POLITICA
Tras la presión de los intendentes, Kicillof prepara un proyecto para impulsar las policías municipales


Los intendentes del conurbano bonaerense buscarán llegar a fin de año con la creación de la policía municipal oficializada y así contar con una normativa propia para hacerse cargo de la administración de una nueva fuerza de seguridad para distritos densamente poblados. Así lo planteó el ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, Javier Alonso. El funcionario se reunió con un grupo de intendentes de distinta pertenencia política, pero que quieren avanzar con darle un marco legal a las policías municipales. En esa reunión, que se llevó adelante en Escobar, Alonso planteó que “el gobernador se comprometió a enviar un proyecto para actualizar el marco normativo de seguridad, para poder recoger cuáles son los desafíos que tenemos que llevar adelante”.
En esos “desafíos” está la regularización normativa para darle sustento provincial a las fuerzas locales. Un sustento que además incluye el sostenimiento económico. Fuentes del ministerio plantearon que, tras la reunión que Alonso mantuvo con intendentes, lo que sigue ahora es “trabajar durante el próximo mes y entre el ministerio y los intendentes e ir evaluando”. Los intendentes quieren señales claras. No menor fue que del encuentro en Escobar también participó la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, una funcionaria de bajo perfil pero de extrema confianza de Kicillof.
“Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, explicó el anfitrión, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. En su distrito ya funciona desde marzo del 2025 la Policía Municipal de Escobar. Algo que también existe en varios distritos del conurbano, pero sin una reglamentación “hacia arriba”.
San Isidro es otro caso. Su intendente, Ramón Lanús, también estuvo en la reunión con el ministro Alonso. El jefe comunal, que forma parte del PRO, aseguró: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.
De la actividad en Escobar también estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leo Boto (Luján), Nicolás Mantgazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Fabiani (intendente interino en Almirante Brown). La posición es indistinta y alcanza a diferentes espacios políticos. Ramón, que es oposición al peronismo, respaldó la convocatoria del gobierno bonaerense y valoró “que a través del Ministerio de Seguridad, se haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.
“El gobierno de Kicillof se comprometió a llevar a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley para modernizar la seguridad municipal y formalizar la creación de las policías municipales, poniendo en valor el trabajo de los jefes y jefas comunales que abordamos esta tarea con compromiso e inversión”, detalló el kicillofista Ferraresi, de Avellaneda. Agregó, además, que “mientras el gobierno nacional redunda en los discursos vacíos, en nuestra provincia, las políticas de seguridad son una construcción real que se traduce en acciones que benefician a toda la sociedad.
Durante la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado el abordaje de dos temas referidos a la seguridad. Una nueva ley para el personal policial y una “modificación integral” a la ley de Seguridad Pública. Es allí donde va a entrar la regularización de las policías municipales, muchas de las cuales ya funcionan con el sostenimiento de los distritos. Otro tema que regulará los cambios a la ley de seguridad pública es el funcionamiento de los centros de monitoreo. El rol que tendrán los intendentes será clave.
Actualmente, suele ser una demanda recurrente los recursos que destinan los jefes comunales al mantenimiento de patrulleros de la Policía Bonaerense, así como la carga de combustible de las unidades, entre otros aspectos.
Los jefes comunales buscan tener el control pleno y garantizarse recursos para ello. Se presenta como una empresa ambiciosa, toda vez que el gobierno provincial viene desde enero del 2024 con la merma en la transferencia de recursos de parte de la Nación para con la administración de Kicillof.

El control pleno es algo que no lograron cuando, efectivamente, se puso en marcha la Policía Local en la provincia de Buenos Aires. Fue durante el 2014, en la gobernación del hoy funcionario libertario, Daniel Scioli. En ese momento, se impulsó la creación de policías locales. La falta de acuerdos en la Legislatura hizo que el entonces mandatario apurara su creación mediante un decreto. Era para distritos de más de 70 mil habitantes. Luego, producto del desfinanciamiento y un proceso de centralización, en la gestión de María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad, se optó por la absorción de esa fuerza hacia la Policía bonaerense.
En la Legislatura están expectantes al envío del proyecto en cuestión. El Frente Renovador, de Sergio Massa, es uno de los espacios que busca seguir de cerca el tema. De hecho, en el proceso anterior de la conformación de las policías locales, fue uno de los sectores que la promovió. Doce años después, algunos de sus legisladores sostienen el tema. Como, por ejemplo, el diputado Carlos Puglielli, que a principio de año presentó un proyecto de ley para crear las policías comunales, una fuerza de seguridad con tareas de prevención y patrullaje, pero para distritos con menos de 70 mil habitantes.
Axel Kicillof
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Bullrich ratificó su reclamo a Adorni y dijo que desconoce si Karina Milei está enojada

