POLITICA
Tras la marcha universitaria, el Gobierno y el CIN se cruzaron por los fondos y los salarios docentes

Tras la multitudinaria marcha universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron un intenso debate este jueves en A Dos Voces por TN.
El intercambio estuvo dividido en tres ejes: la Marcha Federal Universitaria, la situación salarial en las universidades públicas y el funcionamiento de los hospitales universitarios, con acusaciones cruzadas sobre el presupuesto, el cumplimiento de la ley de financiamiento y el impacto del ajuste en el sistema educativo.
Marcha universitaria: el alcance de la protesta y el reclamo por el financiamiento
En el primer tramo del debate, Bartolacci defendió la Marcha Federal Universitaria y sostuvo que la movilización expresó una preocupación transversal de la sociedad argentina. “De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la Argentina del progreso es la educación pública. La educación pública iguala y que nos hace libres. Esa manifestación contundente pidió el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, responsabilidad que le cabe al Gobierno nacional. Esperamos que las autoridades nacionales recapaciten”.
En la vereda opuesta, Álvarez respondió: “La política argentina ha colonizado las universidades. Este miércoles, lo escuchaba a Anselmo Torres, que lo acompaña a él como vicepresidente del CIN, decir algo que yo no puedo dejar pasar. Porque él decía: ‘no, yo soy un simple rector de la Universidad de Río Negro, soy un simple docente’. Es un simple docente que le dio el honoris causa a Cristina. Cristina que tiene seis honoris causa de las universidades argentinas».
“También tenemos a la Universidad del Oeste, universidad que me vino a ver porque tiene un déficit de 7.000 millones de pesos por nombramientos que fueron hechos sin pedir ningún tipo de aval”, señaló el funcionario.
“La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, aseguró.
El rector sostuvo que la movilización no tuvo un carácter partidario. “Yo te aseguro que también había mucha gente que acompaña al presidente Milei, que, sin embargo, cree en el valor que tiene la universidad pública argentina”, afirmó.
El titular del CIN afirmó: “Quiero decir que es un error de lectura, Alejandro, y yo pido que lean bien lo que pasó con la marcha en todo el país, lo que pasa cada vez que hay una manifestación en defensa de la universidad pública. Seguramente había mucha gente que no acompaña al Gobierno nacional. Yo te aseguro que también había mucha gente que acompaña al presidente Milei, que, sin embargo, cree en el valor que tiene la universidad pública argentina. Y por eso se manifiesta y la defiende”.
Tras esa respuesta, Álvarez volvió a tomar la palabra y llevó el debate al terreno fiscal y presupuestario: “Mirá, la réplica principal es que no logran entender el concepto elemental de restricción presupuestaria. Usted puede hacer una marcha de 100.000 personas o de 150.000 personas y al otro día tenemos la restricción presupuestaria ahí mirándonos y hay que resolverlo. Y eso lo heredamos de gobiernos que tienen la percepción que tiene el CIN. O sea, que el dinero es infinito, que se puede imprimir, que nosotros tenemos que financiar de cualquier manera sin tener responsabilidad respecto del desarrollo de la economía”.
Presupuesto y salarios: acusaciones cruzadas por el ajuste y la situación docente
El rector afirmó: “No es un buen antecedente en términos institucionales que no se cumpla la ley. No es que la ley vale cuando a mí me gusta y vale menos cuando no me gusta tanto, es dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”.
Ahí volvió a intervenir Alejandro Álvarez y respondió: “Lo que tienen que cumplir es la ley de administración financiera, que indica claramente que ustedes no pueden aprobar una ley que viole la ley”.
Luego sostuvo: “Ese proyecto es un proyecto que nacía muerto, porque es un proyecto que viola la ley de administración financiera, pero además viola el principio fundamental que es que la asignación de gasto tiene que estar en el presupuesto”.
“El pueblo argentino hizo un enorme esfuerzo para salir del desastre que dejó la gestión anterrior, una gestión muy allegada a vos. Todos los salarios del Estado jerárquicos estuvieron congelados, salvo uno. Estos son todos los salarios de todos los rectores que superan el salario del Presidente de la Nación. Como verás, no puse los nombres, pero acá están todos los salarios. Tenemos salarios de 14 millones de pesos”, cuestionó Álvarez.
