POLITICA
Tras la presión de los intendentes, Kicillof prepara un proyecto para impulsar las policías municipales
Los intendentes del conurbano bonaerense buscarán llegar a fin de año con la creación de la policía municipal oficializada y así contar con una normativa propia para hacerse cargo de la administración de una nueva fuerza de seguridad para distritos densamente poblados. Así lo planteó el ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, Javier Alonso. El funcionario se reunió con un grupo de intendentes de distinta pertenencia política, pero que quieren avanzar con darle un marco legal a las policías municipales. En esa reunión, que se llevó adelante en Escobar, Alonso planteó que “el gobernador se comprometió a enviar un proyecto para actualizar el marco normativo de seguridad, para poder recoger cuáles son los desafíos que tenemos que llevar adelante”.
En esos “desafíos” está la regularización normativa para darle sustento provincial a las fuerzas locales. Un sustento que además incluye el sostenimiento económico. Fuentes del ministerio plantearon que, tras la reunión que Alonso mantuvo con intendentes, lo que sigue ahora es “trabajar durante el próximo mes y entre el ministerio y los intendentes e ir evaluando”. Los intendentes quieren señales claras. No menor fue que del encuentro en Escobar también participó la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, una funcionaria de bajo perfil pero de extrema confianza de Kicillof.
“Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, explicó el anfitrión, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. En su distrito ya funciona desde marzo del 2025 la Policía Municipal de Escobar. Algo que también existe en varios distritos del conurbano, pero sin una reglamentación “hacia arriba”.
San Isidro es otro caso. Su intendente, Ramón Lanús, también estuvo en la reunión con el ministro Alonso. El jefe comunal, que forma parte del PRO, aseguró: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.
De la actividad en Escobar también estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leo Boto (Luján), Nicolás Mantgazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Fabiani (intendente interino en Almirante Brown). La posición es indistinta y alcanza a diferentes espacios políticos. Ramón, que es oposición al peronismo, respaldó la convocatoria del gobierno bonaerense y valoró “que a través del Ministerio de Seguridad, se haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.
“El gobierno de Kicillof se comprometió a llevar a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley para modernizar la seguridad municipal y formalizar la creación de las policías municipales, poniendo en valor el trabajo de los jefes y jefas comunales que abordamos esta tarea con compromiso e inversión”, detalló el kicillofista Ferraresi, de Avellaneda. Agregó, además, que “mientras el gobierno nacional redunda en los discursos vacíos, en nuestra provincia, las políticas de seguridad son una construcción real que se traduce en acciones que benefician a toda la sociedad.
Durante la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado el abordaje de dos temas referidos a la seguridad. Una nueva ley para el personal policial y una “modificación integral” a la ley de Seguridad Pública. Es allí donde va a entrar la regularización de las policías municipales, muchas de las cuales ya funcionan con el sostenimiento de los distritos. Otro tema que regulará los cambios a la ley de seguridad pública es el funcionamiento de los centros de monitoreo. El rol que tendrán los intendentes será clave.
Actualmente, suele ser una demanda recurrente los recursos que destinan los jefes comunales al mantenimiento de patrulleros de la Policía Bonaerense, así como la carga de combustible de las unidades, entre otros aspectos.
Los jefes comunales buscan tener el control pleno y garantizarse recursos para ello. Se presenta como una empresa ambiciosa, toda vez que el gobierno provincial viene desde enero del 2024 con la merma en la transferencia de recursos de parte de la Nación para con la administración de Kicillof.
El control pleno es algo que no lograron cuando, efectivamente, se puso en marcha la Policía Local en la provincia de Buenos Aires. Fue durante el 2014, en la gobernación del hoy funcionario libertario, Daniel Scioli. En ese momento, se impulsó la creación de policías locales. La falta de acuerdos en la Legislatura hizo que el entonces mandatario apurara su creación mediante un decreto. Era para distritos de más de 70 mil habitantes. Luego, producto del desfinanciamiento y un proceso de centralización, en la gestión de María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad, se optó por la absorción de esa fuerza hacia la Policía bonaerense.
En la Legislatura están expectantes al envío del proyecto en cuestión. El Frente Renovador, de Sergio Massa, es uno de los espacios que busca seguir de cerca el tema. De hecho, en el proceso anterior de la conformación de las policías locales, fue uno de los sectores que la promovió. Doce años después, algunos de sus legisladores sostienen el tema. Como, por ejemplo, el diputado Carlos Puglielli, que a principio de año presentó un proyecto de ley para crear las policías comunales, una fuerza de seguridad con tareas de prevención y patrullaje, pero para distritos con menos de 70 mil habitantes.
Axel Kicillof
POLITICA
La Justicia investiga si Adorni hizo más compras para su casa del country y analiza chats entre su secretaria y el contratista Tabar
La Justicia puso la lupa sobre las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la casa del funcionario en el country Indio Cuá.
La investigación también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.
La nueva línea de investigación surgió luego de que se comprobara que la factura de una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, por $8.183.303,25, fue emitida a nombre de Kocsis, que además habría pagado en efectivo.
La operación ya había quedado bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.
