Argentina tiene un sistema tributario que, sumados los tres niveles de gobierno, alcanza los 150 tipos diferentes de tributos, según el relevamiento anual que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su Vademécum tributario.

El número no implica que cada ciudadano o empresa pague los 150. Como aclara el propio informe, “una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”. Pero la existencia de ese universo de obligaciones —y la posibilidad real de quedar alcanzado por buena parte de ellas— define un escenario de presión fiscal que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos.

Argentina es un país federal, y eso se refleja en su estructura impositiva. El Iaraf señala que “las potestades tributarias están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal”, y que “cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones”.

De los 150 tributos identificados para 2026, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Este último dato es el que más llama la atención: más de la mitad de los tipos de tributos existentes en el país son de origen municipal. Tasas por habilitación de comercios, contribuciones ambientales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por alumbrado, por residuos, por inspección de higiene, por uso de espacios públicos y decenas de otras figuras conforman un catálogo municipal que duplica en extensión al del gobierno nacional.

Esa cantidad de tributos a nivel local tiene consecuencias concretas sobre la carga administrativa de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas, que deben cumplir con obligaciones ante tres jurisdicciones distintas y, dentro de cada una, con múltiples conceptos.

A pesar de la amplitud del mapa tributario, la recaudación efectiva está lejos de estar distribuida entre los 150 tributos. El Vademécum 2026 del Iaraf revela una concentración llamativa: apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación consolidada proyectada para este año.

Esos seis son el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (conocida como TISH). Los 144 tributos restantes se reparten apenas el 15% de lo que recauda el Estado en su conjunto.

Al desagregar la participación de cada uno, el IVA encabeza con el 25% del total recaudado. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social con el 19,1%, el impuesto a las ganancias con el 18,1%, Ingresos Brutos con el 14,7%, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes con el 5,9% y la TISH municipal con el 2,6%.

La recaudación consolidada proyectada para 2026 alcanza el 26,6% del PBI. Si al grupo de los seis tributos principales se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, el porcentaje sube al 94%. Es decir: diez tributos concentran casi toda la recaudación del Estado argentino, mientras los 140 restantes aportan apenas el 6%.

La distribución de lo recaudado sigue una lógica diferente a la del número de tributos. Según el Iaraf, de cada $100 recaudados en 2026, el Tesoro Nacional recibiría $23,1; la Anses $28,3; las provincias y CABA $35,3; y los municipios $13,3. Pero en términos de cantidad de figuras tributarias, los municipios superan ampliamente a los otros niveles.

Esa asimetría —muchos tributos municipales, menor participación en la recaudación total— refleja en parte la naturaleza de las tasas locales, que en muchos casos financian servicios específicos y cuyo monto individual es menor al de los grandes impuestos nacionales o provinciales. Aun así, la acumulación de esas obligaciones tiene peso sobre el contribuyente, tanto en lo económico como en lo administrativo.

Vale también notar que respecto al año anterior el número total de tributos bajó de 155 a 150. La reducción se explica por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales —sobre vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, telefonía celular y embarcaciones de recreo— como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Los tributos provinciales y municipales no registraron cambios en su cantidad.

Una novedad de la edición 2026 del Vademécum es la posibilidad de identificar cuántos tributos rigen en cada una de 33 ciudades del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar qué tan diferente puede ser la carga según el lugar de residencia de un ciudadano o empresa.

Lo cierto es que en cualquier caso la carga administrativa y en la mayor parte de los casos también la económica sobre los contribuyentes es feroz. El municipio del país en que más tributos existen es Tigre, donde hay en total 81 tributos aplicables: los 40 de origen nacional, 9 de origen provincial (en este caso, de la Provincia de Buenos Aires) y nada menos que 32 tasas o gravámenes municipales. Segunda en el ranking está Corrientes, con 80 tributos: los 40 impuestos nacionales, 9 provinciales y 31 tasas municipales de distinto tipo. Tercera en el ranking general es la bonaerense Junín, con 79 tributos (40, 9 y 30 en los órdenes nacional, provincial y municipal, respectivamente), cuarta San Salvador de Jujuy, también con 79 (40, 12 y 27) y quinto el municipio de Ezeiza, con 78 (40, 9 y 29).

