POLITICA
Preso del tironeo interno, Milei implosiona con la crisis de Adorni

Manuel Adorni intenta revertir un concepto básico del derecho, aquel que sostiene que nadie puede alegar su propia torpeza. El jefe de Gabinete lo hizo. Confesó un delito, sigue en su cargo y contagió a Javier Milei, todavía aferrado a creerle. Si mantenerlo en el cargo era hasta hace unos meses la consecuencia de una cerrada defensa presidencial, ahora pasó a ser para Milei un acto de autodefensa. El paso del tiempo de un escándalo que nunca dejó de crecer pone al Presidente en su propia trampa: si lo echa, le habrá entregado un trofeo a sus aliados díscolos y a la oposición. Si lo mantiene, como es su decisión, pagará el costo político de ver nuevamente empantanada la gestión.
Son horas decisivas para el Gobierno. La posibilidad de que Adorni pida licencia está hoy en el menú de opciones. “O se aleja o se lo lleva puesto el Congreso”, admite una voz oficialista de las más conocedoras del ruido que está expandiéndose en el parlamento.
La autoemboscada presidencial parece no encontrar piso y el cerrado respaldo que le sigue dando Milei a Adorni ya se comió buena parte de la confianza del PRO, el principal sostén político de la Casa Rosada. Esta vez no fue un tuit aislado y de arrebato de Mauricio Macri, como aquel posterior a la última cena en Olivos, sino dos pronunciamientos directamente definidos por la mesa ejecutiva del partido. La integran el ex presidente, el jefe de bloque, Cristian Ritondo, y los tres gobernadores del espacio, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, escribieron para pedir que lo eche. Para la crisis de identidad del PRO también son horas decisivas. En menos de un día las principales referencias del partido terminaron de acordar, después de ásperas discusiones, ese pronunciamiento final, que había sido precedido por un mensaje anterior en el que suavizaba las posturas.

Lo que está perdiendo Milei es mucho más que popularidad. Lo que está en juego es su propia autoridad presidencial, la idea de liderazgo y conducción política. Parte de ese rol lo delegó en su hermana, Karina Milei, y en su asesor, Santiago Caputo. No hay toma de decisiones. No se va Adorni, pero tampoco se va Patricia Bullrich, su jefa de bloque en el Senado, la única dirigente que le pone freno, cuidando su propio electorado. No parece casual que la senadora haya hecho todo lo posible para no cumplir la orden de Milei de quitar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y siga ahí, sin atisbo de que el Presidente le pida que dé un paso al costado. Todo lo contrario. La empoderó. El ruido político al interior del bloque es ensordecedor.
El Gabinete pasó a ser un grupo de simuladores, en el que nadie se atreve a hablar. La reunión de mesa política del jueves pasado fue una teatralización con actores mudos. Fueron dos horas de reunión sobre los pasos a seguir con los proyectos de ley que dan vuelta en el Congreso. Cuando todo llegaba a su fin, Bullrich volvió a patear el hormiguero. “Acá hay algo de lo que hay que hablar”, lanzó. Nadie dijo nada. Karina Milei ni la miraba. Patricia arrancó con su queja, la misma que hace en público. Insistió en marcarle a Adorni que su insistencia en mantenerse en el cargo le hace daño al proyecto. Habló de “nuestro” proyecto, algo que la ubica dentro del círculo libertario. Ella entiende que es parte de una coalición, algo que ni Milei ni Karina asumen, y por eso cree que está obligada a diferenciarse.

