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Preso del tironeo interno, Milei implosiona con la crisis de Adorni

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Manuel Adorni intenta revertir un concepto básico del derecho, aquel que sostiene que nadie puede alegar su propia torpeza. El jefe de Gabinete lo hizo. Confesó un delito, sigue en su cargo y contagió a Javier Milei, todavía aferrado a creerle. Si mantenerlo en el cargo era hasta hace unos meses la consecuencia de una cerrada defensa presidencial, ahora pasó a ser para Milei un acto de autodefensa. El paso del tiempo de un escándalo que nunca dejó de crecer pone al Presidente en su propia trampa: si lo echa, le habrá entregado un trofeo a sus aliados díscolos y a la oposición. Si lo mantiene, como es su decisión, pagará el costo político de ver nuevamente empantanada la gestión.

Son horas decisivas para el Gobierno. La posibilidad de que Adorni pida licencia está hoy en el menú de opciones. “O se aleja o se lo lleva puesto el Congreso”, admite una voz oficialista de las más conocedoras del ruido que está expandiéndose en el parlamento.

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La autoemboscada presidencial parece no encontrar piso y el cerrado respaldo que le sigue dando Milei a Adorni ya se comió buena parte de la confianza del PRO, el principal sostén político de la Casa Rosada. Esta vez no fue un tuit aislado y de arrebato de Mauricio Macri, como aquel posterior a la última cena en Olivos, sino dos pronunciamientos directamente definidos por la mesa ejecutiva del partido. La integran el ex presidente, el jefe de bloque, Cristian Ritondo, y los tres gobernadores del espacio, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, escribieron para pedir que lo eche. Para la crisis de identidad del PRO también son horas decisivas. En menos de un día las principales referencias del partido terminaron de acordar, después de ásperas discusiones, ese pronunciamiento final, que había sido precedido por un mensaje anterior en el que suavizaba las posturas.

Comunicado del PRO

Lo que está perdiendo Milei es mucho más que popularidad. Lo que está en juego es su propia autoridad presidencial, la idea de liderazgo y conducción política. Parte de ese rol lo delegó en su hermana, Karina Milei, y en su asesor, Santiago Caputo. No hay toma de decisiones. No se va Adorni, pero tampoco se va Patricia Bullrich, su jefa de bloque en el Senado, la única dirigente que le pone freno, cuidando su propio electorado. No parece casual que la senadora haya hecho todo lo posible para no cumplir la orden de Milei de quitar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y siga ahí, sin atisbo de que el Presidente le pida que dé un paso al costado. Todo lo contrario. La empoderó. El ruido político al interior del bloque es ensordecedor.

El Gabinete pasó a ser un grupo de simuladores, en el que nadie se atreve a hablar. La reunión de mesa política del jueves pasado fue una teatralización con actores mudos. Fueron dos horas de reunión sobre los pasos a seguir con los proyectos de ley que dan vuelta en el Congreso. Cuando todo llegaba a su fin, Bullrich volvió a patear el hormiguero. “Acá hay algo de lo que hay que hablar”, lanzó. Nadie dijo nada. Karina Milei ni la miraba. Patricia arrancó con su queja, la misma que hace en público. Insistió en marcarle a Adorni que su insistencia en mantenerse en el cargo le hace daño al proyecto. Habló de “nuestro” proyecto, algo que la ubica dentro del círculo libertario. Ella entiende que es parte de una coalición, algo que ni Milei ni Karina asumen, y por eso cree que está obligada a diferenciarse.

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Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

“Tratame mejor”, le pidió Adorni y le insistió a todos que cualquier queja la manifiesten en privado. Bullrich no se la aguantó. “La defensa del proyecto se hace en público; si no, no tiene sentido y quedamos todos comprometidos”. En ese ida y vuelta pocos emitieron algún sonido. Diego Santilli, otro integrante de un gobierno coalicional, miraba para otro lado. Quiere llevarse bien con Karina y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El único que se sumó a Bullrich fue Santiago Caputo. “Patricia tiene razón. Lo que dijiste ahora lo podrías haber dicho hace 90 días”, lo cuestionó, ya de mala gana.

