ECONOMIA
RIGI, RIMI y súper RIGI: la nueva estrategia para atraer inversiones
En menos de dos años, el gobierno de Javier Milei sancionó tres regímenes de incentivo a la inversión que cubren casi todo el universo empresario: desde la pyme que busca renovar maquinaria hasta el gigante tecnológico que evalúa instalar un centro de semiconductores en el país. Cada esquema tiene su escala, su lógica y sus beneficios.
Con RIGI, RIMI y el proyecto de Súper RIGI, la Argentina buscó construir un sistema escalonado de estímulos para distintos tamaños de inversores: grandes proyectos desde USD 200 millones, medianas inversiones pyme desde USD 150.000 y nuevas industrias con umbral de USD 1.000 millones. El diseño combinó alivios fiscales, reglas de adhesión y, en el caso del RIGI, estabilidad normativa por 30 años.
La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada: retenciones a las exportaciones, restricciones cambiarias que impedían girar utilidades o acceder a divisas, presión tributaria elevada e inestabilidad normativa que volvió rutinario el cambio de reglas en mitad del partido.
La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada
Mientras otros países captaron inversiones de escala en energía, minería, tecnología e infraestructura, Argentina ofreció un marco que desincentivó el compromiso de capital de largo plazo por la inestabilidad normativa, el intervencionismo estatal y el deterioro de la confianza contractual.
Ese fue el punto de partida del esquema de incentivos que el gobierno nacional construyó desde 2024.
Los tres regímenes no compitieron entre sí: se complementaron. Cada uno apuntó a un segmento del universo inversor y conformó un sistema escalonado por escala y tipo de actividad, desde la pyme que renueva equipos hasta el inversor global que evalúa radicar una industria que hoy no existe en el país.
Grandes proyectos en sectores estratégicos
El RIGI, vigente desde julio de 2024, quedó destinado a proyectos con inversión mínima de USD 200 millones en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Ofreció un paquete de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años.
El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años
El puntapié inicial fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, la Ley de Bases, sancionada en julio de 2024 y reglamentada por el Decreto 749/2024. Se diseñó para proyectos de envergadura en ocho sectores taxativos.
El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años. El régimen exigió que cada proyecto se estructurara en una sociedad separada, creada exclusivamente para ese fin y sin posibilidad de mezclarla con otros negocios del inversor: el Vehículo de Proyecto Único (VPU).
Los VPU debieron comprometer al menos el 20% de la inversión total en pagos a proveedores locales. El plazo para solicitar la adhesión vencía en julio de 2026, pero se prorrogó por un año. El inversor debía presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en un plazo de 90 días hábiles.
En materia tributaria, los VPU tributaron Ganancias a una alícuota fija del 25%, 10 puntos por debajo del régimen general. Además, accedieron a amortización acelerada de activos: en el RIGI, los bienes muebles se amortizaron en un mínimo de dos cuotas anuales y las obras de infraestructura se amortizaron con vida útil reducida al 60 por ciento.
El régimen también permitió deducir quebrantos sin límite temporal, a diferencia del régimen general, que habilitó el traslado por cinco años. En proyectos con fases de construcción y puesta en marcha prolongadas, ese límite operó como un problema porque las pérdidas podían acumularse más allá del plazo.
En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción
Durante los primeros cinco años desde la adhesión, los VPU dedujeron intereses sin límite porque el RIGI suspendió las restricciones del régimen general. Los dividendos tributaron 7% durante los primeros siete años y 3,5% a partir del año siete.
En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción. En el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, el 100% de lo abonado fue computable como crédito del Impuesto a las Ganancias.
En el plano aduanero, las importaciones quedaron exentas de derechos para los bienes que se incorporaran como activos del proyecto. Las exportaciones quedaron libres de retenciones a partir del tercer año de adhesión. En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), esa exención rigió desde el segundo año.
En materia cambiaria, los cobros de exportación tuvieron libre disponibilidad progresiva: 20% al segundo año, 40% al tercero y 100% al cuarto desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Para los Peelp -proyectos con al menos USD 1.000 millones por etapa y al menos 70% de producción destinada a exportación- el esquema se aceleró: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la puesta en marcha, además de exención de retenciones desde el segundo año.
