El Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales, parte de la Facultad de Ciencias Económicas, comparó el salario mínimo del 2023 con el actual

30/05/2026 – 18:54hs

El deterioro de los ingresos y las transformaciones en la estructura del mercado de trabajo en la Argentina continúan bajo la lupa de los principales centros académicos del país. El Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presentó su último informe titulado «Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones». El documento, coordinado por los especialistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, arrojó conclusiones alarmantes respecto a la profunda erosión que ha sufrido la capacidad de compra de los trabajadores y los vaivenes en la estabilidad de los puestos de trabajo.

El indicador más crítico del relevamiento universitario se centró en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual acumuló una pérdida de capacidad adquisitiva real del 39,3% en comparación con los valores registrados en noviembre de 2023. De acuerdo con el análisis histórico de la UBA, este extenso proceso de contracción económica se inició formalmente en diciembre de 2023, mes en el que el poder de compra se achicó un 15% debido a la abrupta aceleración inflacionaria, profundizándose en enero de 2024 con un desplome adicional del 17%. Aunque la tendencia negativa se interrumpió de forma esporádica durante meses puntuales en los que los aumentos nominales empataron o superaron al índice de precios, la caída de fondo no logró revertirse.

Esta persistente tendencia decreciente ha arrastrado al salario mínimo a un escenario de gravedad histórica. Los peritos de la Facultad de Ciencias Económicas determinaron que el valor real del SMVM correspondiente a abril de 2026 se ubicó en un escalón inferior al registrado en el año 2001, justo antes del colapso del régimen de la convertibilidad. Asimismo, la cifra actual representa una erosión del 66% respecto del valor máximo de la serie histórica alcanzado en septiembre de 2011, lo que significa que el sueldo básico actual equivale a apenas un tercio de lo que representaba el poder de compra hace quince años en el país.

El mapa del empleo: leve repunte mensual pero balances en rojo

En lo que respecta al volumen de puestos de trabajo, el informe con información consolidada a febrero de 2026 determinó que la Argentina cuenta con aproximadamente 10 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, según las planillas desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este universo laboral contempla al empleo del sector privado, la administración pública y el personal de casas particulares. El dato novedoso del mes fue que, luego de encadenar nueve meses consecutivos de caídas, el empleo formal total interrumpió la racha negativa y registró una leve variación positiva de 8 mil nuevos puestos de trabajo respecto al mes anterior.

A pesar de este alivio mensual intermitente, la fotografía de mediano plazo continúa arrojando un balance contractivo para la masa de asalariados formales. El nivel de empleo registrado de febrero de 2026 reflejó una pérdida neta de 106 mil puestos laborales en la comparación interanual frente a febrero de 2025, marcando un retroceso del 1%. La brecha se vuelve aún más pronunciada al confrontar los datos actuales con los de noviembre de 2023, registrándose una destrucción de 290 mil empleos formales totales, lo que equivale a una caída del 3,0%. Evaluada a largo plazo, esta evolución ubica al stock de trabajadores registrados de la Argentina en un volumen similar al que el país ostentaba en junio de 2022.

Comportamiento por sectores y el impacto según el tamaño de empresa

Al analizar el comportamiento del sector privado de forma aislada, el informe detalló que el empleo formal corporativo se mantuvo sin cambios significativos en febrero, logrando detener una seguidilla de ocho meses consecutivos de retrocesos, aunque arrastra un déficit de 206 mil puestos menos que a finales de 2023. Las ramas de la Industria y el Comercio continuaron liderando de forma clara la pérdida de empleos en la medición que toma como punto de partida a septiembre de 2025, reflejando una dinámica de despidos y suspensiones que acompaña de manera lineal la contracción del nivel de actividad general de ambos sectores.

Por fuera de las ramas mayoritarias, los demás rubros productivos mostraron los siguientes comportamientos sectoriales:

• Minería: El sector experimentó una variación mensual positiva en la contratación de personal, logrando quebrar una racha contractiva de 19 meses consecutivos de caídas. De todas formas, las autoridades de la UBA aclararon que la comparación interanual de la actividad extractiva sigue arrojando un saldo negativo a pesar de este reciente crecimiento.
• Construcción: Tras haber mostrado signos de reactivación con variaciones positivas en diciembre de 2025 y enero de 2026, lo que parecía cortar el período de parálisis vivido durante gran parte del año anterior, la actividad constructora se estancó y no registró variaciones en sus planillas de personal durante febrero.
• Dinámica corporativa: La destrucción del empleo formal afectó de manera desigual según la estructura de las compañías. Las empresas catalogadas como chicas fueron las que redujeron personal de manera más marcada, mientras que las medianas lograron mantener sus estructuras sin variaciones y las grandes corporaciones fueron las únicas que registraron aumentos en sus nóminas.

