La industria de fondos comunes de inversión registra suscripciones netas por encima de $15,9 billones en lo que va del año y un patrimonio que supera los $102 billones de activos bajo administración. En junio, los fondos de renta fija de corto plazo y las estrategias en dólares concentraron los principales ingresos.

En el mercado local, el último dato de inflación mostró una desaceleración de 2,1% para mayo, mientras el índice de riesgo país perforó los 430 puntos y la deuda soberana recibió una mejora crediticia de Fitch y S&P. En ese contexto, la industria de Fondos Comunes de Inversión muestra un crecimiento del orden del 33% en 2026.

Incluso al medirlo en dólares, registra récords: el patrimonio administrado (AUM) se ubica en USD 67.500 millones, con una suba acumulada en el año del 23%, ayudada por una caída del 2% en el período bajo análisis.

Al centrarnos en los flujos, junio se posiciona como un mes positivo, aunque levemente por debajo de mayo. En concreto, suma unos $560.000 millones y, a diferencia de los últimos meses, la liquidez inmediata (T+0) no lidera el movimiento.

Dentro del segmento en pesos, los Money Market pierden más de $800.000 millones, mientras los fondos de renta fija a corto plazo son los preferidos entre los inversores. No solo explican la mayor parte de las suscripciones netas, sino que también compensan en parte las salidas de los primeros, con más de $385.000 millones de ingresos netos. Uno de los argumentos a su favor es la búsqueda de tasa.

La cobertura CER también se mantiene entre las más elegidas, con ingresos cercanos a los $200.000 millones. En la primera quincena del mes, los flujos se aceleraron al registrar un promedio diario de $20.700 millones; tras el dato de desaceleración de la inflación de 2,1% para mayo, el movimiento se revirtió y los rescates sumaron más de $30.000 millones dentro del segmento.

En el universo en dólares, los flujos siguen siendo positivos. Se destacan las opciones de Renta Fija Hard Dollar, con alrededor de USD 230 millones, o el equivalente a unos $350.000 millones medido en CCL, en lo que va del mes.

Ese movimiento se apoya en la mejora en la calificación de la deuda soberana argentina, con Fitch y S&P alineadas en B-. Más atrás aparecen los fondos short duration, o de corto plazo, en dólares, con USD 130 millones, equivalentes a unos $195.000 millones.

Si nos enfocamos en los rendimientos, los fondos Dólar Linked, o aquellos que ofrecen cobertura ante movimientos del tipo de cambio, se posicionan en primer lugar con subas promedio del 2,7%. En el año, sin embargo, son los de peor rendimiento, con solo 3,4%, en línea con la sensibilidad de estas opciones frente a las expectativas sobre los movimientos en el mercado cambiario.

En el resto de las categorías, los Discrecionales ganan 1,4% en el mes actual y acumulan 14,2% en el año, mientras que los CER avanzan 1,2% en el mes y 22,1% en 2026. En menor medida, las estrategias de corto plazo y Renta Fija T+0 suben cada una 1% y avanzan 15,9% y 14,6% en el año.

Sin movimientos en la tasa de política monetaria, los Money Market se mantienen con rendimientos promedio de entre 1,3% y 1,5%, según el mes. Entre las opciones de Renta Variable, luego de un quinto mes del año con subas superiores al 10%, en junio consiguen 4% y en el año 8%, en promedio.

En los fondos en dólares, la mejora de la calificación también influyó en su comportamiento.

Si bien los fondos de retorno total se consagran como los mejores del mes, con 1,3%, las estrategias soberanas dentro de los fondos de renta fija ya consiguen ganancias superiores al 2,5 por ciento.

El resto de las opciones se mantiene con retornos de entre 0,1% en Latam y 0,5% en Short Duration.

La autora es Team Leader de fondos en PPI

Si el quantum del tope se actualiza con los mismos criterios que los jueces ya aplicaron a los haberes ordinarios, menos jubilados quedarán alcanzados por el descuento del 15%. El mecanismo existe. El argumento para activarlo, también.