Los aportes de capital y financiamientos quedaron sin obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios desde el primer día, por lo que los fondos pudieron mantenerse en la moneda y el lugar que el inversor eligiera.
El régimen ofreció tres garantías centrales:
- La estabilidad normativa: las reglas tributarias, aduaneras y cambiarias vigentes al momento de la adhesión no pudieron modificarse en perjuicio del proyecto durante 30 años.
- Los incentivos se reconocieron como un derecho adquirido asimilable al de propiedad.
- La resolución de conflictos: si surgía una disputa, el VPU podía recurrir a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Ciadi.
Para que un proyecto localizado en una provincia accediera a estos beneficios, la jurisdicción correspondiente debió adherir expresamente al régimen; a la fecha lo hicieron 19 provincias.
El esquema se amplió en febrero de 2026 con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Quedó en pleno funcionamiento en mayo de 2026, cuando la Resolución Conjunta 5849/2026 de ARCA y las Secretarías de Agricultura y Energía estableció los procedimientos de acceso y operación.
El RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas
A diferencia del RIGI, limitado a ocho sectores, el RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no exigió constituir un VPU: cada firma accedió bajo su forma jurídica habitual, sin crear una sociedad separada.
Los montos mínimos de inversión escalaron por tamaño: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas Tramo 1 y USD 9 millones para medianas Tramo 2. Ciertas inversiones agropecuarias (riego, mallas antigranizo, semovientes) y bienes de alta eficiencia energética no requirieron monto mínimo.
El plazo para invertir fue de dos años desde la entrada en vigencia. Los beneficios fueron más acotados que los del RIGI y no incluyeron estabilidad normativa por 30 años, régimen cambiario especial ni arbitraje internacional.
En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada: los bienes muebles nuevos (excepto automóviles) se amortizaron en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas, y las obras productivas se amortizaron con vida útil reducida al 60%. Para sistemas y equipos de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, la amortización se aplicó en una sola cuota.
En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada
En IVA, permitió la devolución anticipada del crédito fiscal: el impuesto pagado en las inversiones pudo solicitarse como devolución una vez transcurridos tres meses desde su cómputo, sin esperar la finalización u operatividad de la obra.
El último régimen fue el más ambicioso. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el “Súper RIGI”, que obtuvo dictamen de Diputados el 17 de junio.
El Súper RIGI se planteó como autónomo y complementario del RIGI. Quedó destinado a inversiones en “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica que hoy no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto.
El umbral de inversión fue de USD 1.000 millones por proyecto, con el compromiso de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. El plazo para solicitar la adhesión fue de cinco años desde la reglamentación, prorrogable por un año. El inversor debió presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en 90 días hábiles.
En incentivos, el Súper RIGI profundizó lo ofrecido por el RIGI. La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general. Los dividendos pagaron 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto.
La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general
Los derechos de exportación quedaron exentos desde el primer día, sin el período de espera de tres años del RIGI. En seguridad social, creó una alícuota única del 10% de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, un esquema que el RIGI no estableció porque remitió al régimen general de la Ley 27.541.
La libre disponibilidad cambiaria de los cobros de exportación siguió el esquema acelerado que en el RIGI solo aplicó a los Peelp: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la fecha de la primera exportación.
El texto incluyó quebrantos sin límite temporal, actualizables por IPC, y transferibles a terceros a los cinco años si no se absorbieron. También contempló Certificados de Crédito Fiscal para el IVA de inversiones en activos computables.
Se garantizó estabilidad normativa por 30 años y se extendió a la seguridad social. Las jurisdicciones provinciales que adhirieran asumieron compromisos fiscales, como que la alícuota de Ingresos Brutos no superara el 0,50%, la supresión del Impuesto de Sellos y la renuncia a regalías y cánones.
Casi dos años después de su sanción, el RIGI acumuló 41 proyectos presentados en energía, petróleo y gas, minería, siderurgia e infraestructura, con inversiones comprometidas por USD 140.929 millones, que implicarían la generación de aproximadamente 195.000 empleos.
De ese total, 16 fueron aprobados, por USD 29.892 millones y con 54.495 empleos proyectados, mientras que otros 25 permanecieron en evaluación con solicitudes que sumaron USD 111.037 millones adicionales.
La distribución territorial de los proyectos aprobados mostró concentración donde existieron recursos estratégicos, infraestructura disponible y adhesión provincial:
- Río Negro apareció como uno de los principales polos, impulsado por proyectos vinculados a Vaca Muerta, transporte de hidrocarburos y gas natural licuado.
- San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, con iniciativas mineras asociadas al cobre, el oro, la plata y el litio.
- Mendoza, con proyectos mineros y de energía renovable.
- Buenos Aires, con inversiones en siderurgia y energía eólica.
- Santa Fe, con infraestructura portuaria.
- La Pampa, alcanzada por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.
Aunque la provincia no adhirió formalmente al RIGI, el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno fue aprobado por tratarse de una obra de infraestructura energética interjurisdiccional destinada a ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.
Esa excepción no invalidó el punto central: las provincias que adhirieron al régimen ofrecieron un marco adicional de previsibilidad y acompañamiento local, mientras que las que permanecieron al margen resignaron una herramienta de competencia para atraer inversiones de gran escala.
En ese sentido, La Pampa no quedó excluida por falta de potencial, sino por una decisión política. La provincia integró corredores energéticos estratégicos, tuvo ubicación territorial relevante y pudo captar inversiones asociadas a infraestructura, energía, logística y agregado de valor.
Pero mientras otras jurisdicciones buscaron posicionarse frente al nuevo mapa de inversiones, La Pampa mantuvo una postura defensiva frente al RIGI y corrió el riesgo de quedar como territorio de paso antes que como destino de radicación productiva.
El autor es economista y recién nombrado Vocero Presidencia; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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Con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la cabeza, el Gobierno prepara un paquete de proyectos orientados a desregular distintas áreas clave y se enviará al Congreso esta semana, antes del receso de invierno. Entre las iniciativas se encuentra una propuesta para modificar el mercado inmobiliario, con el objetivo de que el corretaje deje de considerarse una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial. Esta medida apunta a reducir los costos de construcción y a facilitar el acceso a la vivienda.
El envío del paquete de proyectos de desregulación, diseñado por Sturzenegger, se producirá en las próximas horas. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, alcanza no solo al sector inmobiliario, sino también al mercado de capitales local y al cabotaje, entre otros, y se anunciará en la conferencia de prensa de mañana del flamante vocero presidencial, Adrian Ravier. A su vez, la próxima semana, el oficialismo planea ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto Inocencia Fiscal II, que introduce cambios a la normativa vigente tras el diálogo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y contadores sobre los puntos críticos de la ley actual.
El texto de la iniciativa inmobiliaria contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028. Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.
Los actores que participaron en la redacción sostienen que el proyecto busca que el corretaje inmobiliario deje de encuadrarse como profesión liberal y pase a tener el carácter de servicio de intermediación comercial. Ya que aseguran que sindicatos, cámaras y asociaciones inmobiliarias establecieron barreras académicas y territoriales, como la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, que restringieron el acceso a la actividad, fijaron precios y limitaron la competencia.
Meses atrás, durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, realizado en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), Sturzenegger defendió la reforma y calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. El funcionario afirmó: “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”. Explicó que la iniciativa apunta a reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda.
El carácter federal de la desregulación generó preocupación entre los martilleros. El 4 de junio, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, para buscar respaldo político frente al avance del proyecto. El encuentro representó una de las últimas apariciones públicas del líder del Frente Renovador (FR) y reflejó la inquietud del sector frente a la posibilidad de perder el esquema de colegiación y los beneficios asociados.
Una fuente con acceso a la redacción del proyecto precisó que todas las leyes provinciales que definieron al corretaje como profesión liberal surgieron a partir del año 2003, diez días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Por lo que los colegios inmobiliarios consolidaron su posición a partir de esas normas. Antes de ese momento ya existían asociaciones y sindicatos, pero el monopolio de las matrículas y la colegiatura obligatoria se instauró entonces. Algunas fuentes describen a esos colegios como “unidades básicas peronistas”.
En paralelo, el oficialismo se dispone a enviar el proyecto de Inocencia Fiscal II al Congreso la próxima semana. Caputo explicó en conferencia de prensa que la nueva versión responde a sugerencias de un grupo de contadores sobre los motivos por los cuales la ley vigente no tuvo el impacto esperado. “Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo.