Todo terminó peor que cuando empezó. El encuentro había arrancado con Bullrich en público cuestionando éticamente el dibujo de Adorni. El viernes a la noche, quienes vieron a la senadora, cuentan que no podía creer lo que estaba leyendo en los portales de noticias: que la mujer de Adorni, Betina Angeletti, ni siquiera había presentado la declaración jurada reservada. Todo el esquema de rectificaciones es tan deficitario que el jefe de Gabinete hasta puso que se postuló al cargo electivo de “Secretario de Comunicación y Medios”. También tendrá que acomodar sus números ante la Cámara Electoral, a la que le mintió cuando presentó su declaración en el momento de ser candidato a legislador porteño.

La soledad del despoder

Sin espacio para creatividades, Adorni está sólo en la estrategia. Los autores de la reversión cripto son él y sus abogados del estudio Ledesma. No tiene al lado un especialista en comunicación de crisis que acote el riesgo. Es evidente. Caputo no está en su mesa. Nadie siquiera buscó los archivos en los que insistentemente, para la época en la que dijo haberse hecho millonario, hablaba con un desconocimiento enorme del mundo de las criptomonedas. De coartada la explicación no tiene nada.

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Una salida para el Gobierno sería licenciarlo. “O tomás la decisión vos o la toma la oposición”, reclaman las pocas voces que intentan una diagonal. Es lo que le recomiendan a Adorni desde hace semanas las escasas personas que están a su lado. Él tiene miedo. Cree que fuera de la protección de Karina y Javier Milei la Justicia se lo llevará puesto. Hay quienes le dicen que es al revés: que por estar al frente del Gabinete los factores de poder lo usa como símbolo de presión a la Casa Rosada.

Manuel Adorni

La crisis ya dejó de ser de Adorni. Es de Milei. El último estudio de Management & Fit muestra que ante la pregunta de por qué el Presidente no le suelta la mano, un 42,1% considera que el jefe de Gabinete posee información sobre irregularidades de la gestión. No es sólo que lo salpica, lo embarra por completo. Sólo a modo de comparación, esta consultora hizo la misma pregunta en plena crisis de José Luis Espert, el año pasado. Entonces, el porcentaje que creía que Milei estaba involucrado y por eso lo protegía llegaba al 33%. Al final lo echó. ¿Qué se juega acá para que eso no ocurra? Se juega Karina. Es quien decide. Por eso el caso ya empezó a reconfigurar el modo de ejercer el poder del Presidente, en el que se impone la desventaja de no tomar decisiones a tiempo. O lo peor. De no tomarlas. Lo mismo hace con la interna. La deja correr. Lo mismo hace con Patricia Bullrich. La deja diferenciarse. Si se trata de una estrategia, el costo puede ser alto. Después del experimento de Alberto Fernández, la pregunta corrosiva es si la sociedad soporta un presidente que va perdiendo autoridad. ¿Cualquier decisión que tome ahora Milei lo lleva a que el PRO se convierta en la Cristina de Alberto? Cualquier decisión que tome, por tardía, ya es negativa. La jerarquía está en crisis. También sucedió con el funeral del Indio Solari. Milei no habló, no emitió sonido. Ni se animó a pelearse, como hubiese hecho en otro momento de hegemonía política.

Arremetida parlamentaria: ¿guiño, guiño?