En febrero destaqué en esta misma columna cómo el haber máximo jubilatorio pasó de representar el 82% de la remuneración máxima imponible, en 1995, al 61% en la actualidad. Esa pérdida de proporcionalidad no es un dato técnico menor: describe un sistema que exige aportes sobre el salario máximo, pero devuelve prestaciones desconectadas de esa misma base.

Desde entonces, el argumento para corregir ese valor encontró sustento jurisprudencial concreto, aunque todavía incompleto. El objetivo de este artículo es explicar cuál es el mecanismo de corrección, por qué elevaría el tope y qué consecuencia práctica tendría.

Para entender la corrección hay que entender primero el daño.

La Ley 27.541, sancionada en diciembre de 2019, suspendió la fórmula de movilidad previsional vigente y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar los aumentos por decreto. Durante 2020, los incrementos otorgados quedaron por debajo de la inflación. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en el fallo Martínez (08/06/2021), determinó que esos aumentos resultaron insuficientes y ordenó un ajuste compensatorio adicional del 42,13% para diciembre de ese año.

Luego rigió la Ley 27.609, vigente desde marzo de 2021 hasta febrero de 2024. Esa norma estableció una fórmula de actualización trimestral que combinó, en partes iguales, la variación del Ripte (remuneración de los trabajadores estables) y la variación de la recaudación de Anses. En un contexto de aceleración inflacionaria sostenida, esa combinación arrojó sistemáticamente resultados inferiores al IPC. Durante 2022 la inflación acumulada fue del 94,8%; durante 2023, del 211,4%. La fórmula otorgó aumentos marcadamente menores en ambos períodos.

El propio Estado terminó reconociéndolo. El Decreto 274/2024, dictado en marzo de 2024, reemplazó esa fórmula por una actualización mensual directa por la variación del IPC de dos meses antes y admitió expresamente en sus considerandos que el mecanismo anterior resultó “insuficiente para preservar el poder adquisitivo de los beneficios previsionales”.

Cuando el Estado sustituye por decreto una fórmula por considerarla insuficiente, está reconociendo que el sistema funcionó mal durante el período anterior. No puede invocar esa falla como escudo frente a quienes reclaman sus consecuencias.

Entre 2024 y 2025, cuatro cámaras federales aplicaron esa conclusión a los haberes individuales de jubilados que impugnaron la movilidad de sus prestaciones.

La Cámara Federal de Mendoza, en Cortés (04/11/2024), cuantificó la pérdida acumulada durante la vigencia de la Ley 27.609 en el 50,3% del poder adquisitivo. La Cámara Federal de Mar del Plata, en Giménez (25/04/2025), invocó el principio de no regresividad. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, en Italiano (27/05/2025), y Sala I, en Marsili (19/08/2025), declaró inconstitucional esa fórmula para los períodos 2022 y 2023, con criterios convergentes, aunque distintos.

El mecanismo de corrección es el siguiente: en lugar de aplicar los porcentajes resultantes de la fórmula de la Ley 27.609 -inferiores a la inflación real-, se toma el valor del haber a febrero de 2022, ya corregido por el fallo Martínez, y se aplica trimestre a trimestre la variación del IPC del Indec, sin desfase. Marsili utilizó IPC puro. Italiano ponderó 50% IPC y 50% Ripte. En ambos casos, el resultado acumuló, período a período, la diferencia que la fórmula legal dejó atrás.

Esas causas fueron de reajuste de haberes individuales. El tope del artículo 9° de la Ley 24.463 no fue objeto directo de ninguno de esos fallos. Pero el tope se actualizó, durante exactamente el mismo período, con exactamente las mismas fórmulas que esos tribunales declararon inconstitucionales.

