El Gobierno dispuso finalmente una “intervención en grado de veeduría” en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La decisión fue firmada este lunes por la noche por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y mantiene el plan de trabajo y los veedores que habían sido propuestos por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia. El nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.

La resolución dispone la veeduría a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Estas irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. El ministro Mahiques designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco, según la resolución.

El desempeño de los veedores coincidirá con el desarrollo del próximo mundial de fútbol que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México, donde la AFA estará enfocada en la performance de la Selección argentina.

La misión de los veedores es “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia”. Y además deberán “verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

Esa será la tarea de los veedores, según la resolución que lleva el número 128 de 2026 y a la que accedió .

Los lineamientos de los veedores los obligan a presentar un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas. Además, deben incluir su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio.

Los nuevos veedores de la AFA auditarán todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA) y las “operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero”.

Otra de las tareas encomendadas por Mahiques será “auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o Javier Faroni y/o Erica Gillette, su mujer y titular de la firma”.

Se trata de la empresa que estaba habilitada para cobrar en el exterior los contratos de la Selección argentina y desde donde se movieron al menos 400 millones de dólares hacia sociedades fantasma o personas ignotas, sin justificación.

A su vez, los veedores deben analizar la relación entre la AFA y Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio Chiqui Tapia investigado por lavado de dinero. Se analizarán las relaciones con el resto de las sociedades de ese grupo.

La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe. Se deben “indicar las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país».

Se trata de una radiografía oficial de estos movimientos que se convertirá en prueba judicial de las causas en trámite. Además, los veedores revisarán y se expedirán respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ.

Los veedores, según la decisión administrativa, “contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada”.

Una vez que terminen la tarea en seis meses, los veedores deberán elaborar un informe final con sus conclusiones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar los informes parciales que puedan considerar necesarios en los cuales consten los avances de su tarea y las eventuales situaciones que pudiesen evaluar como urgentes.

El ministerio de Justicia dijo que con esta resolución se “busca garantizar el adecuado ejercicio del control estatal sobre una asociación civil de relevancia pública, preservar la transparencia en su administración y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen su funcionamiento institucional”.

La remoción de Vítolo con la llegada de Mahiques al ministerio generó suspicacias ante la eventual protección que se pudiera dar a la organización deportiva. Pero Mahiques, que fue propuesto como vicerrector de la universidad de la AFA y tiene amistad con Ignacio Jakim, un abogado asesor de la AFA, dijo que iba a mantener las decisiones de su antecesor.

Santiago Viola, segundo de la cartera de Justicia, juró este martes, en el Palacio de Tribunales como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el estratégico organismo encargado de la designación y sanción de jueces.

La jura de Viola se dio ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, cabeza del organismo; Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. En el mismo día que los representantes del máximo tribunal se reunieron por primera vez, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que asumió casi dos semanas atrás.

Viola juró rodeado de referentes de las filas de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien lo ubicó tanto a él como a Mahiques al frente de la cartera de Justicia, en una avanzada de su sector por sobre el de Santiago Caputo, que hasta entonces tenía allí a Sebastián Amerio, como segundo del área.

Entre los asistentes a la jura estuvieron el propio Mahiques; el diputado y armador político en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, hombre de extrema confianza de la funcionaria; también el jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés, Gabriel Bornoroni; la senadora por Neuquén, Nadia Márquez; su par de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, el diputado por Córdoba, Gonzalo Roca también representante libertario en el Consejo de la Magistratura y el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Diego Vartabedian.

Apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Viola es un hombre del círculo cercano a la funcionaria con quien trabaja palmo a palmo desde los inicios del proyecto libertario y también es quien acercó a Mahiques para reemplazar a Mariano Cuneo Libarona, que desde el año pasado buscaba dejar la cartera de la calle Sarmiento.

Con las designaciones de Mahiques y Viola, conocidas casi dos semanas atrás, Karina Milei se impuso en la interna libertaria por sobre el ala de Caputo, que tenía en la cartera como número 2 a Amerio.

Su salida, de la que el propio Amerio se enteró en vivo durante un audiencia del Consejo de la Magistratura, sorprendió en las filas de los “celestiales”, que si bien ya habían perdido las ilusiones de nombrar al sucesor de Cúneo, según ellos mismos reconocían, apostaban porque Amerio seguiría en el cargo.

Sin embargo, lejos de eso, Amerio fue relevado y con la designación de Viola, la funcionaria estableció allí una dupla completamente propia. Tras el episodio, Amerio fue designado como Procurador del Tesoro Nacional (PTN), en un movimiento que apuntó a contener la interna libertaria.

Tanto Mahiques como Viola tienen diversos lazos con el Poder Judicial, del que ambos formaron parte, y apuntan, entre otras cosas, a completar las más de 300 vacantes abiertas en los distintos fueros. Para eso hubo reuniones la semana pasada con el ministro de Interior, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, otras dos personas de extrema confianza de Karina Milei, y quienes hoy mientras se desarrollaba la jura de Viola estaban reunidos en Casa Rosada en el marco de la mesa política.

Las vacantes son una enorme herramienta de negociación con gobernadores y aliados, por los cupos en sus provincias, y para eso es central la silla del Ejecutivo que ocupará Viola en el Consejo de la Magistratura, una de las mesas donde se discute poder en Argentina.

Casi una década atrás, Viola, de 38 años, estuvo imputado en una causa en los tribunales de Comodoro Py acusado de haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner, algo que luego se probó que era falso. En ese entonces, Viola era abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y la estrategia buscaba correr a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez y sus hijos terminaron condenados.

Ese expediente finalmente fue cerrado en favor de Viola por la Cámara Federal de Casación. Lo resolvieron los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

En 2018, el hoy funcionario protagonizó un choque de madrugada con su BMW en la Panamericana, en el que murió una persona que viajaba en el otro auto. Fuentes que trabajaron en la investigación del choque informaron en aquel entonces a que Viola se había negado a que le hicieran el examen necesario para medir la alcoholemia y que pasó el primer fin de semana preso. Finalmente, este caso también se cerró. informó tiempo después que Viola terminó sobreseído luego de llegar a “un acuerdo de reparación total del daño”.