A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras en el mercado de cambios el jueves con USD 207 millones, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 800 millones significó un golpe directo a las reservas internacionales, que cerraron la semana en USD 44.483 millones. Esta situación instala interrogantes sobre el futuro inmediato ante los vencimientos que restan en el año con el organismo internacional y el nivel de adquisiciones y acumulación de divisas que pueda alcanzar la entidad que preside Santiago Bausili.

Según fuentes consultadas por Infobae, la caída semanal en las reservas respondió tanto a la operación para afrontar el compromiso con el FMI como a la variación en la cotización de activos que integran el balance del BCRA, lo que terminó por neutralizar el efecto positivo que generaron las compras diarias de dólares.

En cuanto al calendario de pagos, la consultora Analytica precisó que, tras el pago de mayo, el equipo económico enfrentará en lo que resta del año una serie de vencimientos con el organismo internacional:

• 26 de agosto habrá un vencimiento de USD 777 millones en concepto de intereses,
• 26 de septiembre cubrir USD 800 millones por devolución del capital,
• 26 de noviembre otros USD 772 millones en intereses y,
• 26 de diciembre, USD 342 millones capital.

Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, dijo a Infobae: “No es un monto marginal y hay que considerar que la mayor parte cae en la segunda mitad del año, por eso la clave está en el volumen de dólares que logre acumular el BCRA en los meses previos cuando se da la mayor liquidación del agro. Más allá de si consigue nuevas fuentes de financiamiento”.

Para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum Finanzas los pagos pendientes no presentan un desafío relevante para la estrategia oficial. “Este año restan alrededor de USD 2.000 millones sólo de intereses y vencimientos de capital con el FMI. No tienen mucho impacto porque en principio luego de la revisión habría desembolso para pagar por lo menos la mitad de eso”, expresó.

El economista subrayó que el Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados. Según Baer, estas herramientas permiten mirar el segundo semestre con menor tensión financiera, sin prever dificultades para los compromisos previstos en julio ni en enero de 2027.

Esta semana, por medio de la licitación del Bonar 2027 y 2028, la Secretaría de Finanzas pudo hacerse de USD 848 millones que van a sumar a los depósitos del Tesoro en el BCRA, se espera que el nivel ascienda a cerca de USD 1.400 millones. Si bien se trató de una adjudicación exitosa en términos generales, en donde se pasó el test de la ampliación del monto (de USD 250 millones a USD 350 millones), se generó ruido en la segunda subasta, donde solo se pudieron colocar USD 48 millones en el AO28. Además de eso, la duda del mercado está en si el equipo económico logrará mantener estos dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que esperan reponer los dólares utilizados para la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a través del desembolso pendiente del FMI de USD 1.000 millones. Este giro, que esperan que se concrete durante mayo, permitiría recomponer parte de las reservas del BCRA, que se vieron afectadas por la necesidad de cumplir con el pago al organismo internacional.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central, que al jueves se ubicaron en 44.483 millones de dólares, reflejaron la complejidad del escenario. La combinación entre la necesidad de cumplir con los compromisos externos y la dinámica de acumulación de divisas coloca bajo la lupa la capacidad del BCRA para sostener un flujo positivo en los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que el próximo giro del FMI por USD 1.000 millones impacte favorablemente en las reservas del BCRA, tal como anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre. La estrategia de recomposición de reservas se apoya también en la expectativa de que la liquidación del agro aporte el caudal necesario de divisas para afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

En el BCRA siguen con atención que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses. A la que se sumarán los USD 650 millones que logró colocar Chubut.

Un informe de la consultora Invecq destaca: “En abril, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”.

El gobierno de Javier Milei proyecta un cambio estructural en la dinámica del mercado cambiario: la expansión de los sectores energético y minero podría distribuir el flujo de divisas de forma más pareja a lo largo del año. Analistas consultados por Infobae reconocieron que el auge de las exportaciones mineras y petroleras ya se refleja en la liquidación de divisas. No obstante, destacaron que ese mayor caudal aún no alcanza para desplazar el peso que tiene la liquidación de la cosecha gruesa -se concentra entre abril y junio- sobre la acumulación de reservas internacionales.

En las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertó en el Atlantic Council acerca del proceso de acumulación de reservas y al futuro del mercado cambiario.

“El año pasado hubo mucha preocupación y ansiedad en torno al proceso de acumulación de reservas. Nosotros sostuvimos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas. Así fue. De hecho, el 15 de diciembre anunciamos el programa de acumulación de reservas para comenzar el 1° de enero, y desde entonces hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado“, dijo el funcionario, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bausili sostuvo que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

De esta forma, el equipo económico estima que el balance de divisas energético y minero seguirá creciendo en los años venideros y los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) generarán flujos de dólares asociados a su etapa de inversión.

Según datos del BCRA, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril. Por el momento, se aprobaron propuestas por el equivalente a USD 27.300 millones y, de autorizarse las que se encuentran en etapa de evaluación, el monto ascendería a 99.300 millones de dólares.

Desde Fundación Mediterránea ponderan que la energía “volvió a ser un motor de dólares para Argentina. Después de más de una década de déficit (2011-2023), el sector cerró 2025 con un superávit de USD 7.829 millones. El cambio no es coyuntural: detrás hay una transformación estructural del sector energético”.

Según un informe de Econviews, el rubro energético no limita su aporte de divisas al superávit comercial. En los últimos 12 meses, el flujo neto total del sector al mercado cambiario alcanzó USD 9.420 millones, una cifra que incluye USD 5.840 millones ingresados por la cuenta de bienes en el Mercado Libre de Cambios y USD 6.980 millones provenientes de colocaciones de deuda, junto al resto de las cuentas del sector.

Consultado por Infobae, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que existe un cambio notorio en el segmento de la energía, que pasó de deficitario a positivo, pero “no es suficiente para poder compensar la caída de estacional que hay en el agro”.

“Eso puede ir cambiando en 2027 cuando empiece a funcionar Vaca Muerta Sur, que va a aportar 180.000 barriles diarios de exportación. Añadió que para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas y que “hoy el superávit comercial asciende a USD 21.000 millones versus USD 11.000 millones del año pasado”.

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, contó que en la actualidad el agro sigue siendo el principal sector exportador, más allá del crecimiento que tuvo la energía y la minería. “Puesto en números: en los últimos 12 meses las exportaciones de los complejos oleaginoso y cerealero representaron 35% del total, el de energía 12% y el minero 8%. Es cierto que estos dos sectores crecieron mucho en los últimos años (prácticamente duplicaron sus shares), pero todavía no tienen el mismo peso que el agro».

Según Giacoia, esto mantiene la estacionalidad positiva en el segundo trimestre asociada a la cosecha gruesa. Proyectó que las mejoras en energía y minería ayudarán a moderar esa estacionalidad en los próximos años.

El economista Federico Machado opinó que el país está ante un cambio de la estacionalidad: “Lo vimos con claridad en el primer trimestre, que históricamente era muy malo y este año fue extraordinario para el mercado de cambios (como vemos en la compras del BCRA y la apreciación)”.

“Eso no significa que la estacionalidad desaparezca del todo, porque, sobre todo en invierno, además de la baja oferta del campo también tenemos mayor demanda (gas y turismo). Pero si la suaviza”, graficó.

Machado estimó que en el segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre; petróleo y minería, en 2026, muestran un ingreso de divisas que supera en USD 300 millones mensuales al del mismo periodo del año anterior.

El jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, explicó que “el comercio de energía debería ser más estable, en términos estacionales, que el agro. Una vez que Vaca Muerta esté completamente desarrollada, no deberíamos observar tanto contraste entre el primer y segundo semestre”.

De Luca añadió que podría haber menos oferta de dólares en la segunda mitad del año respecto al trimestre abril-junio, pero esto no necesariamente implica un problema, ya que los ingresos pueden provenir de la energía, el RIGI o colocaciones de obligaciones negociables.

Con la difusión de los indicadores sobre las Condiciones de Vida de la población que habita en 31 aglomerados de todo el país, el Indec completó las estadísticas socioeconómicas de 2025: PBI, inflación, empleo y desempleo, pobreza e indigencia, junto con los del comercio interior y exterior y turismo internacional, principalmente.

Los resultados, tanto en la comparación interanual como respecto del inicio de la presidencia de Javier Milei, reflejaron una economía con diferentes velocidades: aumentó en promedio la actividad y mejoró el ingreso de la población; sin embargo, también subió el desempleo, con un incremento de los puestos informales y de la oferta de trabajadores a una tasa superior a la del empleo. Se verificó que más personas experimentaron una mejora en su calidad de vida que las que sufrieron un deterioro.

Este panorama dual fue advertido por los economistas Roberto Frenkel y Ricardo Arriazu, quienes consideran que podría afectar la sustentabilidad social del plan de estabilización. Otros economistas sostienen que estos indicadores derivan del clima de incertidumbre previo a las elecciones legislativas y su efecto inercial en los meses posteriores, mientras que en el Gobierno sostienen que en los próximos meses el cuadro mejorará.

Sobre la base de 27 indicadores de condiciones de vida del Indec, que incluyen calidad de la vivienda, hacinamiento, clima educativo y acceso a servicios básicos como agua, gas y atención de la salud, en el segundo semestre de 2025 se registraron mejoras en 17 (63% del total) y retrocesos en 10 (37%), respecto de un año antes.

El saldo neto en cantidad de habitantes fue una mejora de casi dos millones de personas, extrapolando los datos del universo encuestado por el Indec -representativo de 30 millones de personas- a 47,7 millones de residentes, equivalente al 4,1% de la población total de 2024. Las condiciones de vida mejoraron para 7,1 millones de personas y se deterioraron para cerca de 5,2 millones.