La pretensión que este artículo plantea es que un tribunal aplique esa misma corrección al quantum del artículo 9°. El resultado: cuánto debería valer el tope: El cuadro a junio de 2026, tomando como punto de partida el tope de febrero de 2020 ($103.064), es el siguiente:

La columna IPC no requiere ningún fallo: es la variación del índice oficial del Indec aplicado mes a mes al valor de partida. Las dos columnas siguientes proyectan sobre el tope los mismos criterios que Marsili e Italiano ya ordenaron para los haberes ordinarios. En el escenario más conservador, la brecha triplica el umbral del 15% que la Corte Suprema identificó como referencia de confiscatoriedad en Actis Caporale.

El artículo 9° de la Ley 24.463 no solo fija el tope máximo: también establece que los beneficios que lo superan quedan sujetos a un descuento del 15%. Durante años, la discusión judicial sobre ese descuento giró en torno a si resultaba confiscatorio en cada caso individual, bajo el estándar que la doctrina Villanustre de la Corte Suprema exigió demostrar.

La corrección del quantum produce una consecuencia más directa: con un tope correctamente actualizado -entre 3,9 y 4,7 millones de pesos según el criterio-, el universo de jubilados cuyo haber recalculado supera ese límite se reduciría de manera significativa. Y quien no supera el tope no queda sujeto al descuento. Para la mayoría de los casos, la discusión sobre confiscatoriedad individual se volvería innecesaria.

La Administración actualizó el tope con las mismas fórmulas que cuatro cámaras federales declararon inconstitucionales para los haberes ordinarios. La corrección judicial que esos tribunales aplicaron a los haberes individuales no se extendió todavía al quantum del artículo 9°, y el propio Estado reconoció la insuficiencia del mecanismo mediante decreto.

La pretensión que este artículo sostiene es que esa cadena se complete: que los mismos criterios correctivos ya aplicados a los haberes ordinarios se apliquen al quantum del artículo 9°, y que el tope alcance el valor que hubiera tenido con una actualización constitucionalmente válida.

La consecuencia sistémica es directa: con un tope correctamente recompuesto, menos beneficiarios quedarán alcanzados por el descuento del 15%. No porque el límite desaparezca, sino porque su monto dejará de ser el que nunca debió haber sido.

El autor es Abogado de la Universidad Nacional del Sur

En 1950, Detroit era una de las ciudades más ricas del planeta y el corazón de la industria automotriz mundial. Ford, General Motors y Chrysler producían allí los vehículos que simbolizaban el poder económico estadounidense. A pocos cientos de kilómetros, Pittsburgh ocupaba un lugar similar en la industria siderúrgica. Ambas ciudades parecían invencibles, pero ninguna lo era.

Durante las décadas siguientes, la globalización, la competencia doméstica e internacional y la automatización pusieron en crisis al llamado Rust Belt (“Cinturón del óxido”), el gran cinturón industrial estadounidense.

Sin embargo, aunque enfrentaron desafíos similares, los resultados fueron muy distintos. Detroit se convirtió en un símbolo de decadencia industrial. Pittsburgh, en cambio, emergió como un ejemplo de reconversión económica.

El contraste entre ambas historias contiene enseñanzas que Argentina haría bien en estudiar.

Detroit: cuando una ciudad se queda sin plan B

Detroit apostó a que la industria automotriz recuperaría el lugar que había tenido durante la posguerra. La ciudad continuó dependiendo de un único sector mientras el resto de la economía evolucionaba. Los resultados fueron contundentes: la población cayó de 1,9 millones de habitantes en 1950 a 630.000 en la actualidad. Miles de edificios fueron abandonados y, en 2013, la ciudad protagonizó la mayor quiebra municipal de la historia estadounidense. La crisis no ocurrió porque Detroit hubiera dejado de producir, sino porque dejó de generar nuevas fuentes de crecimiento.

Una imagen resume parte de esa historia. Recorrer el Henry Ford Museum permite dimensionar la magnitud que alguna vez tuvo Detroit. Los automóviles, las líneas de producción, las innovaciones tecnológicas y los objetos exhibidos recuerdan que la ciudad fue durante décadas uno de los grandes motores de la economía estadounidense y mundial.

El museo deja una impresión difícil de ignorar: admiración por la capacidad industrial que ayudó a transformar a Estados Unidos en potencia económica y, al mismo tiempo, la sensación de que parte de aquella grandeza hoy pertenece al terreno de la memoria.

