El presidente Donald Trump dejó claro lo que quería cuando reunió a líderes conservadores latinoamericanos en Florida el pasado mes de marzo. Al prometer que, juntos, habrían de “erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región”, Trump dijo a los líderes que solo necesitaba una cosa.

“Necesitamos su ayuda”, dijo. “Díganos dónde están”.

Trump podría ganar ahora un aliado en un país que, según los expertos, es el más importante para esa misión fuera de México: Colombia.

Abelardo de la Espriella, un abogado penalista sin experiencia política que se hace llamar “El Tigre”, aventajó el domingo a su rival conservador en las elecciones presidenciales de Colombia y pasó a la segunda vuelta.

Se enfrentará el 21 de junio a un senador de izquierda del partido del presidente Gustavo Petro. Además de construir 10 megacárceles, De la Espriella ha prometido que aplastará a los grupos de traficantes armados de su país.

“Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria”, dijo De la Espriella en un discurso pronunciado en Barranquilla tras los resultados.

Por el contrario, su oponente político de izquierda, Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, ha advertido contra el uso excesivo de la fuerza militar y ha denunciado lo que denomina “la fracasada guerra contra el narcotráfico”, que, según dijo, ha hecho poco por frenar el comercio mundial.

Si gana De la Espriella, sería un triunfo para Trump en la región, dijo Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, que calificó a Colombia de “aliado número uno para Estados Unidos”.

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y el hogar de varios grupos de traficantes importantes que el gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas.

A medida que los grupos armados luchan por el control de las rutas de la cocaína y las minas de oro ilegales, también se han desbordado a través de las fronteras de Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Brasil, países de tránsito clave para la cocaína.

De la Espriella enfocó su campaña en la promesa de tomar medidas drásticas contra los grupos, así como de reprimir la delincuencia urbana, en lo que, según los expertos, equivale a una mezcla de Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ha propuesto construir 10 megacárceles privadas «en la mitad de la nada» y ha planteado la idea de promulgar una legislación “temporal” que otorgue a su gobierno amplios poderes para encerrar a más delincuentes, lo que ha provocado comparaciones con el estado de excepción que El Salvador y Ecuador han utilizado para desplegar al ejército contra los miembros de las bandas.

De la Espriella ha prometido bombardear los “campamentos narcoterroristas” el primer día y recuperar el control del gobierno en las zonas de conflicto en un plazo de 90 días.

También ha prometido perseguir la producción de coca, y calificó a la cocaína de “fuente primigenia de todas las formas de violencia”, y ha dicho que erradicará más de 330.000 hectáreas de plantaciones de coca -una superficie del tamaño de Rhode Island- con la reanudación de la fumigación aérea, una técnica que se prohibió después de que fuera relacionada con riesgos para la salud. (Ha dicho que utilizará un producto químico más seguro).

Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en América Latina. Aunque la colaboración ha continuado, los expertos afirman que Petro, el primer dirigente de izquierda de Colombia, tensó esa relación, al denunciar como “asesinato” los ataques de Trump a barcos frente a las costas de Sudamérica que, según él, transportan drogas.

“Estados Unidos no hizo muy privado que quiere un nuevo presidente en Colombia que siga lo que Estados Unidos quiere en la región”, dijo Sánchez, al describir que la prioridad del gobierno de Trump es conseguir nuevos socios en un “esfuerzo de cooperación en materia de narcoseguridad” en toda la región.

A través de una coalición militar recién formada para erradicar los cárteles, Estados Unidos está tratando de persuadir a sus aliados en Latinoamérica para que permitan ataques militares en conjunto con Estados Unidos contra grupos delictivos dentro de sus territorios, según ha informado The New York Times.

De la Espriella ha sugerido que, aunque no permitiría operaciones militares estadounidenses en suelo colombiano -una línea roja para muchos gobiernos de la región-, sí incluiría a Colombia en la alianza, que incluye a casi 20 países latinoamericanos.

El ascenso de De la Espriella representa un desplazamiento en la región de los políticos conservadores tradicionales hacia figuras alineadas con el movimiento MAGA, que promueven la militarización de las fuerzas del orden para responder a la preocupación de los votantes por la delincuencia, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution en Washington.

En la segunda vuelta de Colombia, se preguntará a los votantes: “¿Quieren ir esencialmente a toda marcha en la dirección MAGA? ¿Y a toda marcha en la dirección Bukele?”, dijo Felbab-Brown.

“De la Espriella”, añadió, “está en la extrema derecha de la derecha”.