“Tratame mejor”, le pidió Adorni y le insistió a todos que cualquier queja la manifiesten en privado. Bullrich no se la aguantó. “La defensa del proyecto se hace en público; si no, no tiene sentido y quedamos todos comprometidos”. En ese ida y vuelta pocos emitieron algún sonido. Diego Santilli, otro integrante de un gobierno coalicional, miraba para otro lado. Quiere llevarse bien con Karina y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El único que se sumó a Bullrich fue Santiago Caputo. “Patricia tiene razón. Lo que dijiste ahora lo podrías haber dicho hace 90 días”, lo cuestionó, ya de mala gana.
Todo terminó peor que cuando empezó. El encuentro había arrancado con Bullrich en público cuestionando éticamente el dibujo de Adorni. El viernes a la noche, quienes vieron a la senadora, cuentan que no podía creer lo que estaba leyendo en los portales de noticias: que la mujer de Adorni, Betina Angeletti, ni siquiera había presentado la declaración jurada reservada. Todo el esquema de rectificaciones es tan deficitario que el jefe de Gabinete hasta puso que se postuló al cargo electivo de “Secretario de Comunicación y Medios”. También tendrá que acomodar sus números ante la Cámara Electoral, a la que le mintió cuando presentó su declaración en el momento de ser candidato a legislador porteño.
La soledad del despoder
Sin espacio para creatividades, Adorni está sólo en la estrategia. Los autores de la reversión cripto son él y sus abogados del estudio Ledesma. No tiene al lado un especialista en comunicación de crisis que acote el riesgo. Es evidente. Caputo no está en su mesa. Nadie siquiera buscó los archivos en los que insistentemente, para la época en la que dijo haberse hecho millonario, hablaba con un desconocimiento enorme del mundo de las criptomonedas. De coartada la explicación no tiene nada.
Una salida para el Gobierno sería licenciarlo. “O tomás la decisión vos o la toma la oposición”, reclaman las pocas voces que intentan una diagonal. Es lo que le recomiendan a Adorni desde hace semanas las escasas personas que están a su lado. Él tiene miedo. Cree que fuera de la protección de Karina y Javier Milei la Justicia se lo llevará puesto. Hay quienes le dicen que es al revés: que por estar al frente del Gabinete los factores de poder lo usa como símbolo de presión a la Casa Rosada.

La crisis ya dejó de ser de Adorni. Es de Milei. El último estudio de Management & Fit muestra que ante la pregunta de por qué el Presidente no le suelta la mano, un 42,1% considera que el jefe de Gabinete posee información sobre irregularidades de la gestión. No es sólo que lo salpica, lo embarra por completo. Sólo a modo de comparación, esta consultora hizo la misma pregunta en plena crisis de José Luis Espert, el año pasado. Entonces, el porcentaje que creía que Milei estaba involucrado y por eso lo protegía llegaba al 33%. Al final lo echó. ¿Qué se juega acá para que eso no ocurra? Se juega Karina. Es quien decide. Por eso el caso ya empezó a reconfigurar el modo de ejercer el poder del Presidente, en el que se impone la desventaja de no tomar decisiones a tiempo. O lo peor. De no tomarlas. Lo mismo hace con la interna. La deja correr. Lo mismo hace con Patricia Bullrich. La deja diferenciarse. Si se trata de una estrategia, el costo puede ser alto. Después del experimento de Alberto Fernández, la pregunta corrosiva es si la sociedad soporta un presidente que va perdiendo autoridad. ¿Cualquier decisión que tome ahora Milei lo lleva a que el PRO se convierta en la Cristina de Alberto? Cualquier decisión que tome, por tardía, ya es negativa. La jerarquía está en crisis. También sucedió con el funeral del Indio Solari. Milei no habló, no emitió sonido. Ni se animó a pelearse, como hubiese hecho en otro momento de hegemonía política.
Arremetida parlamentaria: ¿guiño, guiño?
Esta semana será clave para la suerte política de Adorni. La oposición en el Senado incluyó un proyecto para interpelarlo y aplicarle moción de censura. La sesión la convocó el oficialismo. Si los libertarios desean salvar a Adorni deberían levantarla, para no arriesgar. No pasó. Bullrich ya envió el temario a tratar y se convocó a labor parlamentaria. “No estoy juntando votos”, anticipa una espada legislativa del peronismo para sostener que cuando el tema se imponga, cada uno pagará el costo político de sostenerlo. Necesitan dos tercios para avanzar. “Con Kueider se logró”, recuerdan quienes guardan esperanzas. Bullrich teme lo peor. Y cómo va a votar ella llegado el momento. ¿Otra abstención? Al bloque oficialista, por sí solo, no le alcanza para bloquear. Son varios los senadores que están llamando a Bullrich para decirle que una cosa es acompañar proyectos de gestión y otra defender a Adorni. “Si no renuncia y se pide la interpelación lo vamos a tener que votar”, avisan los aliados, en tándem con el segundo comunicado del PRO. Lo que sucedió el viernes pareció bastante un nado sincronizado, en el que los aliados presionan para forzar la salida. La pregunta que queda flotando es cuán coordinada estuvo la inclusión del proyecto por parte del peronismo con la sesión ya convocada por Bullrich. También jugó fuerte la vicepresidenta Victoria Villarruel, que apuró, vía pedido formal del jefe de la bancada macrista, Martín Goerling Lara, la fecha para el informe de gestión de Adorni. Quería que fuera ahora. El jefe de Gabinete, acorralado por la presión, pretendía patearlo un mes. Bullrich finalmente terció y consiguió poner fecha para el 2 de julio. La idea que circula en los círculos de poder libertario es que no lo van a echar. Bullrich insiste en que el Gobierno no puede perder la decisión política.

