Cada vez que se organiza un Mundial, la atención se concentra en lo evidente: los estadios, los sponsors, las selecciones, las figuras, los derechos de televisión y, por supuesto, la pelota. Pero detrás de ese espectáculo global hay otro partido, mucho menos televisado, que se juega en oficinas fiscales, tratados internacionales, convenios de doble imposición y normas locales.

Me refiero al partido de los impuestos.

El Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, deja una señal muy interesante para quienes miramos estos temas desde hace años: los Estados ya no están tan dispuestos a renunciar a gravar la riqueza que se genera dentro de sus fronteras, aunque esa riqueza llegue de la mano del evento deportivo más popular del planeta.

Durante mucho tiempo, los grandes eventos internacionales funcionaron bajo una lógica particular. Para atraerlos, los países anfitriones aceptaban otorgar exenciones, beneficios y tratamientos fiscales especiales. En muchos casos, esas condiciones eran parte del paquete exigido por los organizadores. El razonamiento era simple: el evento traía turismo, consumo, visibilidad internacional, inversión en infraestructura y un beneficio reputacional que justificaba resignar recaudación.

Ese esquema, sin embargo, parece estar cambiando.

En el caso del Mundial 2026, la información conocida hasta ahora muestra que los futbolistas extranjeros que disputen partidos en México y Estados Unidos no necesariamente estarán amparados por una exención personal automática. En México, la normativa fiscal prevé que los jugadores no residentes tributen por la proporción de ingresos atribuible a los partidos jugados —o para los que hayan sido convocados— en territorio mexicano. En Estados Unidos, el IRS también ha advertido que los no residentes que participen del evento pueden tener obligaciones fiscales por ingresos de fuente estadounidense, sin perjuicio de lo que puedan establecer los tratados para evitar la doble imposición.

Dicho de otro modo: no se trata de que el jugador “pague impuestos por pisar el césped”, como podría decirse en una frase periodística. La cuestión es más precisa y, por eso mismo, más relevante: si una persona genera ingresos atribuibles a una actividad desarrollada en determinado país, ese país puede pretender gravar esa porción del ingreso. La cancha podrá ser neutral desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista tributario, no lo es.

Los futbolistas de élite son, probablemente, algunos de los contribuyentes más globales que existen. Cobran salarios en un país, perciben premios de una federación nacional, tienen contratos de imagen con marcas internacionales, residen en una jurisdicción, invierten en otra y compiten en muchas más. Por eso, la planificación patrimonial para ellos es una necesidad de primer orden. Más en estos tiempos, en los que los fiscos los miran muy de cerca, con lupa.

No es algo completamente nuevo. En muchos países existen desde hace años reglas para gravar a deportistas, artistas y performers no residentes por ingresos obtenidos en presentaciones, competencias o espectáculos realizados localmente. La novedad no está necesariamente en la existencia de esas normas, sino en el modo en que empiezan a aplicarse a eventos de escala global, con coordinación entre administraciones tributarias y con criterios más sofisticados para asignar ingresos entre jurisdicciones.

Ahí aparece la verdadera discusión.

¿Cómo se determina qué parte del ingreso de un jugador corresponde a un partido disputado en México, Estados Unidos o en Canadá? ¿Qué ocurre si el premio lo paga la federación del país de origen? ¿Cómo se compatibiliza eso con la residencia fiscal del jugador? ¿Qué pasa si existe un tratado para evitar la doble imposición? ¿Quién retiene? ¿Quién informa? ¿Quién acredita el impuesto pagado en el exterior?

Estas preguntas, que parecen técnicas, tienen enormes consecuencias prácticas. Porque en materia tributaria, la forma importa, pero la sustancia importa todavía más. Y la sustancia, en este caso, es que los jugadores estarán generando valor económico en países que pretenden ejercer potestad fiscal sobre ese valor.

Este caso es interesante por dos razones. La primera es simbólica. El Mundial es, probablemente, la mejor expresión de la globalización: selecciones nacionales, jugadores que militan en ligas extranjeras, marcas transnacionales, audiencias globales y dinero circulando por todo el planeta. Que incluso en ese contexto los Estados sostengan que una parte de esa renta debe tributar dentro de sus fronteras demuestra que la globalización no eliminó las fronteras fiscales.

La segunda razón es práctica y quizás más importante. Muchos deportistas, artistas, creadores de contenido y empresarios todavía creen que la planificación fiscal internacional es un tema que puede resolverse al final, como si se tratara de una cuestión administrativa. Es un error. La planificación debe hacerse antes, con criterio, sustancia y una mirada integral. No se trata de evitar impuestos, sino de evitar contingencias, dobles imposiciones, sorpresas y estructuras mal diseñadas.

