POLITICA
Se acelera la designación de nuevos jueces y genera tensión interna en la Corte Suprema
El Gobierno dio nuevo impulso al envión para designar jueces en los juzgados vacantes y en los próximos 20 días elevará al Senado los nombres de unos 30 nuevos postulantes para cubrir cargos clave, algunos en la justicia federal del interior del país.
Así lo dijeron a fuentes oficiales, que señalaron que se pasó de dos años sin ninguna designación a dos meses con más de 100 pliegos de candidatos mandados al Senado.
“Es como un caño tapado que se destapa”, fue la metáfora que eligieron en el Gobierno para explicar la situación.
Sin embargo, las ternas aprobadas la semana pasada, donde la Comisión de Selección eligió a postulantes para ocupar la Cámara Federal, merecieron críticas de un sector de la Corte Suprema de Justicia cercano a Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti ya planteó sus diferencias con la manera en que se están eligiendo a los jueces. Firmó con Carlos Rosenkrantz, su colega en la Corte Suprema, un nuevo reglamento de selección de magistrados que pretende evitar la discrecionalidad en los concursos.
El proyecto pretende que la nota obtenida en los exámenes de oposición sea determinante y evitar que las entrevistas personales alteren el orden de mérito y hagan subir postulantes por razones políticas.
El Consejo de la Magistratura está tratando ese reglamento. Cerca de Lorenzetti les gustaría que ese trámite sea más rápido. Y cuestionaron las ternas aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura para reemplazar a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Las ternas más votadas son las integradas por Fernando Poviña, juez federal de Tucumán; Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem); y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico, para un cargo.
Para el otro cargo, la terna integrada por Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y el mismo Pablo Bertuzzi, que concursó para su propio cargo.
Los favoritos son Yadarola y Bertuzzi para que sus pliegos sean elevados al Senado, tal vez cuando todo el mundo esté mirando el Mundial de Fútbol en menos de 50 días.
Estas ternas merecieron comentarios desfavorables cerca de Lorenzetti, que entiende que hubo quejas por la discrecionalidad con la que se armaron. Señalan que “intervinieron operadores de la política”.
El Consejo de la Magistratura y el Gobierno pusieron velocidad a las designaciones. Una manera de construir poder en el Consejo de la Magistratura es retener los pliegos, demorar los concursos y que los interesados se vean obligados a acudir a ellos.
Cuando el Poder Ejecutivo comenzó a mandar los pliegos, fueron los consejeros quienes comenzaron a apoyar a uno u otro candidato, que queda en deuda con esos gestores.
De hecho, en dos semanas habrá una nueva reunión de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y los consejeros piensan avanzar con 20 ternas más antes de que termine el mes de mayo. Y en 20 días se enviarán unos 30 pliegos más al Senado. La fábrica de jueces marcha a toda máquina.
Algunos de estos 20 nuevos pliegos elevados al Senado pertenecen a candidatos a tribunales federales del interior del país.
Todos estos movimientos ahondaron la grieta que dejó la iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti de proponer un nuevo reglamento.
Horacio Rosatti no lo firmó, pero lo acompañó en un acto público y cuando se presentó en el Consejo de la Magistratura.
Hoy esas diferencias con Rosatti se ven más grandes desde el despacho de Lorenzetti.
Allí creen que las diferencias no se reducen a los temas del reglamento, sino a otras cuestiones administrativas y en la firma de sentencias.
“Hay una nueva mayoría en la Corte”, señalan desde ese ala del Palacio de Justicia. Rosenkrantz prefiere mantenerse al margen públicamente.
Cerca de Lorenzetti rescatan que se hubiera cumplido con el fallo de la Corte Suprema al concursar el cargo de Bruglia y Bertuzzi, pero se quejan de que, de todos los jueces trasladados, solo ese concurso avanzó.
Mencionan que Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación, fue trasladado desde la Cámara Nacional y no se hizo este concurso.
“Coco” Mahiques es el padre de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.
En medio de estos cambios y esta inercia, la interna política que divide al Gobierno subió al ring a los jueces de la Corte y los acomodó, colocando a algunos del lado de Karina Milei y a otros del lado de Santiago Caputo.
Fue el propio asesor presidencial el que habló de estos alineamientos con un tuit que publicó esta semana, continuación de otro de la semana anterior; y colocó a Rosatti del lado de Karina Milei y a Lorenzetti y Rosenkrantz de su lado.
Caputo criticó a Rosatti después de que advirtiera sobre la inconstitucionalidad de la emisión indiscriminada. Dijo que lo hacía para congraciarse con Milei porque “necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”.
Caputo tiene un vínculo con Lorenzetti. Antes, Caputo ya había apuntado contra Rosatti cuando atacó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.
En los Tribunales creen que Caputo traslada su interna con la hermana del Presidente al tablero de la Corte Suprema; es decir, que apunta contra Rosatti y Robles por su supuesta relación con los Menem, aliados internos de Karina Milei.
En la Corte Suprema le restaron trascendencia a estos tuits que quisieron trasladar la interna de la Casa Rosada al Palacio de Justicia.
Los tres jueces de la Corte Suprema, con matices, ignoraron el tuit del asesor presidencial. “Lo que diga Caputo tiene cero trascendencia, entre nosotros no tiene ninguna repercusión”, dijeron cerca de uno de los magistrados.
En otro despacho de la Corte señalaron: “Mirá si nos vamos a preocupar por lo que tuitea un monotributista”, en alusión a que el asesor presidencial no tiene cargo de funcionario. “Es un tuitero más”, señalaron por otro lado.
En las oficinas de Rosenkratz eludieron todo comentario. “El juez no es comentarista de la política. Una cosa es la Corte y otra la política”, indicó un colaborador.
advirtiera sobre la inconstitucionalidad,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
avanzar en el Senado,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Senado. Se debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista
POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
Conferencia,trabajadores,delegados,reunión,internacional,TRAVAILLEURS,Mike Johnson,Jen Psaki,Todd Blanche
POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana,Ricardo Echegaray,Javier Milei,Actualidad política,Conforme a,,»Tranquilizate, querida». Así fue el cruce entre Bullrich y Di Tullio en el Senado,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Fallo en Chubut. La jueza a la que filmaron besando a un preso en la cárcel recuperó su cargo,Ricardo Echegaray,,Impunidad selectiva,,Fraude de $8000 millones. Oil Combustibles: confirman la condena de prisión contra Ricardo Echegaray,,El caso Oil Combustibles
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cierran sus campañas en un último intento para romper el empate
El FMI elogió la compra de reservas del BCRA, pero no es suficiente: las reformas que pide a Milei
El DT de Honduras, en la previa del amistoso contra Argentina: «Saldremos a intentar ganar»
AOC-backed Dem connected to Twin Towers bombing terrorist faces congressional pressure after primary win
Caputo: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”
Javier y Karina Milei evitarán escalar la interna con Patricia Bullrich tras los cruces por el pliego de una jueza
Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street y bajó el riesgo país
La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder
ECONOMIA2 días agoCaputo: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”
- POLITICA1 día ago
Javier y Karina Milei evitarán escalar la interna con Patricia Bullrich tras los cruces por el pliego de una jueza
- ECONOMIA3 días ago
Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street y bajó el riesgo país