Si no es en el Senado, podrá ser en Diputados. La Cámara baja pidió sesión especial, pero para la otra semana. Intentan llegar con el número. Hoy están más cerca, pero aun no llegan a los 129 que necesitan para abrir el debate. El devenir del escándalo hará lo suyo. Cuentan a favor con el contundente pronunciamiento de Juan Schiaretti. Son seis diputados y una senadora. “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, escribió en redes sociales. En el bloque de Provincias Unidas, donde conviven distintas tribus, sorprendió el silencio de Maximiliano Pullaro. El 20 deberá ser anfitrión del Presidente cuando viaje a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera. No aportó a la presión. La jefa del bloque, que responde al gobernador, Gisela Scaglia, no estará en el país para ese momento. Tiene un viaje programado. En la oposición creen que Pullaro no va a tener margen para no enviar a José Nuñez a la sesión. En el peronismo sospechan del acuerdo al que llegó con Nación por el flujo de la caja de jubilaciones. El otro que se comprometió a jugar es el jujeño Carlos Sadir, con el apoyo del diputado Carlos Rizzotti.
El PRO tiene decidido no dar quórum. Su apuesta es ejercer presión pública para que Adorni renuncie de manera anticipada. Están en duda Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID. Dicen que interpelar sí, echarlo no. Lourdes Arrieta pactó con Martín Menem, según anticipan en el bloque de UP, con lo cual ya no participa de las movidas opositoras. Podría darse un picadito de opciones. Algunos tucumanos y catamarqueños dispuestos a dar quórum, sumado a alguna voluntad más de Innovación Federal. Todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos en torno a Adorni. Es prematuro pensar que el jefe de Gabinete caiga por acción parlamentaria solamente. Para empezar, lo que se votará, si la oposición consigue el número, es el emplazamiento a la comisión para dictaminar la interpelación. Una moción de censura necesita la aprobación de la mitad más uno de las dos cámaras. Es un camino largo. Pero la enmarañada justificación de Adorni acelera los tiempos para su (mala) suerte.
Tribunal social
En la opinión pública, el caso está cerrado. No es el tribunal mediático del que él habló, es el tribunal social. La última encuesta de la universidad de San Andrés que se conoció el mismo día en que volvió a estallar el escándalo consolida la debacle. La imagen negativa de Adorni alcanza el 72%, consolidándose como el funcionario con peor imagen de todo el gabinete. En contraposición, Patricia Bullrich es la dirigente con mayor imagen positiva en el ecosistema político con 38%, seguida por Milei, con 33%, que cae 2 puntos respecto a la medición anterior. Mientras el Presidente cae, la senadora sube, y sube a partir de marzo, cuando empezó a diferenciarse. Desde esa debilidad es que Milei la sostiene. Hay otro dato que aporta Management & Fiti. El 63% que votó a Bullrich en primera vuelta de 2023 quiere que Adorni se vaya. Ella se muestra empoderada, gane o pierda en su cruzada.