Si bien el dato oficial saldrá dentro de algunos días, compañías privadas realizaron sus propias mediciones confirmando una nueva desaceleración del IPC

30/05/2026 – 18:00hs

El escenario macroeconómico argentino muestra señales de una renovada desaceleración en el ritmo de incremento de los precios minoristas. A la espera de que el INDEC difunda los indicadores oficiales, las principales consultoras económicas del sector privado completaron sus mediciones correspondientes al quinto mes del año. Los informes de los especialistas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor registrará una nueva baja en su tasa mensual, manteniéndose firmemente consolidada por debajo del umbral del 3% por segundo mes consecutivo.

Las proyecciones elaboradas por los equipos técnicos de la City porteña estipulan que la inflación de mayo oscilará en un rango que va desde el 2,2% hasta el 2,5%. De confirmarse este escenario en los registros estatales, la administración nacional encadenará dos períodos sucesivos de reducción inflacionaria tras haber sorteado el pico más alto del año en marzo, mes en el que el indicador general trepó al 3,4%. A pesar de la tendencia a la baja, los economistas advierten que persisten fuertes presiones en determinados rubros clave que impactan de manera directa sobre la capacidad de consumo de los hogares.

El dato más optimista del mercado provino de la Fundación Libertad y Progreso, cuyas estimaciones preliminares -efectuadas hacia la cuarta semana del mes- ubicaron la inflación general en un 2,1%. No obstante, desde la entidad explicaron que el componente de Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una aceleración respecto a los meses previos y corrió a un ritmo del 3,4% mensual, aportando unos 0,8 puntos porcentuales al nivel general del índice. En una sintonía similar se posicionaron las firmas EcoGo y C&T Asesores Económicos, cuyas planillas proyectaron un IPC del 2,2% para mayo, un número compartido por la consultora LCG, donde destacaron la menor presión ejercida por los precios regulados y los componentes estacionales.

Inflación de mayo: el análisis de los precios estacionales y la suba interanual

En el sector intermedio de los relevamientos se ubicó la consultora Equilibra, que estimó la inflación de mayo en un 2,3%, impulsada principalmente por un incremento del 3,6% en los productos estacionales. El director de la firma, Lorenzo Sigaut Gravina, precisó que si bien la suba mensual de precios reflejará un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al registro oficial de abril, la medición en términos interanuales treparía al 33,4%, ubicándose un punto por encima del dato acumulado del mes anterior.

Por su parte, la previsión más elevada del esquema privado fue registrada por la consultora Analytica, que estimó que el indicador general ascendió al 2,5% durante mayo. Los técnicos de la firma detectaron incrementos marcados en las góndolas de verdulería durante las últimas semanas, lo que provocó que el rubro alimentario promediara un 2,5% en el mes. Esta dinámica impidió que los factores estacionales jugaran un rol tan favorable para la contención de los precios como el que se había observado durante el mes de abril.

El promedio de las firmas privadas está en línea con las proyecciones del propio sistema financiero. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pronosticó una inflación promedio del 2,3% para mayo. Esta perspectiva de calma fue respaldada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que el IPC final del quinto mes será inferior al de abril y ratificó el rumbo de las variables oficiales.

Discursos oficiales y las fechas clave en el calendario

Durante su discurso de apertura en el Latin American Forum, el jefe de la cartera económica nacional se mostró optimista respecto al mediano plazo y afirmó que las expectativas de los agentes económicos locales se encuentran plenamente ancladas. El funcionario nacional señaló ante el auditorio que el mercado proyecta una inflación cercana al 20% para los próximos doce meses, descartando cualquier tipo de escenario de inestabilidad cambiaria o sobresaltos económicos en las góndolas. «No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será del 20%», enfatizó Caputo durante su exposición frente a empresarios e inversores.

La expectativa de la opinión pública se trasladará ahora a los calendarios de difusión de las agencias estadísticas oficiales, que le pondrán punto final a las estimaciones de los privados:

• Lunes 8 de junio: La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires publicará el IPC porteño, un indicador sectorial que históricamente funciona como el anticipo más preciso del índice a nivel nacional.
• Jueves 11 de junio: El INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de Cobertura Nacional correspondiente a mayo de 2026, revelando el dato oficial definitivo que marcará el ritmo de las paritarias y los contratos comerciales del país.

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) lleva casi dos años en funcionamiento y acumula decenas de proyectos presentados, aprobados y en evaluación. Mientras el Gobierno avanza con una versión ampliada del esquema —el denominado Súper RIGI, cuyo proyecto ya ingresó al Congreso—, desde la oposición peronista llegó un análisis que pone el foco en cuánto le cuesta al Estado, en términos de impuestos que deja de cobrar, el conjunto de beneficios que sostiene al régimen.

El autor del informe es Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, Michel condujo la Aduana argentina. Su trabajo toma como base los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó y concluye que el costo fiscal anual de esas inversiones asciende a USD 1.837 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.

