El aumento de la mora en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento en cuotas hizo crecer una preocupación entre miles de argentinos: saber si están «marcados» por el sistema financiero y cómo aparece su historial ante bancos y fintech.

Los últimos datos oficiales muestran además cómo se distribuye actualmente la mora dentro del sistema financiero, que en febrero llegaba al 11,2% para el segmento familias. En la cartera de consumo de entidades públicas, el 88% de los clientes permanece en situación 1, mientras que el 5% ya figura en situación 2, el 3,4% en situación 3, el 3% en situación 4 y el 0,6% en situación 5.

Ese deterioro se aceleró durante el último año. Según datos publicados por el propio BCRA, la irregularidad en los créditos a familias pasó del 3% a más del 11% en el término de un año, marcando uno de los mayores saltos de mora de las últimas décadas.

En ese contexto, una de las búsquedas que más se repite es cómo verificar si una persona figura en la llamada «lista negra» del Banco Central. Aunque técnicamente no existe una lista negra formal, el Banco Central de la República Argentina cuenta con una base de datos pública llamada Central de Deudores, donde se informa la situación crediticia de quienes tienen préstamos, tarjetas o cualquier tipo de deuda reportada por entidades financieras.

El sistema permite consultar gratuitamente si una persona está al día, si registra atrasos o si directamente aparece con una calificación negativa que podría complicarle el acceso a nuevos créditos. La consulta puede hacerse de manera online desde la web oficial del organismo.

Central de Deudores del BCRA

Para ingresar solamente se necesita el número de CUIT, CUIL o CDI y completar un código de verificación. Una vez dentro, el sistema muestra las entidades con las que la persona tiene deudas, el monto informado y la categoría asignada según su comportamiento de pago. La Central de Deudores clasifica a cada persona según el nivel de cumplimiento de pagos.

• Situación 1: normal. La persona paga sus obligaciones en tiempo y forma. No registra atrasos relevantes, de hasta 31 días.
• Situación 2: riesgo bajo. Existen atrasos menores, generalmente entre 31 y hasta 90 días.
• Situación 3: riesgo medio. La mora ya es más importante y puede complicar el acceso a nuevos créditos. Corresponde a atrasos entre los 90 y 180 días.
• Situación 4: riesgo alto. La deuda presenta incumplimientos severos. Deudas impagas desde 181 a 365 días.
• Situación 5: irrecuperable. Es la peor categoría. Indica que la entidad considera muy difícil recuperar la deuda. Deudas de más de un año.

En muchos casos, cuando se habla de «estar en la lista negra», se hace referencia justamente a aparecer en situación 3, 4 o 5.

Qué pasa si aparecés con mala calificación

Figurar con una mala situación crediticia puede tener consecuencias concretas. Los bancos suelen endurecer las condiciones para otorgar préstamos, reducir límites de tarjetas o directamente rechazar solicitudes de financiamiento. Además, muchas fintech y billeteras virtuales también utilizan estos registros para definir si aprueban créditos o pagos en cuotas.

Desde el sector financiero explican que hoy el historial crediticio funciona como una especie de «currículum económico». No solamente influye para acceder a préstamos, sino también para conseguir mejores tasas o ampliar límites de consumo. Otro punto importante es que la información no desaparece automáticamente cuando se cancela una deuda. Aunque la situación puede normalizarse tras regularizar pagos, la actualización puede demorar y el historial permanece visible durante un tiempo determinado según la normativa vigente.

Por eso, especialistas recomiendan revisar periódicamente tanto la Central de Deudores del BCRA como los informes privados de crédito para detectar errores, regularizar atrasos y evitar problemas al momento de solicitar financiamiento.

para el economista y especialista en consumo financiero Damián Di Pace, el deterioro del historial crediticio se volvió una de las principales consecuencias del aumento del endeudamiento de los hogares. «Muchas familias empezaron financiándose con tarjeta para sostener gastos cotidianos y luego terminaron refinanciando saldos a tasas muy elevadas. Eso termina impactando directamente en la calificación crediticia», explica.

En la misma línea, el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, sostiene que hoy los bancos y las fintech miran cada vez más el comportamiento de pago antes de aprobar financiamiento. «El historial en la Central de Deudores se convirtió en una especie de DNI financiero. Una mala calificación puede cerrar muchas puertas incluso para operaciones pequeñas», advierte.

Desde el sector fintech también observan un seguimiento más estricto del riesgo. Fuentes del mercado explican que, además de la información del BCRA, muchas plataformas analizan ingresos, movimientos de cuentas y comportamiento de consumo para definir límites y tasas.

Figurar con una mala calificación puede tener consecuencias concretas. Los bancos suelen endurecer las condiciones para otorgar préstamos, reducir límites de tarjetas o directamente rechazar solicitudes de financiamiento. Además, muchas fintech y billeteras virtuales también utilizan estos registros para definir si aprueban créditos o pagos en cuotas.

Según explica el analista financiero Salvador Di Stéfano, el problema no pasa solamente por tener deuda sino por perder capacidad de pago. «En contextos de caída del ingreso real, muchas personas empiezan pateando un resumen de tarjeta y terminan acumulando atrasos que afectan su perfil durante meses», señala.

Otro punto importante es que la información no desaparece automáticamente cuando se cancela una deuda. Aunque la situación puede normalizarse tras regularizar pagos, la actualización puede demorar y el historial permanece visible durante un tiempo determinado según la normativa vigente.

Por eso, especialistas financieros recomiendan revisar periódicamente la Central de Deudores para detectar posibles errores, evitar sorpresas al solicitar un préstamo y monitorear cómo impactan las deudas en el perfil crediticio.

La compañía dejó de operar en el último tramo del año pasado y su parate implicó la pérdida de 140 empleos. Ahora, volverá a procesar leche y derivados

14/05/2026 – 11:41hs

Tras atravesar la crisis más profunda desde su fundación, con declaración de quiebra incluída y cierre de instalaciones, una láctea emblemática vuelve a ponerse de pie. Se trata de La Suipachense, un empresa clave en términos de empleos para la localidad bonaerense de Suipacha y un actor que supo marcar el ritmo de la producción de lácteos en la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires. La compañía alquilará su planta en el pueblo donde tiene su base y se prevé el retorno a las funciones de al menos 30 empleados. Al momento de irse a la quiebra la lechera se encontraba bajo control del grupo venezolano Maralac. Si bien resta un período de adecuación de la planta para que vuelva a procesar materia prima, la aparición de un inquilino devuelve la esperanza a los operarios de la firma, que mantuvieron un acampe frente en el ingreso a La Suipachense por el lapso de 9 meses.

El retorno a las operaciones de la lácteo fue confirmado durante la tarde del miércoles en el mismo acampe instalado frente a la planta de La Suipachense. Según fuentes locales, el intendente municipal de Suipacha, Juan Luis Mancini, acompañado por representantes del sindicato Atilra, brindó una conferencia de prensa donde detalló los alcances del acuerdo que permitirá reactivar nuevamente la estructura productiva de la firma.

El alquiler a terceros, la opción de vida para La Suipachense

«Según la información compartida en el lugar de los hechos, la planta comenzará a funcionar de manera gradual en los próximos meses. En esta primera etapa, se prevé la ocupación de una plantilla de entre 25 y 30 empleados, lo que representa un primer paso crucial para la recuperación del empleo local en el sector», indicaron medios de esa localidad.

«â€‹La resolución llega luego de un complejo proceso judicial. Tras la declaración de quiebra por parte del juzgado interviniente, se presentaron originalmente tres oferentes interesados en la explotación de la planta. Finalmente, las negociaciones prosperaron con una de las firmas, que asumirá la responsabilidad de la gestión operativa bajo la modalidad de alquiler», añadieron.

Al mismo tiempo, se aclaró que el inicio efectivo de la producción en La Suipachense está sujeto al cumplimiento de pasos administrativos y técnicos. En esa línea, se señaló que durante las semanas venideras la empresa adjudicataria deberá avanzar con las habilitaciones correspondientes ante los organismos de control. Y además realizará tareas de acondicionamiento de la planta «para garantizar los estándares de calidad alimentaria».

​»Este avance pone fin a un largo período de incertidumbre para las familias vinculadas a la cooperativa y la industria láctea de la región, devolviendo la actividad a un polo productivo fundamental para la economía de Suipacha y zonas aledañas», añadieron las fuentes.

La Suipachense y una crisis agravada

A principios de noviembre de 2025, el juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa láctea. La compañía venía de atravesar un fuerte conflicto gremial y 140 empleados de su planta en la localidad bonaerense de Suipacha se quedaron sin trabajo.

La resolución judicial expresó que «la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva» y dispuso la inhibición general de bienes de la compañía.

En simultáneo, se determinó la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, a cargo de la administración de la compañía «que cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra salvo que se dé alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal».