Bartolacci respondió inmediatamente: “Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso. Yo espero un debate razonable, en otro tono, y en serio”.
Luego defendió la legalidad de la ley de financiamiento universitario: “Ninguna ley nace muerta, salvo la expresa voluntad de que aquel que tiene la responsabilidad de aplicarla no esté dispuesto a hacerla”.
Y explicó: “Cuando se discutió esa ley no había presupuesto aprobado y se distribuían los incrementos presupuestarios. La ley de financiamiento universitario no es una partida de ejecución nueva. Es recomposición y actualización de una partida existente. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es aplicar la ley”.
“Lo más urgente es la situación salarial”
Bartolacci afirmó: “La situación hoy es realmente crítica del sistema universitario: 0,4% del PBI. Estábamos en el 0.7, bajamos hasta ahí. Ya no es que no somos comparables con los países desarrollados del mundo. No somos comparables ni siquiera con los países de la región. La Argentina es el país que tiene la matrícula más amplia, el sistema universitario público más robusto, y la que menos destina a educación superior pública”.
En relación con el presupuesto, afirmó: “En términos generales, las transferencias al sistema universitario cayeron alrededor de un 45%. Estamos a la mitad de nuestras capacidades en todos los aspectos”.
Después puso el foco en los salarios: “Lo más delicado hoy, lo más urgente, es la situación salarial del personal docente y no docente, los trabajadores de la educación superior”.
Y dio un dato puntual: “Entre el 60% y el 70% de los trabajadores de la educación superior está percibiendo hoy un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. La situación es dramática”.
En ese momento lo interrumpió Álvarez para cuestionar las cifras salariales: “Vos estás tomando la categoría de JTP. Hoy están en 826.000 pesos. El dato que estás dando vos es de marzo. Hubo aumentos en el medio y esos aumentos dan que hoy estamos en 826.000 pesos. Así que, como administrador, no sabés los sueldos que estás pagando”.
Leé también: El Gobierno minimizó la marcha universitaria y aseguró que estuvo impulsada por el aparato de la oposición
“Todo presupuesto es una declaración de principios. Uno dice qué sí y qué no. Y acá no es que faltan recursos. Lo que falta es voluntad política para poder reparar las situaciones que son injustas”, punzó el presidente del CIN. Y advirtió que el sistema está en su punto más bajo en materia de financiamiento.
Y Álvarez lo cruzó: “Las universidades están en su punto más bajo en materia de graduación. En Chile se gradúan 80 de cada 100 estudiantes; en la Argentina apenas veinte de cada 100″.
El titular del CIN le preguntó a Álvarez si, en caso de que la justicia falle a favor de las universidades, iban a cumplir la ley. “Sí, vamos a cumplir absolutamente la ley”, aseguró el funcionario.
Por su parte, Álvarez le preguntó por la rendición de los gastos. “No rindió 4344 millones sobre gastos de funcionamiento”, apuntó.
-“Hace un año y medio que no envían un solo peso para el financiamiento de los polos educativos”, respondió Bartolacci.
-“Rendí primero, luego se transfiere”, retrucó Álvarez.
La disputa por los fondos para los hospitales
El rector también puso el foco en los hospitales universitarios. “Alrededor de un millón de personas al año se atienden en esos lugares”, afirmó, y denunció que los fondos previstos para 2026 “no están transfiriéndose” en tiempo y forma.
Además, alertó sobre el deterioro del sistema científico: “La inversión en ciencia nunca ha estado tan baja. Se están discontinuando proyectos de investigación y estamos perdiendo investigadores por éxodo”.
Álvarez rechazó esas acusaciones y apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires. “La UBA miente”, lanzó, al mostrar supuestas transferencias realizadas para la función salud entre enero y abril.
Según explicó, el conflicto se centra en un fondo adicional para hospitales universitarios que todavía no fue distribuido porque el Gobierno busca “mecanismos nuevos, racionales y verificables” para repartirlo.