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Ahora, la fiscalía también examina conversaciones entre Tabar y la secretaria del jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba fotografías al contratista de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.
Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. La investigación busca determinar si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble de Adorni en Indio Cuá.
La operación que ya fue identificada corresponde a la adquisición en Rosen The Store de tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.
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Las nuevas medidas se suman a una batería de pruebas ordenadas por Pollicita en la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, el fiscal dispuso distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.
Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo documentación sobre designaciones, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona, con el objetivo de obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (el padre del jefe de Gabinete) que pudieran tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que están bajo análisis en el expediente.
La investigación sobre las compras para la vivienda también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras costaron 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
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Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo de 190 mil dólares a lo largo de 2025. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó detalles sobre las personas que participaron en las obras.
Manuel Adorni
POLITICA
El gobernador de La Rioja impulsa una ley provincial para disputarle a San Juan tierras que se volvieron estratégicas
CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.
Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.
Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.
Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.
A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.
Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.
Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.
La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.
comunicado oficial,norma firmada por Onganía,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
El boom de Vaca Muerta pone en jaque a Añelo: la ciudad creció un 142% y la infraestructura no alcanza
La localidad de Añelo, ubicada en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina enfrenta un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, mientras la infraestructura urbana no logra acompañar ese proceso. El aumento de habitantes y la llegada de familias desde otras provincias exigen respuestas de los distintos niveles del Estado y del sector privado para ordenar la expansión de la localidad neuquina.
El intendente de la ciudad, Fernando Vanderette solicitó que las familias no se trasladen a la ciudad sin una oferta laboral confirmada. El jefe comunal sostuvo que la infraestructura actual no alcanza para absorber la llegada constante de nuevos habitantes y advirtió sobre las dificultades para brindar servicios esenciales.
María Delia Porta, investigadora del Estudio de Desarrollo Urbano Territorial del Área de Vaca Muerta del Laboratorio de Ideas Sostenibles, explicó en Infobae en Vivo que el fenómeno responde a un crecimiento demográfico acelerado que supera la capacidad de respuesta de la ciudad.
El crecimiento poblacional presiona sobre los servicios
Porta señaló que Añelo no nació con el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que la localidad existe desde fines del siglo XIX y que el cambio llegó con el auge de la explotación hidrocarburífera iniciado alrededor de 2012.
La investigadora indicó que la ciudad creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022. Además, estimó que recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población supera los 10.000 habitantes.
“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, afirmó.
Porta explicó que ese incremento también expandió la superficie urbana. Según describió, la ciudad avanzó de manera horizontal y aumentó la demanda sobre redes de gas, saneamiento, calles y equipamiento comunitario.
La especialista sostuvo que el crecimiento poblacional avanzó más rápido que las obras necesarias. “La población creció entre censos un 142%. La mancha crece de manera exponencial. No llegamos con la infraestructura”, expresó.
También detalló que Añelo registra un déficit habitacional estimado del 60%, con predominio de problemas vinculados a la calidad de las viviendas antes que a la falta de nuevas construcciones.
La planificación urbana aparece como un eje central
Porta remarcó que la ciudad todavía cuenta con oportunidades para ordenar su desarrollo. Indicó que el 50% de las parcelas permanecen sin construir y consideró que ese espacio permite completar la trama urbana antes de extenderla.
“Tal vez no tiene tanto sentido que la ciudad siga creciendo de forma horizontal, sino que hay muchas oportunidades para su completamiento”, sostuvo.
La investigadora afirmó que esos terrenos podrían albergar viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud y espacios verdes para mejorar la calidad urbana.
También planteó la necesidad de avanzar sobre un plan de ordenamiento territorial. Según explicó, ese instrumento permite definir hacia dónde crecer, qué sectores preservar y dónde localizar nuevas actividades productivas y de servicios. “Empecemos por un plan que ordene el territorio y que genere los acuerdos para entender para dónde y cómo tiene que crecer la ciudad”, afirmó.
Porta agregó que el municipio no puede afrontar ese desafío en soledad. Señaló que la provincia, la Nación y el sector privado deben coordinar políticas para responder a una demanda que involucra a toda la región de Vaca Muerta.
La migración y la calidad de vida forman parte del desafío
La especialista explicó que Añelo integra un sistema regional de ciudades y que parte de los trabajadores elige radicarse en Neuquén capital por su oferta educativa, sanitaria, recreativa y cultural. También destacó que muchas personas llegan a la localidad atraídas por las oportunidades vinculadas a la actividad petrolera, aunque no siempre consiguen empleo en ese sector.
Según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles, más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario. Porta señaló que esa situación genera un desajuste entre la demanda de mano de obra calificada y la oferta laboral disponible.
La investigadora indicó que una parte importante de la población encuentra trabajo en gastronomía, hotelería y otros servicios asociados a la industria hidrocarburífera.
Respecto del mensaje del intendente, sostuvo que resulta razonable frente al contexto actual. “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”, afirmó.
Porta consideró que el desarrollo futuro dependerá de la capacidad para ampliar la infraestructura, mejorar las viviendas y planificar el crecimiento urbano. También destacó la importancia de definir un modelo de ciudad que acompañe la expansión económica sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.
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