpatizantes a atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras perder las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.
Con información de Associated Press.
INTERNACIONAL
Clinton judge indefinitely blocks Trump’s $1.776B anti-weaponization fund

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A federal judge on Friday indefinitely blocked the Trump administration’s $1.776 billion Anti-Weaponization Fund, even as another federal judge earlier this week declined to intervene after the Justice Department said the fund was no longer moving forward.
The court disputes have heightened pressure on the administration to formally dismantle the fund. While Deputy Attorney General Todd Blanche told Congress the fund would not move forward, the settlement agreement and departmental directives that created the fund have not been formally rescinded. Critics argue this leaves open the possibility that the fund could still proceed in the future.
U.S. District Judge Leonie Brinkema, a Clinton-appointed judge, extended a court order Friday preventing implementation of the fund, concluding that public assurances from administration officials were insufficient to eliminate concerns that it could later be revived.
Brinkema noted how Trump, «says he’s disappointed that something is not going forward,» suggesting this was evidence that the fund may «rear its head» at some point in the future.
JUDGE TEMPORARILY BLOCKS TRUMP DOJ’S NEARLY $2B ‘ANTI-WEAPONIZATION’ FUND
President Donald Trump signs an executive order during an event in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on June 3, 2026. (Kevin Dietsch/Getty Images)
Over the weekend Trump shared on «Meet the Press» that he’d like to continue with the fund.
«If it was up to me, I’d pay them the kind of money that they deserve. People have been destroyed. Lives have been destroyed,» Trump said.
Brinkema gave the Justice Department a week to put in writing that the Anti-Weaponization Fund is being terminated and will not be reinstated.
The ruling comes days after U.S. District Judge Richard Leon rejected a separate request from Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) seeking emergency intervention, saying he was willing to rely on Justice Department representations that the fund had effectively been abandoned.
ACTING AG BLANCHE REVEALS FATE OF TRUMP’S ‘ANTI-WEAPONIZATION FUND’ UNDER PRESSURE FROM HOUSE LAWMAKERS
But Leon, a George W. Bush-appointed judge, simultaneously warned administration officials not to treat his decision as permission to revive the program.
«I give the Justice Department this warning: Don’t play possum with me,» Leon said from the bench.
Blanche announced during a hearing earlier this month that the Anti-Weaponization Fund, which was born out of President Donald Trump’s lawsuit settlement with the IRS, would not be proceeding. The fund was intended to compensate alleged victims of government «lawfare,» but its creation sparked immediate backlash from Democrats, who characterized it as a «slush fund» that could ultimately benefit Trump’s political allies and individuals charged in the Jan. 6 Capitol riot.
TRUMP ADMIN PUSHES BACK ON ‘SLUSH FUND’ ATTACKS AGAINST ANTI-WEAPONIZATION FUND AND LAYS OUT WHO QUALIFIES

FILE – Acting U.S. Attorney General Todd Blanche was directed to obtain a certificate of pardon for Buyer. (Andrew Harnik/Getty Images)
Justice Department attorney Andrew Block argued before Leon that Blanche’s congressional testimony effectively mooted CREW’s challenge because the government had publicly committed not to move forward.
Leon repeatedly questioned why Blanche has not formally rescinded a May 18 order that established procedures for the fund in the first place, a question Block could not answer.
CREW attorney Nikhel Sus argued the settlement agreement that established the fund remains legally operative and contains upcoming deadlines requiring action.
WAY HARDER THAN IT SHOULD BE: WHY CONGRESS MAY BALK ON $1.7B COMPENSATION FUND

Acting U.S. Attorney General Todd Blanche testifies during a House Committee on Appropriations subcommittee hearing in the Rayburn House Office Building in Washington, D.C., on June 2, 2026. (Andrew Harnik/Getty Images)
According to Sus, a five-member board overseeing the fund must be established by June 17, while funding transfers are scheduled by July 17.
«On paper, the fund is still a legally operating entity,» Sus argued.
However, Leon ultimately accepted the government’s assurances for now that the fund is moot, but he noted that he can sanction attorneys who make false representations to the court.
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He also indicated he will continue considering CREW’s request for a preliminary injunction and suggested he could intervene if evidence emerges that the administration is attempting to revive the fund.
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INTERNACIONAL
Donald Trump anunció que un bombardeo estadounidense abatió a “Niño Guerrero”, el líder del cártel criminal Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético, rápido y letal en Venezuela que eliminó a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.
“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”, afirmó vía Truth Social.
La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio, con el techo de color verde, rodeado de vegetación poco antes de una explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distingue claramente a ninguna persona.
El inquilino de la Casa Blanca también señaló que, “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”. Recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportó a miles de criminales y declaró la guerra a los cárteles.
Trump sostuvo que, antes de su regreso al cargo, la administración de Joe Biden “abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales” y permitió que el grupo cometiera crímenes en territorio estadounidense.
“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, subrayó en relación a los nuevos vínculos entre Washington y Caracas tras la captura, el 3 de enero pasado, del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.
Según Trump, los terroristas del cártel “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar” y bajo su liderazgo, Estados Unidos “encontrará a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar”.
El Tren de Aragua surgió como una entidad delictiva entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Por entonces, el gobierno de Hugo Chávez había declarado la emergencia carcelaria ante el aumento de la violencia en el sistema penitenciario, pero las medidas no lograron impedir el crecimiento del grupo criminal.
Con el tiempo, los reclusos fueron acumulando poder a través de negociaciones con el régimen de Maduro, el uso de la violencia y el pago de sobornos, lo que derivó en la creación del sistema de pranatos (pranes), líderes dentro de las prisiones. Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras más grandes conocidas como trenes, dando lugar a formas de gobernanza paralelas.

“Niño Guerrero ha estado involucrado en actividades delictivas durante más de dos décadas y ha expandido el Tren de Aragua, transformándolo de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno a una organización con creciente influencia en todo el hemisferio occidental. El 11 de julio de 2024 , el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena”, sostuvo el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado de prensa el 17 de julio de 2025.
Entre 2015 y 2018, el Tren de Aragua se consolidó como la mayor de las 19 megabandas delictivas que operaban en Venezuela, lo que contribuyó a que la tasa de homicidios alcanzara niveles récord en el país.
La Fundación TAEDA e IBI Consultants destacaron en un informe conjunto en 2025 que aunque la estructura del Tren de Aragua es vertical y cuenta con líderes claramente definidos, las órdenes y decisiones se transmiten de manera general, permitiendo que cada división territorial las ejecute según su propio criterio.

Esta flexibilidad, junto con la dispersión de la migración venezolana a lo largo de la región y la porosidad de las fronteras de Venezuela y países vecinos tras la pandemia, facilitó que la organización estableciera una red ilegal centrada en el narcotráfico y el tráfico de personas, lo que impulsó su expansión por América Latina a partir de 2018.
El Tren de Aragua se expandió a Perú, Chile, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica, generando preocupación entre autoridades, ciudadanía y medios por su versatilidad delictiva y la ambición de controlar múltiples territorios.
Hoy, la organización es considerada una de las bandas criminales extranjeras más poderosas de la región y la que interviene en más actividades ilícitas. Obtiene millones de dólares a través de extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico, explotación sexual y asaltos, entre otros delitos.
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