ECONOMIA
RIGI, RIMI y súper RIGI: la nueva estrategia para atraer inversiones
En menos de dos años, el gobierno de Javier Milei sancionó tres regímenes de incentivo a la inversión que cubren casi todo el universo empresario: desde la pyme que busca renovar maquinaria hasta el gigante tecnológico que evalúa instalar un centro de semiconductores en el país. Cada esquema tiene su escala, su lógica y sus beneficios.
Con RIGI, RIMI y el proyecto de Súper RIGI, la Argentina buscó construir un sistema escalonado de estímulos para distintos tamaños de inversores: grandes proyectos desde USD 200 millones, medianas inversiones pyme desde USD 150.000 y nuevas industrias con umbral de USD 1.000 millones. El diseño combinó alivios fiscales, reglas de adhesión y, en el caso del RIGI, estabilidad normativa por 30 años.
La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada: retenciones a las exportaciones, restricciones cambiarias que impedían girar utilidades o acceder a divisas, presión tributaria elevada e inestabilidad normativa que volvió rutinario el cambio de reglas en mitad del partido.
La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada
Mientras otros países captaron inversiones de escala en energía, minería, tecnología e infraestructura, Argentina ofreció un marco que desincentivó el compromiso de capital de largo plazo por la inestabilidad normativa, el intervencionismo estatal y el deterioro de la confianza contractual.
Ese fue el punto de partida del esquema de incentivos que el gobierno nacional construyó desde 2024.
Los tres regímenes no compitieron entre sí: se complementaron. Cada uno apuntó a un segmento del universo inversor y conformó un sistema escalonado por escala y tipo de actividad, desde la pyme que renueva equipos hasta el inversor global que evalúa radicar una industria que hoy no existe en el país.
Grandes proyectos en sectores estratégicos
El RIGI, vigente desde julio de 2024, quedó destinado a proyectos con inversión mínima de USD 200 millones en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Ofreció un paquete de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años.
El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años
El puntapié inicial fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, la Ley de Bases, sancionada en julio de 2024 y reglamentada por el Decreto 749/2024. Se diseñó para proyectos de envergadura en ocho sectores taxativos.
El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años. El régimen exigió que cada proyecto se estructurara en una sociedad separada, creada exclusivamente para ese fin y sin posibilidad de mezclarla con otros negocios del inversor: el Vehículo de Proyecto Único (VPU).
Los VPU debieron comprometer al menos el 20% de la inversión total en pagos a proveedores locales. El plazo para solicitar la adhesión vencía en julio de 2026, pero se prorrogó por un año. El inversor debía presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en un plazo de 90 días hábiles.
En materia tributaria, los VPU tributaron Ganancias a una alícuota fija del 25%, 10 puntos por debajo del régimen general. Además, accedieron a amortización acelerada de activos: en el RIGI, los bienes muebles se amortizaron en un mínimo de dos cuotas anuales y las obras de infraestructura se amortizaron con vida útil reducida al 60 por ciento.
El régimen también permitió deducir quebrantos sin límite temporal, a diferencia del régimen general, que habilitó el traslado por cinco años. En proyectos con fases de construcción y puesta en marcha prolongadas, ese límite operó como un problema porque las pérdidas podían acumularse más allá del plazo.
En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción
Durante los primeros cinco años desde la adhesión, los VPU dedujeron intereses sin límite porque el RIGI suspendió las restricciones del régimen general. Los dividendos tributaron 7% durante los primeros siete años y 3,5% a partir del año siete.
En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción. En el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, el 100% de lo abonado fue computable como crédito del Impuesto a las Ganancias.
En el plano aduanero, las importaciones quedaron exentas de derechos para los bienes que se incorporaran como activos del proyecto. Las exportaciones quedaron libres de retenciones a partir del tercer año de adhesión. En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), esa exención rigió desde el segundo año.
En materia cambiaria, los cobros de exportación tuvieron libre disponibilidad progresiva: 20% al segundo año, 40% al tercero y 100% al cuarto desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Para los Peelp -proyectos con al menos USD 1.000 millones por etapa y al menos 70% de producción destinada a exportación- el esquema se aceleró: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la puesta en marcha, además de exención de retenciones desde el segundo año.
Los aportes de capital y financiamientos quedaron sin obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios desde el primer día, por lo que los fondos pudieron mantenerse en la moneda y el lugar que el inversor eligiera.
El régimen ofreció tres garantías centrales:
- La estabilidad normativa: las reglas tributarias, aduaneras y cambiarias vigentes al momento de la adhesión no pudieron modificarse en perjuicio del proyecto durante 30 años.
- Los incentivos se reconocieron como un derecho adquirido asimilable al de propiedad.
- La resolución de conflictos: si surgía una disputa, el VPU podía recurrir a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Ciadi.
Para que un proyecto localizado en una provincia accediera a estos beneficios, la jurisdicción correspondiente debió adherir expresamente al régimen; a la fecha lo hicieron 19 provincias.
El esquema se amplió en febrero de 2026 con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Quedó en pleno funcionamiento en mayo de 2026, cuando la Resolución Conjunta 5849/2026 de ARCA y las Secretarías de Agricultura y Energía estableció los procedimientos de acceso y operación.
El RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas
A diferencia del RIGI, limitado a ocho sectores, el RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no exigió constituir un VPU: cada firma accedió bajo su forma jurídica habitual, sin crear una sociedad separada.
Los montos mínimos de inversión escalaron por tamaño: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas Tramo 1 y USD 9 millones para medianas Tramo 2. Ciertas inversiones agropecuarias (riego, mallas antigranizo, semovientes) y bienes de alta eficiencia energética no requirieron monto mínimo.
El plazo para invertir fue de dos años desde la entrada en vigencia. Los beneficios fueron más acotados que los del RIGI y no incluyeron estabilidad normativa por 30 años, régimen cambiario especial ni arbitraje internacional.
En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada: los bienes muebles nuevos (excepto automóviles) se amortizaron en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas, y las obras productivas se amortizaron con vida útil reducida al 60%. Para sistemas y equipos de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, la amortización se aplicó en una sola cuota.
En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada
En IVA, permitió la devolución anticipada del crédito fiscal: el impuesto pagado en las inversiones pudo solicitarse como devolución una vez transcurridos tres meses desde su cómputo, sin esperar la finalización u operatividad de la obra.
El último régimen fue el más ambicioso. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el “Súper RIGI”, que obtuvo dictamen de Diputados el 17 de junio.
El Súper RIGI se planteó como autónomo y complementario del RIGI. Quedó destinado a inversiones en “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica que hoy no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto.
El umbral de inversión fue de USD 1.000 millones por proyecto, con el compromiso de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. El plazo para solicitar la adhesión fue de cinco años desde la reglamentación, prorrogable por un año. El inversor debió presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en 90 días hábiles.
En incentivos, el Súper RIGI profundizó lo ofrecido por el RIGI. La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general. Los dividendos pagaron 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto.
La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general
Los derechos de exportación quedaron exentos desde el primer día, sin el período de espera de tres años del RIGI. En seguridad social, creó una alícuota única del 10% de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, un esquema que el RIGI no estableció porque remitió al régimen general de la Ley 27.541.
La libre disponibilidad cambiaria de los cobros de exportación siguió el esquema acelerado que en el RIGI solo aplicó a los Peelp: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la fecha de la primera exportación.
El texto incluyó quebrantos sin límite temporal, actualizables por IPC, y transferibles a terceros a los cinco años si no se absorbieron. También contempló Certificados de Crédito Fiscal para el IVA de inversiones en activos computables.
Se garantizó estabilidad normativa por 30 años y se extendió a la seguridad social. Las jurisdicciones provinciales que adhirieran asumieron compromisos fiscales, como que la alícuota de Ingresos Brutos no superara el 0,50%, la supresión del Impuesto de Sellos y la renuncia a regalías y cánones.
Casi dos años después de su sanción, el RIGI acumuló 41 proyectos presentados en energía, petróleo y gas, minería, siderurgia e infraestructura, con inversiones comprometidas por USD 140.929 millones, que implicarían la generación de aproximadamente 195.000 empleos.
De ese total, 16 fueron aprobados, por USD 29.892 millones y con 54.495 empleos proyectados, mientras que otros 25 permanecieron en evaluación con solicitudes que sumaron USD 111.037 millones adicionales.
La distribución territorial de los proyectos aprobados mostró concentración donde existieron recursos estratégicos, infraestructura disponible y adhesión provincial:
- Río Negro apareció como uno de los principales polos, impulsado por proyectos vinculados a Vaca Muerta, transporte de hidrocarburos y gas natural licuado.
- San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, con iniciativas mineras asociadas al cobre, el oro, la plata y el litio.
- Mendoza, con proyectos mineros y de energía renovable.
- Buenos Aires, con inversiones en siderurgia y energía eólica.
- Santa Fe, con infraestructura portuaria.
- La Pampa, alcanzada por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.
Aunque la provincia no adhirió formalmente al RIGI, el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno fue aprobado por tratarse de una obra de infraestructura energética interjurisdiccional destinada a ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.
Esa excepción no invalidó el punto central: las provincias que adhirieron al régimen ofrecieron un marco adicional de previsibilidad y acompañamiento local, mientras que las que permanecieron al margen resignaron una herramienta de competencia para atraer inversiones de gran escala.
En ese sentido, La Pampa no quedó excluida por falta de potencial, sino por una decisión política. La provincia integró corredores energéticos estratégicos, tuvo ubicación territorial relevante y pudo captar inversiones asociadas a infraestructura, energía, logística y agregado de valor.
Pero mientras otras jurisdicciones buscaron posicionarse frente al nuevo mapa de inversiones, La Pampa mantuvo una postura defensiva frente al RIGI y corrió el riesgo de quedar como territorio de paso antes que como destino de radicación productiva.
El autor es economista y recién nombrado Vocero Presidencia; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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ECONOMIA
Cepo más flexible: las empresas aceleraron el giro de dividendos y utilidades al exterior en el primer semestre
La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.
Según se desprende del balance cambiario divulgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las empresas giraron al exterior un total de USD 1.015 millones al exterior solo en junio. Se trató de una cifra récord que no se registraba desde el 2010 y en lo que va del año la cifra supera los 2.600 millones de dólares.
Los sectores que lideraron en junio ese giro de utilidades y dividendos a sus casas matrices fueron Energía (por un total de USD 165 millones), alimentos, bebidas y tabaco (USD 135 millones), minería (USD 125 millones) y entidades financieras” (USD 112 millones).
En buena medida los dólares se obtienen directamente en el mercado cambiario oficial. Eso significa que para el giro de utilidades las empresas no tienen que acudir a otros mecanismos como la compraventa de bonos argentinos para acceder al contado con liquidación.
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Esa mayor demanda de dólares es lo que en buena medida estaría explicando la suba del tipo de cambio oficial de junio, cuando subió más de 5%, pasando de $ 1.430 a 1.500 pesos. En julio la suba fue casi imperceptible, finalizando 1.520 pesos.
El año pasado las empresas habían quedado habilitadas acceder al mercado oficial de cambios para girar dividendos a accionistas no residentes, pero únicamente respecto de utilidades correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025.
Para los dividendos correspondientes a ganancias de ejercicios anteriores que no quedaron liberados automáticamente, el Gobierno mantuvo mecanismos específicos, como la posibilidad de utilizar bonos BOPREAL para canalizar esas obligaciones.
Esta modificación fue considerada uno de los cambios más relevantes del relajamiento del cepo porque resolvió una de las principales preocupaciones de las empresas multinacionales que operaban en Argentina: la imposibilidad de repatriar utilidades generadas bajo el nuevo régimen.
Otro de los datos destacados del balance cambiario es que la compra de dólares por parte del público llegó a poco más de USD 2.000 millones en junio. De ese monto, USD 800 millones quedaron depositados en los bancos, es decir alrededor del 40% del total.
Los compradores fueron 1,5 millones de personas, una cifra que se mantiene relativamente estable en lo que va del año. Y el acumulado del primer semestre arroja USD 13.500 millones adquiridos para atesoramiento. Esta cifra no impidió, sin embargo, que el Central compre alrededor de USD 11.300 millones ese primer semestre, cifra que aumentó en cerca de USD 2.000 millones adicionales en julio.
Desde la consultora LCG destacaron que la cuenta corriente cambiaria arrojó superávit en junio de USD 857 millones y lo hizo por tercer mes consecutivo. “Aun cuando en la segunda mitad del año la estacionalidad (cada vez menor) de las exportaciones podría volver más modesto el resultado de la cuenta corriente, esperamos que el año cierre con un superávit menor, en torno a 0,1% del PBI”, explicaron. “La posibilidad de las empresas de remitir utilidades y dividendos y el rojo por servicios (básicamente turismo) seguirán siendo los factores que pongan un límite a la mejora”, sumaron los analistas.
Una de las principales incógnitas para los próximos meses es a qué ritmo podrá comprar dólares el Central, pero se estima que será un volumen sustancialmente menor. Ayer, en el arranque del mes fueron solo USD 18 millones, mientras que las reservas brutas llegaron a 49.376 millones de dólares.
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ECONOMIA
Tras 19 subas mensuales consecutivas, la mora dejó de crecer en junio: cómo siguen los problemas de deuda de los argentinos
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ECONOMIA
Jornada financiera: cayó con fuerza el riesgo país, las acciones argentinas operaron dispares y subió el dólar
Las grandes empresas tecnológicas impulsaron las acciones estadounidenses al comenzar agosto, para dar inicio a una semana intensa de presentación de resultados trimestrales, a la vez que la caída de 5% en la cotización del petróleo contribuyó a incentivar la confianza de los inversores.
Con ese escenario, las acciones argentinas negociaron con movimiento mixto, mientras que los bonos soberanos se afirmaron y el riesgo país volvió a quedar cerca de los 400 puntos básicos.