Esta semana será clave para la suerte política de Adorni. La oposición en el Senado incluyó un proyecto para interpelarlo y aplicarle moción de censura. La sesión la convocó el oficialismo. Si los libertarios desean salvar a Adorni deberían levantarla, para no arriesgar. No pasó. Bullrich ya envió el temario a tratar y se convocó a labor parlamentaria. “No estoy juntando votos”, anticipa una espada legislativa del peronismo para sostener que cuando el tema se imponga, cada uno pagará el costo político de sostenerlo. Necesitan dos tercios para avanzar. “Con Kueider se logró”, recuerdan quienes guardan esperanzas. Bullrich teme lo peor. Y cómo va a votar ella llegado el momento. ¿Otra abstención? Al bloque oficialista, por sí solo, no le alcanza para bloquear. Son varios los senadores que están llamando a Bullrich para decirle que una cosa es acompañar proyectos de gestión y otra defender a Adorni. “Si no renuncia y se pide la interpelación lo vamos a tener que votar”, avisan los aliados, en tándem con el segundo comunicado del PRO. Lo que sucedió el viernes pareció bastante un nado sincronizado, en el que los aliados presionan para forzar la salida. La pregunta que queda flotando es cuán coordinada estuvo la inclusión del proyecto por parte del peronismo con la sesión ya convocada por Bullrich. También jugó fuerte la vicepresidenta Victoria Villarruel, que apuró, vía pedido formal del jefe de la bancada macrista, Martín Goerling Lara, la fecha para el informe de gestión de Adorni. Quería que fuera ahora. El jefe de Gabinete, acorralado por la presión, pretendía patearlo un mes. Bullrich finalmente terció y consiguió poner fecha para el 2 de julio. La idea que circula en los círculos de poder libertario es que no lo van a echar. Bullrich insiste en que el Gobierno no puede perder la decisión política.

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Patricia Bullrich conversa con senadores peronistas

Si no es en el Senado, podrá ser en Diputados. La Cámara baja pidió sesión especial, pero para la otra semana. Intentan llegar con el número. Hoy están más cerca, pero aun no llegan a los 129 que necesitan para abrir el debate. El devenir del escándalo hará lo suyo. Cuentan a favor con el contundente pronunciamiento de Juan Schiaretti. Son seis diputados y una senadora. “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, escribió en redes sociales. En el bloque de Provincias Unidas, donde conviven distintas tribus, sorprendió el silencio de Maximiliano Pullaro. El 20 deberá ser anfitrión del Presidente cuando viaje a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera. No aportó a la presión. La jefa del bloque, que responde al gobernador, Gisela Scaglia, no estará en el país para ese momento. Tiene un viaje programado. En la oposición creen que Pullaro no va a tener margen para no enviar a José Nuñez a la sesión. En el peronismo sospechan del acuerdo al que llegó con Nación por el flujo de la caja de jubilaciones. El otro que se comprometió a jugar es el jujeño Carlos Sadir, con el apoyo del diputado Carlos Rizzotti.

El PRO tiene decidido no dar quórum. Su apuesta es ejercer presión pública para que Adorni renuncie de manera anticipada. Están en duda Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID. Dicen que interpelar sí, echarlo no. Lourdes Arrieta pactó con Martín Menem, según anticipan en el bloque de UP, con lo cual ya no participa de las movidas opositoras. Podría darse un picadito de opciones. Algunos tucumanos y catamarqueños dispuestos a dar quórum, sumado a alguna voluntad más de Innovación Federal. Todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos en torno a Adorni. Es prematuro pensar que el jefe de Gabinete caiga por acción parlamentaria solamente. Para empezar, lo que se votará, si la oposición consigue el número, es el emplazamiento a la comisión para dictaminar la interpelación. Una moción de censura necesita la aprobación de la mitad más uno de las dos cámaras. Es un camino largo. Pero la enmarañada justificación de Adorni acelera los tiempos para su (mala) suerte.

Tribunal social

En la opinión pública, el caso está cerrado. No es el tribunal mediático del que él habló, es el tribunal social. La última encuesta de la universidad de San Andrés que se conoció el mismo día en que volvió a estallar el escándalo consolida la debacle. La imagen negativa de Adorni alcanza el 72%, consolidándose como el funcionario con peor imagen de todo el gabinete. En contraposición, Patricia Bullrich es la dirigente con mayor imagen positiva en el ecosistema político con 38%, seguida por Milei, con 33%, que cae 2 puntos respecto a la medición anterior. Mientras el Presidente cae, la senadora sube, y sube a partir de marzo, cuando empezó a diferenciarse. Desde esa debilidad es que Milei la sostiene. Hay otro dato que aporta Management & Fiti. El 63% que votó a Bullrich en primera vuelta de 2023 quiere que Adorni se vaya. Ella se muestra empoderada, gane o pierda en su cruzada.

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Manuel Adorni

La pérdida de popularidad del Gobierno que comenzó en diciembre e implosiona entre marzo y abril arrastró a todo el oficialismo. En la oposición, Cristina Kirchner mantiene un 32%, Axel Kicillof un 31% y Myriam Bregman un 30% de imagen positiva.