En el extremo opuesto, el municipio con menor número de tributos es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, pero no por virtud propia, sino exención ajena. Es que allí el número de impuestos nacionales aplicables se reduce de 40 a 26, a los que se suman 9 impuestos provinciales y 18 tasas y contribuciones o cargos municipales. Entre los municipios cuyos residentes viven menos abrumados por el número de tributos también se cuentan General Alvear en Mendoza (62 en total, con 40 nacionales, 9 provinciales y 13 municipales), Catamarca (62 en total), Rosario (63 en total) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único distrito en que los tributos son solo de dos jurisdicciones: los 40 impuestos de origen nacional y 25 tasas municipales.

A nivel estrictamente municipal, las 32 tasas y cargos del municipio de Tigre son seguidos de cerca por infiernos tributarios municipales como Corrientes, que aplica 31, la ya mencionada Junín, que acuñó 30, Bariloche y San Salvador de Jujuy, que empatan en 27, las capitales provinciales de Misiones y Salta, que aplican 26 tasas y contribuciones cada una, y Santiago del Estero, donde una empresa o ciudadano puede afrontar hasta 25 tributos de orden exclusivamente municipal.

A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.

La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).

Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.

En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.

Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.

También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.

Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.

Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.

Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.

Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.

Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.

Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.

La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.

También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.

Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.

Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.

En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.

El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.

Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.

Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.

El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.

Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.

“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.

Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.

La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.

El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.

El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.

“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.

En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.

Argentina como potencia y pionera global en inteligencia artificial y empresas sin humanos. ¿Es posible? Quién sabe… Lo cierto es que el Gobierno instaló la discusión sobre las “sociedades automatizadas”, algo así como entidades jurídicas integradas y manejadas por agentes de IA, y mandó al Congreso un proyecto de ley que las impulsa. En paralelo, una columna en el Financial Times del presidente Javier Milei generó mucha polémica y tuvo respuesta inmediata de Yuval Harari, sin dudas uno de los más reputados y agudos de los intelectuales de estos tiempos.

Si Milei buscaba posicionamiento global con esta cuestión, lo logró. En su texto, titulado “Argentina invita a la IA a liberarse” –al que también contribuyó su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger– describe un momentum para el tema y lo compara con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, a comienzos del 1600. Ese hecho, dice, inauguró la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, potenció a Ámsterdam como centro del mundo y el comercio, sobre todo con Asia, y “desató todo el potencial del capitalismo” y la “prosperidad moderna”.

El mundo de IA libre que propone Milei para Argentina incluye cero regulación, entidades operadas por agentes o robots con personalidad jurídica plena, responsabilidad limitada en las que los humanos pueden estar, pero no necesariamente, y un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable. Libertad total.

Harari respondió rápido y destacó la audacia de Milei –“su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, dijo también en el FT–, pero advirtió que sería un error otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA.

Hizo foco en que la prosperidad de Ámsterdam tuvo su contracara en el puerto de Jayakarta, en la actual Indonesia, cuando la novedosa compañía capturó esa ciudad en 1619, la incendió y construyó otra en su lugar Batavia, que pasó a ser la sede de imperio comercial administrado por esa moderna estructura jurídica. “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, señaló Harari, siempre filoso.

Milei contestó por X con buena onda y no muchas más precisiones: “¡Estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores!”, aseguró y prometió seguir el debate. Sturzenegger debe estar a cargo de esa misión.

La polémica quedó instalada. Otra vez, Milei se anotó un poroto global mientras arranca el debate local sobre su propuesta y muchos se preguntan si es posible o quedará en algún cajón del Congreso. Pero hay una historia detrás de la arquitectura que propone el Presidente.