Las bolsas internacionales retomaron la tendencia alcista, ante una desescalada de los precios del petróleo, frente a un avance de las negociaciones de paz para normalizar el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz. Al cierre, los indicadores de las bolsas de Nueva York progresaron hasta 2,1%, con los valores tecnológicos a la cabeza de las mejoras. El Dow Jones de Industriales aumentó un 1,3%, para cerrar en un máximo histórico 53.178 puntos.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registraron cifras dispares. Destacó el ascenso de más de 10% en los títulos de Satellogic.
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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,6% en promedio, junto con un descenso de 22 unidades para el riesgo país de JP Morgan, en los 411 puntos básicos para la Argentina a las 17 horas.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,5% en pesos, en los 3.274.443 puntos, influido por la baja de cotización de los títulos ligados a la energía.
Los precios del crudo perdieron unos cinco dólares por barril este lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera un nuevo ataque contra Irán mientras busca un acuerdo rápido que frene las ambiciones nucleares de Teherán y reabra el Estrecho de Ormuz.
Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte descontaron 4,8%, a USD 83,74 por barril para entregar en octubre, tras recuperar parte del declive registrado desde el mínimo de tres semanas alcanzado más temprano en la sesión. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restó un 5,2%, a USD 80,23 en los contratos para septiembre.
Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, enfatizó que “Amazon supera el hito de los USD 3 billones” de valuación bursátil, pues “trepó casi un 5% en la rueda regular, tocando máximos históricos de USD 287 y sumándose al selecto club de las valuaciones de tres billones de dólares. La inercia positiva responde al balance del segundo trimestre de 2026, donde su división AWS creció un 36,7% interanual -su ritmo más rápido en 18 trimestres-, lo que motivó revisiones alcistas generalizadas de precio objetivo por parte de Wall Street. En paralelo, Microsoft sumó un 5,3% y Meta Platforms avanzó un 6,6%”.
“En el ámbito local, la semana comenzó con un clima favorable para la renta fija soberana en dólares, cuya firmeza permitió una compresión del riesgo país hacia mínimos de casi tres semanas. En renta variable, la jornada estuvo marcada por la implementación del split 10:1 en las acciones de YPF para mejorar su accesibilidad nominal, mientras los ADR mostraron una tónica dispar liderada por los rebotes del sector bancario», resumió Vlassich.
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“En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que aplazará nuevos ataques militares contra Irán argumentando que Teherán y otros países de la región le comunicaron avances en un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a su programa nuclear. No obstante, la respuesta iraní fue contundente, funcionarios militares declararon a Mehr News que estas afirmaciones son una ‘mentira completa’ y un ‘intento desesperado de manipular el mercado’, destacó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.
“Irán negó categóricamente haber solicitado la suspensión de los ataques o haber aceptado un pacto nuclear, asegurando que la pausa militar fue una decisión unilateral de Trump bajo falsas premisas”, añadió Torres.
Subió el dólar
Con un volumen operado en el segmento de contado USD 513 millones, el dólar mayorista finalizó con ganancia de diez pesos o 0,7%, a 1.495 pesos.
“Hacia el tramo final del MULC la demanda volvió a intensificarse, permitiendo que el tipo de cambio extendiera la suba y finalizara la rueda en el máximo de la jornada”, comentó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.
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En 2026 el tipo de cambio oficial anota un incremento de solo 40 pesos o 2,7%, frente a una inflación que habría superado el 18% en el período. El dólar anotó un récord nominal de cierre en los $1.498 el 28 de julio último.
El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.848,23, rango que deja al dólar mayorista a $353,23 o 23,6% de ese umbral.
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Con el inicio del mes y la presión mayorista, el dólar al público también exhibió una ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta según la referencia del Banco Nación. En tanto, el dólar blue cayó cinco pesos, a 1.555 pesos.
A diferencia del mayorista, todos los contratos de dólar futuro estuvieron negociados con bajas leves en un rango de 0,2% al 0,5%, con un monto equivalente a poco más de USD 1.000 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, con vencimiento a fin de agosto, cedió tres pesos o 0,2%, a 1.512 pesos.
El Banco Central compró USD 18 millones en el mercado, apenas el 3,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaron en los USD 49.376 millones, el monto más alto desde el 7 de julio.
“El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma integral la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de blindar la posibilidad de que retome el financiamiento al Tesoro Nacional por parte de la autoridad monetaria. El objetivo es fortalecer el programa de estabilización, dejándolo menos expuesto a cambios políticos futuros”, señaló Invecq Consultora Económica.
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“El proyecto está alineado con el estándar de bancos centrales de la región y del BCE, y apunta a “preservar el valor de la moneda” como mandato único, es decir, fortalecer el peso argentino», agregó el informe de Invecq.
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