Regenerar expectativas

El problema de Milei va mucho más allá de Adorni. El funcionario canaliza un malestar que ya estaba erosionando la popularidad del Presidente que llegó a su pico en noviembre, pos elecciones de medio término, pero que lo hizo perder desde entonces 10 puntos de imagen. La mayoría de los analistas consideran prematuro sostener que cortó la caída, una meseta del último mes que para consolidarse tendría que mantenerse así al menos hasta agosto.

La economía serrucho muestra señales de consolidación. Mientras baja el riesgo país y la inflación se desacelera, el Gobierno se topa con otras realidades. En marzo volvió a caer el empleo registrado. En la comparación contra noviembre de 2023 la caída en el sector formal alcanza a 314.461 trabajadores, según los datos de esta semana del sistema integrado previsional argentino (SIPA). Esta última caída, en el análisis del economista Luis Campos, deja al Gobierno cerca de igualar la crisis de 2018/19. La industria en marzo perdió 5.043 trabajadores en el mes y casi 80.000 contra noviembre de 2023. El comercio volvió a caer y tocó el mínimo en dos años. El agro, la minería y el petróleo apenas sumaron 1305 nuevos puestos de trabajo. Abril no viene bien. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar un retroceso y las suspensiones siguen en los valores más elevados del último año y medio, con la reforma laboral en funcionamiento.

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Luis Caputo, ministro de Economía

Los datos industriales y de la construcción siguen siendo malos. Cayeron 2,1% y 4,0% mensual desestacionalizado en abril, confirmando la K, que tiene a energía y minería hacia arriba y el resto hacia abajo. El dato de la economía en abril que se conocerá el 29 de junio, seguramente dará una nueva contracción. La producción industrial PyME se contrajo un 9,2% interanual y un 1,7% respecto al trimestre anterior, según el último Informe Coyuntural del Observatorio PyME que alerta de que los indicadores predictivos tocan mínimos. La actividad se desplomó a 34 puntos por la baja producción y la caída de la demanda y el Índice de Confianza Empresarial cayó a 40 puntos, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. El informe remarca el impacto en el empleo. Se registró una baja del 1,4% respecto al trimestre anterior y una preocupante reducción del 5% en la comparación interanual. Además, puntualiza que la caída de ventas al mercado interno afecta al 83% de las firmas, pero el dato más alarmante está en la cadena de pagos: el retraso en el cobro a clientes sufrió un salto drástico, escalando del 35% al 60% en este trimestre. La apuesta es que las rescaten los sectores en crecimiento. Un 26% de las PyME ya se vincula con los sectores clave de Oil & Gas y Minería, viéndolos como los grandes dinamizadores del futuro, pronostican en la entidad.

El Gobierno se enfrenta a una dinámica lenta. Según la consultora económica 1816 el mercado cree que la inflación seguirá cayendo en los próximos meses, pero tardará un buen tiempo en alejarse de la zona de 1,5% mensual. Además, en su último informe apunta que la decisión del Banco Central de dejar correr el tipo de cambio a casi 1450 la semana pasada “podría reforzar la idea de que el equipo económico no está dispuesto a usarlo el como ancla nominal a toda costa (a menos que decida llevarlo gradualmente de nuevo a 1400). “Si los agentes económicos perciben que el Gobierno no está tan dispuesto a apreciar el tipo de cambio real, la inercia inflacionaria podría persistir bien entrado el segundo semestre”, concluyen.

Sin un shock económico que revierta el malestar doméstico, lo que está en crisis es el eje central de Milei: su personalidad temeraria, de liderazgo forzado, incluso en temas económicos. La dimensión memética que tomó el caso Adorni se amalgama peligrosamente con resultados económicos que no llegan a todos.

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El avance de Santilli condiciona al PJ: intendentes se alejan de la interna y apuntan a la sucesión de Kicillof

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La decisión de que Diego Santilli sea el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei para cubrir la eyección de Manuel Adorni replicó rápidamente en la conversación política bonaerense y la disputa de la que por ahora se habla demasiado: las candidaturas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que no tendrá a Axel Kicillof participando de la disputa. Al menos de manera directa.