Emiliano Kargieman piensa en empresas autónomas desde 2010 más o menos, antes de que se hablara de IA de la forma en que se habla hoy e, incluso, antes de fundar Satellogic, la empresa de microsatélites de observación de la Tierra que el mes pasado se convirtió en el último unicornio argentino, con un valor de unos USD 1.400 millones, en medio de una space economy que “vuela” de la mano del desembarco en Wall Street de SpaceX, el gigante espacial de Elon Musk.

No solo eso, además Kargieman está detrás del anuncio de OpenAI, que el año pasado prometió invertir hasta USD 25.000 millones para hacer un mega datacenter IA en la Patagonia (y del que no parece haber demasiado avance aún).

En medio de un verdadero rush empresarial, este ex hacker se tomó tiempo para teorizar sobre cómo funcionaría un mundo con empresas automatizadas 100%. Tanto que el año pasado le acercó sus ideas a Sturzenegger, que se inspiró en ellas para el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, según reconocen en el Gobierno.

Ese paper, que finalmente publicó online en abril, se titula “Autonomous legal entities: a polycentric framework for machine agency” (Entidades jurídicas autónomas: un marco policéntrico para la agencia de las máquinas).

“El país podría tomar ventaja siendo pionero, teniendo primero que otras naciones esquemas de ese tipo. Que las IA hagan lo que se les cante es un problema, pero algo completamente regulado también complica la innovación. El proyecto del Gobierno es un buen punto de partida para empezar a hablar del tema. Hacerlo antes que otros podría ser muy ventajoso”, le dijo el empresario a Infobae.

La analogía histórica que usa Kargieman es la misma que terminó usando Milei en el Financial Times, y no es casualidad: la sociedad de responsabilidad limitada del siglo XIX. Kargieman lo dijo con precisión antes de que Milei tomara el concepto: “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”. El presidente argentino usó exactamente esa frase en su columna. Como sea, y de forma muy amable, Kargieman deja claro que si bien son parecidos y hubo inspiración, una cosa es su idea y otra es lo que propone el Gobierno.

El extenso documento de Kargieman describe de entrada que ya hay más de 135.000 agentes de IA autónomos operando globalmente —ejecutando trades, gestionando grillas eléctricas, procesando seguros— y ningún país del G7 tiene un marco regulatorio específico para esto. Así, concluye que la ley actual sólo ofrece dos salidas, ambas malas: o el implementador es siempre responsable (lo que frena el despliegue), o el desarrollador es siempre responsable (lo que frena la innovación). Por caso, describe, California agravó el dilema con una ley que entró en vigor en enero de 2026 y prohíbe explícitamente usar como defensa el argumento de que “la IA lo hizo sola”, pero sin crear ningún esquema jurídico que absorba esa responsabilidad de manera razonable.

En ese contexto, propone las Autonomous Legal Entities (ALEs), básicamente empresas cuyas decisiones operativas están delegadas a sistemas de IA, con puntos de supervisión humana en capas definidas. Puede tener activos, firmar contratos y ser demandadas. Pero no se trata de una “personería jurídica para la IA”, es un contenedor legal alrededor de operaciones de máquinas, igual que una SA es un contenedor legal para operaciones humanas.

Cada ALE operaría bajo un charter (especie de estatuto, licencia regulatoria y especificación técnica) que fija qué puede hacer la IA, en qué jurisdicciones, con qué límites financieros y computacionales, y bajo qué condiciones se activa el kill-switch, o botón de apagado que corta el funcionamiento.

Kargieman toma el Governing the Commons de Elinor Ostrom (1990) —que demostró empíricamente que hay una tercera vía entre privatizar y estatizar— y lo mapea sobre los ALEs. Los ocho principios de diseño de Ostrom (fronteras claras, reglas congruentes con condiciones locales, resolución de conflictos, sanciones graduadas, etc.) se convierten en el esqueleto arquitectónico del sistema. Kargieman usa la idea de “katechon”, de Carl Schmitt: un concepto bíblico y de filosofía política que hace referencia a una fuerza, figura o institución que frena la llegada del Anticristo y el fin del mundo, una fuerza que contiene el caos. La usa para plantear la paradoja central de la gobernanza de IA: cualquier ente lo suficientemente poderoso para regular la IA globalmente se convierte él mismo en una amenaza totalitaria. La solución que propone es un “katechon distribuido”: no un soberano global, sino una arquitectura institucional descentralizada donde múltiples jurisdicciones compitan y se controlen entre ellas. Propone a Argentina como primera jurisdicción en implementar las ALEs, argumentando que el RIGI, la SAS digital, el marco de la CNV y el empuje reformista de Milei crean una ventana única para “primerear” y ser pioneros (first mover). La analogía es Delaware en derecho corporativo o Estonia en identidad digital.

El paper recurre también a un personaje muy vigente en Argentina en estos días: Peter Thiel, el mega magnate tech libertario que se instaló en el país y adhiere a las ideas de Milei. El trabajo toma conferencias de Thiel en las que habla del “Anticristo”, donde el inversor de Silicon Valley retoma el concepto del katechon. La paradoja que Kargieman extrae inspirándose en Thiel es que se necesita un soberano para evitar el caos, pero ese soberano puede degenerar en el mismo totalitarismo que debía prevenir.

Kargieman no adopta la conclusión de Thiel sino que la usa como diagnóstico correcto de un problema real para luego proponer su propia solución: el ALE como “katechon distribuido”. Es decir, toma la paradoja de Thiel en serio, pero argumenta que el marco de Ostrom sobre gobernanza de bienes comunes ofrece una salida que Thiel no consideró: restricción sin soberano, mediante arquitecturas institucionales policéntricas (consejos de administradores, seguros obligatorios, sanciones graduadas, interruptores -kill-switches- distribuidos, competencia jurisdiccional) en lugar de un único poder centralizado.

En síntesis: Thiel funciona como el “problema” que el paper busca resolver, no como una fuente de propuestas positivas. Es un uso retórico-estructural: Kargieman le da crédito por identificar correctamente la trampa, y después construye su arquitectura ALE como la respuesta que Thiel no pudo encontrar porque pensaba en términos de soberanía concentrada en lugar de gobernanza distribuida tipo Ostrom.

“Yo mostré mis ideas y se tomaron algunas de ellas para el proyecto, pero no todas. Mi esquema propone más control sobre las entidades autónomas, pero lo que se mandó al Congreso es un buen punto de partida”, repitió Kargieman.

El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Sociedades –que también incluye a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas, o DAOs– es mucho menos restrictivo para las “empresas sin humanos”. Una suerte de “‘Viva la libertad, carajo’, para la inteligencia artificial”. VLLC IA.

La letra de la propuesta oficial propone sociedades que desarrollen su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada. “La declaración de automatización deberá constar expresamente en el estatuto. La denominación deberá incluir la expresión ‘Automatizada’. Responsabilidad. La sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”, expresa el proyecto de ley.

Cerca de Sturzenegger aseguraron: “El objetivo es, a través de la Reforma de la Ley de Sociedades, otorgar un marco jurídico para la llegada de estas inversiones a Argentina, que permita además establecer un esquema impositivo diferenciado. Introduce el concepto de responsabilidad limitada para este tipo de compañías, que por su naturaleza resulta indispensable para su funcionamiento. Al igual que cualquier otra empresa, en el fuero civil responderán con su propio patrimonio si causan daños”. Reconocen también que la idea la acercó Kargieman y está basada en la experiencia de Irlanda: la empresa dueña del software de Apple está radicada en Irlanda, lo que le permite al gobierno de ese país cobrar regalías por cada iPhone que se vende en el mundo.

