ECONOMIA
Por qué el Gobierno no vuelve a los mercados internacionales pese al auge de endeudamiento de empresas y provincias
A pesar del auge de endeudamiento corporativo y provincial en el mercado internacional que tuvo lugar desde las elecciones legislativas de 2025, el gobierno de Javier Milei todavía aguarda mayor compresión del índice de riesgo país para regresar a los mercados internacionales de deuda.
Según analistas, los factores que limitan la reducción del indicador elaborado por JP Morgan son los desafiantes compromisos financieros de cara a 2027, así como la incertidumbre política y electoral que suscitan los comicios presidenciales del año que viene.
El índice de riesgo país, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos estadounidenses de igual plazo, se mantiene desde hace meses dentro del rango de 500 a 600 puntos básicos. Tras una marcada reducción posterior a las elecciones, el índice no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo.
El índice de riesgo país no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo
Esa compresión permitió que las compañías emitan más de USD 13.000 millones en obligaciones negociables y otros instrumentos desde octubre de 2025. Las provincias también aprovecharon la mejora y distritos como CABA, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Entre Ríos acudieron al financiamiento externo, en su mayoría, para el refinanciar vencimientos. En ambos casos, se consiguieron tasas de interés que van desde el 6% hasta el 9% anual.
Sin embargo, los analistas del mercado consideran que con el nivel actual de índice riesgo país, si la administración libertaria intentara emitir deuda en el exterior, debería abonar una tasa de interés que oscila entre 9% y el 10% anual.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el acceso al crédito internacional sigue siendo costoso. Además, considera que, en función de los indicadores macroeconómicos, la variable debería encontrarse en valores inferiores. Atribuye la persistencia de estos niveles a la cautela de los inversores ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo o de políticas de control más estrictas.
En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos (Milei)
La diferencia en las tasas de los bonos AO27 y AO28, ambos emitidos por el Tesoro para afrontar pagos superiores a USD 4.300 millones en julio, muestra la prudencia del mercado frente al actual panorama político. El AO27, que vence en octubre de 2027, paga una tasa anual mayor a 5%, mientras que el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, ofrece un rendimiento por encima del 8% anual.
Según analistas, esta diferencia de casi 300 puntos básicos responde a la incertidumbre sobre el futuro político tras las próximas elecciones presidenciales. Ese spread representa el rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener posiciones más allá del actual ciclo electoral.
Algunos especialistas opinan que si el Gobierno logra realizar alguna colocación que demuestre acceso a los mercados, aunque sea con una tasa más alta, esto impactaría positivamente en los bonos y podría reducir el riesgo país, facilitando la posibilidad de obtener más financiamiento y en mejores condiciones en el futuro. Esto se debería a que el mercado dejaría de tener dudas sobre la capacidad del país para afrontar los vencimientos de 2027.
En diálogo con Infobae, el director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, la principal duda que limita la reducción del riesgo país es el calendario de vencimientos de deuda. “Si el mercado no está muy dispuesto a prestarle al Gobierno, que se conozcan con más detalle las fuentes alternativas que cerró el equipo económico sería un factor que ayudaría”, apuntó.
El economista añadió: “La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno. Y obviamente que también puede ayudar es que se calme la situación internacional, porque eso ha levantado el riesgo país de todos los países”.
La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del índice de riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno (Tiscornia)
En cuanto al proceso de endeudamiento corporativo y subsoberano, Tiscornia planteó que ocurrió, mayoritariamente, en empresas y provincias que están vinculadas a sectores energéticos o con capacidad exportadora.
Para el jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, la diferencia entre la toma de deuda por parte de las compañías y las jurisdicciones pasa por una cuestión de historial: “El soberano está sujeto a cambios de gobierno, controles de capitales y más. Es un riesgo político. En cambio, las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías. Eso explica en parte el spread entre distintos créditos».
Por otra parte, de Luca consideró que el escenario global juega en contra de los intereses del Gobierno. «Hoy la tasa de Estados Unidos está en su punto más alto del último año y medio, con un conflicto bélico en Medio Oriente que agrega mucho ruido a los mercados internacionales y cuyos potenciales efectos adversos tienen distintos resultados para los activos de riesgo. Es decir, quizás no es el mejor punto de entrada», manifestó.