Al mismo tiempo, el titular de la cartera económica remarcó que el objetivo es movilizar el ahorro informal. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes. Es una masa crítica muy importante porque los números oficiales que maneja el Banco Central es que hay USD 170.000 millones abajo de los colchones”, puntualizó.
El paquete de reformas, elaborado por el equipo de Sturzenegger, apunta a remover obstáculos regulatorios históricos en el sector inmobiliario y en los instrumentos fiscales. Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que el envío de los proyectos se concretará en los próximos días, en busca de acelerar el debate en el Congreso antes del receso de invierno.
La iniciativa tiene impacto directo en la estructura vigente de los colegios profesionales, el esquema de honorarios y el acceso a la actividad en todo el país. Sus impulsores sostienen que las barreras regulatorias y la intervención de los colegios limitaron la competencia y establecieron precios en el mercado inmobiliario. El Ejecutivo nacional plantea que la desregulación permitirá mayor dinamismo y transparencia en las operaciones.
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Enterate qué entidades, públicas y privadas, pagan más por tus ahorros en pesos tras la última actualización del Banco Central.
14/07/2026 – 00:08hs
En un escenario económico donde la inflación obliga a los ahorristas a buscar alternativas para que sus pesos no pierdan poder adquisitivo, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas por los argentinos. Tras la desregulación dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que eliminó los rendimientos mínimos obligatorios, cada entidad financiera define de forma independiente su propia estrategia para atraer depósitos.
A través del relevamiento oficial que actualiza diariamente la autoridad monetaria presidida por Santiago Bausili, se puede observar una marcada dispersión entre las propuestas del mercado. La competencia actual genera un abanico de opciones que obliga a los usuarios a comparar detalladamente las pizarras digitales antes de colocar su capital a resguardo por un mes entero.
Para quienes buscan maximizar sus ganancias mensuales sin incurrir en trámites complejos, la alternativa de operar de manera online (home banking) incluso en bancos donde no se es cliente habitual se convirtió en una vía rápida de acceso a mejores beneficios. A continuación, el detalle actualizado de los rendimientos disponibles para este lunes 13 de julio.
Tasa de interés de plazo fijo: qué banco paga más hoy
Dentro del grupo de las diez entidades con mayor volumen de depósitos en el país, el panorama muestra rendimientos anuales que oscilan principalmente entre el 16% y el 19,5%. En este segmento de los principales bancos comerciales, tanto públicos como privados, las opciones se configuran de la siguiente manera:
Banco Provincia: 19,5%
Banco Macro: 19,5%
Banco Nación: 19%
Banco BBVA: 18,25%
Banco Galicia: 17,5%
Banco Credicoop: 17,5%
Banco ICBC: 17,2%
Banco Ciudad: 17%
Banco Santander: 16%
Banco Patagonia: 16%
En esta franja, el Banco Provincia y el Banco Macro encabezan la lista de rendimientos, seguidos de cerca por la propuesta del Banco Nación. Por el contrario, entidades de gran envergadura como el Santander y el Patagonia se ubican en el escalón más bajo de las colocaciones tradicionales para los clientes.
Rendimientos más altos en canales online para no clientes
Para aquellos pequeños inversores dispuestos a colocar su dinero a través de plataformas digitales o canales no tradicionales de forma virtual, el abanico se expande con rendimientos que superan la barrera del 20% anual. Estas operaciones se efectúan de forma directa mediante la web de las entidades seleccionadas, sin costos adicionales de mantenimiento de cuenta ni burocracia de por medio.
Las mejores alternativas vigentes en el mercado secundario y de entidades complementarias muestran tasas que llegan a rozar el 23%. En el podio de este grupo aparecen alternativas digitales y financieras de crédito:
Crédito Regional Compañía Financiera: 23%
Reba: 23%
Banco Meridian: 22,25%
Banco BICA S.A.: 22%
Banco CMF S.A.: 22%
Banco Voii S.A.: 22%
Banco Columbia: 22%
Banco del Sol: 21%
Banco Mariva: 21%
Bibank S.A.: 21%
Banco de Córdoba: 20,75%
Banco Dino S.A.: 20%
Otras entidades más tradicionales dentro de esta misma modalidad para no clientes, como el Banco de Comercio, el Banco del Chubut, el Banco de Formosa, el Banco Hipotecario o el Banco Comafi, sostienen ofertas alineadas con el promedio general, variando entre el 17% y el 19% anual. La brecha de hasta siete puntos entre la tasa más baja y la más alta de todo el sistema financiero refuerza la importancia de analizar la tabla del BCRA de forma constante antes de convalidar cualquier renovación o apertura de depósitos en pesos.
