ECONOMIA
Registro de palomas, carnet de mochilero y otras normas que el Gobierno considera obsoletas: las claves del proyecto de Ley Hojarasca
El Poder Ejecutivo quiere eliminar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas y aún vigentes en la Argentina, con la meta de reducir la burocracia y actualizar la normativa estatal. La iniciativa, conocida como “ley hojarasca”, surgió por impulso de Federico Sturzenegger, titular del ministerio de Desregulación, incluye la anulación de normas como la exigencia de un carnet de mochilero o el registro estatal de palomas mensajeras y obtuvo hoy media sanción de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Sturzenegger y su equipo, las leyes seleccionadas para derogación han dejado de tener sentido práctico debido al avance tecnológico, regulaciones más recientes o simplemente porque nunca efectivamente se aplicaron. Entre los fundamentos, el proyecto remarca el principio según el cual “nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe”, por lo que no corresponde autorizar explícitamente lo ya permitido. Esto alcanza a disposiciones como la que habilitaba la transmisión de televisión en color.
La “ley hojarasca” también busca eliminar comisiones estatales en desuso y reducir el financiamiento oficial a organismos y premios que, según la propuesta, ya no justifican su permanencia. Entre los excluidos se cuentan la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores, además de la suspensión de fondos para galardones como el Premio Nacional de la Calidad o incentivos culturales, y la remoción de distintos beneficios impositivos otorgados años atrás.
En muchos casos, precisa el ministerio de Desregulación, muchas de estas normas nunca tuvieron aplicación práctica porque no fueron reglamentadas o cayeron en desuso, transformándose en un entramado legal sin efecto real sobre la administración pública.
Estas son algunas de las principales leyes que busca derogar el Gobierno en la “ley hojarasca” son las siguientes:
- Ley N° 94 (1864). Inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona. El motivo de su derogación es que la pena de azotes está prohibida por la Constitución Nacional y resulta anacrónica.
- Ley N° 3.863 (1899). Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguro agrícola y sumaba el seguro agrícola a privilegios de gastos de cosecha. Quedó sin sustento tras la derogación de los artículos pertinentes del Código Civil.
- Ley N° 16.789 (1965). Obligaba a las reparticiones estatales a comprar automóviles nacionales para su uso. Se deroga por ser una traba que impide la eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Ley N° 20.400 (1973). Prohibía operaciones mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas. Fue superada por legislación posterior en la materia.
- Ley N° 20.843 (1974). Establecía el “padrinazgo presidencial” y la gratuidad de la educación para los ahijados presidenciales. Se deroga por resultar innecesaria, ya que la educación pública gratuita es un beneficio general. La norma reflejaba una costumbre originada en la presidencia de José Figueroa Alcorta.
- Ley N° 21.778 (1978). Facultaba a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos, superados por la Ley N° 17.319 y sus modificaciones.
- Ley N° 22.109 (1979). Habilitaba al Poder Ejecutivo a “disponer el aislamiento de
- enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos» y disponía reglas de vacunación. Se deroga al haberse dictado posteriormente una ley de vacunación integral.
- Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras a liquidar desde 1989, entre otros extremos. Esta norma dejó de aplicarse.
- Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los Auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por una acordada de la Corte.
- Ley N° 448 (1871). Otorgaba un premio en metálico al descubridor de minas de carbón. Se deroga por carecer de sentido en un contexto de descarbonización de la economía.
- Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Se volvió completamente obsoleta frente a los mecanismos vigentes.
- Ley N° 16.879 (1965). Concede diversas exenciones impositivas a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. Nunca se aplicó.
- Ley N° 18.569 (1970). Regularizaba el uso de la microfilmación en el Ejército. El avance tecnológico la dejó sin efecto.
- Ley N° 19.648 (1972). Declaraba de interés nacional la explotación de carbón y combustibles sólidos. Se deroga por la política de reducción del uso de carbón.
- Ley N° 20.114 (1973). Permitía a la Armada emplear microfilmación. Ya no tiene sentido práctico por el avance digital.
- Ley N° 20.577 (1973). Declaraba de interés nacional las innovaciones en transmisión televisiva, sujetas a aprobación legislativa. Se deroga por inadecuación ante los avances tecnológicos.
- Ley N° 21.895 (1978). Autorizaba las emisiones de televisión a color. Resulta innecesaria por la existencia de un marco normativo moderno en comunicaciones. Y el proyecto lo considera “regresivo y contrario a los principios constitucionales sancionar una ley que permite realizar una actividad que no perjudica a terceros”.
- Ley N° 23.756 (1989). Habilitaba el uso de microfilmación en organismos estatales. El método dejó de usarse.
- Ley N° 23.888 (1990). Encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un Censo Técnico Permanente de Infraestructura en localidades urbanas y rurales del país. El censo nunca se hizo.
- Ley N° 14.034 (1951). Imponía pensas de prisión a “argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado”. Se deroga por su carácter persecutorio y por ser contraria a los principios constitucionales.
- Ley N° 18.312 (1969). Creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa. Se elimina por limitar la libertad de prensa y expresión.
- Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” y le otorgaba beneficios impositivos. Según el proyecto tenía “motivaciones de control sobre la cultura por parte de un gobierno militar”.
- Ley N° 20.120 (1973). Regulaba reuniones en lugares cerrados, imponía avisos y autorizaciones policiales. Obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar para revisar que se cumplan las normas. Se deroga por violar libertades constitucionales.
- Ley N° 20.802 (1974). Establecía el carnet de mochilero de uso obligatorio para los que soliciten ayuda de terceros desplazarse con fines turísticos, lo que habilitaba la detención policial sin causa. Se deroga por violar el derecho a la libre circulación.
- Ley N° 20.959 (1975). Otorgaba privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Se deroga por contradecir el principio de igualdad ante la ley.
- Ley N° 20.983 (1975). Obligaba a medios de comunicación estatales a difundir temas turísticos por un mínimo diario de 60 minutos. Se deroga por desuso y por estar regulado por normas posteriores.
- Ley N° 22.875 (1983). Imponía medidas de defensa nacional de dudosa aplicabilidad. Sancionada después de la guerra de Malvinas y basada en las “hipótesis de conflicto” de entonces, se deroga “generar inseguridad jurídica”.
- Ley N° 22.964 (1983). Permitía internar a pacientes con lepra en forma compulsiva. Se deroga por estigmatizar enfermedades y por ser “de corte netamente medieval”.
- Ley N° 14.041 (1951). Permitía la formación de acopio permanente de materiales para la Marina de Guerra. Se deroga por carecer de operatividad y ser una potestad administrativa.
- Ley N° 14.800 (1959). Obligaba a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares al inmueble demolido. El proyecto considera que la norma “reduce los incentivos a la instalación de nuevos teatros. El resultado es una pérdida de recursos para la cultura y estructuras edilicias que por años quedan abandonadas, lo cual en algunos casos finalmente requiere la intervención estatal”.
- Ley N° 17.752 (1968). Promueve la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación.
- Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción. El trámite exigía presentar balances, con cuadros
- de pérdidas y ganancias, bienes y deudas. “No tiene razón de ser en la actualidad”.
- Ley N° 19.363 (1971). Permitía sorteos entre compradores de entradas de cine, financiado con un impuesto a las entradas. Se deroga por ineficiencia y porque el costo del sorteo supera el beneficio.
- Ley N° 20.308 (1973). Creaba el Fondo Naval para Actividades Náuticas, con fondos de la Armada, lo que “implica un vehículo para el uso de recursos propios para fines propios”. Se deroga por falta de relevancia y transparencia.
- Ley N° 20.496 (1973). Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes, ya regulado por ley posterior.
- Ley N° 20.876 (1974). Declaraba de interés nacional la apicultura y “prohibía la introducción del capital extranjero en el sector”. Se deroga por haber quedado sin efecto la prohibición y por inutilidad de la ley.
- Ley N° 21.056 (1975). Obliga a empresas de transporte a exhibir material promocional de turismo. Se deroga por imponer costos injustificados al sector privado.
- Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales. Se deroga por la reducción de la oferta estatal y la falta de uso.
- Ley N° 21.159 (1975). Imponía cursos obligatorios de formación turística a empleados públicos. Se deroga por desuso y redundancia.
- Ley N° 22.426 (1981). Regulaba la transferencia de tecnología y marcas extranjeras, exigiendo aprobación estatal. Se deroga por violar la libertad de contratación y comercio.
- Ley N° 22.963 (1983). Exigía autorización oficial para el uso de mapas en etiquetas de productos y otros usos. Se deroga por ser una injerencia excesiva y generar costos innecesarios.
- Ley N° 23.419 (1986). Exigía a empresas públicas y estatales informar al Poder Ejecutivo sobre perforaciones en el subsuelo. Se deroga por resultar redundante y burocrática.
- Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario cría de conejos y crea la Comisión Nacional de Cunicultura. Se deroga por ser un organismo ineficaz y un gasto innecesario.
- Ley N° 24.057 (1992). Regulaba trámites y organismos hoy disueltos.
- Ley N° 24.127 (1992). Instituía el “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y la administración pública, financiado con recursos estatales. El proyecto considera que debe derogarse porque “el sector privado no necesita que el Estado lo premie por tener procesos eficientes. En cualquier caso, será el mercado quien lo premie, a mayor eficiencia obtendrá mayores ganancias”.
- Ley N° 24.298 (1994). Creaba el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior. Se deroga por ser declamativa y por estar cubierta la función por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ley N° 24.960 (1998). Instituía el premio “Prevención de las Adicciones” que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia. Se deroga porque los organismos de lucha contra las adicciones no requieren una ley para establecer planes u otorgar premios.
- Ley N° 25.750 (2003). Conocida como la “ley de Bienes Culturales”. Restringía la propiedad extranjera en medios de comunicación hasta el 30% de su capital accionario. Se deroga por considerarse inconstitucional y restrictiva de la inversión extranjera.
- Ley N° 26.227 (2007). Creaba el Consejo Federal de la Juventud. Se deroga por superposición de funciones y por ser innecesaria la estructura burocrática.
- Ley N° 26.688 (2011). Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. Se deroga por ser una norma meramente declamativa sin consecuencias prácticas.
- Ley N° 27.171 (2015). Obligaba a la Federación Colombófila Argentina a “constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo”. En suma, obligaba a registrar palomas mensajeras. Se deroga por innecesaria intervención estatal en actividades asociativas privadas.
- Ley N° 20.984 (1975) y Ley N° 24.807 (1997). Creaban organismos para integrantes del sector público financiados con fondos nacionales. Se derogan para eliminar estructuras innecesarias y liberar recursos.
- Ley N° 11.380 (1926). Autorizaba al Banco de la Nación Argentina a ampliar plazos de préstamos a Sociedades Cooperativas, en base en una ley derogada hace 50 años. Se deroga por falta de utilidad y sustento normativo.
- Ley N° 12.307 (1936). Establecía premios a la pintura y literatura, a otorgar por institutos que ya no existen. La competencia corresponde hoy a la Secretaría de Cultura y al Fondo Nacional de las Artes.
- Ley N° 13.521 (1949). Exceptuaba del pago de impuestos a gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, que dejó de existir en 1994, por lo que la gestión carece de objeto.
- Ley N° 14.578 (1958). Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, a financiar con recursos de un artículo derogado. Actualmente es un fondo sin recursos.
- Ley N° 17.584 (1967). Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que dejó de existir hace años.
- Ley N° 20.085 (1973). Instituía el “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas” en Cabo San Antonio. El proyecto nunca superó la etapa de prefactibilidad.
- Ley N° 20.299 (1973). Establecía un régimen de seguros estatales para el comercio exportador ante riesgos no cubiertos por aseguradoras privadas, en un esquema de alta intervención estatal, ya abandonado.
- Ley N° 20.327 (1973). Creaba el organismo Ediciones Culturales Argentinas dependiente de Cultura, que dejó de publicar y cuya función es cubierta por el sector editorial privado.
- Ley N° 20.543 (1973). Otorgaba créditos y beneficios a arrendatarios y aparceros que adquieran predios, beneficios que hace tiempo que o están disponibles.
- Ley N° 20.956 (1975). Encomendaba a Agua y Energía Eléctrica estudios para aprovechar energía mareomotriz en el litoral marítimo. El proyecto nunca avanzó y la empresa ya no existe.
- Ley N° 23.671 (1989). Creaba un Comité de Análisis y Seguimiento para recursos crediticios del tratado con España. Sus funciones corresponden hoy a la Secretaría de Hacienda y el Comité ya no está activo.
- Ley N° 24.731 (1996). Establecía que el Ministerio de Economía debía publicar un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
- Decreto Ley N° 12.795/44. Regulaba la inscripción y exclusión en el Registro de Comerciantes en Granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, organismos que ya no existen y cuyas inhabilitaciones no se aplican.
- Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina – “Circulo de Legisladores”-. “Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, señaló el proyecto.
- Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.
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ECONOMIA
Por menor venta, gigante de los electrodomésticos frenará producción y habrá 1.000 empleos afectados
La merma que sigue mostrando la comercialización de electrodomésticos en la Argentina complica la actividad de las compañías del rubro, que atraviesan una instancia de «sobrestockeo» y serias dificultades para mantener en funcionamiento sus respectivas estructuras productivas. En ese contexto, Tierra del Fuego aparece como uno de los distritos más afectados por este complejo presente comercial y una muestra del impacto negativo que acumulan las electrónicas puede observarse, por ejemplo, en la quiebra informada por Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedder, y los cambios en el empleo aplicados por Solnik, la firma que fabrica celulares y tecnología del hogar para Xiaomi y LG, entre otras marcas. A esos nombres recientemente se les añadió BGH, que negocia frenar su actividad por un lapso en el próximo mes de julio y eso se hará sentir en la labor de al menos 1.000 trabajadores.
La medida en cuestión se negocia por estos días en Río Grande, a través de reuniones que representantes de la compañía vienen llevando a cabo con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La intención del gremio es que el parate sea acotado y, en paralelo, BGH siga cubriendo la totalidad de los salarios de sus empleados.
BGH detendrá producción en julio
Fuentes ligadas a esas negociaciones afirman que el freno que discuten la empresa y la UOM local inicialmente totalizaría unos 10 días. Y que la medida en cuestión comenzaría a aplicarse a partir de la tercera semana de julio. Al mismo tiempo, el acuerdo que busca alcanzar el gremio apunta a garantizar la continuidad de todos los empleos que genera BGH al menos hasta diciembre de este año.
Los alcances de la medida que tendría vigencia en julio fueron anticipados por Oscar Martínez, secretario general de la UOM en Río Grande, quien señaló que «no habrá pérdida de salario y se está trabajando para asegurar también la estabilidad laboral en los próximos meses».
El dirigente declaró que el sindicato «rechazó alternativas como el banco de horas y las vacaciones anticipadas dentro de esas negociaciones, remarcando que cualquier acuerdo debe garantizar derechos y condiciones laborales vigentes».
Con relación al freno que impondrá BGH durante la segunda parte del mes próximo, Martínez declaró a medios fueguinos que «tiene que ver con una combinación de situaciones. En este caso particular, tienen un bache por ausencia de insumos o de producción. Atento a que hay una caída más que considerable del consumo y esto está atravesando a toda la industria nacional y en particular a la Tierra de Fuego».
Desde la UOM local advierten que el segundo semestre podría presentar un escenario más complejo para la electrónica en Tierra del Fuego, con caída de la producción, una menor demanda y probables afectaciones en el empleo.
«La apertura de importaciones, la caída del consumo y el bajo poder adquisitivo generan un contexto difícil. En Tierra del Fuego esto se siente con mayor intensidad», concluyó el dirigente.
Tierra del Fuego, golpeada por el menor consumo y las importaciones
La difícil situación que atraviesa la producción de electrónica en Tierra del Fuego viene acercando números por demás preocupantes en términos de actividad industrial y empleo.
La provincia más austral de la Argentina registra una pérdida del 20% de los puestos de trabajo sólo en lo que va del año y la producción de electrónica se redujo casi 55% interanual respecto del primer tramo de 2025.
Según datos de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA), la ocupación en el ámbito fabril de ese distrito cayó 20,7% en la parte inicial de 2026 respecto de igual lapso pero del año pasado.
«Si se compara con diciembre pasado, cuando había 8.861 operarios, la pérdida supera el 21%. La industria electrónica, que concentra la mayor parte del empleo, es la más afectada: pasó de 7.317 puestos a 5.473 en apenas dos meses«, indicó la organización.
«Entre enero y febrero, la fabricación electrónica se contrajo un 54,8% interanual. La tendencia también se replica en otros rubros, como el textil, que retrocedió un 56,1%, y la confección, con una caída del 74,7% en unidades producidas», añadió.
Otra muestra de la merma que evidencia la producción de electrónica en ese territorio está en el consumo energético, que registra una baja interanual cercana al 27% y una demanda por parte de la industria que se ubica entre las más bajas desde 2015 a la fecha.
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ECONOMIA
YPF dejará de fabricar un insumo clave para productos de limpieza y preocupa a una gran empresa de consumo masivo
REUTERS/Matías Baglietto/File Photo
Una carta enviada por YPF a sus clientes esta semana abrió un proceso de negociaciones entre la petrolera y algunas de las principales empresas de consumo masivo del país. En la comunicación, la compañía informó que discontinuará una actividad que desarrolla en el Complejo Industrial La Plata con la que se abastece a fabricantes de detergentes, limpiadores y otros productos de uso cotidiano.
Según informó la empresa, dejará de producir y comercializar en el mercado local LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP a partir de agosto de 2026. Además, comunicó que recibirá órdenes de compra hasta el 15 de julio, sujetas a disponibilidad de stock.
El LAB es una materia prima petroquímica utilizada para fabricar surfactantes, compuestos que permiten remover grasa y suciedad. A partir de ese producto se obtiene el LAS, uno de los ingredientes más utilizados por la industria global para elaborar detergentes para ropa, lavavajillas y limpiadores domésticos.
Fuentes del sector señalaron que YPF es de los pocos productores locales de estos insumos. Por ese motivo, la decisión obligará a las empresas que los utilizan en sus procesos productivos a buscar alternativas de abastecimiento.
Ante la consulta de Infobae, la petrolera confirmó la decisión y explicó que forma parte de una revisión integral de su portafolio de negocios. “En el marco de la revisión integral de su portafolio, YPF tomó la decisión de iniciar un proceso de salida ordenada del negocio de producción de LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP en el Complejo Industrial La Plata”, señalaron desde la compañía.
La empresa indicó que la medida responde a una combinación de factores, entre ellos las condiciones actuales del mercado, la escala de operación y la priorización de estándares de eficiencia y seguridad en sus activos industriales.
Desde YPF también remarcaron que el proceso se desarrolla junto a clientes y proveedores para minimizar cualquier impacto sobre la producción. “Lo importante es que se está haciendo en coordinación con los clientes para evitar que haya faltante de producto y que ellos puedan abastecerse con otro proveedor”, explicaron a este medio.
La compañía agregó que trabaja en “un esquema de transición responsable que permita garantizar el abastecimiento durante un período razonable, manteniendo un diálogo activo con sus clientes y proveedores, y explorando alternativas que contribuyan a dar continuidad a la cadena de valor”.
Entre las empresas alcanzadas por la medida figura Unilever, uno de los principales compradores de estos productos en el país. Fuentes de la compañía confirmaron a este medio que recibieron la notificación el lunes y que buscan mantener conversaciones con YPF para coordinar los próximos pasos.
“Nos enteramos el lunes por carta. Estamos intentando tener una conversación con ellos para que garanticen que no habrá ninguna disrupción. Queremos diagramar un esquema de transición, más que nada porque YPF adelantó la decisión”, señalaron desde la empresa.
La preocupación también pasa por los plazos. Según explicaron desde la compañía, el esquema que manejaban contemplaba otro horizonte para el abastecimiento. “Se suponía que el abastecimiento iba a cubrir todo 2026, pero se adelantó”, agregaron.
Las mismas fuentes señalaron que todavía analizan cuáles serán las alternativas disponibles para reemplazar esos insumos cuando YPF abandone definitivamente esta actividad. “Hay que ver cuáles son las opciones para reemplazar esos insumos”, indicaron.
La situación tiene relevancia para las operaciones regionales de la empresa. Según explicaron desde Unilever, los detergentes que fabrica en la Argentina se comercializan en el mercado local y también se exportan a distintos países de América Latina.
La decisión fue comunicada formalmente a través de una carta firmada por Damián Moreira da Costa, gerente comercial de Química de YPF. En ese documento, la compañía informó que discontinuará la comercialización de LAB, LAS, PEX-AE y PEX-AP en el mercado local a principios de agosto de 2026 debido a que dejará de producir esos productos en sus instalaciones.
La comunicación también indicó que YPF recibirá órdenes de compra hasta el 15 de julio inclusive. La aceptación de esas órdenes quedará sujeta a la disponibilidad de stock de cada producto y a los volúmenes habituales de compra de los clientes durante los últimos meses.
Además del LAB y el LAS, la decisión alcanza a otros productos químicos elaborados en el Complejo Industrial La Plata. El PEX-AE se utiliza principalmente en aceites aislantes para cables eléctricos de alta tensión.
El PEX-AP, por su parte, es una fracción pesada derivada del proceso de producción del LAB. Según la descripción de YPF Química, se emplea en lubricantes industriales, fluidos para mecanizado de metales, aceites refrigerantes, aditivos anticorrosivos y emulsificantes para agroquímicos.
La decisión de abandonar este negocio se tomó durante junio. Según trascendió en el sector, la ecuación económica dejó de hacer rentable la actividad en las condiciones actuales del mercado.
ECONOMIA
Precio más alto del dólar que prevén 15 consultoras para las que no alcanza con la «lluvia verde»
El precio del dólar comenzó a recalentarse nuevamente en junio: en lo que va del mes sube cerca de un 2,7%. Ante este escenario, cobran relevancia las proyecciones de los analistas del mercado, que vuelven a colocar a la divisa en el centro de la escena.
A pesar del récord en el ingreso de dólares por exportaciones y de las compras de reservas por parte del Banco Central, economistas de bancos y consultoras advierten sobre la existencia de riesgos latentes que podrían generar un salto en la cotización.
Esta postura se traduce en un grupo de 15 analistas nacionales y del exterior que se muestran más pesimistas sobre la situación argentina. Este consenso considera que el tipo de cambio puede comenzar a escalar en la segunda mitad del año, una vez que finalice la liquidación de la cosecha gruesa del campo.
En cifras, proyectan que el precio del dólar mayorista puede llegar a fin de año hasta un máximo de $1.996, lo que representaría un incremento del 38% desde los valores actuales. Esta escalada sería impulsada hacia el cierre del segundo semestre como consecuencia de un menor ingreso de divisas y de mayores tensiones políticas y económicas, con la mirada ya puesta en el año 2027, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales.
Por lo pronto, las presiones al modelo del Gobierno surgen por distintas señales que no se terminan de despejar, tales como los elevados vencimientos de deuda en dólares, una inflación mensual que sigue ubicándose por arriba del 2%, una actividad económica que no repunta y la persistencia de restricciones cambiarias que continúan generando incertidumbre entre los inversores.
De hecho, el propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, indicó recientemente: «No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares». La postura del BCRA es que la entidad se encuentra plenamente enfocada en el sector externo.
Esto último se sustenta en que las proyecciones para 2026 anticipan exportaciones por u$s94.400 millones, lo que implicaría un crecimiento del 8,4% interanual y la superación del récord histórico en dólares corrientes registrado en 2022 (u$s88.446 millones), según estimaciones de ABECEB. Este boom exportador del agro, la energía y la minería, sumado a la compra de alrededor de u$s10.300 millones por parte del Banco Central en lo que va del año para acrecentar las reservas, genera cierta tranquilidad en el mercado cambiario, donde la cotización del billete estadounidense desciende un acumulado del 1% en 2026.
Muestra de ello es que en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex se negocia actualmente un tipo de cambio mayorista a fin de diciembre de $1.634, apenas un 13% más que la cotización presente del billete mayorista, que se ubica en $1.446. Sin embargo, algunos analistas ponen reparos respecto a ciertas circunstancias negativas que pueden empezar a presionar la plaza cambiaria.
El precio más alto esperado por economistas para el dólar mayorista para fin de año.
Precio de dólar mayorista: las proyecciones más altas de la City para diciembre
Para varios economistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior consultados en el informe internacional FocusEconomics, el precio del dólar experimentará un salto hacia el cierre del año.
Entre los expertos que proyectan la cotización más alta para el tipo de cambio mayorista para el próximo diciembre se destacan:
- MAPFRE Economics: $1.996
- Empiria Consultores: $1.952
- Fitch Ratings: $1.892
- LCG: $1.859
- Econviews: $1.850
- Invecq Consulting: $1.850
Entre las señales que despiertan cierta alarma se ubican:
- Las tensiones políticas por la interna dentro del Gobierno y los casos denunciados por corrupción, que ponen bajo la lupa el discurso de campaña de La Libertad Avanza
- La disputa electoral que se abre para el 2027
- Los datos económicos vinculados a una actividad que no repunta en la mayoría de los sectores
- Una mayor demanda de dólares por parte de los minoristas, que en abril pasado alcanzó los u$s1.500 millones
El informe de FocusEconomics que enciende alertas por la menor liquidación del agro
«En el Informe de Política Monetaria, el BCRA aclaró que la demanda de dólares de las familias y la demanda de cobertura vía bonos dólar linked volvió a crecer en abril, aun cuando las expectativas de depreciación medidas por los futuros se mantuvieron acotadas y la alternativa de carry rentable», detalla un informe de la consultora LCG.
Al respecto, advierten: «Con la oferta actual de liquidaciones del agro, el ritmo de compras de las familias podría cubrirse sin tensiones cambiarias como hasta ahora, pero no deja de imponer un piso alto para los meses en los que la estacionalidad de las liquidaciones se modere«.
Es decir, si el ritmo de compra de dólares de los ahorristas minoristas y las importaciones se mantienen en estos niveles, la presión se sentirá con fuerza en la segunda parte del año, cuando disminuyan los ingresos por exportaciones del campo tras pasar la cosecha gruesa.
«En algún momento, el precio del dólar se va a reacomodar. Creo que la coyuntura actual de exceso de oferta y demanda tranquila es excepcional y el Gobierno la está aprovechando, pero no sé si vamos a tener este flujo de dólares todo el año», alerta Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, quien prevé un tipo de cambio de $1.725 para diciembre.
A este análisis se suma Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, quien pronostica $1.710 para fines de 2026 y opina: «El tipo de cambio se aceleraría, sobre todo, durante el segundo semestre. Tal vez un poco antes. Por el momento viene bastante tranquilo el mercado, pero estimamos que podría haber algún ritmo un poco más fuerte de suba, aunque en forma controlada».
En este panorama coincide Fausto Spotorno, economista de OJF & Asociados, la consultora de Orlando Ferreres, que espera un valor de $1.701 para diciembre: «En el segundo semestre el flujo de dólares se reduce un poco y, por eso, no hay necesidad de pensar en una mayor apreciación del tipo de cambio. Aunque, hacia fin de año, por el tema electoral, puede tener algún movimiento más especulativo», concluye ante iProfesional.
A todo esto se agrega que el precio del dólar se está atrasando frente al avance de la inflación, por lo que también se aleja cada vez más del techo de la banda de flotación establecido por el Banco Central, zona en la que la entidad no interviene en el mercado y que se actualiza de manera mensual sobre la base de la inflación registrada dos meses atrás. Hoy, el límite máximo en que puede moverse el dólar mayorista sin la intervención del BCRA es de $1.773, una banda que queda un 23% por encima del valor actual de mercado.
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Luis Caputo volvió a criticar a Kicillof con un exabrupto
Por menor venta, gigante de los electrodomésticos frenará producción y habrá 1.000 empleos afectados
Se pelean por él: Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez y Atlético Madrid la rechazó
Bill Gates faces House investigators over Jeffrey Epstein ties
La Argentina reiteró su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y ratificó que buscará frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion
Desde Neuquén, Myriam Bregman pidió “organizar la bronca para terminar con Milei y su legado”
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Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos
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