La pérdida de popularidad del Gobierno que comenzó en diciembre e implosiona entre marzo y abril arrastró a todo el oficialismo. En la oposición, Cristina Kirchner mantiene un 32%, Axel Kicillof un 31% y Myriam Bregman un 30% de imagen positiva.
Regenerar expectativas
El problema de Milei va mucho más allá de Adorni. El funcionario canaliza un malestar que ya estaba erosionando la popularidad del Presidente que llegó a su pico en noviembre, pos elecciones de medio término, pero que lo hizo perder desde entonces 10 puntos de imagen. La mayoría de los analistas consideran prematuro sostener que cortó la caída, una meseta del último mes que para consolidarse tendría que mantenerse así al menos hasta agosto.
La economía serrucho muestra señales de consolidación. Mientras baja el riesgo país y la inflación se desacelera, el Gobierno se topa con otras realidades. En marzo volvió a caer el empleo registrado. En la comparación contra noviembre de 2023 la caída en el sector formal alcanza a 314.461 trabajadores, según los datos de esta semana del sistema integrado previsional argentino (SIPA). Esta última caída, en el análisis del economista Luis Campos, deja al Gobierno cerca de igualar la crisis de 2018/19. La industria en marzo perdió 5.043 trabajadores en el mes y casi 80.000 contra noviembre de 2023. El comercio volvió a caer y tocó el mínimo en dos años. El agro, la minería y el petróleo apenas sumaron 1305 nuevos puestos de trabajo. Abril no viene bien. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar un retroceso y las suspensiones siguen en los valores más elevados del último año y medio, con la reforma laboral en funcionamiento.
Los datos industriales y de la construcción siguen siendo malos. Cayeron 2,1% y 4,0% mensual desestacionalizado en abril, confirmando la K, que tiene a energía y minería hacia arriba y el resto hacia abajo. El dato de la economía en abril que se conocerá el 29 de junio, seguramente dará una nueva contracción. La producción industrial PyME se contrajo un 9,2% interanual y un 1,7% respecto al trimestre anterior, según el último Informe Coyuntural del Observatorio PyME que alerta de que los indicadores predictivos tocan mínimos. La actividad se desplomó a 34 puntos por la baja producción y la caída de la demanda y el Índice de Confianza Empresarial cayó a 40 puntos, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. El informe remarca el impacto en el empleo. Se registró una baja del 1,4% respecto al trimestre anterior y una preocupante reducción del 5% en la comparación interanual. Además, puntualiza que la caída de ventas al mercado interno afecta al 83% de las firmas, pero el dato más alarmante está en la cadena de pagos: el retraso en el cobro a clientes sufrió un salto drástico, escalando del 35% al 60% en este trimestre. La apuesta es que las rescaten los sectores en crecimiento. Un 26% de las PyME ya se vincula con los sectores clave de Oil & Gas y Minería, viéndolos como los grandes dinamizadores del futuro, pronostican en la entidad.
El Gobierno se enfrenta a una dinámica lenta. Según la consultora económica 1816 el mercado cree que la inflación seguirá cayendo en los próximos meses, pero tardará un buen tiempo en alejarse de la zona de 1,5% mensual. Además, en su último informe apunta que la decisión del Banco Central de dejar correr el tipo de cambio a casi 1450 la semana pasada “podría reforzar la idea de que el equipo económico no está dispuesto a usarlo el como ancla nominal a toda costa (a menos que decida llevarlo gradualmente de nuevo a 1400). “Si los agentes económicos perciben que el Gobierno no está tan dispuesto a apreciar el tipo de cambio real, la inercia inflacionaria podría persistir bien entrado el segundo semestre”, concluyen.
Sin un shock económico que revierta el malestar doméstico, lo que está en crisis es el eje central de Milei: su personalidad temeraria, de liderazgo forzado, incluso en temas económicos. La dimensión memética que tomó el caso Adorni se amalgama peligrosamente con resultados económicos que no llegan a todos.
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POLITICA
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas

El Gobierno minimizó el impacto de la postura de Estados Unidos en la ONU, donde la representante de Donald Trump pidió disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina lleva cada año su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
El planteo de Washington se produjo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se discuten iniciativas en materia de Política Especial y de Descolonización. Allí, la representante de la Casa Blanca pidió que se pusiera fin al mandato del organismo, al que cuestionó por haber “sobrevivido a su propósito original” y considerar a algunas de sus actividades “un despilfarro de recursos”.
El Comité Especial (C-24) fue creado en 1961 y supervisa la situación de los 17 territorios no autónomos, de los cuales el Reino Unido administra diez. Entre ellos Malvinas. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese escenario la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.
Pese a tratarse del foro que insta cada año al Reino Unido a retomar las negociaciones por el archipiélago, en Balcarce 50 desestimaron que la postura norteamericana atente contra el reclamo argentino. “La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, replicó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial.
Para Estados Unidos, el Comité de Descolonización quedó obsoleto, ya que “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas. En el debate en la ONU, la funcionaria norteamericana también cuestionó sus viajes anuales a “centros turísticos” del Caribe y el Pacífico Sur, que calificaron como “un derroche de tiempo y recursos de la ONU”.
El mensaje de Washington se alinea con la política de la administración de Donald Trump de recortar fondos y personal de la ONU, una mirada que también fue ratificada por Milei en sus últimas intervenciones en la Asamblea General. “Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, cuestionó semanas atrás en Nueva York.
Allí, el Presidente también criticó la inacción del organismo ante la ocupación británica en Malvinas: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad».
La discusión por las sanciones en medio del conflicto por Sea Lion
En el mismo debate de la Cuarta Comisión de la ONU, la representante de Estados Unidos rechazó la iniciativa impulsada por Rusia en torno a “cómo abordar las formas contemporáneas de colonialismo”.
Entre los principales ejes de discusión que tiene el texto, que fue aprobado por el Comité con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, este plantea que el colonialismo persiste en “formas y prácticas contemporáneas” como el uso de “medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU”.
En ese contexto, Estados Unidos defendió durante el debate las sanciones, los controles a las exportaciones y las decisiones comerciales soberanas como “instrumentos legítimos de la política estatal”. La postura refleja la política exterior de Donald Trump, que durante su mandato se valió de sanciones económicas y amenazas de aumentar los aranceles para ejercer presión en sus negociaciones bilaterales. “Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas”, agregó la representante norteamericana.
POLITICA
Diputados: el Gobierno acelera un proyecto clave para Córdoba y Santa Fe tras la ayuda para frustrar la sesión opositora

En un guiño a sus aliados provinciales, que la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión impulsada por la oposición, el oficialismo en Diputados acelerará el debate de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años.
La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, comenzará este martes a discutir el proyecto, que propone aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
La propuesta despierta especial entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, sus principales impulsoras, donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas productoras de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la producción de biocombustibles. También genera expectativas en Jujuy y Tucumán, productoras de caña de azúcar, elemento clave para la elaboración de bioetanol.
El cambio más significativo es el aumento de los cortes obligatorios. De convertirse en ley, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la norma.
En el Senado, el proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 25 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó por considerar que perjudica a las pequeñas y medianas empresas productoras de su provincia.
Es que uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año.
La nueva iniciativa elevaría el corte al 10%, pero modificaría su distribución: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para las empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Esa participación reservada se reduciría progresivamente hasta el 4% en 2031. Es un esquema que despierta resistencias entre las pymes del sector.
Gestiones con gobernadores
El debate comenzará este martes a las 15, con una reunión de la Comisión de Energía en la que expondrán invitados. Los impulsores del proyecto esperan obtener un dictamen favorable la próxima semana, para luego avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa.
Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto esté en condiciones de llegar al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para debatir el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, aseguró un legislador que participó de las conversaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem.
El impulso que ahora recibe la iniciativa llega apenas después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba contribuyeran a dejar sin quórum la última sesión solicitada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023.
Entre los ausentes estuvieron los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos integrantes de Provincias Unidas. Tampoco bajaron al recinto los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.
Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto, en sintonía con la estrategia del Gobierno. La cifra coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quorum: reunió 121 de los 129 necesarios.
Dentro de la bancada se anticipa una discusión áspera que podría desembocar en una ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hacer declaraciones públicas. “Nos debemos una conversación”, admitió uno de los legisladores más críticos, que distingue dos sectores: los diputados que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas “sin tierra”, que mantienen una posición más confrontativa frente a Javier Milei.
Los pases de factura por las negociaciones con la Casa Rosada también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una delicada situación financiera y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de la crisis quedó expuesta la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.
En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con una agenda propia, los libertarios procuran devolver las gentilezas a sus aliados.
El avance de la ley de biocombustibles no es el único gesto: también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.
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Oil Combustibles: la Corte planea revisar antes de fin de año la condena de Echegaray y las absoluciones de López y De Sousa

La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.
López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.
Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.
Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.
El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.
Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena.
“O todos condenados o todos absueltos”, dijo un funcionario judicial a , simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.
Pedido de prescripción
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.
En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.
La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados.
En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado.
Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.
Diez años de causa
La causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de . La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco.
Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.
El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.
El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres.
El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.
Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.
El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones.
Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.
Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces.
Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.
El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal.
Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba “en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria”.
Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.
El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto.
Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.
Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita.
Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.
El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte.
Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.
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