En un mundo donde los fiscos cooperan más, intercambian más información y tienen más herramientas para detectar ingresos transfronterizos, la improvisación resulta cada vez más costosa. Y el valor de una correcta planificación patrimonial es cada vez mayor.

El Mundial 2026 será recordado por muchas razones: sus partidos, sus estadios, sus figuras y por ser el primero con 48 selecciones. Pero también podría quedar como un nuevo ejemplo de algo que venimos observando desde hace tiempo: cuando el dinero cruza fronteras, los impuestos no desaparecen. Porque incluso cuando el mundo está mirando la pelota, los fiscos siguen mirando la planilla.

En el fútbol, como en la planificación patrimonial, no alcanza con jugar bien. También hay que conocer las reglas del campo donde se juega.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

«Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste del sistema. Por eso decimos basta». Con este contundente título, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir tanto a los empresarios como al propio gobierno, la posibilidad de aplicar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos del AMBA, dejando a miles de usuarios sin transporte.

El gremio insistió sobre la situación crítica de la actividad y el repetido fracaso de las negociaciones salariales, que consideran estancadas. Asimismo, apuntó que el transporte de pasajeros se sostiene a través de un esquema de subsidios nacionales, provinciales y municipales y de las tarifas que pagan los pasajeros. Al respecto, detalló que los análisis basados únicamente en números o planillas «no reflejan el verdadero funcionamiento del sistema».

Explicó que «para que funcione el sistema deben estar presentes los trabajadores, los empresarios y el Estado en sus diversos niveles», al tiempo que denunció que hoy son «únicamente los trabajadores quienes salen a dar explicaciones, mientras empresarios y funcionarios mantienen silencio frente a una situación que se agrava».

Cómo puede actuar el gobierno frente a un paro e interna gremial

En las últimas semanas, la UTA advirtió que «peligra la paz social» desafiando a la Casa Rosada que hoy cuenta con la Ley de Modernización Laboral para desactivar conflictos que tienen alto impacto en la población, como el tema del transporte. Desde la secretaría de Trabajo ven que cualquier posibilidad de paro en los colectivos puede ser desactivado con la denuncia de esencialidad del servicio, que debe garantizar un 75% del transporte.

A esto se agrega la atomización que sufre la conducción del gremio a cargo de Roberto Fernández, cuestionado por distintos sectores que se presentarán como opositores en las próximas elecciones para renovar el consejo directivo. De hecho, el personal del Grupo Dota siempre van a contramano de las decisiones de la conducción de la UTA.

Estado de alerta y paritaria congelada

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, aunque nunca habló de medidas de fuerza concretas, aunque fue uno de los impulsores de un paro de 36 horas con marcha en la reciente reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque sin consenso.

En un comunicado, la UTA recordó que la actualización salarial continúa congelada, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Apuntó que «el salario no alcanza y las paritarias deben ser realmente libres», dejando entrever una intromisión del Poder Ejecutivo en las discusiones salariales a través del ministerio de Economía.

Subrayó que varias líneas de colectivos permanecen paralizadas por falta de pago de salarios, una situación que «genera conflictos innecesarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad del servicio público«, afirmando que «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».

El documento detalló que la actividad genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país y planteó la incertidumbre que atraviesan diariamente los choferes por no saber si cobrarán sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, declaró que los trabajadores y trabajadoras «continúan cumpliendo con sus tareas a pesar de la inseguridad, el deterioro de calles y avenidas y las dificultades propias de la actividad, mientras deben afrontar compromisos económicos sin garantías de percibir sus salarios en fecha».

El gremio criticó tanto a los empresarios como al Estado

En el reparto de críticas, la UTA cuestionó al Estado por la falta de planificación, diciendo que «solo le preocupan las cuestiones financieras» y que, en algunos casos, favorece situaciones de concentración o monopolio, «lo que termina debilitando aún más al sistema». Fuentes gremiales manifestaron que «los sucesivos cambios en la secretaría de Transporte también son una señal de la falta de políticas para el Estado».

En cuanto a las empresas, las responsabilizó por limitarse a plantear que los recursos «no alcanzan», sin ofrecer soluciones concretas. Al respecto, el gremio dijo: «Queremos saber si es cierto el ‘no alcanza’ y qué tan claro es el Excel». Los voceros expusieron que las patronales «solo exigen una mejora tanto de la tarifa como de los subsidios, sin aportar ningún tipo de ideas a la mejora del sistema».

Frente a este panorama, solicitó transparentar las cuentas del transporte, abrir los números del sistema y convocar a todos los actores involucrados para encontrar una salida que garantice la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.

Ratificó que «buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores. Somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores».