Estados Unidos e Irán mantuvieron el jueves posiciones enfrentadas sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido de Teherán y el control del Estrecho de Ormuz, aunque Washington aseguró que detectó algunas señales de avance en las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la crisis abierta por la guerra y reduzca la tensión en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington buscará quedarse con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, material que la Casa Blanca considera destinado a un eventual uso militar, aunque Teherán sostiene que forma parte de un programa exclusivamente pacífico.

“Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

Las declaraciones del mandatario dejaron en evidencia que uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes continúa sin resolución. Fuentes iraníes citadas por Reuters señalaron que no existe un acuerdo cerrado, aunque admitieron que las diferencias entre Washington y Teherán se redujeron en las últimas conversaciones.

Según esas fuentes, el enriquecimiento de uranio y el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz siguen entre los principales obstáculos para destrabar una negociación.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció que hubo algunos avances en los contactos diplomáticos, aunque evitó mostrarse confiado. “Hay algunas buenas señales”, dijo Rubio. “No quiero ser demasiado optimista… Veamos qué ocurre en los próximos días”.

Sin embargo, Rubio advirtió que una solución diplomática resultaría inviable si Irán avanza con su intención de imponer cargos a la navegación en el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio energético mundial. “Haría inviable un acuerdo diplomático si continúan por ese camino. Es una amenaza para el mundo si intentaran hacerlo, y es completamente ilegal”, sostuvo.

Trump también rechazó de manera explícita la posibilidad de que Teherán cobre peajes por el paso de buques en esa vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural comercializado en el mundo.

“Queremos que esté abierto, queremos que sea libre. No queremos peajes”, afirmó el presidente estadounidense. “Es una vía navegable internacional”.

Dos fuentes iraníes indicaron antes de esas declaraciones que el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no salga del país, una decisión que complica las exigencias de Washington.

Trump reiteró además que está dispuesto a reanudar los ataques contra Irán, iniciados por Estados Unidos e Israel a fines de febrero, si no recibe “las respuestas correctas” de la dirigencia iraní. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que una nueva ofensiva provocará represalias que podrían extenderse más allá de Medio Oriente.

En paralelo, las negociaciones para intentar poner fin al conflicto avanzan con dificultades. A seis semanas del alto el fuego, considerado frágil por las partes, los contactos diplomáticos no lograron todavía destrabar los puntos centrales del conflicto.

Pakistán mantiene un rol activo como mediador. Fuentes vinculadas a las conversaciones señalaron que el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, podría viajar a Teherán para impulsar nuevos contactos.

“Estamos hablando con todos los distintos grupos en Irán para agilizar la comunicación y que las cosas avancen más rápido”, señaló una de las fuentes cercanas a la negociación. “La paciencia de Trump se está agotando, pero estamos trabajando en el ritmo con el que se transmiten los mensajes de cada lado”.

El ministro del Interior paquistaní, Syed Mohsin Naqvi, realizó además su segundo viaje a Teherán esta semana con un mensaje de Estados Unidos y mantuvo reuniones con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el canciller Abbas Araqchi y otras autoridades, según reportó la agencia semioficial iraní ISNA.

Teherán presentó esta semana una nueva propuesta a Washington. Según las descripciones iraníes, la oferta repite condiciones que Trump ya rechazó, entre ellas reclamos de control sobre el Estrecho de Ormuz, compensaciones por daños de guerra, levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y retiro de tropas estadounidenses.

La disputa también mantiene en alerta a los mercados energéticos. La Agencia Internacional de Energía advirtió que el conflicto provocó el peor shock energético global y señaló que el mercado podría entrar en una “zona roja” en julio y agosto por el pico de demanda estival y la falta de nueva oferta de Medio Oriente.

Aunque algunos barcos siguen cruzando el Estrecho de Ormuz, el flujo está muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Irán informó que 31 embarcaciones atravesaron el corredor en las últimas 24 horas, lejos de los entre 125 y 140 tránsitos diarios que se registraban antes del conflicto.

(Con información de REUTERS)

Las autoridades migratorias de los Estados Unidos anunciaron la detención de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta de GAESA, el mayor conglomerado económico de Cuba, durante las primeras horas del viernes en Miami. El operativo de detención quedó a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que luego justificó: «Su presencia en los Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de la nación».

El conglomerado cubano fue sancionado económica y financieramente por la administración Trump mientras avanza la presión de Washington sobre la isla.

Fue el propio ICE el que comunicó la detención de la mujer cubana, ligada estrechamente a la presidenta de GAESA. «La presencia de Adys Lastres Morera en Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de nuestra nación, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que es deportable conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad», explica el comunicado oficial de la agencia migratoria.

«Permitir que Lastres Morera permanezca en el país enviaría un mensaje de que las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso», amplía el parte oficial.

Y enfatiza: «Además, resulta incompatible con los esfuerzos actuales de EE. UU. por imponer sanciones y negar privilegios a las redes vinculadas a funcionarios cubanos que actúan en contra de los intereses estadounidenses».

La mujer había ingresado a los Estados Unidos como residente legal el 13 de enero de 2023, durante la administración de Joe Biden. Desde entonces permanecía en el país, aunque ahora las autoridades, luego de detenerla, señalan que no encotraron registros oficiales que indiquen que Lastres Morera haya solicitado la ciudadanía por naturalización o el pasaporte estadounidense.

Según la comunicación oficial, este miércoles el Departamento de Estado determinó que Lastres Morera podría ser deportada de los Estados Unidos de acuerdo a un apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En esa línea, ICE señala que «permitirle permanecer en EE. UU. y seguir beneficiándose del acceso a las instituciones financieras, educativas y sociales estadounidenses conlleva el riesgo de socavar los objetivos de la política exterior de este país hacia Cuba».

La detención llega en un pico de avance de Washington contra La Habana. Además de la denuncia impulsada por Donald Trump contra Raúl Castro por la muerte de cuatro personas por el derribo de un avión en 1996, las autoridades estadounidenses comenzaron a imponer sanciones económicas y financieras a allegados al regimen castrista y a empresas ligadas al gobierno.

Por caso, a inicios de mayo Estados Unidos colocó en una lista negra y bajo sanciones al más poderoso conglomerado de empresas en Cuba bajo control de los militares (GAESA), una corporación creada por el propio Raúl Castro, que también fue ministro de Industria, tiene bajo su control decenas de tiendas minoristas, desde alimentos y electrodomésticos hasta ropa, locales de alquiler de autos, financieras, agencias de viaje, importadoras y maneja la administración de hoteles.

Las raíces de GAESA se remontan a la década de 1980. Tras la caída de la URSS, Cuba perdió a su principal socio comercial. Las FFAA estaban en ruinas y tenían dificultades para pagar a sus tropas. Fidel permitió que los militares se hicieran cargo de sectores de la economía, como el turismo, en un intento por salvar al país. Actualmente las finanzas de la corporación son secretas y no aparecen en el presupuesto del gobierno, por lo que no está claro si el Estado recibe alguna de sus ganancias. Se ha señalado que cuenta con depósitos de hasta 16 mil millones de dólares.

Lo cierto es que GAESA hoy es más poderosa que nunca, pero la pobreza en la isla nunca ha sido peor. “El ejército ha sido el brazo más pragmático de la revolución, pero eso no significa que apoye la liberalización política”, explica Frank Mora, ex vice ministro de Defensa del gobierno de Barack Obama. “Es tanto una empresa económica como una institución militar. Por lo tanto, tienen menos incentivos para alterar el status quo, a menos que les resulte beneficioso”.

La familia Castro ha utilizado su autoridad sobre el conglomerado para mantener un control férreo sobre la economía. En 2011, poco después de asumir la presidencia, Raúl Castro puso a su yerno, el general Alberto Rodríguez López-Calleja, al frente de GAESA. Tras la muerte de ese militar fue designada una persona ajena a la familia: la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien fue sancionada por Washington este mismo mes. Ahora su hermana también lo fue, y se espera que sea deportada.

As federal authorities continue to crack down on welfare fraud, the latest Fox News survey finds voters are concerned about program abuse, but still also want to protect access for legitimate recipients. 

The survey was conducted before the Department of Justice announced charges against 15 defendants on Thursday in the ongoing Minnesota welfare fraud investigations, one of multiple inquiries into welfare abuse across the country.