Sus estrictas propuestas en materia de seguridad preocupan a algunos analistas, quienes afirman que políticas similares en El Salvador y Ecuador han dado lugar a abusos contra los derechos humanos.

De la Espriella también ha adoptado una postura contraria a los migrantes, y prometió deportar a los migrantes que cometan delitos en un país en el que ahora viven hasta tres millones de venezolanos. También ha adoptado posturas sociales conservadoras que resuenan entre muchos votantes de Colombia, un país de mayoría católica, como oponerse al aborto y al derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.

Se ha presentado a sí mismo como partidario de las empresas y del gobierno pequeño, al prometer -al igual que el presidente Javier Milei de Argentina- reducir de manera drástica el gasto público, recortar las normativas, eliminar los organismos gubernamentales “inútiles” y erradicar la corrupción.

El rival de De la Espriella, Cepeda, propone un enfoque totalmente diferente en materia de seguridad.

Cepeda, conocido sobre todo por su labor en la defensa de las víctimas del largo conflicto armado colombiano, ha dicho que protegerá a los colombianos de la violencia. Pero cerró su campaña diciendo que buscaría la paz y la reconciliación y detendría “el ciclo de las violencias” que durante décadas ha visto a las fuerzas de seguridad colombianas atacar a los grupos armados, con bajas masivas en ambos bandos.

No ha dicho que vaya a archivar el muy criticado plan de paz de Petro, “Paz Total”, y ha sostenido que los acuerdos negociados con los actores armados son la única forma de evitar más derramamientos de sangre. Los críticos han dicho que aliviar la presión militar sobre los grupos les había permitido expandirse.

Cepeda ha dicho que su propio plan de seguridad implicará una mayor inversión en las zonas de conflicto, el apoyo a los pequeños agricultores, la creación de empleo y la ayuda a las escuelas para evitar el reclutamiento de niños.

Al enfrentarse a Estados Unidos, Cepeda se aleja de Petro.

Petro discutió a menudo con Trump, pero al final le aseguró que su gobierno estaba llevando a cabo un ataque militar total contra los grupos armados. En una reunión en la Casa Blanca a principios de este año, transmitió que trabajar con Colombia era la mejor apuesta de Trump para lograr sus objetivos antinarcóticos en la región.

De la Espriella se ha inclinado por una imagen de línea dura, y ha dado discursos con el puño en alto. Pero ha rechazado las etiquetas ideológicas y ha dicho que no era “extremo” de la derecha, sino de “extrema coherencia”.

“Al final del día yo no estoy defendiendo ideologías. Yo estoy defendiendo valores y principios”, dijo en una entrevista reciente con un influente colombiano, y citó la familia, la libertad y la seguridad como pilares de su campaña.

Cepeda, por su parte, ha intentado poner en duda el mensaje de ley y orden de De la Espriella.

Al referirse a la carrera de De la Espriella como abogado penalista que representaba con frecuencia a clientes implicados en polémicas relacionadas con la corrupción y las drogas, Cepeda lo calificó de “estafador de estafadores”, que representa un “pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto”.

De la Espriella ha hecho caso omiso del escrutinio de su pasado y ha afirmado de manera repetida que nunca ha sido acusado de ningún delito y ha citado su carrera jurídica como prueba de su compromiso con el Estado de derecho.

Algunos colombianos dijeron estar preocupados por sus mensajes. Juli Salamanca, directora de un grupo de salud trans de Bogotá, dijo que apoyaba a Cepeda por temor a que De la Espriella pudiera erosionar las libertades civiles y poner en peligro derechos que tanto había costado conseguir.

“Representa todos los odios de la sociedad”, dijo.

Otros votantes no estaban de acuerdo. William Bohorquez, quien asistió a un acto de campaña de De la Espriella en Barranquilla el domingo por la noche, dijo que su candidato reconduciría el rumbo de Colombia tras años de liderazgo “a la deriva” bajo Petro, especialmente en su relación con Estados Unidos.

“Donald Trump ve que no hay interés del actual gobierno en acabar con el narcotráfico ni con los criminales”, dijo Bohorquez.

Y añadió: “Por eso, queremos que Abelardo actúe con mano dura contra la delincuencia y contra los grupos armados”.

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Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

Annie Correal es corresponsal de Latinoamérica para el Times.

Luis Ferré-Sadurní es reportero del Times radicado en Bogotá, Colombia.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.

Mientras miles de panameños enfrentan síntomas similares a los de un resfriado común en plena temporada lluviosa, las cifras oficiales muestran que el dengue continúa avanzando en el país y lo hace con señales que preocupan a las autoridades sanitarias: más casos, más hospitalizaciones, más pacientes graves y más muertes.