El cálculo fue elaborado en las últimas semanas, antes de que se conociera la aprobación de tres proyectos adicionales, con lo que el total de iniciativas aprobadas asciende actualmente a 16. En la medida en que esas nuevas incorporaciones impliquen beneficios similares, el costo fiscal real podría ser algo superior al proyectado por el legislador.

El concepto de “gasto tributario” refiere a los ingresos que el Estado resigna cuando otorga exenciones, alícuotas reducidas u otros beneficios impositivos a determinados sectores o actividades. No es un gasto presupuestario en sentido estricto —el Estado no desembolsa ese dinero—, sino una renuncia a recaudación que, de no existir el beneficio, hubiera ingresado a las arcas públicas.

En el caso del RIGI, la lógica oficial detrás de esos beneficios es que, sin ellos, muchas de las inversiones directamente no se concretarían. El argumento es que proyectos de gran escala en sectores como energía o minería requieren horizontes de retorno muy largos y niveles de certeza jurídica y fiscal que justifican un tratamiento diferencial. El propio régimen incluye una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos adheridos.

Los 13 proyectos analizados por Michel suman una inversión comprometida de USD 27.210 millones y contemplan la creación de 36.873 puestos de trabajo. Entre ellos se encuentran iniciativas de peso como el proyecto de GNL de Southern Energy (USD 15.156 millones), Vaca Muerta Sur —el consorcio liderado por YPF— (USD 2.900 millones) y Rincón de Río Tinto (USD 2.744 millones), además de emprendimientos mineros como Los Azules de McEwen Copper (USD 2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (USD 764 millones). Las exportaciones proyectadas por el conjunto de esos proyectos alcanzan los USD 21.006 millones anuales.

Sobre esa base, Michel estimó un gasto tributario de USD 1.837 millones por año, equivalente a 0,27 puntos porcentuales del PBI. El número surge de sumar los distintos beneficios que el RIGI otorga a los Vehículos de Propósito Único (VPU), que son las personas jurídicas que cada proyecto debe constituir para adherirse al régimen con su propio CUIT.

Entre esos beneficios se cuentan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—. El informe aclara que, para petróleo, gas natural y oro, las retenciones ya eran cero antes del RIGI por norma general, por lo que ese beneficio particular resulta neutro en esos rubros.

Michel no se limitó a cuantificar el costo de los proyectos ya aprobados, sino que también proyectó qué ocurriría si el RIGI atrajera inversiones de similares características por un total de USD 100.000 millones —una cifra que el propio Gobierno tiene como horizonte de expectativa para el régimen. Bajo esa proyección, el gasto tributario ascendería a aproximadamente 1 punto porcentual del PBI.

El componente más significativo dentro de ese total proyectado corresponde a la eliminación de derechos de exportación, que por sí sola representaría 0,40 puntos porcentuales del PBI. Le siguen la reducción en Ganancias más el tratamiento de quebrantos (0,22 puntos), los beneficios sobre importaciones y el IVA (0,15 puntos), los Certificados de Crédito Fiscal de IVA (0,14 puntos) y el tratamiento diferencial del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (0,09 puntos).

Si sobre esa misma base de inversión se aplicaran los beneficios adicionales que contempla el Súper RIGI —actualmente en tratamiento legislativo—, el gasto tributario proyectado treparía a 1,27 puntos porcentuales del PBI, según el informe de Michel.

La diferencia principal está en dos modificaciones que el nuevo esquema introduce respecto del RIGI original. La primera es una reducción adicional de la alícuota de Ganancias: mientras el RIGI la baja del 35% al 25%, el Súper RIGI la llevaría al 15%, lo que en la proyección de Michel implica que el costo de este ítem pase de 0,22 a 0,44 puntos del PBI. La segunda es un tope del 10% para las contribuciones patronales sobre nuevos puestos de trabajo, un beneficio que el régimen original no contempla y que en la proyección agrega 0,06 puntos del PBI adicionales.

El Súper RIGI, cuyo nombre formal es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a sectores que el Gobierno define como “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales o tecnológicos que actualmente no se desarrollan en el país o que se encuentran en fases experimentales. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como ejemplos la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y data centers para inteligencia artificial. El monto mínimo de inversión para adherirse es de USD 1.000 millones por proyecto, superior al piso de entre USD 200 millones y USD 600 millones que rige en el RIGI según el sector.

El análisis de Michel presupone que, sin los beneficios del RIGI, el Estado hubiera recaudado esos impuestos. Sin embargo, el argumento oficial —y el que subyace en el diseño del régimen— es que, en ausencia de los incentivos, la mayor parte de esas inversiones directamente no se radicaria en el país, con lo cual la recaudación de referencia sería cero.

Lo que el informe del diputado sí pone en blanco sobre negro es la magnitud del esfuerzo fiscal que el Estado asume al sostener el esquema: casi USD 1.837 millones anuales para los primeros 13 proyectos aprobados, con la perspectiva de que ese número crezca a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones —y más aún si el Súper RIGI obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios.