“Todavía es muy pronto para medir con certeza el impacto, pero fue positivo”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial respecto de la afectación que tuvo en la imagen del Gobierno la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, hay quienes hablan de un recupero “multicausal” en los números que miden la valoración de la administración libertaria.

En Casa Rosada sostienen que la renuncia del exfuncionario de paladar libertario descomprimió el tema en los medios de comunicación y les permitió “equilibrar” la conversación en redes sociales. Sin embargo, enumeran varios factores, algunos de ellos económicos, para explicar el repunte.

“Hubo una leve recuperación, pero lo que cambió fue la cobertura de medios sobre el Gobierno. También cambió la conversación en redes sociales, que dejó de ser mayoritariamente negativa para pasar a una más equilibrada, algo que no pasaba desde marzo”, admitió ante este medio una voz al tanto de las mediciones.

Según quienes siguen de cerca estas mediciones, la mejora responde a una combinación de factores. Entre ellos, la salida de Adorni —que, según detectan, concentraba el grueso de las noticias negativas del Gobierno tras 112 días de escándalo y casi nueve millones de menciones en el ecosistema digital— y el efecto del Mundial 2026, que se disputa desde mediados de junio y que finalizará el próximo fin de semana.

A eso le agregan una combinación de novedades positivas que le atribuyen al programa económico con otros temas que impactan en la oposición como los movimientos en la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Gran parte se debe a la salida de Adorni, pero también está el Mundial y luego, en menor medida una combinación de buenas noticias económicas y algunas malas del resto”, explicaron desde el oficialismo ante este medio.

La postura es compartida por varios en Balcarce 50 que ven cómo la repercusión del caso parece haber mermado en los medios tras la renuncia al tiempo que se parece haberse neutralizado en la conversación digital, una de las principales preocupaciones que marcó al Gobierno en los últimos meses, aunque se muestran expectantes respecto a la investigación judicial.

“No está claro que el repunte sea estrictamente por ‘la salida de Adorni’. Sí, lógicamente, descomprimió la agenda, pero es siempre una cuestión multicausal”, coincidió un hombre que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

Si bien evitan hablar de cifras, hay quienes sostienen que en función de las propias mediciones, el presidente Javier Milei se encuentra en torno a los 38 puntos de imagen positiva, y detectan una “leve mejora en las expectativas”. “La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeraron ante este medio.

Hace casi un mes, la plana oficialista admitía con preocupación que el tema Adorni había invadido las redes sociales y alertaban que el exfuncionario le ganaba en menciones negativas al propio Presidente. Los datos que referenciaban correspondían al relevamiento de AdHoc realizado el jueves 11 de junio, el día después de la última entrevista televisiva de Adorni, que lejos de cerrar la discusión, volvió a instalar el caso en la agenda.

La misma consultora registró que junio fue el quinto mes consecutivo en el que las publicaciones negativas superaron a las positivas sobre Milei en el ecosistema digital. En promedio, registraron 53% de menciones negativas, 38% positivas y 9% neutras, pero también una merma en el volumen de menciones que cayeron un 32% respecto de octubre de 2025. Otro dato significativo de la medición es que la senadora Patricia Bullrich fue la figura que más positividad le aportó a la imagen del Poder Ejecutivo con el 43,6% de aceptación, apenas por encima de la negativa que cosecha.

Poco más de un mes después, en las filas libertarias garantizan que el cambio en la Jefatura de Gabinete, con el posterior desembarco de Diego Santilli, le permitió al Gobierno recuperar la actividad, en particular la dinámica legislativa, y correr de la agenda mediática el caso.

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Antes del receso legislativo, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión convocada para este jueves a las 12 en el Senado.

Con esa iniciativa, el oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria mientras continúan empantanadas las negociaciones con los bloques dialoguistas por la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).

El temario fue acordado el pasado martes con la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Además de esa iniciativa, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una serie de pliegos de integrantes del Poder Judicial.

La agenda también incluye un proyecto de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.

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Con el compromiso de los bloques de garantizar el quórum para la sesión de este jueves, los presidentes de bancada también definieron la hoja de ruta para después del receso invernal. En ese sentido, acordaron convocar a una nueva sesión el 6 de agosto para debatir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar legislación considerada obsoleta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Para esa misma jornada también prevén incluir el proyecto de Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, y el de Salud Mental, que aún no obtuvo dictamen y continúa en tratamiento en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.

En qué consiste el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado vuelva a ser revisado antes de su tratamiento en el recinto este jueves.

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Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.

El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.

En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.

San Miguel de Tucumán, capital de la Argentina por un día

La senadora Ávila avanzó con el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina, con carácter simbólico, cada 9 de julio. La iniciativa, acompañada por la legisladora de Convicción Federal Sandra Mendoza, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y Cultura y este jueves será tratada en el recinto.

El proyecto consta de dos artículos. El primero declara a San Miguel de Tucumán como “Capital de la República Argentina” todos los 9 de julio de cada año. El segundo establece que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.

La propuesta retoma el espíritu del decreto 81, firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que declaró a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. La diferencia es que la iniciativa busca otorgarle rango de ley a esa disposición.

En los fundamentos del proyecto, Ávila sostiene que la ciudad “ocupa un lugar central en la historia institucional de nuestro país” por haber sido sede del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese sentido, recuerda que fue en la Casa Histórica de Tucumán donde los congresales proclamaron “solemnemente a la faz de la tierra” la voluntad de romper los vínculos con la Corona española y constituirse como una nación libre e independiente.

sesion, Senado, propiedad privada

La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.