A majority of registered voters, 71%, believe fraud in government welfare and social service programs is extremely or very common, and nearly half, 45%, think it has increased over the past two years. Just 19% say decreased and 35% believe it has stayed the same.

FOX NEWS POLL: 30% THINK RECENT TRUMP ASSASSINATION ATTEMPT WAS STAGED

Yet when weighing enforcement against access, voters prioritize eligible recipients: 56% say ensuring benefits for eligible people should be the higher priority, even if some fraud occurs, while 43% prioritize fraud prevention, even if some eligible people lose benefits.

 «The data demonstrates what populist candidates understand intuitively,» says Republican pollster Daron Shaw, who helps conduct the Fox News Poll with Democratic partner Chris Anderson. «Voters think corruption and incompetence are rampant in government, and stories of program fraud from Minneapolis and California reinforce this notion. And articulating this belief plays well with the public. The policy implications are trickier: do you risk restricting aid to the truly vulnerable to ensure taxpayers aren’t being ripped off?»   

Voters are split on who bears more responsibility for fraud: individuals misrepresenting eligibility or organizations and contractors misrepresenting costs (50% each). 

FOX NEWS POLL: AS ECONOMIC PAIN DEEPENS, DISAPPROVAL OF TRUMP HITS NEW HIGH

 On fraud prevention, more voters trust their state governments (60% a great deal or some confidence) than the federal government (51%). 

There is notable bipartisan consensus on the existence of welfare fraud. To varying degrees, Democrats, Republicans, and independents agree fraud is common, and it has increased in recent years.  But beyond that, partisan divisions become much sharper. 

Majorities of Democrats are more likely to blame organizations and contractors for fraud and to prioritize ensuring eligible people receive benefits. By contrast, Republicans are more likely to blame individuals who misrepresent eligibility and favor stronger fraud prevention measures. 

Independents are split on whether individuals or contractors are more responsible for fraud (50% each) but more prioritize access to benefits (57%) than fraud prevention (43%).

Confidence in state governments cuts across party lines, with majorities of Democrats (65%), independents (59%), and Republicans (56%) trusting their state to prevent fraud.

Views of the federal government are more polarized. Nearly two-thirds of Republicans (63%) express confidence in the federal government’s ability to combat fraud, compared to 42% of Democrats and 47% of independents.

Congressional Approval

Only 3 in 10 voters approve of the job Congressional Democrats (30%) and Republicans (31%) are doing. 

Approval for Congressional Democrats is up 1 point since February (29%, a record low approval). Support for Congressional Republicans has fallen 5 points (36%), and much of that comes from a 10-point drop among Republican voters themselves.

Still, more Republicans approve of their lawmakers (67%) than Democrats do theirs (58%).

«Voters’ unfavorable views of Democratic lawmakers is one of the most fascinating and important factors affecting the midterms,» says Shaw. «Negative assessments of the Republicans are expected; they hold power at a time when the public mood is sour. But to capitalize on this, the Democrats must convince voters they might actually do better.»

Redistricting

Six in 10 voters are extremely or very concerned about redistricting ahead of the 2026 midterms.

More Democrats than Republicans are concerned (71% vs. 51%) and more than twice as many Democrats say they are extremely concerned (39% D vs. 15% R). Independents are split, with 50% concerned and 49% not concerned, including 22% extremely concerned.

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The Supreme Court

Voters were also asked how they feel about increasing the number of justices on the U.S. Supreme Court and 45% favor the idea while 55% oppose it. Support is unchanged from 2022 and up from a 35% low in 2021. Overall, voters have generally opposed packing the court.

More than half of Democrats (55%) favor expanding the high court, while majorities of independents (56%) and Republicans oppose it (64%).

Conducted May 15-18, 2026, under the direction of Beacon Research (D) and Shaw & Company Research (R), this Fox News survey includes interviews with a sample of 1,002 registered voters randomly selected from a national voter file. Respondents spoke with live interviewers on landlines (109) and cellphones (635) or completed the survey online after receiving a text (258). Results based on the full sample have a margin of sampling error of ±3 percentage points. Sampling error for results among subgroups is higher. In addition to sampling error, question wording and order can influence results. Weights are generally applied to age, race, education, and area variables to ensure the demographics are representative of the registered voter population. Sources for developing weight targets include the most recent American Community Survey, Fox News Voter Analysis, and voter file data.