También lo obligó a requerir «autorización judicial expresa» para salir del país. La decisión judicial incluyó, además, la «clausura del establecimiento» de Suipacha con «la incautación de libros y documentación que se encuentre en el lugar», entre otras medidas. El juez interviniente también obligó a Borges León a «la inmediata entrega a la sindicatura de las llaves del establecimiento y las claves de acceso digital».

El cierre de La Suipachense ocurrió tras una tensión que aumentó a lo largo del año pasado: movilizados ante la posibilidad de despidos masivos, sus empleados acumularon meses de acampe en las instalaciones de la firma. En sus últimas semanas de operación, la compañía prácticamente no procesaba leche y su planta se quedó sin luz y gas por falta de pago.

El Índice de Precios al Consumidor de abril, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, determinó un incremento del 2,6% para los haberes que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en junio de 2026. Los ajustes alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones, en virtud de un régimen que enlaza la movilidad mensual de los beneficios con la inflación registrada dos meses antes.

El objetivo del sistema, implementado por el Decreto 274/2024, es reducir la distancia entre los ingresos jubilatorios y la suba de precios.

El nuevo cálculo posiciona al haber mínimo en $403.320,39 a partir de junio, mientras que quienes perciban el bono recibirán $475.142,62, cifras que contemplan el primer descenso mensual del IPC en 10 meses. Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $322.655,23 y llega a $394.478,23 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.

La proyección de este esquema de movilidad establece que, desde junio de 2026, los jubilados y pensionados bajo la órbita de Anses experimentarán un ajuste mensual determinado exclusivamente por la inflación de dos meses antes. Este mecanismo busca zanjar la brecha histórica entre ingresos previsionales y alza de precios, en un contexto donde la variación interanual del IPC llegó al 32,4%, con un acumulado anual del 12,3%, de acuerdo con lo informado por Indec.

• Jubilación mínima: $403.320,39
• Jubilación mínima con bono: $475.142,62
• PUAM: $322.655,23
• PUAM con bono: $394.478,23
• Pensiones no contributivas: $282.338,51
• Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51
• Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39
• Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62
• AUH: $144.937,56
• AUH con Discapacidad: $471.904,34

La medición correspondiente a abril constituye la primera baja del IPC en 10 meses, lo que influenciará el poder adquisitivo de las prestaciones. Analizando el último tramo del informe, se consigna que la variación interanual es del 32,4% y el incremento acumulado desde enero alcanza el 12,3%, cifras que se encuentran dentro del rango proyectado por consultoras privadas y por el Banco Central de la República Argentina.

Según el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la proyección para mayo anticipa un nuevo descenso en la inflación mensual, que podría situarse en torno al 2,3%, mientras que analistas como EcoGo ajustan ese número a un preliminar del 2,2%. Por su parte, los relevamientos sectoriales en la primera semana de mayo muestran que el rubro alimentos y bebidas prácticamente no tuvo incrementos de precios. Así lo indica EconViews, que registró una deflación del 0,1%, LCG, que no verificó aumentos, y Analytica, que relevó una suba apenas perceptible del 0,3%.

En el mismo período, la dinámica de precios fue impulsada por diversos factores: el reporte de EcoGo mencionó que “el mes inicia con un piso inflacionario condicionado por el fuerte incremento en el sector transporte. En CABA el aumento se sitúa en un 5,4%, en AMBA la subida escala hasta el 11,6%. A este esquema se suma, a partir de la tercera semana del mes, los ajustes programados para los colectivos nacionales (2%) y los trenes (18%)”. También se advierte que se prevé un aumento promedio del 7% en combustibles, luego de un período de 45 días sin variaciones, y alzas automáticas en prepagas, alquileres y servicios de telecomunicaciones.

Anses anunciará en los próximos días el cronograma de pagos de los haberes, que se organiza en función del número final de DNI. Tradicionalmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se acreditan en la segunda semana de cada mes, y el resto de los beneficios, en la tercera. Actualmente se están liquidando los montos correspondientes a abril, que ya incorporan el ajuste basado en la inflación de febrero.

En las últimas horas, YPF oficializó un aumento del 1% en los combustibles desde el 14 de mayo -medida a la que se plegaron el resto de las petroleras del país-, y prorrogó durante 45 días el sistema conocido como “buffer” o “amortiguador” de precios, una medida pensada para limitar el traspaso de estos incrementos a los surtidores argentinos.