Bajo su perspectiva, un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos es asequible para Argentina en el mediano plazo. “De todos modos, es algo binario que se definirá en octubre 2027. Creo que si el gobierno actual es reelecto, la apertura a los mercados se dará de forma automática por una cuestión de expectativas”, apuntó.
Las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías (De Luca)
En tanto, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, evaluó que los rendimientos de 10% de la deuda argentina responde a varios factores: “Por un lado, es la concentración de vencimientos futuros; por otro, la necesidad de consolidar previsibilidad respecto de la continuidad del programa económico. A eso se suma el historial de defaults y reestructuraciones argentinas en la percepción de riesgo y en la valuación de los activos soberanos.”
“La diferencia de tasas entre bonos que vencen dentro del actual mandato y aquellos con duration más larga muestra que el mercado sigue asignando una prima vinculada al escenario político y a la continuidad del programa económico. El spread entre AO27 y AO28 refleja justamente esa sensibilidad: más que la calificación crediticia puntual, hoy pesa la capacidad de sostener consistencia macroeconómica en el tiempo», puntualizó Botto.
Un informe reciente de GMA Capital advirtió que incluso después de la mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Fitch Ratings (de CCC+ a B-), los bonos soberanos continúan operando con rendimientos cercanos al 10% anual, niveles que todavía se ubican por encima de países con calificaciones similares.
Destaca el reporte de la ALyC: “En un universo emergente, donde los retornos generosos están en extinción, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada. La comparación regional refuerza esa idea. Bonos soberanos de países ubicados en escalones equivalentes como Bolivia, Egipto o Nigeria, operan por debajo con TIR de 8,8%, 7,2% y 6,7% anual, respectivamente, aun compartiendo perfiles de riesgo elevados. Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente”.
¿Qué tendría que ocurrir para cerrar parte de esa brecha? “Los drivers favorables deberían consolidarse y, sobre todo, reducirse los factores de incertidumbre política y financiera. En un mercado que todavía mira más allá del corto plazo, las dudas de cara a 2027 y la continuidad del actual régimen económico siguen funcionando como un límite para una compresión más contundente del riesgo país”, definieron los economistas de la ALyC.
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ECONOMIA
Colombia se perfila como el mercado de la región andina con mejores perspectivas de desempeño, según Bank of America
- 73% de los participantes espera que el Ibovespa cierre el año en 180.000 puntos o más, frente al 34% de la encuesta anterior.
- 46% proyecta que el índice alcance al menos 200.000 puntos al final del año. Ese escenario no había sido contemplado por ningún participante en la medición previa.
- El efectivo en cartera subió al 3,9% desde el 3,5% de agosto. Fue el mayor aumento mensual desde marzo.
- El indicador general de sentimiento bajó de 8 a 7 puntos. Con ese retroceso, quedó en su nivel menos alcista de los últimos tres meses.
- 55% apuesta por un escenario de no landing (sin aterrizaje) para la economía mundial en los próximos doce meses, frente al 56% de agosto.
- 38% espera un “aterrizaje suave” y solo 2% anticipa un “aterrizaje brusco”.
- 8% neto cree que el crecimiento mundial seguirá acelerándose y el optimismo sobre las ganancias empresariales está en máximos desde agosto de 2021.
- Un 33% neto considera que las empresas están invirtiendo demasiado, igualando el máximo histórico de febrero. Se toma como una señal de posible exceso corporativo.
- 79% no espera que ninguno de los grandes hiperescaladores anuncie un recorte de sus inversiones en 2026, frente al 71% de agosto.
- 14% sí anticipa una reducción. Ese mismo gasto de capital aparece a la vez como foco potencial de tensión.
- 42% identifica la inversión de los hiperescaladores de IA como la fuente más probable de un evento de crédito sistémico, por delante de deuda pública (25%) t rédito privado (19%).
- 53% menciona la posición larga en semiconductores globales.
- Después aparecen la posición corta en bonos del Tesoro estadounidense, con 18%, y las “Siete Magníficas”, con 7%.
Business,Corporate Events,North America
A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario
En agosto vencieron obligaciones bajo legislación nacional por $17,5 billones y USD 1.001 millones con jurisdicción extranjera (OPC)
Los vencimientos en el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas
Corporate Events,South America / Central America
ECONOMIA
Privatización de Aysa: qué pasará con los aumentos en las tarifas, las obras y los empleados tras su venta
Este martes se conocieron los dos consorcios que están en carrera para quedarse con, al menos, el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa estatal que brinda el servicio a unas 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. En el marco de la licitación que lanzó el Gobierno nacional, dos grupos encabezados por empresas locales presentaron sus ofertas técnicas y ahora avanzan hacia la etapa definitoria del proceso: la propuesta económica por el paquete accionario que el Estado nacional conserva dentro de la compañía.
El presidente de la empresa, Alejo Maxit, quien además ocupó la presidencia de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2024, antes de asumir al frente de Aysa, reveló en un encuentro con la prensa, del que participó Infobae, cómo será el contrato de concesión previsto por 30 años y prorrogable por otra década, los objetivos -en materia de obras, servicios y estándares operativos- que se les fijaron a los eventuales nuevos dueños, y las actualizaciones tarifarias, que ya están previstas para el primer lustro de la concesión privada.
“El objetivo del proceso es la venta del 90% de las acciones del Estado argentino que tiene en Aysa”, resumió Maxit, quien remarcó que la decisión responde a un mandato de la Ley Bases: “Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente. Es un compromiso que él tenía y que nos ocupamos de ejecutarlo”.
Quiénes son los dos consorcios que pasaron el filtro técnico
De los 17 interesados que se habían registrado para participar del proceso, apenas ocho —agrupados en dos consorcios— lograron cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el pliego licitatorio.
Uno de ellos está encabezado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, designada como operador técnico, junto a las firmas argentinas Rowing y Transclor, y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti, único proveedor del policloruro de aluminio que usa Aysa para potabilizar el agua desde 2009. Filiberti –desde cuyo entorno aseguraron que su participación en el consorcio es minoritaria– es además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, quien se acaba de quedar también con Metrogas, la distribuidora de gas del AMBA.
El segundo consorcio está liderado por el Grupo Roggio, con la participación de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, y el respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El Grupo Roggio, a través de su unidad Benito Roggio Transporte, controla también Emova Movilidad —la ex Metrovías—, operadora de las líneas de subte y del premetro porteño desde 1994.
Maxit explicó que el pliego estableció condiciones exigentes para filtrar a los oferentes: cada consorcio debía contar con un operador técnico con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento con poblaciones, y ese operador debía tener una participación mínima del 15% dentro del consorcio. “Buscarle una novia a una empresa con las características que tiene Aysa es super complejo”, señaló, y comparó el proceso con otras privatizaciones de agua en la región donde también quedaron pocos oferentes al final del camino, como en Corsan, la empresa estatal de agua de Río Grande do Sul, en Brasil, privatizada en 2023 tras un proceso con un solo postor.
De los 17 registrados originales, nueve no lograron avanzar porque no consiguieron cerrar un consorcio con las credenciales técnicas requeridas, pese a haber accedido al data room virtual donde se volcó toda la información de la empresa y se respondieron más de 700 preguntas de los interesados.
Qué se vende y cómo se decide el ganador
El propio pliego resalta que, en realidad, no se está vendiendo la infraestructura de Aysa como activo, sino la totalidad de las acciones que el Estado nacional tiene en una sociedad anónima que continúa en marcha, con el mismo CUIT y los mismos compromisos previos. “Es una empresa en marcha que tiene como subyacente el contrato de concesión, ese es el valor”, explicó. Aysa está compuesta en un 90% por acciones del Estado nacional y en un 10% por acciones de los empleados; lo que se pone en venta es la porción estatal completa.
El mecanismo de definición del ganador es, según describió el funcionario, relativamente simple una vez superado el filtro técnico: no se compite con un plan de inversión propio ni con una propuesta de tarifa, porque ambos elementos ya están fijados de antemano en el contrato de concesión. La única variable de competencia es el precio que cada consorcio ofrece por el paquete accionario. Existe además un valor de referencia, calculado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que permanece encriptado hasta el momento de la apertura de sobres y que funciona como parámetro indicativo, no vinculante, para la comisión evaluadora. Diferentes trascendidos ubican las expectativas del Ministerio de Economía en torno a los USD 500 millones.
“Una vez que pasó la parte técnica, los oferentes están en igualdad de condiciones”, afirmó Maxit al describir que, superada la instancia de evaluación técnica, la experiencia previa de cada consorcio deja de pesar y la adjudicación queda en manos exclusivamente del monto ofrecido. “Gana el más alto”, sintetizó el funcionario, ingeniero industrial del ITBA con paso previo por Telefónica de Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Cómo quedará la tarifa en los próximos años
Sobre el aspecto que genera más expectativa entre los usuarios, Maxit indicó que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre desde 2027 hasta 2031. “No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”, sostuvo.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 14,8% de la canasta mensual de servicios públicos y al 2,2% del salario promedio registrado (estimado en $1,9 millones).
En términos concretos, esto significa que la factura no quedará congelada entre 2027 y 2031, pero tampoco habrá una revisión integral de la tarifa en ese lapso. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste: por un lado, actualizaciones nominales periódicas —ligadas a variables de costos, no a un aumento real del servicio— a través de un coeficiente llamado “K”; por otro, una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el “Factor C”, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria.
Recién en el cuarto año del ciclo, la empresa deberá reunirse con el ERAS para negociar un nuevo plan de inversión, una nueva estructura de costos y, a partir de ahí, un nuevo ingreso requerido que fijará el valor de la tarifa para el período siguiente, entre 2032 y 2036.
Maxit también hizo referencia a una tasa de retorno del 8,90% para el primer período, que dijo estar compuesta por un componente de costo de deuda y otro de riesgo país. “Yo soy un convencido que la trayectoria va a ser hacia la baja del riesgo país y eso lo vas a ir capitalizando el próximo ciclo tarifario”, planteó. El contrato establece que esa tasa, conocida como WACC, debe ser aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en cada revisión tarifaria y permanece fija durante los cinco años de cada ciclo, por lo que no constituye un parámetro inamovible para toda la concesión.
El plan de obras y las metas de cobertura hasta 2056
El funcionario señaló que el nuevo operador deberá invertir, como base, USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y que, a lo largo de los 30 años de concesión, el monto total de inversión requerido rondará entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Ese capital, precisó, queda registrado como un activo que en algún momento volverá al Estado nacional, dado que la infraestructura instalada -caños, bombas, plantas- no puede ser retirada por el concesionario al finalizar el contrato.
Las metas de cobertura fijadas en el contrato marcan una expansión en los servicios de Aysa. Proyecta llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para el cierre de 2031, que debe llegar a 78,9% en 2036 y a un piso del 90% al término de los 30 años de concesión. En saneamiento, la progresión es de 63,9% en 2031, 65,3% en 2036 y un mínimo de 75% al cabo de las tres décadas.
La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de diez años prevista en el contrato, es decir, hacia el año 40 del esquema.
Maxit justificó el ritmo lento de expansión cloacal en los primeros años por la necesidad de resolver primero la infraestructura existente. “Versiones anteriores de nuestra gestión se ocupaban tal vez de expansiones que no eran funcionales, que no formaban parte de un crecimiento planificado del servicio”, planteó, y agregó que el foco inicial estará en que las plantas de saneamiento funcionen correctamente, en mejorar la capacidad de potabilización y en resolver la contaminación por nitratos mediante sistemas de mezcla de agua de pozo y de superficie.
El rol de los municipios en la expansión de redes
El contrato contempla la figura de “inversión no onerosa”: si un municipio, una provincia o el propio Gobierno nacional deciden financiar una obra puntual con fondos propios, ese gasto queda fuera del cálculo tarifario, aunque la operación y supervisión técnica sigue a cargo de la concesionaria. “Hay un entendimiento de que el Estado nacional ya no es el que tiene el monopolio de la verdad, que la problemática local hoy tiene otra relevancia y que los municipios se están haciendo cargo de esa problemática”, destacó Maxit, quien dijo percibir ese tipo de acuerdos en gestación con distintos gobiernos locales.
Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo BID Invest, y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial también manifestaron su intención de participar del financiamiento de obras, en un contexto en el que Aysa no registra deuda financiera, según remarcó el funcionario.
De los números rojos al equilibrio financiero
Maxit repasó que la empresa, estatizada en 2006, nunca había logrado cerrar un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. Los Estados Contables auditados de AySA confirman esa tendencia: el resultado neto pasó de una pérdida de $503.647 millones en 2023, el último ejercicio de la gestión anterior, a una ganancia de $63.522 millones en 2024 y de $22.088 millones en 2025 (todas las cifras en miles de pesos). El primer semestre de 2026, según el funcionario, mantiene la misma tendencia positiva. En el mismo período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.
El resultado operativo, sin embargo, siguió siendo negativo los tres años relevados, aunque con una mejora sustancial: pasó de -$770.369 millones en 2023 a -$446.757 millones en 2024 y a -$35.129 millones en 2025. Lo que permitió cerrar ambos últimos ejercicios en positivo fueron los resultados financieros y por tenencia, que sumaron $510.279 millones en 2024 y $57.217 millones en 2025.
En ese lapso, la compañía canceló además una obligación negociable que había sido emitida durante el gobierno de Mauricio Macri: el balance muestra que esa partida, de $80.053 millones al cierre de 2025, desaparece por completo al 30 de junio de 2026.
El diagnóstico que ofreció el funcionario sobre el desempeño previo de la empresa apunta a lo que llamó el sobrecosto oculto del Estado como gestor: la falta de certeza de pago a los proveedores encarece los contratos, mientras que interrumpir y reiniciar obras de más de un año de duración genera gastos adicionales que terminan trasladándose a la tarifa o a los impuestos de todo el país. “La tarifa llegó a no cubrir el gasto operativo de la empresa”, admitió Maxit sobre la situación previa a la actual gestión.
En paralelo, la compañía redujo a la mitad los gastos de seguridad y vigilancia, las horas extra y el mantenimiento de edificios, y reorientó esos recursos hacia la operación directa del servicio. La dotación de personal pasó de 7.700 a 5.890 empleados en el período, un proceso que, según el funcionario, se realizó sin conflictos gremiales; el peso de los sueldos y cargas sociales sobre el total de costos de la empresa bajó del 33% en 2023 al 23% en 2025, según el propio balance.
Maxit también aportó un dato sobre la magnitud histórica del apoyo estatal a la compañía: en sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto, unos USD 3.400 millones, a gastos de mantenimiento y subsidios corrientes. Hoy la empresa factura alrededor de USD 1.000 millones al año y presta servicio a 3,8 millones de usuarios, de los cuales 160.000 cuentan con tarifa social, un beneficio que, según el funcionario, se mantendrá sin cambios en el nuevo contrato de concesión.
Qué pasará con los empleados tras la privatización
Consultado sobre el futuro de la planta de personal, Maxit aseguró que no existe ningún compromiso contractual que obligue al futuro dueño a mantener la dotación actual de empleados. “Va a ser una empresa privada”, explicó, aunque aclaró que se mantiene el mismo régimen societario y que los compromisos laborales previos continúan vigentes al tratarse de una empresa en marcha, no de una nueva sociedad.
El funcionario adelantó que la próxima etapa de eficiencia pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones dentro de la estructura existente, con foco en capacitar al personal para las tareas que demanda la expansión territorial del servicio.
Respecto a la firma del contrato, Maxit evitó comprometerse con una fecha exacta, aunque remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar “lo más rápido posible”. Diferentes fuentes con conocimiento del proceso estimaron un plazo de 1 mes entre la apertura de los sobres técnicos y la oferta económica. El contrato debería firmarse antes de fin de año.
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