En medio de la interna reinante del peronismo, un grupo de intendentes oficialistas apuran su propio armado y tratan de ampliarlo. Por eso, esta semana, en la tarde noche del martes los llamados jefes comunales del Grupo AFA mantuvieron un encuentro en el Mangrullo de Ezeiza. Recepcionados por el local, Gastón Granados, los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), ampliaron la mesa que también incluyó a Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores) y Marisa Fassi (Cañuelas). El objetivo es que el cuarteto Achával-Mantegazza-Otermin-Granados sume más intendentes a ese armado que el año que viene tendrá como objetivo sentarse en una mesa de negociación electoral como un actor más. Trabajan para arrimar al espacio al intendente de Morón, Lucas Ghi, quien transita una interna distrital fuerte con Nuevo Encuentro y el exintendente, Martín Sabbatella, que ya avisó que buscará regresar a la intendencia y competirá en las elecciones del año que viene. Los jefes comunales del Grupo AFA, le garantizarían a Ghi cierta estructura en esa disputa.

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Ese mismo día, pero más temprano, Granados se reunió con otro intendente peronista: Fernando Gray de Esteban Echeverría. Uno de los que primero tomó distancia de la interna que, hoy por hoy, asoma descarnada entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Gray había marcado sus diferencias con Máximo Kirchner y optó por replegarse públicamente de la discusión del peronismo, aunque mantuvo y mantiene diálogo con sus pares.

Fernando Gray y Gastón Granados

El Grupo AFA tiene dos apuestas si de precandidaturas se trata. Federico Achával y/o Federico Otermín. Hay otros dos dirigentes del peronismo bonaerense que van por su instalación y construcción política hacia el 2027 en PBA: Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis. El primero acaba de dejar la intendencia de Avellaneda para salir a recorrer la provincia. “Liberado de gestión, para tener autonomía”, consideran en su entorno. La conducción del municipio quedará a cargo de la hasta ahora jefa de gabinete, Magdalena Sierra, que encabezó la lista a concejales en 2023. En Avellaneda reconocen que la candidatura empezó cuando el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó en una actividad con el intendente:“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”.

Con cierta atención siguen los movimientos en el Ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Gabriel Katopodis. El funcionario de Kicillof también tiene aspiraciones de pelear por la sucesión del gobernador. El peronismo, de sostenerse, apela a unas PASO para ordenar este cuadro de situación que no solo es a nivel nacional. Subido a la gestión, Katopodis recorre distritos y busca sumar respaldos. En los últimos días, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, consideró -en declaraciones al medio LaNoticiaWeb– que el ex jefe comunal de San Martín sostiene “un enorme crecimiento como dirigente”, y pidió que “cada uno transite este camino”. El titular de Infraestructura bonaerense también junta algunos respaldos de intendentes del interior provincial. “Somos muchos los intendentes que aspiramos y le hemos pedido a ‘Kato’ que sea el candidato. Tiene un recorrido por los 135 municipios desde su etapa en la Nación”, aseguró el jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero según consigna La Letra Chica.

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Ferraresi y Katopodis están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. En esa órbita y con traje de candidateables también estaba el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. El platense no abandonó esa empresa, pero hoy transita un frente tormentoso por el conflicto con cooperativistas. Semanas atrás hubo incidentes con integrantes del MTE de Juan Grabois, que se movilizaron hasta el municipio ante la baja de contratos por el barrido del espacio público. De hecho, hubo detenidos ante los incidentes que incluyeron rotura de vitros y quema de gomas en el interior del palacio municipal. Alertada por el Tribunal de Cuentas debido a cómo había sido originalmente esa contratación directa —realizada durante la gestión del exintendente Pablo Bruera en 2011—, la gestión de Alak definió cortar los contratos y hacer un nuevo llamado a licitación. La respuesta política fue conflictiva.

Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza, Mario secco y Pablo Descalzo en la reunión de Kicillof con intendentes del MDF

El mismo día, mientras en La Plata subía la temperatura por este asunto, en Lanús, donde gobierna el kirchnerista Julián Álvarez, se anunciaba el acuerdo con cuatro cooperativas para la entrega de indumentaria y materiales de trabajo como bolsones y carros, que alcanzaba a 200 cooperativistas. Hoy, el kirchnerismo tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, como la figura más activa para sentarse en una mesa de negociación por la sucesión de Kicillof. Todo atado a la estrategia nacional, el rol de Cristina Kirchner y el acuerdo —o no— que se logre alcanzar con el gobernador bonaerense.

Todos estos movimientos se dan en paralelo con la rediscusión que parece plantearse con la designación de Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete de la Nación. El ex diputado nacional por el PRO, que luego revalidó su banca en acuerdo con La Libertad Avanza y desembarcó en el Gobierno como ministro del Interior, cobró centralidad en los últimos días. Como contó Infobae, en privado, el nuevo ministro coordinador dejaba correr a los suyos que no tenía intenciones de suplantar a Adorni, pero la coyuntura se impuso. Es que Santilli reconoce que la jefatura de Gabinete es “una silla eléctrica”. Los antecedentes hablan por sí solos: Guillermo Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni pasaron por ese lugar desde que Milei es presidente. El último fue tras las denuncias e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

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¿La designación de Santilli lo empodera como candidato a gobernador o lo aleja de esa posibilidad? Hasta su designación, el exdiputado nacional pensaba en clave bonaerense. Ahora, su nuevo rol en Casa Rosada intervendrá en esa definición. Por lo pronto, Santilli exhibe un esquema —en acuerdo con el diputado nacional y jefe del PRO, Cristian Ritondo— de fuerte arraigo provincial para activar en caso de que sea necesario.

Diego Santilli

Se visualizó el día de su jura. Entre quienes lo acompañaron estaba el intendente de Campana, Sebastián Abella; el Senador provincial e intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el jefe del bloque de Diputados PRO en PBA, Alejandro Rabinovich; exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, que ahora será asesor en Jefatura; el exintendente de General Rodríguez, Matías Kubar; las diputadas provinciales del PRO, Julieta Quintero Chasman y Rita Salaberry; el diputado provincial del PRO, Martín Endere -que además ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense-, entre otras presencias. También son fieles a Santilli con trabajo en PBA, el vicepresidente de la Cámara baja, Agustín Forchieri y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria, que tiene licencia como diputado provincial por la Sexta sección electoral.

El objetivo político de Santilli será conseguir los votos para eliminar las PASO e incluso habilitar las colectoras con vistas a las elecciones del año que viene. El resultante de su objetivo será determinante para todas las fuerzas políticas e incluso para su objetivo en particular: lograr ser candidato a la gobernación del Gobierno. Distintas terminales coinciden en que es prematuro confirmarlo. Sobre todo porque La Libertad Avanza no resignará esa discusión tan temprano. Por lo pronto, Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscan ponerlo en ese lugar y desde ahí confrontarlo. Santilli contesta. Los intendentes del peronismo, por ahora, se corren de esa ida y vuelta. Muchos de ellos mantienen diálogo con el esquema de la jefatura de Gabinete.

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La crisis en las rutas: dónde quedan las autopistas que el Gobierno proyecta construir

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Una de las tareas más fáciles para un administrador de temas viales s conocer exactamente dónde están los problemas de saturación de tránsito, ya que los sistemas de medición de flujo son baratos y eficientes.

De ahí que cuando los ministros pidieron a Vialidad Nacional dónde se ubican las “obras urgentes”, el mapa apareció en minutos. Desde entonces, en el Gobierno trabajan en un complejo llamado a licitación para ampliar la infraestructura vial que será la cuarta etapa, después de las tres que por estas horas terminarán de entregar a concesionarios los primeros 9000 kilómetros de rutas.

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El mapa al que accedió y que es la base de las nuevas licitaciones presenta obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires.

A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca.

El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia.

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Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Para que se entienda, las licitaciones actuales, que se entregan en este tiempo, son las viejas concesiones que estaban en la empresa Corredores Viales. De los 9000 kilómetros que están en ese proceso ahora, hay 3000 que ya son autovías, mientras que de los 6000 restantes sólo se prevé la construcción de 300 kilómetros de rutas de cuatro manos. Es decir, que nadie tenga la más mínima esperanza de que las empresas que ganan los concursos y que las manejarán por al menos 25 años hagan mucho más que tapar baches.

