El Costo de la Construcción en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba mensual de 3,1%, por encima de la inflación que fue del 2,5%, y una variación interanual de 24,4%. Así, el costo del metro cuadrado llegó a $1.463.247, según el relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El organismo porteño desglosa el índice en tres capítulos: materiales, mano de obra y gastos generales. La valorización mensual se realiza para cada elemento que compone el costo total, lo que permite identificar con precisión los insumos que más presionan el resultado final.

Entre los componentes con mayor alza mensual, el IDECBA señaló al gasoil con una suba de 12,7% y a la nafta con un incremento de 12%. Ambos combustibles integran el capítulo de gastos generales y su evolución incide de manera directa sobre los costos operativos de las obras.

El capítulo de mano de obra también registró una variación considerable: el costo salarial subió 5,5% en el mes y acumuló 34,2% en la comparación interanual. Para el cálculo de los valores salariales establecidos en remuneración horaria, el IDECBA procedió a su mensualización sobre la base de 176 horas mensuales efectivamente trabajadas.

El índice elaborado por el organismo porteño sirve como referencia para la actualización de contratos y presupuestos en el sector de la construcción, tanto en proyectos públicos como privados dentro de la Ciudad.

A su vez, en abril, el Índice Construya (IC), que refleja la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción elaborados por las empresas del grupo, registró un aumento mensual desestacionalizado de 4,98%. Sin embargo, el indicador se ubicó 4,7% por debajo del nivel registrado en abril de 2025.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, los despachos mostraron un incremento de 0,6% respecto al mismo período de enero a abril de 2025.

Desde Construya señalaron que, a medida que avanza el año, se observa una mejora gradual en los despachos de insumos destinados a la construcción residencial, impulsada por la consolidación de la estabilidad macroeconómica.

Vale mencionar que, según el último dato del Indec, en marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento interanual del 12,7% respecto del mismo mes de 2025. Asimismo, el acumulado del primer trimestre de 2026 mostró una suba del 3,9% en comparación con igual período del año anterior.

En términos desestacionalizados, el índice evidenció en marzo una variación positiva del 4,7% frente a febrero de 2026. Por su parte, la serie tendencia-ciclo también reflejó un comportamiento favorable, con un avance del 0,7% respecto del mes previo.

Por otro lado, un informe de Reporte Inmobiliario señaló que “los costos para remodelar cocina y baño de un departamento se mantuvieron en pico alto en dólares durante el primer tramo del 2026″.

Actualmente, remodelar el baño y la cocina de un departamento estándar requiere una inversión de $18.453.373, equivalentes a USD 12.904 al tipo de cambio vendedor del dólar blue de comienzos de mayo de este año. La cifra representa prácticamente el mismo monto en dólares que se necesitaba hace un año.

En pesos, el costo de remodelación de un baño registró un aumento interanual del 20,91% respecto de abril de 2025. Sin embargo, medido en dólares, el valor se mantuvo prácticamente estable durante el mismo período, al ascender a USD 6.156.

En el caso de la cocina, el incremento interanual fue del 16,55% en pesos frente a abril de 2025, mientras que en dólares el costo también se sostuvo en niveles similares a los del año pasado y alcanzó los USD 6.748.

La estabilidad cambiaria, que se extendió por un período más prolongado de lo esperado, continúa sosteniendo elevados los costos de remodelación. Reporte Inmobiliario advierte que “remodelar hoy será más barato que mañana”.

De acuerdo al informe, entre los factores que explican esta tendencia se encuentran el aumento sostenido de los materiales y de la mano de obra, el encarecimiento de los commodities vinculados a la construcción y la escasez de trabajadores especializados, entre otros.

A esto se suma una transformación en el equipamiento de los hogares, especialmente en las cocinas, que incorporan cada vez más tecnología y productos de alta gama. Electrodomésticos como heladeras panelables, hornos con función vapor y extractores de primeras marcas, prácticamente inexistentes en los proyectos de hace una década, hoy forman parte de muchas remodelaciones y elevan significativamente el costo final de las refacciones.

La decisión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de desactivar por completo el sistema de armas A-4AR Fightinghawk coloca a los recién incorporados F-16 como la única opción de caza operativo a nivel nacional. Los aviones quitados de operación eran los herederos de una larga vinculación con esa alternativa de combate, que en su primera versión —los Douglas A-4B Skyhawk— arribó a nuestro país en el lejano 1966. A esa primera «camada» le siguieron luego la modernización A-4C y la alternativa A-4AR Fightinghawk, que aterrizó en las bases argentinas durante la segunda mitad de la década de los 90. En ese derrotero de décadas, los A-4 tuvieron una actuación por demás destacada en la Guerra de Malvinas. La muerte del piloto Mauro Javier Testa La Rosa, ocurrida en julio de 2024 y por una falla en su aeronave, volvió a poner en discusión la operatividad de los cazabombarderos, afectados por la falta de repuestos, los recortes presupuestarios y la antigüedad de sus respectivas células.

Ahora, el interrogante que queda es qué ocurrirá con el inventario de 12 aeronaves A-4AR Fightinghawk que aún se mantienen en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. En ese sentido, la primera medida que tomará la FAA será concentrar todo el material disponible de esos aviones —células, repuestos y herramientas— en la base puntana para luego definir un nuevo destino para ese material.

Esto implicaría, según plataformas especializadas como Zona Militar, «el traslado de los componentes del sistema de armas presentes en el Área Material Río Cuarto, unidad que dio por décadas apoyo, mantenimiento y sostenimiento a la plataforma Skyhawk/Fightinghawk».

Evalúan nuevo destino para los A-4AR Fightinghawk

«Con estas acciones, que comprenderán el minucioso proceso de clasificación y catalogación de todo lo que ha englobado al sistema de armas A-4AR, se servirá próximamente al proceso de enajenación y evaluación de cara a posibles oferentes que estén interesados en adquirir estos sistemas», indicó la fuente.

Claro que, al tratarse de equipamiento desarrollado por los Estados Unidos, toda operación de transferencia de esas aeronaves deberá contar antes con el aval del país norteamericano.

«Si bien la baja de los A-4AR argentinos convierte a la Marina de Brasil, con sus AF-1, en el último operador militar de la aeronave, el Skyhawk continúa teniendo una segunda vida brindando servicio de agresores a varias de las más importantes Fuerzas Aéreas del mundo, como la de Estados Unidos y Canadá, por solo citar algunos ejemplos», afirmó el portal.

El «servicio de agresores» comprende a aquellos aviones que son utilizados en el entrenamiento aéreo de los pilotos de combate. Por poner un ejemplo cercano, Top Aces, la empresa que asesora a la FAA en la instrucción de las tripulaciones argentinas de los F-16, incluye aeronaves A-4N Skyhawk de origen israelí en sus ejercicios de formación.

Para tal fin, la flota que opera Top Aces ha sido sometida a programas de modernización que incorporan nuevas tecnologías, como radares AESA y sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos.

«Además de la empresa canadiense, otros operadores privados también emplean los A-4 con similar fin, como es el caso de la firma Draken International, la cual posee ejemplares provenientes de las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda e Israel», precisó la plataforma.

Resta conocer qué cotización se le impondrá a los A-4AR Fightinghawk desactivados y, por supuesto, si Estados Unidos estará de acuerdo en darle un nuevo horizonte a un sistema de armas que marcó una época en la aviación nacional.

La Libertad Avanza acelera la llegada de más cazas F-16

En paralelo a este escenario, y enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16.

La FAA recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año.

Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre.

La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense antes mencionada y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

En medio de la tensiones en el plano político con el relanzamiento del PRO, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires (caba) acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas. Aunque los reclamos continuaran los pagos no realizados desde 2020.

El proceso de negociación entre el Gobierno y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.

La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno Naciona de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina (BNA). Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. En esa instancia, la Ciudad había aceptado, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.

En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa por la que hasta este momento Jorge Macri reclamaba. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.

La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.

El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.

Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.

La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por la gestión de los Fernández.

El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.