Marcha universitaria, debate, A dos voces
POLITICA
Liberaron a los dos activistas argentinos detenidos por ir en la flotilla humanitaria a Gaza

La Cancillería argentina confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en Libia tras ser interceptados a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud Maghreb, fueron liberados este martes por la mañana.
Los activistas —oriundos de Mendoza y directores de investigación del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal— permanecían detenidos en Bengasi, Libia del Este, desde el 24 de mayo, cuando las autoridades bloquearon el paso de la delegación terrestre que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza para llevar ambulancias, medicamentos y alimentos.
El convoy humanitario había salido de Argelia el 8 de mayo y arribado a Libia con rumbo a Gaza. Según detallaron en la misión humanitaria, luego de que la delegación llegara a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte, se perdió toda comunicación con el grupo.
El canciller argentino Pablo Quirno detalló que, tras ser expulsados junto a otros extranjeros, ambos se encuentran “seguros” en Estambul, Turquía, y que fueron asistidos por funcionarios del Consulado General estambuliota.
“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos», destacó Quirno.
La liberación fue coordinada con The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, en español) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron».
Detenciones en Israel
Al mismo tiempo que la caravana terrestre fue detenida, otro grupo también fue privado de su libertad en Israel. Esto suscitó un gran repudio internacional y reclamos por la “liberación inmediata”. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundió un video en el que se burlaba de los manifestantes, a quienes se veía arrodillados y con las manos atadas detrás de la espalda.
Finalmente, en mayo de este año se confirmó que todos habían sido liberados. “Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel”, confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, tras el reclamo de varios países. Pese a la fuerte condena internacional, el funcionario se jactó de que su país “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.
Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos habían sido interceptados días antes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre. Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.
El trato que recibieron por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir provocó una protesta internacional y una reprimenda del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
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POLITICA
Liberaron a los dos argentinos que estuvieron un mes detenidos en Libia: iban a Gaza en una misión humanitaria

El canciller Pablo Quirno anunció que Libia expulsó a los dos mendocinos, Paula Giménez y Lucas Aguilera, después de un mes de detención en ese país. Ambos integraban un convoy internacional que transportaba asistencia para la población palestina y actualmente se encuentran seguros en Estambul, Turquía.
Quirno publicó en su cuenta de X: “La Cancillería Argentina informa que hoy por la mañana fueron expulsados de Libia del Este (Bengasi) los dos ciudadanos argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, participantes del Convoy Sumud, detenidos el pasado 24 de mayo en Sirte (Libia). Ambos se encuentran seguros en la ciudad de Estambul (Turkiye) donde fueron asistidos por funcionarios del Consulado General en esa ciudad”.
El Canciller destacó: “Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicieron posible su liberación”.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron. Agradecemos especialmente la dedicada asistencia consular y el profesionalismo de los funcionarios diplomáticos en Túnez y en la Dirección General de Asuntos Consulares en condiciones particularmente complejas”.
Quiénes son los dos mendocinos que estuvieron detenidos en Libia mientras iban rumbo a Gaza en una misión humanitaria
Giménez y Aguilera, los dos mendocinos que estuvieron detenidos durante un mes en Libia mientras iban rumbo a Gaza en una misión humanitaria, trabajan en la agencia de noticias NODAL y formaban parte de un convoy humanitario integrado por activistas, cooperantes y personal sanitario de distintos países.
Los dos integraban el convoy terrestre Global Sumud Maghreb, una iniciativa internacional que partió a inicios de mayo con el objetivo de llegar a Gaza transportando asistencia humanitaria. El recorrido contemplaba atravesar Mauritania, avanzar por territorio libio, entrar a Egipto y, desde allí, alcanzar la Franja de Gaza.
Ambos habían partido el 5 de mayo desde la Argentina. El primer destino fue Estambul. Desde allí se incorporaron a una delegación integrada por representantes de unos 20 países que avanzó por el norte de África con vehículos, ambulancias y camiones cargados con ayuda.
Durante semanas permanecieron en el desierto libio esperando autorización para continuar viaje. De acuerdo con el relato de los familiares, el convoy transportaba alimentos, medicamentos y módulos habitacionales destinados a la población gazatí.
libia
POLITICA
Argentina pagó su deuda con la ONU y renueva su respaldo a Grossi para conducir la organización a partir de 2027

Las alicaídas cuentas de las Naciones Unidas, golpeadas por la política de desfinanciamiento de la administración Trump, tuvieron anteayer una buena –y algo inesperada– noticia. Luego de meses de demora, la Argentina se sumó al conjunto de países que regularizó su deuda con el organismo internacional, al que el Gobierno pretende presidir desde el año próximo a través de la candidatura del diplomático Rafael Grossi, uno de los postulantes a suceder al portugués Antonio Guterres como secretario general.
Según el sitio oficial de Naciones Unidas, Argentina hizo el 22 de junio el efectivo pago de los US$15.589.175, correspondiente al 0,5 por ciento del presupuesto total de la ONU.
El Gobierno ingresa así en el grupo de 61 países que abonaron su membresía anual luego del primer plazo establecido, unos días después de Zimbabwe, San Martino y Pakistán. Ni Estados Unidos, el principal aportante, ni China, aparecen entre los 116 países que tienen sus cuentas al día con la ONU, un listado en el que sí estás potencias europeas como Alemania, Francia o Italia, y en el que desde hace rato está Brasil, uno de los principales impulsores, junto a México, de la candidatura a secretaria general de la ONU de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
El pago de la contribución anual –autorizada por el Ministerio de Economía y la Cancillería– coincide con la presencia del canciller Pablo Quirno en los Estados Unidos. Ayer, Quirno habló en la Asamblea General de la OEA, en Panamá, y hoy llegó a Nueva York, donde mañana participará de la reunión anual del Comité de Descolonización, que año tras año apoya el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas e insta a las partes a encontrar una solución pacífica y negociada con el Reino Unido.
El pago también supone un cambio en la mirada del Gobierno sobre la organización, a la que el presidente Javier Milei criticó en repetidas oportunidades, y otros organismos internacionales que integra y donde también mantiene deudas, como en los casos de la OEA y distintos estamentos del Mercosur.
Titular del estratégico Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que en estos días negocia con Irán la inspección a sus plantas nucleares como parte del acuerdo entre ese país y Estados Unidos, Grossi sostiene la línea del Gobierno y suele ser crítico del funcionamiento de la ONU, sobre todo en su faz financiera. “Los Estados miembros no están dispuestos a financiar indefinidamente la proliferación institucional que ha tenido lugar en el seno de la ONU”, dijo Grossi al medio Le Temps, de Suiza, la semana pasada.
Desde el Gobierno impulsan la postulación de Grossi, a través de una unidad especial creada en la Cancillería y conducida por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Desde Panamá, Quirno volvió ayer a darle apoyo explícito en su pelea con Bachelet, la es presidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el senegalés Macky Sall.
“La Argentina cree en un multilateralismo eficiente, pragmático y responsable. Los organismos deben estar al servicio de la soberanía de los Estados, rendir cuentas por sus resultados y concentrar recursos en mandatos claros (…). Esa visión inspira el respaldo argentino a la candidatura de Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas”, sostuvo el canciller. El candidato ha agradecido, más de una vez, el amplio respaldo del Gobierno, aunque también ha destacado en distintas entrevistas que no es sólo “el candidato de la derecha”.
El propio Grossi, nominado meses atrás por la revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, se tiene fe. “Necesito el apoyo de todos y creo que lo voy a tener, pero esa es mi aspiración”, dijo Grossi en diálogo con luego de defender su postulación.
Un importante paso se dará en sólo unas semanas, cuando las postulaciones se traten en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos y Rusia, cada uno a su manera, ya han elogiado a Grossi, aunque se sostiene la incógnita sobre la postura de los otros tres integrantes del Consejo: Francia, China y sobre todo Gran Bretaña, enfrentada con Argentina en los foros internacionales en torno a la soberanía de las Malvinas. Un veto eventual de cualquiera de los cinco dejará a Grossi –y al Gobierno– fuera de la competencia.
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