El Estado de Michigan, cuya ciudad más emblemática es Detroit, ensambla aún un número enorme de vehículos y sigue siendo líder nacional en producción automotriz: 2 millones de unidades por año, el 20% del total estadounidense. Pero hace 70 años producía el doble y representaba el 50% del total nacional.

Detroit fue, en muchos sentidos, la ciudad que ayudó a construir el siglo XX norteamericano. El hecho de que esa historia se contemple hoy, sobre todo, a través de un museo también deja una lección económica: ningún liderazgo productivo es permanente.

Pittsburgh: cuando una crisis se convierte en estrategia

Pittsburgh también sufrió un golpe devastador cuando colapsó su industria siderúrgica y buena parte de la producción comenzó a desplazarse hacia otros estados (Indiana, Arkansas, Alabama, entre otros) o hacia proveedores externos. La ciudad comprendió que el acero no volvería a ocupar el lugar que había tenido y decidió construir un nuevo motor de crecimiento.

Apoyada en instituciones como Carnegie Mellon University y la Universidad de Pittsburgh, comenzó a atraer investigación, tecnología, servicios médicos avanzados y empresas innovadoras. Hoy es uno de los polos más importantes de robótica, inteligencia artificial, iencias de la vida y desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Empresas como Google, Amazon, Nvidia o Duolingo mantienen allí operaciones relevantes.

La diferencia no se percibe solo en las estadísticas. Basta ingresar a ambas ciudades para advertir que evolucionaron de manera distinta. Detroit transmite la sensación de una ciudad que continúa buscando cómo reinventarse. Pittsburgh, en cambio, exhibe la confianza de una ciudad que encontró un nuevo propósito económico, visible en el dinamismo de los barrios, la inversión privada, la renovación urbana y la presencia de estudiantes, emprendedores y nuevas empresas. Una ciudad construyó un futuro; la otra todavía intenta reconciliarse con su pasado.

La diferencia entre Detroit y Pittsburgh no fue la apertura económica, ni la globalización, ni la competencia. Ambas enfrentaron exactamente las mismas fuerzas. Lo distintivo fue que una intentó preservar indefinidamente una estructura productiva que perdía competitividad, mientras la otra construyó nuevas ventajas competitivas. Detroit intentó reparar consecuencias. Pittsburgh intentó modificar causas.

La economía argentina está entrando en una etapa de transformación profunda. Después de décadas de alta protección comercial, subsidios, controles y distorsiones macroeconómicas, el país comienza a salir de un modelo que priorizó la protección de sectores existentes por sobre la competencia, la productividad y la integración con los mercados internacionales.

La participación de la industria manufacturera en el PBI nacional se acercaba al 20% hace dos décadas. Hoy se ubica por debajo del 15% y mantiene una tendencia descendente, reflejando un proceso de largo plazo que trasciende gobiernos y ciclos económicos.

Ese esquema permitió preservar capacidades productivas y empleo en numerosas actividades, pero también redujo incentivos para invertir, innovar y ganar eficiencia.

La estabilización macroeconómica y la apertura gradual exponen inevitablemente diferencias de competitividad. Algunas ramas productivas descubrirán que pueden competir, e incluso expandirse. Otras enfrentarán mayores dificultades.

Esta transición ocurre, además, en un contexto internacional particularmente desafiante. El mundo atraviesa una nueva revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la automatización avanzada y la digitalización de procesos productivos. Como ocurrió con la electricidad, la computadora o Internet, todavía resulta difícil dimensionar por completo sus efectos. Lo que parece claro es que volverá a modificar la productividad, la organización del trabajo y la localización de muchas actividades económicas.

Para Argentina, esta revolución tecnológica representa un riesgo, pero también una oportunidad. La inteligencia artificial puede acelerar ganancias de productividad, potenciar sectores intensivos en conocimiento y mejorar la competitividad de actividades tradicionales.

