El Salón de las Provincias del Senado de la Nación reunió a senadores y diputados del peronismo que, en el primer aniversario del fallo que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a pedir por su libertad.

El espacio elegido congregó a buena parte de los miembros del bloque justicialista del Senado y a sus pares de Unión por la Patria de Diputados y fueron los presidentes de ambos bloques los que tomaron la palabra y anunciaron que presentarán una nota frente a la Corte Suprema en donde expresarán “profundo rechazo, preocupación y repudio frente a los integrantes del poder judicial partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático”.

“No hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide a la ciudadanía elegir, cuando no se permite participar a una dirigente. Ni los genocidas ni los narcos tienen las medidas de detención que le aplican a Cristina y entendemos que esto es un disciplinamiento político de parte de los jueces”, señaló Germán Martínez, presidente del bloque de UP y quien podría ser el encargado de llevar personalmente el documento de los legisladores al Máximo Tribunal.

Luego tomó la palabra el senador José Mayans, quien hizo referencia a que “ayer -9 de junio- fue el Día de la Resistencia peronista y la compañera Cristina inauguró hace un año el encuentro señalando que nuestra misión era continuar la lucha. Ahí ratificó la decisión de ser candidata a diputada provincial para luchar contra el gobierno cipayo y antipatria de Milei. Se postuló el 5 de julio, lo ratificó el 9 y rápidamente la Corte sacó el fallo por el temor que le tienen”.

Luego de hacer referencia al intento de magnicidio que sufrió la ex Vicepresidenta, el formoseño explicó las condiciones en las que está detenida comparándola con las especificaciones de las detenciones domiciliarias de narcotraficantes y genocidas. “Solo el 1,76% de los presos tiene restricciones de visitas”.

Acto seguido, dijo que la discusión también tiene que ver con la pena. “Le dieron 6 años de prisión pero la inhabilitaron de por vida. Hay una desproporcionalidad con la inhabilitación de por vida ¿tanto miedo le tienen?”.

“Nos están sacando la patria, por eso estamos acá, a un año de la aberración que tiene detenida a Cristina Kirchner”, agregó.

Mayans apuntó contra Javier Milei por su frase en un reportaje de “ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina”, y también contra Mauricio Macri, quien, cuando desde el mundo libertario dijeron que su candidatura le hace el juego al kirchnerismo respondió que había que “preguntarle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo”.

Luego de hacer referencia a las noticias en las que se señalaba que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa y otros funcionarios por acogerse a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, el diputado Carlos Castagneto -ex titular de ARCA– explicó que esto no extinguía la causa penal por enriquecimiento ilícito. Fue una novedad de la jornada que los legisladores del peronismo utilizaron para contrastar y volver a insistir en el manejo político de la detención de CFK.

La interna peronista

La detención de CFK y una posible forma de obtener su libertad divide las aguas en el peronismo. Aunque entre los legisladores presentes había representantes de varias de las corrientes que confluyen en el peronismo -y estaba ausente Máximo Kirchner– hubo una pregunta en la que todos se miraron que fue si Axel Kicillof se debería reunir con la ex mandataria presa.

Este punto divide las aguas ya que hay sectores que entienden que hay que “correr” a la ex presidenta de los discursos de campaña, ganarle a Milei y, en todo caso, definir la forma en la que se va a solucionar su detención y proscripción y otros que entienden que no se puede ir a una elección con candidatos proscriptos.

“Lo que nos diferencia es ese punto”, explicó la diputada nacional y una de las figuras de La Cámpora, Paula Penacca. “El eje central es que cualquiera del peronismo que quiera volver a gobernar tiene que entender que no hay chance de generar mejor vida para la gente si hay líderes proscriptos y si alguien puede ir preso por las decisiones que tome que busquen mejorar la vida de la sociedad”.

El próximo 20 de junio La Cámpora organiza un banderazo en Parque Lezama en apoyo a la ex presidenta. En ese encuentro es probable que haya una bandera del Movimiento Derecho al Futuro. “Está bien que haya una bandera del sector de Axel, pero el debate no es si hay una bandera o no, es si el peronismo puede ir a una elección con sus referentes proscriptos”, agregó.

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El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.

Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.

En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.

Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.

“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.

Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.

En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, y velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.

Así surge de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, cuyo informe se conoció este miércoles y que fue la consecuencia de las denuncias efectuadas por la CGT y las dos CTA ante ese organismo sobre la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones del trabajo en el país y “la aniquilación de los derechos laborales”.

En el documento, se afirmó que aquella Comisión de la OIT “tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación” y, además, “tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a la reducción de los recursos humanos, operativos y financieros de que disponen la administración del trabajo y los servicios de inspección del trabajo”.

Aparte de su exhortación sobre el diálogo tripartito y las reformas laborales, la OIT pidió al gobierno de Javier Milei “realizar, en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluida información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios ratificados”.

Al mismo tiempo, la Comisión de Aplicación de Normas pidió “fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo”.

En ese sentido, “recomendó al Gobierno que, de ser necesario, recurra a la asistencia técnica de la OIT” y se instó a las autoridades argentinas a “comunicar a la Comisión de Expertos (del organismo), a más tardar el 1° de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas y sobre los resultados obtenidos».

En diálogo con Infobae, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien fue elegido vicepresidente de la conferencia anual de la OIT, hizo hincapié en “el excelente debate del caso argentino por el incumplimiento y la violación de los convenios 150, 81 y 129″ y resaltó que “el movimiento sindical argentino fue apoyado por el sindicalismo de la región”, algo que “determinó que se concluyera que el gobierno argentino debe adoptar medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” sobre la reforma laboral, el diálogo social y la inspección del trabajo.

“En definitiva -añadió-, la Comisión de Aplicación de Normas dio por probados los incumplimientos de la Argentina, tal como fue expresado por la CGT”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA), afirmó a Infobae que “las conclusiones a las que arribó la Comisión de Aplicación de Normas dejan en claro que dieron lugar a las denuncias de las centrales sindicales argentinas instando al Gobierno a que garantice lo que establecen los convenios 81, 129 y 150 de la OIT”.

“Es un logro del trabajo coordinado y en unidad a nivel internacional de la CGT y de ambas CTA”, resaltó.

Presencia del sindicalismo petrolero en la OIT

Por otra parte, el titular de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASIPEGyBIO), Mario Lavia reclamó en la conferencia de la OIT políticas que impulsen inversiones para sostener la actividad convencional del petróleo, el gas y los biocombustibles, tras enfatizar en que de ese proceso dependen los puestos de trabajo del sector y parte del desarrollo industrial argentino.

Lavia expuso en el encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores de todo el mundo y calificó al diálogo social como “una herramienta fundamental para construir consensos y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo”, tras lo cual consideró que las transformaciones energéticas deben avanzar sin poner en riesgo las fuentes laborales ni la producción nacional.

En ese marco, sostuvo que “es indispensable generar las condiciones necesarias para que continúen las inversiones porque de ello dependen miles de puestos de trabajo y el desarrollo de numerosas economías regionales”. Agregó, además, que esas inversiones podrían hacer que Vaca Muerta no quede limitada a la extracción de recursos. Según señaló, el yacimiento también puede convertirse en un polo capaz de generar empleo, interacción productiva y mayor tecnología.

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