De hecho, no tienen obligación ya que el pliego no prevé demasiadas obras a cargo de ellas más que la necesidad de que la ruta esté en estado de “transitabilidad”, una condición subjetiva que será auditada por Vialidad Nacional, el organismo que iba a desaparecer y que finalmente resistió la motosierra de la administración del presidente Javier Milei. Dicho en una palabra, solo tienen obligaciones de bacheo.

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Las licitaciones de las rutas nacionales, que eran esperadas por gran parte del interior del país, se convirtieron en una enorme decepción para los usuarios de los corredores. El sector productivo, por caso, estalló en críticas cuando miró los pliegos y vio que era un festival de bacheo y peajes.

Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las vías troncales pagas que están en proceso de licitación.

Como se dijo, en este paquete se prevé la construcción de tramos de autopistas, autovías, duplicación de calzadas o tercer carril, según el flujo de tránsito. Ahora bien, una parte de estas obras está dentro del paquete que se licita por estos días, que según cálculos del Gobierno, concentra 80% del movimiento vial argentino.

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Hay una parte importante de kilómetros de esta nueva etapa que sólo serán entregados al sector privado para sacarlos de la órbita del mantenimiento que actualmente realiza Vialidad. La idea del Gobierno es que el organismo deje esas tareas de mantenimiento o construcción y que concentre sus funciones en cuestiones administrativas. Esas rutas, que están señaladas con color azul en el mapa, no necesariamente serán concesionadas a las empresas a cambio de peaje sino que en muchos casos, aún no se sabe en cuáles, el Tesoro pagará como un servicio al concesionario. Consideran que esta solución es más barata que dejarlas en manos del mantenimiento de Vialidad.

El mapa sobre el que se trabaja es tentativo ya que, además, hay consultas con varios organismos y con algunos gobernadores para ver cuál será el proyecto de licitación final. ¿Cuántos kilómetros? Algo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace poco más de un mes en un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario. “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”, dijo entonces.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos.

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El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

El 1° de julio empezó la gestión privada en la ruta 5, llamado Tramo Pampa, que une Mercedes con Santa Rosa, y se hizo cargo la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, una firma mendocina que suele ser adjudicataria de muchas obras en la provincia que maneja el radical Alfredo Cornejo.

Entonces, también empezó la gestión privada del Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (que contiene la Autopista Ezeiza – Cañuelas y las rutas 3 y 205). Ahora la explotará un consorcio conformado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, varias de ellas también con antecedentes en la causa Cuadernos.

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Pero como se dijo, ese esquema no prevé prácticamente autopistas ni obras importantes, sino más bien mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de posibilidad de utilizar los terrenos aledaños. El pago es mediante un peaje que rondará los $3500 por cada 100 kilómetros a valores de junio del año pasado y que podrán cobrar por 30 años, según un sistema de actualización que está previsto en los pliegos.

Claro que la apuesta ahora tiene un interrogante fundamental: si se cobrará $3500 por cada 100 kilómetros a cambio de cortar el pasto y hacer baches, cuánto se debería cobrar para hacer obras viales importantes. Nadie contesta. La respuesta la darán los propios constructores que por estas horas se amontonan en las licitaciones actuales, una maravilla para los bolsillos de las empresas viales que se quedan con el flujo por más de dos décadas y tienen que hacer poco más que permanecer. Pero, claro, habrá que ver qué sucede cuando tengan que ir a construir y no sólo a cobrar y hacer de jardineros.




Diego Cabot,Conforme a

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Reforma laboral: el Gobierno apelará los fallos en favor de la caja sindical y la CGT apura la organización de los paros “a la francesa”

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La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

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Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

El juez laboral Herman Mendel (a la derecha), el día que asumió su cargo, en 2019

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

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Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

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Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

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La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

La aprobación de la reforma laboral en el Congreso fue un éxito político del Gobierno (Foto: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

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Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Federico Sturzenegger y Julio Cordero, dos de los impulsores libertarios de la reforma laboral

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

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La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

El Consejo Directivo de la CGT aprobó el esquema de paros

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

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Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

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