La senadora Patricia Bullrich ratificó este mediodía sus dichos respecto de Manuel Adorni. “Fui taxativa, clarita”, remarcó, tras aseverar esta semana que el jefe de Gabinete debería presentar “de inmediato” la actualización de su declaración jurada para que la gestión no siga “empantanada” sobre su caso.
En tanto, aseguró no saber si la secretaria general, Karina Milei, jefa política de Adorni, se molestó con ella por sus expresiones, que se distanciaron de la línea que sostuvo el oficialismo desde marzo, cuando arrancaron los problemas para el líder de los ministros. “No tengo ni idea”, replicó cuando le consultaron si la hermana del Presidente estaba “enojada” con ella por el ultimátum.
En ese contexto, evitó profundizar sobre el caso Adorni. “No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa, clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso”, enfatizó Bullrich al respecto de Adorni en A24 desde Villa Lugano, donde fue a hacer una recorrida un rato antes de que arrancara la reunión del Gabinete en Balcarce 50.
En esa actividad, Bullrich estuvo con la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad. Sin embargo, evitó mayores detalles sobre cómo quedó su relación con la hermana presidencial después de sus dichos sobre Adorni. “No tengo ni idea [sobre si Karina se enojó], la voy a ver ahora en el Gabinete y seguramente vamos a hablar”, comentó.
En tanto, sí le bajó el tono a que esta recorrida pudiera estar vinculada a un lanzamiento de su candidatura a jefa de Gobierno porteña para 2027. “Soy senadora hace tres meses y no puedo pensar en otra cosa cuando estoy en un lugar. Si no te concentrás en ese lugar, lo hacés mal. Mi cabeza está en esa responsabilidad que el ciudadano de Buenos Aires y el Gobierno me dieron”, dijo.
Anoche, Adorni habló en el streaming oficialista Neura y evitó otra vez responder sobre sus viajes y su patrimonio, con el justificativo de que no quiere “obstruir” a la Justicia. En eso, dio a entender que presentará su declaración jurada “lo antes posible”, pero no precisó fechas. Esto más allá de que el presidente Javier Milei el jueves había planteado que el jefe de Gabinete aceleraría con la entrega de ese documento ante la Oficina Anticorrupción para disipar dudas.
Pasado el mediodía de este viernes, Adorni dio una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Aclararon que no iban a responder sobre el caso vinculado al jefe de Gabinete y que se enfocarían en las cuestiones de gestión.
Sin embargo, a Caputo le preguntaron si la polémica sobre el jefe de Gabinete impacta a nivel económico y, otra vez abroquelado detrás de su compañero de gobierno, dijo que no.
“Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso. Venimos del viaje con el Presidente [a Estados Unidos], donde uno de los inversores se rio en confianza, hablando con el canciller, el embajador y conmigo. Diciendo: ‘¿Qué les pasa en la Argentina que creen que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué…’. Fue casi una risa, como diciendo que claramente no tienen ningún sentido», refirió Caputo, luego de que trascendiera que -dentro de las refacciones por US$245.000 que hizo en su casa en Indio Cuá- habría comprado almohadones para el jacuzzi.
“Lo quiero enfatizar. La Argentina en ese sentido ha mejorado mucho como país. Nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si había un tema político en la Argentina, típicamente repercutía en la economía. Pero eso era porque tenías la macroeconomía muy desordenada. Cuando ves los otros países, que tienen un montón de problemas políticos serios, no como la situación de Manuel… caso Perú, por ejemplo, no tiene ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora; es un tema que para nosotros no tiene ningún impacto”, ahondó Caputo y aseguró que el riesgo país no baja “por el riesgo kuka”.
Manuel Adorni,“de inmediato” la actualización de su declaración jurada,Patricia Bullrich,Conforme a,Patricia Bullrich,,“Esto está durando demasiado”. Por qué Patricia Bullrich le “marca la cancha” a Milei en el caso Adorni, según un analista político,,Malestar en el Gabinete. Un analista político opinó sobre el rol de Bullrich en la interna del Gobierno y su estrategia: “Tiene aspiraciones”,,Pese al ultimátum a Adorni. Bullrich se mostrará con una alfil de Karina Milei en la ciudad
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Un nuevo fallo ratificó la vigencia de la reforma laboral