“La idea de hacer sociedades automatizadas es muy vanguardista, no hay precedentes en el mundo, pero sin lugar a dudas alguna jurisdicción tiene que picar en punta frente al gran cambio económico que se viene en materia de inteligencia artificial, donde las IAs van a absorber cada vez más partes del trabajo. Poder darles la capacidad de usar un banco y pagar impuestos, indudablemente puede implicar un gran beneficio para nuestra economía”, aseguró el emprendedor Santiago Siri.

“Los riesgos y los temores son un poco alarmistas. Argentina tiene que posicionarse estratégicamente en esa conversación. Tal vez en esta línea de poder ser una jurisdicción amigable a esta nueva forma del capitalismo, haga que Argentina pueda florecer en innovación”, agregó.

Enrique Fraga, consultor en IA Generativa para empresas, cree que incorporar una regulación muy restrictiva (como la que se logró en Europa) puede desincentivar la inversión y el desarrollo; y que una nula regulación sería vista como una oportunidad de desarrollo pero también como un peligro si no tiene en cuenta mínimas responsabilidades para con la humanidad.

“Milei y Harari parten de la misma premisa, el potencial de la IA de funcionar de forma autónoma, pero llegan a conclusiones distintas. Para Milei es una llave para encausar al país hacia el desarrollo mientras que para Harari puede derivar en un sometimiento de la civilización humana ante entidades automatizadas”, aseguró Fraga, quien puso foco también en que la idea de un agente plenamente automatizado es hoy una promesa que roza la ficción: incluso los sistemas más avanzados dependen de decisiones humanas previas, como el diseño del modelo, la definición de objetivos, los prompts e instrucciones iniciales, los datos, las herramientas a las que acceden y los límites de lo que pueden o no pueden hacer.

“En principio, el proyecto del Gobierno para cambiar las Ley de Sociedades simplifica y abarata la creación de nuevos negocios”, resumió el tributarista Sebastián Domínguez. “Pone al estatuto como instrumento primario y a la ley después. Incorpora firma digital en lugar de escribanos para su conformación, el domicilio electrónico y no hay más objetos únicos para la inscripción de las sociedades. Y crea las sociedades automatizadas, algo muy disruptivo. Hay que ver cómo termina formalizando todo porque hay cuestiones éticas también en el medio”, dijo.

El tema es mucho menos teórico de lo que se piensa, afirma Fredy Vivas, CEO de RockingData y autor de “Generación IA“, quien puso como ejemplo el caso de Andon Labs, una empresa que ya probó en Estados Unidos desde radios online autónomas hasta kioscos con vending machines completamente automatizados. “En pocos meses escalaron esos modelos agénticos, que ya generan dinero. Al principio no anduvieron bien, algo que puede pasar con una persona que se pone al frente de un negocio. Después sí funcionaron. Hubo errores, pero se resolvieron y los agentes terminaron encontrando proveedores solos y solucionando temas de la gestión del negocio. Claro que hay que mirar cuestiones como los valores que representarán esas empresas autónomas y es verdad que asoman muchos riesgos”, destacó.

Ahora vendrá el debate legislativo local y seguramente habrá cambios en el proyecto. No pocos integrantes del ecosistema IA local aseguran que Thiel está al tanto de la propuesta oficial, en medio de reuniones que no paran en su mansión de Barrio Parque, tanto con integrantes de la administración Milei como con opositores.

La cuestión quedó expuesta y hubo debate global. La idea puede cambiar la forma en que se organiza la economía global, o al menos, la forma en que el país decide hacerlo.

La diferencia, según el historiador más leído del momento, está en los detalles del diseño de ese andamiaje legal, del tono local que adquiera esa IA que Milei sueña como 100% libre.

Después, si prospera, habrá que ver qué sale del experimento que habrá tenido al país como pionero. ¿Se hablará dentro de 5 siglos de lo que pasó en Argentina con la inteligencia artificial y el comienzo de las empresas sin humanos? ¿Será Ámsterdam y Batavia?