El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud revela que hasta la semana epidemiológica 19, correspondiente del 10 al 16 de mayo, Panamá acumulaba 2,581 casos de dengue, 113 más que los reportados una semana antes, cuando el país registraba 2,468 contagios. Pero el aumento no se limita únicamente al número de enfermos.

Los casos con signos de alarma pasaron de 291 a 311 en apenas una semana, mientras que los casos de dengue grave aumentaron de 15 a 17. Las hospitalizaciones también crecieron de 307 a 328 pacientes y las defunciones subieron de siete a ocho. La tasa nacional de incidencia pasó de 52.3 a 54.7 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando una expansión sostenida de la enfermedad en distintas regiones del país.

La Región Metropolitana continúa siendo la más afectada con 680 casos acumulados, seguida por Colón con 462 y Bocas del Toro con 265. Entre los corregimientos con mayor cantidad de contagios figuran Tocumen, Puerto Pilón, Veracruz, 24 de Diciembre, Belisario Frías y Las Garzas. Los adolescentes de entre 10 y 14 años siguen siendo el grupo más impactado, con una tasa de incidencia de 78 casos por cada 100 mil habitantes.

Uno de los principales desafíos para las autoridades es que los primeros síntomas del dengue suelen confundirse con los de un resfriado, una gripe o incluso otras infecciones virales.

Sin embargo, existen diferencias importantes. Mientras los resfriados suelen provocar congestión nasal, estornudos y dolor de garganta, el dengue se caracteriza por una fiebre alta repentina, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares severos, cansancio extremo y malestar general.

Precisamente por esos dolores musculares y articulares intensos, la enfermedad es conocida popularmente como la “fiebre quebrantahuesos”. Algunos pacientes también pueden presentar náuseas, vómitos y erupciones en la piel varios días después del inicio de los síntomas.

Los especialistas advierten que el mayor riesgo aparece cuando la fiebre comienza a desaparecer. Contrario a lo que muchas personas creen, la reducción de la temperatura no siempre significa mejoría. Es en ese momento cuando algunos pacientes desarrollan signos de alarma que pueden anticipar un cuadro grave.

Entre las señales que requieren atención médica inmediata figuran el dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado de encías o nariz, presencia de sangre en heces o vómitos, dificultad para respirar, somnolencia excesiva, irritabilidad o una sensación marcada de debilidad.

Cuando estos síntomas aparecen, el paciente puede requerir hospitalización para recibir líquidos intravenosos, monitoreo constante y tratamiento especializado.

Los datos oficiales muestran precisamente que cada vez más pacientes están llegando a esa fase crítica. En una sola semana se sumaron 20 hospitalizaciones adicionales y dos nuevos casos de dengue grave, indicadores que suelen ser observados con especial atención por los epidemiólogos porque reflejan la presión que la enfermedad ejerce sobre el sistema de salud.

El comportamiento observado en Panamá coincide con una tendencia regional. Diversos países de América Latina han reportado durante los primeros meses de 2026 un aumento de casos favorecido por las lluvias, las altas temperaturas y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Naciones como Brasil, Colombia, Perú, Honduras y Costa Rica han mantenido sistemas de vigilancia reforzados debido a la persistencia de brotes y a la circulación simultánea de distintos serotipos del dengue.

Las autoridades sanitarias panameñas insisten en que la principal herramienta para contener la enfermedad sigue siendo la eliminación de criaderos. El mosquito deposita sus huevos en recipientes con agua acumulada, por lo que tanques destapados, llantas, botellas, latas, cubetas y otros objetos abandonados pueden convertirse en focos de reproducción.

Mientras el país entra en los meses de mayor intensidad de la temporada lluviosa, el avance de las estadísticas deja un mensaje claro: el dengue continúa ganando terreno. Y aunque la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones, el aumento simultáneo de contagios, hospitalizaciones, casos graves y fallecimientos demuestra que la enfermedad sigue representando una amenaza significativa para la salud pública panameña.

A bipartisan group of lawmakers is demanding answers from the Pentagon after U.S. Central Command disclosed it had received multiple threat reports indicating foreign adversaries were exploiting commercially available location data to target or surveil American military personnel overseas.

In a letter to War Department Chief Information Officer Kirsten Davies, lawmakers led by Sen. Ron Wyden, D-Ore., and Rep. Pat Harrigan, R-N.C., warned that the Pentagon «has not taken basic steps to protect U.S. military personnel from the serious counterintelligence and force protection threat posed by the collection and sale of personal information, including cell phone location data, by data brokers.»