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ECONOMIA
Jornada financiera: el petróleo saltó 10%, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país no pudo perforar los 400 puntos
Las bolsas globales negociaron nuevamente este lunes pendientes de la escalada bélica en torno al estratégico estrecho de Ormuz, con tendencia bajista para los índices, una marcada aversión al riesgo inversor y la notoria disparada de 10% en los precios del petróleo como trasfondo. El crudo Brent superó los USD 80 el barril y recuperó su nivel de precios más alto en un mes mes.
Las acciones argentinas sesionaron con mayoría de pérdidas este lunes, pues solo hubo avances de los títulos ligados a la energía, dado el salto del petróleo. En Wall Street se sucedieron las bajas accionarias, donde el panel tecnológico Nasdaq resignó un 1,6 por ciento.
Los precios del petróleo se dispararon con mucha fuerza después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos “tomaría el control” del estrecho de Ormuz.
Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte, el referente internacional, subieron un 9,8% y cotizaron a USD 83,43 por barril en los contratos para septiembre. El crudo WTI de referencia estadounidense, aumentó un 9,4% y se ubicó en los USD 78,13 para agosto.
“El panorama geopolítico y financiero de este lunes ha estado marcado por una intensa volatilidad derivada de la crisis en el Estrecho de Ormuz, donde Irán ha declarado un bloqueo al tránsito marítimo tras nuevos enfrentamientos militares con Estados Unidos. En respuesta, el presidente Donald Trump ha reafirmado que el estrecho permanecerá abierto bajo control estadounidense, autoproclamando a Estados Unidos como el ‘guardián’ de la zona y exigiendo un reembolso del 20% sobre la carga transportada por la seguridad brindada”, describió Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.
“Esta situación, sumada al bloqueo temporal de las exportaciones de helio por parte de China y la caída de las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos, ha inyectado una fuerte prima de riesgo en los mercados energéticos”, agregó Laura Torres.
“Los principales índices operaron con marcados retrocesos, arrastrados por una caída en el sector tecnológico, importado de los mercados asiáticos y el recrudecimiento del shock energético tras anunciar el presidente Donald Trump la reinstauración formal del bloqueo naval sobre los tanqueros iraníes”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
Por otro lado, tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales, los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un mínimo 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió dos enteros para la Argentina, en los 405 puntos básicos.
“En la plaza local, las cotizaciones absorbieron el clima de cautela internacional, los inversores operaron con prudencia, procesando el impacto contable del pago de USD 2.500 millones en cupones soberanos efectuado por el Tesoro la semana pasada, con las mesas plenamente enfocadas en los datos de inflación que publicarán mañana Argentina y Estados Unidos”, continuó Damián Vlassich.
El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el precio más bajo desde el 30 de junio.
“El mercado se mantuvo equilibrado, oscilando entre $1.485 y $1.487. El mínimo intradiario de $1.485 actuó como soporte hasta pasadas las 14:30, desde donde la cotización rebotaba nuevamente hacia $1.487. Sin embargo, en los últimos minutos la oferta terminó imponiéndose, quebró ese piso y llevó al dólar mayorista a cerrar en $1.482″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.
El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de 15 pesos o 1,1%, a $1.525 pesos.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.
En el mercado de dólar futuro predominaron los precios con leve baja en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto operado que no destacó, equivalente a cerca de USD 800 millones en el día. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de mes, restó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.493 pesos.
En futuros, el interés abierto total creció este lunes en USD 109,1 millones, a USD 3.988,1 millones, “muy por encima de los USD 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses -último dato oficial-“, recordó Portfolio Personal Inversiones.
”Si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a USD 960 millones”, acotó.
El BCRA encadenó 125 días operativos con saldo positivo por su intervención en el mercado mayorista: este lunes la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.
De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas internacionales brutas cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.
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