La Justicia Contencioso Administrativa ratificó este viernes la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno al dejar sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la ley.
La decisión fue firmada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez y representa un nuevo revés judicial para la CGT en la disputa por la constitucionalidad de la norma.
El fallo se conoció luego de una serie de resoluciones que ya habían permitido que los artículos cuestionados recuperaran vigencia mientras continúa la discusión de fondo. Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había otorgado efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, lo que dejó sin efecto temporalmente la paralización de la reforma.
Además, la Corte Suprema rechazó el recurso de per saltum impulsado por la Procuración del Tesoro al considerar que no existían razones de “gravedad institucional” que justificaran saltear las instancias inferiores.
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Con este nuevo pronunciamiento, la cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 quedó definitivamente revocada. En esa resolución, el juez Raúl Horacio Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido artículos vinculados con indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada laboral y aspectos relacionados con la representación sindical.
La central obrera había promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo al sostener que distintos puntos de la reforma vulneraban garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. También argumentó que las modificaciones afectaban derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución.
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la resolución judicial. “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia”, afirmó.
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La resolución de Marra Giménez se apoyó, entre otros puntos, en la presunción de legitimidad de las leyes sancionadas por el Congreso. La magistrada sostuvo que suspender preventivamente 81 artículos de una norma aprobada por el Poder Legislativo excedía “el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar” y advirtió que una decisión de ese tipo podría constituir “un claro abuso del instituto cautelar”.
Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que las medidas cautelares contra actos estatales deben analizarse con especial rigurosidad. Según la jueza, el planteo presentado requería un examen más profundo debido a la complejidad de los temas involucrados, entre ellos cuestiones vinculadas con la libertad sindical y los regímenes de extinción del contrato de trabajo.
Otro de los argumentos centrales del fallo fue la falta de acreditación del “peligro en la demora”, uno de los requisitos necesarios para sostener una cautelar. La magistrada señaló que el expediente tramita bajo un procedimiento sumarísimo y que la sentencia definitiva se encuentra próxima, dado que la demanda ya fue contestada.
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La jueza aclaró, de todos modos, que su decisión no implica pronunciarse todavía sobre el fondo de la discusión ni sobre la legitimación activa de la CGT para impulsar la acción colectiva. Esos aspectos quedarán reservados para la sentencia definitiva.
El expediente llegó al fuero contencioso administrativo luego de que la Sala IV de la Cámara resolviera el conflicto de competencia planteado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal.
reforma laboral, CGT
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Dólar blue: se levantó el secreto de sumario y se confirma que la causa también apunta a un “circuito paralelo” con el SIRA

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), tal como había adelantado . Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó este miércoles allanamientos sobre tres empresarios ligados al mundo financiero. Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Martín Migueles, socio y ladero de Elías Piccirillo.
La causa comenzó en diciembre del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo. Se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.
“Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto”, dice el expediente.
Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces, el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardo, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro “El Turco” Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba.
Al ordenar los allanamientos, el juez reveló que fue clave la pericia sobre el celular de Martín Migueles, ex socio y amigo de Piccirillo. “Se destacó que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles en el contexto de referencias a otros involucrados permitiría inferir, en esta instancia, su vinculación con la operatoria investigada”, dice el expediente al momento de allanar a Calian, más conocido por su amistad con Rodrigo De Paul.
En el caso de Calo, el caso revela que fue mencionado en la declaración de Smith, en distintas conversaciones entre los principales investigados y en la documentación vinculada a operaciones económicas de magnitud.
Además del rulo financiero, el expediente que llevan adelante Lijo y Picardi avanzó en estos meses sobre las irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
“Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido —a cambio del pago de sumas de dinero indebidas— la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares», dice el expediente.
Noticia en desarrollo
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