The lawmakers cited information provided by U.S. Central Command, which told Congress it «has received multiple threat reports concerning adversary exploitation of commercial location data to target or surveil U.S. personnel in theater.»

The warning centers on the vast commercial data broker industry, which collects and sells location information generated by smartphones, apps and advertising networks. Lawmakers say adversaries may be able to purchase or otherwise obtain that data and use it to identify military installations, monitor troop movements or track individual service members.

HACKERS CLAIM MASSIVE BREACH OF COMPANY THAT TRACKS AND SELLS AMERICANS’ LOCATION DATA

After revealing that CENTCOM had received multiple threat reports involving adversaries exploiting commercial location data, the lawmakers argued the Pentagon has failed to adequately address a vulnerability that has been known for years.

«That foreign adversaries are still able to buy location data collected from the phones of U.S. personnel serving in military hotspots is a direct result of DOD leadership’s failure to prioritize this threat and implement common sense cyber defenses recommended by federal cybersecurity experts,» the lawmakers wrote.

According to the letter, CENTCOM told lawmakers it only rolled out a capability to administratively disable location sharing on government-issued smartphones in May. Lawmakers also said advertising identifiers — unique tracking numbers used by advertisers and data brokers to monitor devices across apps and services — remain active on government-issued devices despite longstanding recommendations from cybersecurity agencies to disable them.

ALLSTATE SUED FOR ALLEGEDLY TRACKING AND SELLING 45M AMERICANS’ LOCATION DATA

The lawmakers urged the Pentagon to disable advertising identifiers on all government-issued smartphones and issue guidance requiring personnel to do the same on personal devices used overseas or on military installations. They also called for the Departement of War to replace web browsers that facilitate advertising-related data collection with privacy-focused alternatives that include anti-tracking protections.

The Pentagon has been grappling with the security implications of commercially available location data for years. In 2018, the fitness-tracking app Strava inadvertently revealed the locations and movement patterns of military personnel after publishing a global heat map of user activity. Similar concerns later emerged involving other fitness and location-based applications that exposed military installations and, in some cases, could be used to identify individual service members.

The War Department subsequently issued guidance restricting the use of applications and devices that share geolocation data in operational areas. But lawmakers argue the department has not fully implemented more basic protections designed to limit the collection and sale of location information in the first place.

Fox News Digital reached out to the Pentagon for comment. 

Cybersecurity experts say the concern extends far beyond fitness-tracking applications.

The lawmakers cited information provided by U.S. Central Command, which told Congress it «has received multiple threat reports concerning adversary exploitation of commercial location data to target or surveil U.S. personnel in theater.» (Jonathan Klein/AFP via Getty Images)

The commercial data ecosystem collects vast amounts of location information generated through smartphones, mobile applications, advertising technology systems and other digital services.

«The United States’ foreign adversaries have plentiful opportunities to exploit commercial location data on Americans, because so much location data is collected, shared, sold, inferred, and much more across the commercial market on millions of Americans every day,» Justin Sherman, CEO of research and advisory firm Global Cyber Strategies, told Fox News Digital.

Sherman said foreign adversaries can potentially obtain access to location data through data brokers, digital advertising networks and other commercial systems that collect and sell information about users’ movements.

«If you’re one of the United States’ foreign adversaries, you have advanced cyber capabilities, but you see all this U.S. data out there on the commercial market, you’d think: ‘why hack when I can buy?’»

«Foreign adversaries can take advantage of gaps in U.S. privacy laws, failures in other countries to lock down data, and the pervasiveness of digital systems to get location data from data brokers, real-time bidding networks for digital ads, and many other commercial sources,» Sherman said.

The commercial data ecosystem collects vast amounts of location information generated through smartphones, mobile applications, advertising technology systems and other digital services. (Source: U.S. Army )

Once obtained, Sherman said the data can potentially be used to identify individuals, track their movements over time and build what intelligence professionals refer to as «patterns of life» — detailed pictures of a person’s routines, habits and activities.

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«The sale of location data in particular on Americans’ devices puts military personnel at risk, can expose their families and other people in their lives, and allow anyone with the data to see the sites they visit, map patterns of life, run intelligence operations against them, and more,» Sherman said. «It’s a serious national security threat.»

The lawmakers’ letter raises fresh questions about how much commercially available data foreign adversaries can access and whether existing Pentagon safeguards are sufficient to protect American troops operating in sensitive environments around the world.