El ejercicio del periodismo en Panamá enfrenta presiones persistentes en los ámbitos judicial, político y económico, según el informe presentado durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada el 23 y 24 de abril de 2026.

El documento advierte que, aunque no se registran agresiones físicas graves contra periodistas, se mantienen mecanismos indirectos que afectan la libertad de prensa y generan preocupación sobre el respeto a este derecho fundamental.

Uno de los principales desafíos identificados es el uso de demandas civiles y penales como herramienta de presión contra periodistas y medios, en un marco legal que permite incluso el secuestro de bienes desde etapas iniciales del proceso, sin que necesariamente existan pruebas concluyentes.

Este tipo de acciones no solo incrementa los costos operativos de los medios, sino que también afecta su sostenibilidad y limita la cobertura de temas sensibles, al generar un entorno de riesgo jurídico constante.

Hay medios en el país que enfrentan múltiples procesos judiciales y costos legales millonarios, con demandas que superan los $5millones en primera instancia y otras que han derivado en pagos significativos. A esto se suma el mantenimiento de fondos restringidos por más de $1.2 millones, lo que refleja cómo el sistema judicial puede convertirse en un factor de presión económica directa sobre los medios.

A nivel político, también se identifican tensiones relevantes. La asignación de publicidad oficial como mecanismo de presión ha sido denunciada por diversos actores del sector, señalando que la restricción o retiro de pautas estatales puede influir en las líneas editoriales. Este tipo de prácticas, aunque no constituyen censura directa, generan incentivos para moderar contenidos críticos, afectando la independencia informativa.

El ámbito judicial presenta además precedentes que preocupan a los gremios periodísticos. Hay casos donde periodistas han recibido una orden que le prohibía informar sobre determinados temas durante meses, evidencian la vulnerabilidad del ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales que pueden limitar la cobertura de asuntos de interés público, incluso cuando posteriormente sean revocadas.

Otro foco de presión proviene de actores vinculados a investigaciones o figuras públicas, quienes han recurrido a amenazas de demandas, solicitudes de eliminación de contenido y argumentos como un supuesto “derecho al olvido”, inexistente en la legislación local.

En algunos casos, incluso se han detectado ofrecimientos económicos para retirar publicaciones, lo que evidencia una combinación de presión, desinformación jurídica e intentos de censura encubierta.

En el plano legislativo, iniciativas como la reforma al derecho a réplica han generado preocupación por su potencial impacto. La propuesta plantea obligaciones más estrictas para los medios, incluyendo la publicación de réplicas con igual prominencia, lo que podría traducirse en mayores cargas legales, administrativas y exposición a sanciones, reduciendo la capacidad de decisión editorial y ampliando los mecanismos de presión sobre el periodismo.

A esto se suma un entorno de limitaciones en el acceso a la información pública, donde funcionarios evitan responder o utilizan normativas de protección de datos para negar información que debería ser accesible.

La falta de avances en materia de transparencia refuerza un escenario en el que el periodismo enfrenta obstáculos estructurales para cumplir su función de fiscalización.

En el entorno digital, aunque el acoso ha disminuido en términos generales, persisten campañas de desprestigio coordinadas en redes sociales, junto con la proliferación de plataformas de origen incierto que amplifican ataques contra periodistas.

Este fenómeno dificulta la trazabilidad de las agresiones y contribuye a un clima de desinformación y desgaste reputacional para los medios tradicionales, indica la SIP.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que reformar el marco legal para evitar abusos en demandas, garantizar reglas claras sobre el uso de la publicidad estatal, fortalecer la transparencia institucional y proteger el ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales desproporcionadas son pasos clave para reducir las amenazas.

Aunque Panamá mantiene condiciones básicas para la prensa, el desafío está en cerrar los espacios de presión indirecta que hoy afectan la libertad informativa y, en consecuencia, el derecho ciudadano a estar informado.

En medio de la polémica que se desató en Washington por las versiones que dan cuenta de que Donald Trump evalúa quitarle el apoyo a Gran Bretaña por las Islas Malvinas en favor de Argentina, como represalia a la falta de apoyo a la guerra con Irán, los kelpers salieron al cruce del presidente estadounidense y volvieron a poner el foco en la autodeterminación como su derecho para ser parte del Reino Unido.

“La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvo un portavoz local.

En este sentido, insistió que esa posición se vio reflejada en el referéndum que se hizo en 2013. «Referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”, remarcó.

Y fue todavía más allá: «Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación».

Los medios ingleses más importantes reflejaron esas declaraciones, horas después de que se instalara la polémica por un correo interno filtrado del Pentágono que daba cuenta de posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En ese mail el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las «posesiones imperiales» europeas, como las islas Malvinas, y que también podría afectar a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla (ciudades españolas al norte de África).

Poco tardó el Reino Unido en responder a esas versiones señalando que la soberanía británica sobre las islas Malvinas «no está en cuestión». Fue Dave Pares, portavoz del primer ministro británico, quien también afirmó que «el tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión».

Al igual que los isleños, el portavoz británico recordó que que «las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar».

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en el momento de mayor tensión después de que Starmer señalara en numerosas ocasiones que no piensa «dejarse arrastrar a la guerra» contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a «propósitos defensivos».

En ese marco el rey Carlos III de Inglaterra comenzará el lunes su visita a Washington, que incluirá una reunión con Trump en la Casa Blanca.

Más allá del escándalo diplomático que desató la filtración de ese correo, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas “sigue siendo de neutralidad constante”, señaló este viernes a Clarín el Departamento de Estado.

E Pentágono dijo que ellos suministran al presidente Donald Trump “opciones creíbles” para presionar a sus aliados de la OTAN que no ayuden a Estados Unidos.

Ante una consulta de Clarín sobre un posible cambio de estrategia estadounidense sobre Malvinas, un portavoz del Departamento de Estado señaló: “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”.

Y agregó: “Reconocemos que existen reclamos contradictorios de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido de las islas, pero no tomamos posición respecto a la soberanía”.

Clarín también consultó al Pentágono sobre la información suministrada por Reuters y la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, no llegó a desmentir el contenido del mail y se limitó a contestar: «Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.

FIRST ON FOX: NEW YORK — As New York City Mayor Zohran Mamdani moves to cut the NYPD’s budget and resists calls to hire more police officers, parents in The Bronx are asking for more police, not less, saying their kids face an increase in danger. 

The push highlights growing tension between the mayor’s policing agenda and safety concerns from local families.

Over 1,000 people have signed a Change.org petition supporting the families of Zeta Bronx Tremont Park Lower Elementary school, who are requesting an NYPD crossing guard to be assigned to a treacherous corner, where they say a tragic accident is waiting to happen. 

Fox News Digital went to the busy intersection at Arthur Avenue and Tremont Avenue and spoke to parents about the dangers their children face every day as cars zoom by on their way to Interstate 95.

«The situation is very horrible for the kids and the parents too,» Aimee, a parent at the school, said. «There have always been small accidents on the street because the intersection crosses to go right to the highway, and it’s something that worries us a lot. They don’t take us into consideration and I feel that we should raise our voice for the entire community of the school.»

MAMDANI MOVES TO SIDELINE NYC POLICE WITH NEW SAFETY OFFICE UNDER SWEEPING OVERHAUL

A parent named Christine explained that the school has been trying to get a crossing guard or police officer «for a long time» but were told «they didn’t have anyone.» Several NYPD vehicles could be seen parked near the intersection but were unoccupied, and parents told Fox News Digital they belonged to a nearby station and were not monitoring the street crossing.

«[There have] almost been accidents so many times, and we really need help,» Christine said.

Fox News Digital reached out to Mayor Mamdani’s office for comment but did not receive a response.

Mamdani has faced criticism over his relationship with police dating back to his mayoral campaign, which was dogged by questions about his past support of defunding the police. After his election, Mamdani was in the hot seat from critics again when his budget included cutting police funding and cancelling 5,000 new NYPD hires.

Some parents near the Bronx school, including some who previously supported Mamdani, aren’t sold on the idea of less police.

MAMDANI’S ‘GUN VIOLENCE’ COMMENTS AFTER KILLING OF 7-MONTH OLD BABY SPARK OUTRAGE: ‘ABSOLUTE DISGRACE’

«Removing or preventing us from having those resources is a step in the wrong direction when our schools and children clearly need more support,» Paola, a Zeta parent, said in a press release. «We need more preventive officers and programs to keep our neighborhoods in the Bronx safe.»

«I am one of those who initially had a lot of faith in Mayor Mamdani, but I’m starting to get scared because he doesn’t seem aware of the actual needs of my community. The safety of my child and my own students is non-negotiable, and we must find the funding to keep our little ones safe.»

Aimee told Fox News Digital «we need more police» to «help us» and urged the mayor to «consider us.»

The Change.org petition requests a «dedicated traffic officer» during arrival and dismissal hours at the school and argues that «traffic officers are assigned at busy school crossings across New York City» and the children at the charter school «deserve the same protection» as those public schools. 

A parent named Lou described the situation as «very dangerous» and that many vehicles simply «don’t abide by the law.»

Fox News Digital witnessed several close calls at the intersection with cars making illegal or dangerous turns, honking horns, and coming to an abrupt stop as children were being ushered to school nearby.

«I don’t get why he’s saying less cops or less funding,» Paola told Fox News Digital, adding that the neighborhood is also suffering from crime issues related to drugs. 

«There has to be money somewhere.»

In a statement to Fox News Digital, an NYPD spokesperson said «The Commanding Officer of the 48 precinct is working with community leaders and elected officials to get more School Crossing Guards.»

«Additionally, personnel from the 48 precinct are working with Department of Transportation to work on additional signage and redesign of the intersection. Year-to-date, there have been no collisions at the intersection Arthur Avenue and East Tremont Avenue. Year-to-date, the NYPD has issued 67 summonses to vehicles in the vicinity of Arthur Avenue and East Tremont Street. Traffic safety is a shared responsibility and the NYPD, along with personnel from the 48 precinct, are committed to supporting local schools in achieving that goal.»

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New York City Mayor Zohran Mamdani delivers remarks at the Service Employees International Union 32BJ SEIU rally on Park Avenue in Manhattan on April 15, 2026. (Selcuk Acar/Anadolu)

Mamdani won the Bronx in November’s mayoral election with 51% of the vote, compared to 40% for former Governor Andrew Cuomo and 7% for Republican Curtis Sliwa.