En este resultado incidieron tanto las acciones y efectos de la política económica de la Administración central como las de las gobernaciones y municipios de todo el país.

La imagen captada por el Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec para la segunda mitad de 2025 reveló: “81% de los hogares y 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. Por otro lado, el 6,4% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,6% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden al 8% y 14,1%, respectivamente», informó el organismo.

Estos indicadores evidenciaron mejoras respecto de un año antes, ya que disminuyó en 155.500 las personas que habitan en construcciones precarias y aumentó en 371.700 quienes residen en viviendas completas. En contrapartida, creció en 263.000 las que están en una situación intermedia, según proyecciones de los datos de los 31 aglomerados urbanos al total país.

Según el régimen de tenencia de la vivienda, el 61,9% de los hogares son propietarios de la unidad y del terreno; un 6,4% son propietarios solo de la vivienda, y el 20,5% son inquilinos. El 17,6% restante corresponde a ocupantes por pago de impuestos o expensas, ocupantes gratuitos con permiso o de hecho (sin permiso), que en conjunto representan el 9,6% del total, y el 8% incluye ocupantes en relación de dependencia, hogares en viviendas en sucesión y otras situaciones no contempladas en las opciones anteriores, según el organismo.

Comparado con el segundo semestre de 2024, el Indec detectó un incremento de 1,1 millones de habitantes con vivienda propia y una disminución de 488.200 en quienes alquilan. El total de ocupantes y “otros” se redujo en 140.000 personas.

Respecto de los hogares con saneamiento inadecuado -definidos por carencias como no tener baño, baño fuera del terreno, compartido, sin conexión a red pública ni cámara séptica, o sin descarga de agua- comprenden al 12% de los hogares y 14,1% de la población. El último relevamiento registró una mejora del 1,6% (muy superior al crecimiento vegetativo de la población), mientras el grupo con saneamiento insuficiente se redujo 2,4%, favoreciendo en conjunto a más de 1.550.000 personas.

En cuanto a las características del hábitat, la EPH también elabora indicadores sobre la ubicación de las viviendas. Respecto de la cercanía a basurales (tres cuadras o menos de sitios de disposición de residuos), el Indec detectó que, en el segundo semestre de 2025, esta situación se redujo 2,6%, afectando a 2,9 millones de personas. Mientras tanto, las viviendas en zonas inundables –áreas donde por lluvias o crecidas el agua llega al umbral de las casas o se encuentran cerca de cursos de agua- pasaron de 4,8 a 4,5 millones de habitantes (bajó 6 por ciento).

En cuanto al acceso a la red pública de gas natural, se observa una proporción menor en 2025. A pesar de que existe un excedente creciente con la explotación de Vaca Muerta y la extensión de la red troncal de gasoductos, el porcentaje bajó a 60,5% de la población, el más bajo desde el inicio de la serie en 2016 y por debajo incluso del mínimo registrado en el segundo semestre de 2020. En valores absolutos, la población sin acceso a este recurso aumentó en 897.000 personas, involucrando a 18,8 millones de habitantes.

Por el contrario, 85,9% la población con acceso a la red de agua corriente: 42,4 millones de personas, lo que representa un aumento de 713.000. Aquellos que carecen del servicio se redujeron 4,5%, llegando a 4,9 millones de habitantes, el menor valor de la serie del Indec. El universo con acceso al servicio de cloacas también creció, con una suba de 1,7% que llevó la cifra a 33,1 millones de habitantes. Quienes no cuentan con esa descarga en baños aumentaron en 51.700 personas, situándose en 14,5 millones.

Sobre servicios de salud, la población con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia disminuyó 1,5%, equivalente a 489.000 personas, quedando en 31,5 millones. Por su parte, quienes dependen únicamente del sistema público crecieron 5,6%, más de 872.000 personas, totalizando 15,8 millones.

En lo que respecta al nivel educativo, la EPH al cierre del segundo semestre de 2025 muestra que la fuerza laboral entre 18 y 64 años (proyectada en 24,2 millones de personas) se compone mayoritariamente de quienes cuentan con secundario completo: 15,4 millones (un aumento de 557.600 personas respecto a la segunda mitad de 2024), lo que representa el 63,7% del total. En cambio, el grupo con instrucción superior, hasta universitario completo, se redujo en 325.600, alcanzando 8,8 millones.

En la comparación con el segundo semestre de 2023, el balance de los cambios en las condiciones de vida, nivel educativo y acceso a servicios de salud pública y privada muestra que el 74% de los indicadores mejoraron, involucrando a 35,6 millones de personas; el 26% (alrededor de 13,7 millones) registró retrocesos.

La mejora de las condiciones básicas de vida de la población depende no solo de la consolidación de la recuperación macroeconómica o del incremento del ingreso familiar, sino también de las políticas públicas de los subgobiernos provincial y municipal.