Al mismo tiempo, el escenario global ya no se parece al de décadas pasadas. Las tensiones entre Estados Unidos y China, la competencia tecnológica, los conflictos geopolíticos y la búsqueda de mayor seguridad energética están modificando las reglas del comercio internacional. Cada vez pesa más la capacidad de cada país para identificar cuáles serán sus ventajas competitivas en el nuevo contexto.

La comparación con Detroit y Pittsburgh es útil, pero tiene un límite evidente. Las experiencias de reconversión más exitosas del Rust Belt ocurrieron dentro de la economía más rica del mundo. Cuando Pittsburgh reconfiguró su matriz productiva, Estados Unidos ya contaba con universidades de excelencia, mercados de capitales profundos, financiamiento privado abundante y un ecosistema propicio para movilizar grandes inversiones.

Argentina enfrenta un desafío similar desde un punto de partida más complejo. La transición ocurre en una economía que todavía intenta consolidar la estabilidad macroeconómica, acumular capital y recuperar niveles de inversión. Por eso el desafío argentino es, en cierto sentido, más exigente. No se trata solo de crear nuevas ventajas competitivas; se trata de hacerlo con menos recursos y márgenes de error más acotados.

Además, la reconversión productiva requiere tiempo. Ningún polo tecnológico, ni un complejo energético o minero, se desarrolla plenamente en un ciclo político. Por eso la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad institucional son activos tan importantes como los recursos naturales o el capital humano.

La transformación que podría experimentar Argentina no sería solo sectorial: también sería territorial. Durante gran parte del último siglo, el núcleo industrial del país se concentró alrededor del AMBA y otros polos tradicionales. Pero los sectores que aparecen como candidatos a liderar la próxima ola de crecimiento ocupan una geografía distinta:

• Neuquén emerge como el corazón energético del país de la mano de Vaca Muerta.
• Bahía Blanca busca consolidarse como nodo petroquímico y logístico-exportador.
• Rosario posee condiciones excepcionales para liderar procesos de innovación vinculados a la agroindustria, la biotecnología y la agregación de valor a los recursos naturales.
• Córdoba combina una base industrial sólida, desarrollo tecnológico y talento en ingeniería.
• La minería, por su parte, podría renovar el perfil económico de provincias como San Juan, Catamarca y Salta.

Como ocurrió en Estados Unidos, los cambios productivos podrían venir acompañados de movimientos de inversión, capital y población hacia las regiones más dinámicas. La experiencia estadounidense vuelve a ser ilustrativa. Mientras parte del Rust Belt perdía relevancia económica, miles de personas migraban hacia regiones más pujantes como Texas, Florida o Arizona. El capital siguió a las oportunidades. Y las personas siguieron al capital.

Si Argentina atraviesa un proceso similar de reasignación productiva, no debería descartarse un fenómeno comparable, aunque naturalmente a otra escala. La pregunta no será solo qué sectores crecerán más rápido, sino también qué ciudades y provincias lograrán convertirse en polos de atracción para inversiones, empresas y trabajadores.

Mientras tanto, parte del entramado manufacturero tradicional -en particular en el cordón industrial bonaerense, aunque no solo allí-podría enfrentar exigencias crecientes para competir en un entorno más abierto y estable.

El debate público suele concentrarse en cuántas fábricas cierran. La experiencia del Rust Belt sugiere que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cuántas actividades nuevas están naciendo.

Argentina necesita aumentar exportaciones, inversión y productividad. Pero también necesita generar empleo de calidad, expandir el consumo interno y crear nuevas oportunidades de progreso.

Hace 50 años, Detroit y Pittsburgh enfrentaron el mismo desafío. Una quedó atrapada en la nostalgia de su pasado industrial. La otra utilizó la crisis para reinventarse. Argentina enfrenta hoy una decisión similar.

La cuestión no es si habrá transformación productiva; es si el país será capaz de expandir nuevos motores de crecimiento, inversión y empleo antes de que los viejos pierdan relevancia.

Los autores son economista, director de VDC Consultora y Contador Público Nacional, ligado a la actividad industrial